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La fiscalía boliviana pide seis meses de prisión preventiva contra el golpista Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, detenido por su papel en el golpe de Estado de 2019 y dos masacre posteriores, lo que desató disturbios que concluyeron con la quema de seis oficinas públicas y una treintena de vehículos.
Los sectores oligárquicos movilizan a sus grupos de choque y articulan estridentes campañas de desinformación para incitar a los ciudadanos a rebelarse contra las autoridades nacionales legítimas.
Apoyo popular a Luis Arce
La movilización popular fue convocada por el llamado «Pacto de Unidad», que reúne a los sindicatos y organizaciones de campesinos e indígenas afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó a diez años de cárcel a la expresidenta de facto Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Tras su regreso al poder, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano mantiene una popularidad significativa y una fuerte capacidad de movilización social, pero está lejos de la hegemonía del pasado.
El gobierno del presidente Luis Arce emitió un comunicado titulado “La unidad del pueblo es la garantía de la democracia intercultural”, interpretado como un llamado a disciplinar a su militancia, pero también como una denuncia contra la estrategia opositora y de la derecha regional en contra de los gobiernos y las corrientes de izquierda que comienzan a multiplicarse en el continente.
El presidente boliviano Luis Arce pidió a los pueblos indígenas garantizar la unidad en su estructura organizacional y no doblegarse con dádivas individuales que ofrece la oligarquía boliviana a dirigentes, con el propósito de dividir a las organizaciones sociales, en un acto en el que inauguró el Octavo Congreso Ordinario de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, en la Amazonia boliviana.
El Gobierno de Luis Arce logró reflotar la economía de Bolivia en 2021 a pesar del impacto de la Covid-19, de las campañas y hechos violentos perpetrados por la ultraderecha y hasta intentos de magnicidio.
Alrededor de un millón de indígenas, campesinos, profesionales y trabajadores, agrupados en diferentes movimientos y organizaciones sociales, participantes de la Marcha por la Patria, por la defensa de la democracia, por la unidad del país y en apoyo a la gestión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca llegaron a la ciudad de La Paz luego de siete días de movilización por todo el país.
El presidente boliviano Luis Arce afrontó este lunes su primer paro, convocado contra un proyecto de ley que combate el blanqueo de las ganancias ilícitas y contra la «persecución política» que denuncia la oposición, una medida que el gobierno ve como un nuevo intento de desestabilización desde el golpe de Estado de 2019, que depuso el gobierno constitucional de Evo Morales.