México desplegó esta semana unos 15 mil miembros de la Guardia Nacional en su frontera norte, que se suman a los cerca de 6 mil ya apostados en el sur. El objetivo: contentar a Donald Trump y su electorado antinmigrante. Al ritmo de las amenazas y las extorsiones de Washington, la legalidad humanista cede terreno […]
México desplegó esta semana unos 15 mil miembros de la Guardia Nacional en su frontera norte, que se suman a los cerca de 6 mil ya apostados en el sur. El objetivo: contentar a Donald Trump y su electorado antinmigrante. Al ritmo de las amenazas y las extorsiones de Washington, la legalidad humanista cede terreno a la noción de seguridad nacional. Nuevo estilo de negociación para la vieja empresa de control colonial.
El pasado 30 de mayo, cuando el presidente Donald Trump amenazó en un tuit a México con imponerles aranceles punitivos a todas sus exportaciones en un plazo de 11 días si no frenaba el éxodo de refugiados hacia Estados Unidos, las relaciones bilaterales entraron en la más grave crisis político‑diplomática desde los años ochenta.
En la coyuntura, el autócrata de la Casa Blanca necesitaba otra guerra. Inmerso en un conflicto global de tarifas y financiero con China, amenazó a India, a Turquía y a las 28 naciones de la Unión Europea; fintó con Corea del Norte, después con una invasión y un golpe de Estado en Venezuela, y luego el objetivo fue y sigue siendo Irán, al que amenazó con la aniquilación total. Como encontró resistencias, adelantó su campaña por la reelección y, abusando de la asimetría de poder, eligió a México como blanco de una guerrita económica espléndida a golpes de tuits, dislates verbales y amenazas mediáticas. Fabricó una crisis y obligó a su contraparte a sentarse a la mesa con una pistola en la cabeza. Es decir, utilizó una lógica de «negociación» mediante chantaje. Una guerra sin misiles, con aranceles punitivos virtuales, que, de concretarse, podrían destruir industrias y 900 mil puestos de trabajo del lado mexicano.
En rigor, la guerra de migrantes por aranceles fue política: el mitómano de la oficina oval necesitaba consolidar su imagen de supremacista blanco y xenófobo para exacerbar las actitudes chovinistas de su base electoral. Como en su campaña de 2015‑2016, México y los centroamericanos que huyen del horror y quieren ingresar a Estados Unidos vuelven a ser parte de la estrategia de la presidencia imperial y la extrema derecha en el poder; son consustanciales a la narrativa nativista fundacional de campaña del populista Trump, de cara a los comicios del 3 de noviembre de 2020.
MÉXICO, UN EXTRAÑO ENEMIGO. Las razones esgrimidas para lanzar esa ofensiva coercitiva no fueron comerciales. Trump insistió en que el éxodo méxico‑centroamericano a Estados Unidos constituye un problema de seguridad nacional. Justificó su guerra de aranceles contra México con base en la ley de poderes económicos de emergencia internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), que desde 1977 permite a los inquilinos de la Casa Blanca intervenir de manera extraordinaria en asuntos económicos en caso de una «amenaza internacional inusual y extraordinaria». Es una ley que se aplica contra países considerados «enemigos». Jimmy Carter la utilizó contra Irán cuando la crisis de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en 1979. Se ha empleado contra Corea del Norte, Siria y Sudán, y varias órdenes ejecutivas de Trump para sancionar y desestabilizar a Venezuela han sido justificadas con base en la Ieepa.
Así, México pasó de aliado y socio comercial subordinado de Estados Unidos a país enemigo, que pone en riesgo la seguridad nacional de la superpotencia. Un exabrupto. Además, para imponer su agenda a los enviados del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, Trump usó trampas de crupier de casino, donde la casa siempre gana. Lo que fue combinado con una estrategia de máxima presión: el viernes 7 de junio, durante una reunión de 12 horas en el tercer día consecutivo de «negociaciones», el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y su comitiva fueron despojados de laptops, celulares y otros aparatos electrónicos, para evitar grabaciones secretas (que, por lógica, sí hicieron funcionarios del Departamento de Estado).
¿Resultado? México aceptó enviar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional (en formación) a ejercer funciones de vigilancia, control y verificación migratoria en la frontera de 240 quilómetros con Guatemala; criminalizar y perseguir a quienes huyen del terror y buscan asilo o refugio, y acelerar la instrumentación del programa Remain in Mexico (Quedate en México) para combatir los flujos migratorios (lo que viola la ley de asilo estadounidense y el principio de la no devolución), con la condición de que si en 45 días estos no decrecen de manera significativa, el «tercer país seguro» regresa a la mesa junto con la imposición de aranceles punitivos.
En el corto plazo, Trump -a la cabeza de un Estado canalla (rogue state), que no se considera obligado a actuar de acuerdo con las normas internacionales- coaccionó a México para que hiciera el trabajo sucio al interior de sus fronteras. Y ahora, el eslabón más débil de la relación tiene una presión migratoria en forma de pinza: en la frontera norte con Estados Unidos, por la devolución de unos 60 mil centroamericanos, que deberán esperar en México mientras se tramita su asilo en tribunales estadounidenses, y, en la frontera sur, por el ingreso de unos 100 mil refugiados guatemaltecos.
Trump pretende un Acuerdo de Tercer País Seguro (Atps) con México, para que resuelva su ineficiente y lento sistema de asilo -que, como ha sido documentado, incluye virtuales campos de concentración para niños, niñas y mujeres-, ante la falta de republicanos y demócratas para reformarlo. Se estima que 80 por ciento de los casos de asilo son negados después de un año o más de espera. Estados Unidos está negociando un Atps con Guatemala, para crear de jure un cerco jurídico internacional que lo aísle del éxodo de refugiados centroamericanos. México es la otra pieza clave.
Pero no deja de ser contradictorio que Estados Unidos nombre a México como tercer «país seguro» (véase Brecha, 14‑VI‑19), cuando el propio Trump considera la frontera sur del imperio como una de las más peligrosas del mundo. Al respecto, cabe consignar que la migración no es la única carta que tiene Trump. En abril pasado difundió una serie de tuits en los que decía que estaba buscando una sanción económica para «los 500.000 millones de dólares en drogas ilegales que son enviadas y contrabandeadas a través de México» por la frontera sur de Estados Unidos. Dio un año para revertir esa situación. A mediados de junio volvió a insistir en que 90 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos lo hace desde México y que en 2018 hubo 60 mil muertos por sobredosis de opiáceos, de los cuales 15 mil fallecieron por sobredosis de heroína o sus derivados ingresados desde México.
No queda duda de que la política de estilo macartista de Trump pegó en la línea de flotación del discurso humanista de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque, como reveló The New York Times, el acuerdo migratorio del 7 de junio contiene acciones que México ya había aceptado previamente, resulta evidente que el gobierno mexicano expandió y aceleró su ejecución con un despliegue de personal y equipo sin precedentes en la zona sur del país, en particular en la porosa, desordenada y violenta frontera con Guatemala, donde para los lugareños, a ambos lados de una línea divisoria surcada de aldeas, ejidos y caseríos, el Estado es un concepto difuso.
MIGRACIÓN, REFUGIO, DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIOS. La migración es un derecho humano reconocido en el derecho internacional. A su vez, el derecho internacional de refugiados se rige por la Convención de 1953 de la Organización de las Naciones Unidas, que aplica dicho estatus a toda persona que tenga «un temor fundado por su vida», debido, principalmente, a la persecución de orden político, étnico, racial o religioso. Otras motivaciones para tipificar la condición de refugiado, recogidas en la Declaración de Cartagena de 1984, son la violencia generalizada, la hambruna, el cambio climático y la violencia intrafamiliar, preceptos que fueron incorporados por México en la nueva ley de refugiados de 2011. A su vez, según el artículo 2 de la ley de migración mexicana, «en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito».
No obstante, las acciones ordenadas por López Obrador indican una visión de migración basada en una noción de seguridad nacional. Es decir, una política migratoria de corte militar, punitiva y violatoria de derechos humanos. Según Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y correligionario de Amlo, con su «nativismo histérico» Trump logró «desplazar el muro de la frontera norte (de México) hasta Chiapas y utilizar a la Guardia Nacional como border patrol«. Y agregó: «(Trump) quisiera exhibir a nuestro país como una jaula frente al electorado estadounidense».
En ese contexto, López Obrador considera que el fenómeno migratorio responde a carencias materiales y a la inseguridad en regiones marginadas de México y Centroamérica. Cierto. Pero nunca dice que la pobreza, la marginación y la violencia extrema -delincuencial y estatal- son generadas por el sistema capitalista, clasista y expoliador. Un capitalismo criminal y militarizado, que en el marco de políticas de «libre comercio» (¡vaya eufemismo de ocasión!) convirtió a México, Guatemala, El Salvador y Honduras en países extractivistas y maquiladores, que de manera masiva expulsan seres humanos de sus territorios.
Los territorios son el centro estratégico de la competencia mundial (doctrina Monroe 2.0) y las relaciones de poder. La historia de la colonización es a la vez la del reparto de territorios. No obstante, el colonialismo actual ocurre también mediante un adoctrinamiento integral neosocialdarwinista y el sometimiento violento de quienes oponen resistencia; abarca tanto los territorios como los sentidos o las percepciones y las construcciones semióticas y culturales. México y Centroamérica son parte de los territorios de las guerras interimperialistas, de las guerras por territorios, bienes naturales, mercados y mano de obra barata. Y para la guerra se necesita soldados, marinos y guardias nacionales militarizadas, y, más importante aun, ganar «las mentes y los corazones» mediante la guerra psicológica.
ÉMULO DE AL CAPONE EN LA CASA BLANCA. Según el Financial Times, críticos estadounidenses de Donald Trump lo comparan a menudo con un gángster. El propio ex jefe del Fbi James Comey, despedido por Trump, dijo que su trato con él le recordó su empleo anterior «como fiscal antimafia». Y en verdad los gestos y el estilo gansteril de Trump recuerdan a los personajes de El padrino y Los Soprano. En particular, su tendencia a tratar las alianzas como una forma de estafa de protección: pagás o dejo de proteger el vecindario. Pero también su forma de conducir la política exterior, con énfasis en las relaciones personales y una disposición a cambiar de manera repentina de las palabras cálidas a las amenazas, y viceversa.
¿Un ejemplo? Ante las amenazas del don de la Casa Blanca, el 17 de junio México ya había sellado su frontera con Guatemala con la Guardia Nacional. Tres días después, durante una entrevista con Telemundo, Trump dijo que López Obrador «le gusta» y quisiera reunirse con él. Interrogado sobre si consideraba a México un país aliado o enemigo, riéndose, respondió: «Esta semana lo considero amigo». Negó que México haga el «trabajo sucio» y añadió que «han estado haciendo un trabajo excelente». «Firmamos un acuerdo hace una semana y media, colocaron 6 mil efectivos en la frontera sur… Hasta ahora están haciendo un buen trabajo. Si no hubiera sido así, hubiéramos impuesto sanciones.»
Dicho eso, y apenas a dos semanas de haber alcanzado un acuerdo migratorio preliminar con México, filtraciones anónimas del Departamento de Seguridad Nacional reproducidas en medios estadounidenses dieron cuenta de la próxima puesta en marcha de un operativo («megarredadas» lo llamaron) para deportar a familias completas de migrantes que residen en las principales ciudades del país. Para complacer a sus bases retrógradas, Trump amenazó con una nueva cacería antinmigrante. Mientras tanto, a López Obrador le está corriendo su tiempo de gracia. Y si algo exhibe la coyuntura, son los nexos del padrino Donald Trump con los magnates (robber barons), los banqueros de Wall Street y el Estado profundo, dominado por los servicios de inteligencia y el Pentágono. Por lo que, por donde se le mire, en el largo camino hacia las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos, las relaciones entre Trump y López Obrador estarán llenas de sobresaltos y no terminarán bien.
Fuente: Brecha de Montevideo, Edición 1753.
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