Después de anuncios contradictorios, de que primero aceptaba la decisión y luego dar a entender que no, finalmente la presidenta Jeanine Áñez anunció que promulgará la ley que fija elecciones el 6 de septiembre, doce día después de haber sido sancionada por la Cámara de Senadores.
La decisión sucedió a la reunión que la mandataria sostuvo el domingo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien, con el apoyo de Naciones Unidad, la Unión Europea y la Iglesia Católica, además del consenso con las principales fuerzas políticas, había planteado el proyecto de ley y el rango de la fecha.
“Voy a promulgar la ley convocando a elecciones el 6 de septiembre, pero antes déjenme decir tres cosas claras sobre este tema. Nunca he tenido ningún interés en prorrogar mi gestión y sé perfectamente que una de las tareas más importantes que se me encargaron, al llegar a este puesto, fue convocar a elecciones para superar la crisis de la democracia que generó Evo Morales y su fraude electoral”, señaló.
El segundo aspecto que señaló la mandataria fue que “el Gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio”. Aquí, volvió a fustigar a sus mayores oponentes políticos: “Quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa, que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que haya elecciones en plena pandemia”.
La gobernante de facto insistió en que ellos deben asumir las consecuencias «por haberla forzado a realizar las justas en plena pandemia por el coronavirus» y agregó que no tiene la intención prorrogarse en el poder.
Y, en tercera instancia, luego de aseverar que en este momento “los hogares no están pensando en elecciones ni en política ni en campañas”, sino en “la falta de ingresos, por la falta de trabajo y la falta de empleo”.
Tanto el Movimiento Al Socialismo (MAS) como Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa, consideraron que la intención de Áñez era prorrogarse en un mandato que solo tenía el fin de convocar y presidir nuevas elecciones.
Este domingo, finalmente se cerró el asunto. Este acto coincidió con los “petardazos” que desde hace dos meses, cada domingo, propician movimientos ciudadanos y políticos, como el MAS, para reclamar elecciones.
Evo Morales y Camacho
El depuesto presidente y ahora el jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo Evo Morales, pidió al Gobierno garantizar unos comicios limpios y transparentes. En tanto, el candidato por el ultraderechista Frente Creemos, Luis Fernando Camacho, calificó a la presidenta Jeanine Áñez de irresponsable y la acusó, como a Luis Arce, Carlos Mesa y Morales, de llevar a la población a un “suicidio masivo”.
“Con fecha fijada, corresponde, ahora, a los órganos del Estado garantizar elecciones limpias y transparentes, preservando la salud y el derecho a una participación sin persecuciones políticas. Que sea el pueblo el que defina democráticamente el destino de nuestra querida Bolivia”, escribió Morales en su cuenta de Twitter, dos horas después que Áñez hiciera conocer que promulgará la norma.
Camacho, por su parte, criticó duramente la decisión de la Presidenta en un pronunciamiento de una página que publicó en sus redes sociales.
“Señora Presidenta, además de irresponsable, es usted cobarde al querer deslindar su responsabilidad y enviar un mensaje electoral al tiempo de anunciar la promulgación de la ley que nos obligará a todos a elegir entre votar o morir. No solo son responsables Luis Arce Catacora, Evo Morales y Carlos Mesa del suicidio masivo al que nos están obligando, es culpable usted también”, escribió Camacho, otrora aliado de Áñez.
“Hubiese preferido ir a la cárcel para cuidar a mi gente antes que promulgar esa ley criminal”, añadió el exlíder cívico cruceño. Acusó a Áñez de “emborracharse de poder en Palacio” y “jugar a la política”, además de “socapar la corrupción de su entorno”.
Añez también tuiteó que existen dos caminos para el país: “El del MAS, que es el camino de la división y el fraude; el otro camino es el que nosotros proponemos: el camino de la salud y la economía”. Por su parte, Camacho indicó que los únicos dos caminos no están entre esas dos opciones, sino “están entre todos los viejos políticos que hoy demostraron que son de la misma bajeza que el MAS y que están dispuestos una vez más a arriesgar la vida del pueblo por dos pesos y un sillón presidencial”.
Cabe destacar que la pelea electoral se centra en la elección de presidente y vicepresidente, pero hay otra que tiene una dimensión similar y que requiere estrategias más estrictas: la batalla por llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y que ahora ingresó al debate por la distribución de escaños en la Cámara de Diputados.
Hay frentes políticos que exigen modificar el mapa electoral bajo el argumento de que no existe igualdad entre el voto urbano y el rural, y que esa supuesta diferencia establece un favorecimiento al MAS. Con sus dos tercios en el Legislativo, el MAS no tratará una ley que reformule los espacios y a ello se suma el Tribunal Supremo Electoral, que dio por cerrada esta discusión.
Las alianzas Juntos, que postula a Jeanine Áñez a la Presidencia, y Comunidad Ciudadana (CC), con su presidenciable Carlos Mesa, no son tan incisivos en esta temática. La primera, según el empresario Samuel Doria Medina, candidato a vicepresidente, considera que se debería realizar un estudio para verificar por qué en 2013 se hizo una delimitación y comparar si es que esa distribución está acorde a la realidad. “
El censo de 2012 estableció que Bolivia tenía en esa época 10.059.856 habitantes. De esa cifra, 6.788.962 pertenecían al área urbana y 3.270.894 al área rural. Sacando porcentajes, el 67,5% de la población vivía en ciudades y el 32,5% en el campo. El censo fue la base para la distribución de escaños.
Sin embargo, según el reglamento de distribución de circunscripciones de 2014, que todavía está vigente, de las 63 circunscripciones uninominales, 27 están en áreas urbanas y 36 en zonas rurales. Además, existen siete asientos especiales indígenas ubicados en el campo y así esta parte de la población tiene 43 diputaciones.
El TSE no modificará los escaños actuales y su presidente, Salvador Romero, adelantó que la votación estimada para el 6 de septiembre se la realizará con el mapa que se utilizó en los comicios del 20 de octubre del pasado año.
En el MAS no hay vuelta atrás. El presidente de Diputados, Sergio Choque, rechaza la modificación del actual mapa electoral y explica que la sobrerrepresentación rural en la Asamblea Legislativa Plurinacional es mínima. “Hay un error de quienes piensan que el voto rural pesa más que el urbano. Eso es equivocado. Piensan que el voto urbano solo es de ciudades capitales y ponen a las intermedias como voto rural. Hay ciudades intermedias con más población que una capital”, destaca.
La Cámara de Diputados está conformada por 130 curules.La Cámara de Senadores tiene 36 representantes, cuatro por departamento
Falsos positivos
Con Colombia como ejemplo, los ministros Arturo Murillo y López, titulares de las carteras de Gobierno y Defensa del gobierno de facto, se encuentran en plena fase de desarrollo de los “falsos positivos” con los que pretende aportar para postergar las elecciones de septiembre, presionar para que el MAS pierda su personería y justificar otra oleada de represión contra la oposición política y social.
El analista Ernesto Reyes afirmó que la activación de los “falsos positivos” irán, a pesar de que la presidenta de facto se vio obligada a promulgar la ley de convocatoria electoral. Pero los siniestros planes del gobierno de facto no se detendrán. Los “duros” dentro del gabinete quieren quedarse como sea. Ambos ministros no destacan precisamente por niveles de reflexión e inteligencia.
Son audaces, por supuesto, pero ya se nota que manejan con poco cuidado el método con el que el Ejército colombiano plantó los falsos positivos en la gestión del expresidente Álvaro Uribe, para legitimar la “cacería” –diría Murillo en Bolivia– de guerrilleros, para venderle a la opinión pública de que se estaba derrotando a los “terroristas” y para justificar la violenta represión de los líderes sociales colombianos.
Culpar de todo al MAS, calificar de terrorista a cualquier ciudadano por solo protestar y pensar que el lenguaje del miedo es suficiente para gobernar es un alma de doble filo que generalmente corta a los que la usan. Lo que Murillo tendría que explicar es ¿por qué el MAS que marcha primero en la intención de voto estaría detrás de acciones de terrorismo? No es lógico ¿verdad?, señala Reyes.
Boris Acosta Reyes. Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)