La inflación o carestía y el desempleo son dos viejos conocidos de la sociedad mexicana. Y ambos se expresan materialmente en la pobreza de amplias capas sociales. De modo que combatir o atenuar la pobreza pasa por combatir o atemperar inflación y desempleo. Este triple combate será la principal tarea del nuevo gobierno. Como lo […]
La inflación o carestía y el desempleo son dos viejos conocidos de la sociedad mexicana. Y ambos se expresan materialmente en la pobreza de amplias capas sociales. De modo que combatir o atenuar la pobreza pasa por combatir o atemperar inflación y desempleo. Este triple combate será la principal tarea del nuevo gobierno.
Como lo prueba la experiencia histórica mexicana y universal, atenuar desempleo y carestía conlleva necesariamente a una disminución de la inseguridad y de la delincuencia. Y, consecuentemente, a un incremento de la tranquilidad y la paz sociales.
Combatir y atemperar inflación y desempleo no son tareas sencillas. Llevan tiempo y exigen perseverancia. Pero no debe perderse de vista el objetivo central que es el aumento de los ingresos de aquellos amplios sectores sociales empobrecidos. La obtención de un empleo o un empleo mejor pagado significa ingresos (o mayores ingresos personales y familiares). Y una disminución de la carestía, si bien no significa un mayor ingreso sí representa un mayor rendimiento del ingreso.
Existen diversas formas de lograr un mayor rendimiento del ingreso familiar. Es el caso de salud y educación. Si personas y familias dejan de utilizar parte de su ingreso en el pago de servicios educativos o de salud, ese ingreso, sea cual sea su monto, rinde más e implica menor pobreza.
La historia económica revela que el gasto público en servicios de salud y educativos son la gran herramienta en el atemperamiento de la pobreza. O, en el caso de las llamadas clases medias, un mayor rendimiento del ingreso familiar, lo que se traduce en mayor bienestar personal y familiar.
La experiencia demuestra cómo en épocas de crisis económica, es decir, en tiempos de aumento de la inflación y el desempleo, las familias tienden a ajustar su gasto prescindiendo de los servicios privados de salud y educativos, recurriendo a educación y salud públicas.
Es por eso que tienen que ser recibidas como muy buenas noticias los anuncios hechos por López Obrador de incrementos sustantivos en las inversiones en salud y en educación públicas. Y también son buenas noticias el mantenimiento y mejoría de los programas de becas y auxilios monetarios a los sectores sociales más vulnerables frente a carestía y la falta de empleo.
Salud y educación públicas, así como esos auxilios monetarios no eximen de realizar esfuerzos en materia de recuperación salarial. Durante las tres décadas de políticas económicas neoliberales aumentó la pobreza como fruto directo de las medidas de contención salarial. Es imprescindible, en consecuencia, una política de recuperación salarial. Y ésta tiene que comenzar por la recuperación del llamado salario mínimo. La experiencia histórica también enseña que los incrementos en el salario mínimo empujan al alza al resto de los salarios.
Hasta el momento no se han hecho públicas las intenciones del nuevo gobierno de poner en práctica un programa de recuperación salarial. Pero ya hay claros indicios de que existe consenso social en la necesidad de incrementar, en breve plazo y en un monto significativo el salario mínimo.
Mayor inversión pública en salud y educación, mantenimiento y mejoría de los programas de auxilios monetarios a los sectores sociales más vulnerables y una decidida política de recuperación salarial son las tres ineludibles tareas del nuevo gobierno.
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