La crisis que atraviesa el país está sustentada en la fortísima iniciativa del poder económico concentrado por acelerar la devaluación del peso, lo que a su vez impacta en una escalada de precios que no parece tener techo, que afecta a la mayoría de la sociedad que vive de ingresos fijos.
Asistimos a un lento y prolongado proceso de crisis que hace temer un colapso económico y político. La propia ministra Silvina Batakis no ha dudado de calificar a la coyuntura como “desesperante”, dicho antes de viajar a EEUU para coordinar las medidas de ajuste con el gobierno estadounidense y al FMI.
El acuerdo firmado con el Fondo para estabilizar la economía –en realidad la desestabilizó totalmente- es una suma de condicionamientos –monetarios y fiscales- que no dejan mayor margen de maniobra a este o a cualquier otro gobierno, para actuar sobre la crisis. Es lo que blanqueó la disruptiva renuncia de Martín Guzmán y dejó en claro no bien asumida la ministra Batakis, no hay Plan “B”, solo continuar, con variaciones, el ajuste y evitar como sea una abrupta devaluación, aun cuando aceleran la depreciación de la moneda local para ganarle a la inflación en ascenso. El gobierno apuesta todo “a pasar el invierno”, supone que en septiembre al bajar las importaciones de energía todo se normalizará. Fueron 4.000 millones de dólares los mayores gastos en energía en el primer semestre del 2022 respecto del 2021. Mucho optimismo sin mayor fundamento. Mientras, la brecha cambiaria, con subas y bajas, se mantiene. Desde principios de mayo la cotización de los dólares financieros se incrementó, maniobras especulativas mediante, rezagando la actualización del tipo de cambio oficial, pese a las aceleradas actualizaciones dispuestas por el BCRA.
Ninguna de las fracciones oficialistas que disputan y llevaron a la crisis política actual tiene respuestas concretas, mientras que la oposición derechista solo sostiene el manual del mercado: desregulaciones, libertad a los movimientos de capitales, reducción del gasto público, etc. etc.
Las reservas de libre disponibilidad son casi inexistentes, mientras que los bonos de la deuda privada reestructurada cotizan a precio de default (20cs. por dólar) y están a tiro de los fondos buitres. La deuda interna en pesos es billonaria y exige permanentemente elevar las tasas de interés para renovarla, con garantías de recompra del BCRA a los inversores institucionales: los bancos. La contrapartida es un nivel de pobreza cercano al 40% y en ascenso, lo mismo que el 10% de indigencia. La mitad de los trabajadores cobra salarios por debajo de la línea de pobreza mientras crece la precarización, con un 40% de trabajo irregular, los planes asistenciales no alcanzan a cubrir necesidades elementales y las desigualdades sociales son crecientes.Una minoría que llena restaurantes, espectáculos artísticos, lugares vacacionales y vuelos al exterior, convive con una mayoría que no llega a fin de mes.
Precisamente el último informe del INDEC da cuenta de la transferencia de ingresos ocurrida entre el 2016 y el 1er. trimestre de este año. El capital incrementó su participación, en la apropiación de la riqueza socialmente producida, del 42.2% al 47.8% en la actualidad, mientras que el trabajo disminuyó su participación del 45.3% al 38.2% en igual período.
La desorientación y prácticamente inacción del gobierno, solo atina a anunciar anuncios que pocos se concretan. Ahora, acaba de ceder a las presiones devaluacionistas. El Banco Central instrumentó un régimen especial y temporario, dólar/soja, para incentivar las liquidaciones de la oleaginosa retenida en silo-bolsas y a la espera de una mega devaluación. Más allá de lo que resulte de esta concesión puede ser el inicio de una devaluación generalizada y desembocar en un shock de mercado agudizando aún más la transferencia de ingresos y la crisis social, cuando hay numerosos indicios de agotamiento y malestar generalizado en vastos sectores sociales atravesados por la crisis. En compensación otorgó un bono para el Potenciar Trabajo, alejado de las demandas de fondo sustentadas por los movimientos sociales. Estamos en una verdadera emergencia social que requiere medidas urgentes. Los tiempos se agotan, la crisis se acelera y el país está al borde de que la corrida cambiaria se extienda, agravando los problemas económicos y sociales.Hay que adelantarse al colapso y provocar un shock pero en sentido contrario al del mercado, resolviendo las demandas de la mayoría empobrecida.
Medidas de emergencia para resolver la emergencia
1-Precios
La inflación está desbordada por un rápido y sincronizado movimiento alcista. No se trata solo de las empresas formadoras de precios y su composición oligopólica, también los distintos segmentos de las cadenas de valor y comercialización que aumentan por la dudas. Es un proceso que se realimenta asimismo provocando la inercia inflacionaria que hay que romper. Por ende, hay que congelar los precios al nivel existente a comienzos de julio de 2022 y hasta fin de año. A partir de ahí y en el marco de un plan nacional integral de carácter antiinflacionario, generar las condiciones de reajustes en función de estudios de costos y rentabilidades acordados con participación popular, de lxs trabajadorxs y los usuarios. Es necesario producir un freno estructural a las remarcaciones y romper con la tendencia inercial de los precios y su impacto sobre la carestía de la vida.
Resulta imprescindible la aplicación de las leyes de Abastecimiento, con duras sanciones para quienes incumplan el congelamiento y provoquen desabastecimiento de productos y/o servicios, y de defensa del Consumidor y la Competencia.
Se trata de fortalecer la secretaría de Comercio Interior y la habilitación a las organizaciones populares a participar en los controles de precios y la creación de Comités de Fábrica en las grandes formadoras para transparentar los costos de producción y de circulación. También implementar una aplicación en todos los celulares para que la población controle los precios.
2- Reservas
El mínimo nivel de reservas disponibles en las arcas del Banco Central (no superarían los 3000 millones de dólares), aun cuando ingresaron por el comercio internacional unos 31.000 millones en los últimos tres años, alimenta las devaluaciones sucesivas que terminan impactando sobre la inflación y sobre los niveles productivos por faltantes de insumos industriales, empujando a una desaceleración del crecimiento. Es urgente recomponerlas antes que una macro devaluación se imponga por su propio peso y en beneficio de los grandes productores y exportadores.
La declaración de la Emergencia Cambiaria (como lo hicieron varios gobiernos en el pasado) es el primer paso para aumentar y extender los controles y evitar maniobras de todo tipo en el comercio exterior (sub y/o sobre facturación de exportaciones e importaciones). Los principales demandantes de dólares han sido los Fondos de Inversión que desarman sus posiciones en pesos y se pasan al dólar; los bancos que atienden demandas de sus clientela sin controlar demasiado y las empresas por necesidades concretas (o por adelantamiento de compras al exterior sin relación con el crecimiento del PBI; pagos de autopréstamos, triangulaciones y otras maniobras…). En síntesis, no otra cosa que la fuga de divisas.
No solo se trata de “fuga”, es también por intentos de maximización de ganancias de productores y exportadores que demoran y cuotifican la comercialización de los granos forzando una devaluación. Han liquidado un 18% menos que el año pasado en igual período, mientras se financian a tasas negativas. En total retienen en los silo-bolsas algo más de 40 millones de toneladas (Soja 22 mill; maíz 3 mill y un remanente de trigo. En maíz hay 15 mill. sin cosechar aun) por un valor totalestimado entre 14.000 y 17.000 millones de dólares.
Es urgente contar con esos fondos retenidos. El Estado, en lugar de darles concesiones, debe imponerles un mínimo de liquidación, cercano a la mitad de esos fondos en los próximos dos meses, y luego continuar un plan de liquidación hasta fin de año. La ley de Abastecimiento en situaciones de Emergencia Económica como la actual habilita a decomisar granos y hasta la prisión a quién retenga y retrase la comercialización.
Vale señalar que hoy tienen la posibilidad de realizar operaciones financieras a futuro, asegurándose el riesgo de una eventual devaluación, contra la cual necesitamos luchar y evitar, frenando la ofensiva de los grandes propietarios en contra de la población mayoritaria, que percibe sus escasos ingresos en pesos que se vienen devaluando progresivamente.
Controlar el Comercio Exterior, haciendo pasar todas las operaciones por los bancos oficiales, fiscalizando los distintos pasos de esta cadena es decisivo para evitar esas fugas, si al mismo tiempo se utilizan todos los dispositivos tecnológicos disponibles para evitar el contrabando de granos y cereales tanto por los pasos fronterizos terrestres como por la hidrovía del Paraná. Aplicación irrestricta de la ley Penal Cambiaria, que habilita sanciones económicas y penales a quienes incumplan las normas establecidas.
3- Deuda en pesos
La deuda en pesos (Leliqs, Letras del Tesoro, pases) supera los 6 billones de pesos, y está colocada a plazos cortos lo que requiere permanentes refinanciaciones y colosales pagos de intereses a los bancos. Intereses que, si se capitalizan agrandan la deuda y si se pagan es con mayor emisión, que impacta sobre el proceso inflacionario.
Por eso, debiera colocarse un bono a mediano plazo, entre 3 a 5 años, diferenciado según sean sus tenedores ANSES, bancos u otros inversores, con una tasa que los asocie al comportamiento de la economía (por ejemplo, vinculando la recaudación con la evolución del PBI) implementando un sistema de control para contrarrestar la corrida bancaria que eventualmente sucedería a la colocación del bono. En ese marco se protegerá a los ahorristas de menor envergadura.
Por otra parte colocando este bono el Estado se haría de billones de pesos para financiar políticas activas. Complementarlo con el impulso a la sanción la ley de Ganancias Inesperadas y del levantamiento del Secreto Bancario, Bursátil y Fiscal que permita recuperar los 20.000 millones de dólares denunciados en el informe del Banco Central. Incrementar la recaudación fiscal hará que la disminución del déficit fiscal primario se logre por mayores ingresos y no por menores gastos.
4 – Salarios y empleo
Los ingresos populares (salarios, jubilaciones y pensiones, AUH, diversos planes) han perdido buena parte de su capacidad adquisitiva por la espiral inflacionaria y la carestía de la vida que está impactando en menores niveles de consumo, lo que de continuar en esta orientación llevaría a la economía, en un contexto en que la economía mundial marcha aceleradamente a una fuerte desaceleración y recesión, a frenar su actual crecimiento con la potencial suba de los índices de desocupación y precariedad.
Recomponer la capacidad adquisitiva de los ingresos populares vía una suma fija o un bono de mayor alcance al que se otorgó al “potenciar trabajo”, permitiría neutralizar los niveles de indigencia, reducir los de pobreza y favorecer a los sectores medios bajos, reactivando la demanda y alejando el riesgo de parate de la economía. El reajuste periódico, llevando el Salario Mínimo Vital y Móvil al valor de la Canasta Básica Total y el mantenimiento del régimen de negociaciones colectivas de trabajo, junto a las fórmulas de ajuste para Jubilaciones, Pensiones y AUH habilitan la recuperación de la capacidad de compra de la mayoría social que vive de ingresos fijos. La recuperación de la billonaria suma de pesos hoy colocada en distintos títulos públicos permitirá reorientar el gasto público. Comenzando por financiar un vasto proyecto de obras públicas, acordado con las organizaciones populares y la comunidad correspondiente, que impulsaría la creación de empleo. Al mismo tiempo, avanzar en la reducción de la Jornada laboral y repartir del trabajo existente para fortalecer el crecimiento del empleo y que los trabajadores se beneficien de la mayor productividad alcanzada.
5 –Acuerdo con el FMI
Es indispensable su anulación, a contramano de lo comprometido por Batakis con el FMI en su visita a Washington. De hecho hoy ya es incumplible, y aun cuando se renegociaran mejores condiciones esto no sería determinante y continuaría su efecto inflacionario. Hay que partir de la anulación del acuerdo con el FMI y suspender los pagos de la deuda pública al tiempo que se inicia una profunda investigación que determine la composición ilegal, ilegitima y odiosa, por tanto impagable, del endeudamiento público. Caso contrario todo será muy transitorio y la crisis regresará como tantas otras veces en nuestra historia reciente.
6- Las medidas que aquí proponemos son de aplicación inmediata para atender la emergencia y permitirán abrir un sendero de transformaciones profundas, que prefiguren otro modelo productivo y otro tipo de sociedad, solidaria e igualitaria, lo que supone el aliento a la organización y lucha popular para construir poder y alternativa política.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.