Estoy con Nacho Escolar (y en general con todos los que se oponen desde la sensatez a la criminalización de la ciudadanía por el uso de Internet para compartir archivos sin ánimo de lucro) en que los autodenominados ‘creadores‘ (todo ser humano es un creador, es un rasgo distintivo de nuestra especie frente al resto) […]
Estoy con Nacho Escolar (y en general con todos los que se oponen desde la sensatez a la criminalización de la ciudadanía por el uso de Internet para compartir archivos sin ánimo de lucro) en que los autodenominados ‘creadores‘ (todo ser humano es un creador, es un rasgo distintivo de nuestra especie frente al resto) llevan algo de razón en sus demandas:
- Que no es justo -aunque sea legal- que existan páginas de enlaces que se lucren con el trabajo ajeno.
- Que quien más gana con esta situación son las telecos, que incluso en la publicidad del carísimo ADSL que pagamos venden «descargas más rápidas».
- Que hace falta un nuevo modelo tras la revolución digital».
Pero me parece que esas conclusiones se quedan del todo cortas si lo que pretendemos es apostar por un modelo cultural en el que se armonicen los derechos de esos creadores con los derechos generales de la ciudadanía. Añadiría, por ejemplo:
- Que no es justo -aunque sea legal- que existan intermediarios (industria, gestoras de derechos, representantes…) que se lucren con el trabajo ajeno y el bolsillo de los ciudadanos, explotando brutalmente a los creadores con royalties de risa y abusando del usuario inflando los precios finales de venta para lograr beneficios desmedidos que, repito, sólo en un pequeñísimo porcentaje revierten en el autor.
- Que ningún modelo sostenible de mercado e interrelación cultural puede estar basado en el desprecio de los creadores y la industria hacia el usuario, vertiendo continuamente falacias, insultos y amenazas contra éstos.
- Que no es cierto que España se encuentre a la cabeza de la ‘piratería’ internacional ni que el intercambio de archivos sin ánimo de lucro vaya en detrimento de las ganancias del sector. Son ya varios los estudios que demuestran justo lo contrario.
- Que ningún derecho particular puede estar por encima del derecho general ni de los preceptos constitucionales, sobre todo si lo que se pretende es mantener vivo artificialmente un modelo decimonónico que expira, de forma natural, a marchas forzadas.
- Que los derechos de autor fueron ideados para la defensa de los autores frente a los excesos de plagiadores y empresarios sin escrúpulos, contra el uso lucrativo no autorizado de sus obras, nunca contra el ciudadano ni el derecho universal de acceso a la cultura.
Con todos estos condimentos, sí podemos encarar con garantías y sentido común el debate y la búsqueda de ese amplio consenso que armonice los derechos de los principales actores de esta obra: el creador y el ciudadano, y marque las reglas de juego de todo lo que orbita a su alrededor: industria, gestoras de derechos, telecos, páginas de descargas…
Es decir, que el primer paso para desbloquear esta situación es, efectivamente, la identificación de los derechos propios del autor frente a los de los intermediaros y ver de qué manera se pueden conciliar con los de la ciudadanía del siglo XXI. En ningún caso puede arrogarse la portavocía de los derechos del autor quien no lo es o quien en realidad lo que defiende son los derechos de quienes no lo son, así como tampoco identificar los derechos del autor con los del intermediario. No es lo mismo…
Por eso, medidas coercitivas como la ‘ley Sinde’ y similares, que sólo buscan la criminalización de la ciudadanía para favorecer las cuentas de resultados de ciertos lobbies, en nombre del autor, pero sin aportar una sola medida que realmente suponga una mejora de la situación actual de éstos, no sólo resulta obscena e imposible de aplicar, sino además de un cinismo que raya en la desvergüenza.
¿Queremos apoyar a los creadores? Perfecto:
- Establezcamos leyes que obliguen a los intermediarios a colocar los royalties del autor en lo más alto del precio final de venta.
- Defendamos al autor frente a cualquier abuso de la industria.
- Establezcamos canales efectivos, al margen de la industria cultural, para que el autor pueda distribuir y dar a conocer su obra bajo la licencia que prefiera: copyright o copyleft.
- Establezcamos condiciones de rigor y transparencia para las denominadas gestoras de derechos de autor que hagan efectivo su carácter de organización sin ánimo de lucro, velando por su democracia interna y la continua auditoría de sus cuentas.
- Establezcamos criterios que determinen que toda obra subvencionada, pagada con el dinero de todos los ciudadanos, pase a engrosar directamente el catálogo de obras de dominio público, sin menoscabo de permitir su posible explotación comercial.
- Pongamos en marcha centros de apoyo al autor, locales de ensayo gratuitos, redes de formación artística, teatros y espacio de conciertos populares… creando una red que llegue a todos los barrios, pueblos y ciudades del país.
- Llevemos las nuevas tecnologías al autor, expliquémosles que puede crear y editar libros por su cuenta, grabar canciones con la máxima calidad, rodar películas y vídeos… sin necesidad de intermediarios, con excelentes programas de software libre…
- Expliquémosles que igualmente los pueden distribuir sin coste alguno, a través de la Red, que las redes P2P son la mejor herramienta para ello, que no hay red de distribución convencional que se le pueda comparar…
- Eliminemos los impuestos de lujo que aún pesan sobre instrumentos musicales, cámaras… olvidémonos del canon también.
- Establezcamos tiendas virtuales donde el autor pueda ofrecer y/o vender directamente sus obras.
- Sentemos a los autores a dialogar con los usuarios, a debatir, a exponer sus puntos de vista. Lleguemos a conclusiones, acuerdos, compromisos…
- Como Gobierno, asumamos el contenido de ese consenso y comencemos a desarrollar la ley que lo avale, velando siempre por el máximo respeto a los derechos, libertades y preceptos consitucionales.
- Impliquemos a los intermediarios en el marco del consenso alcanzado, vinculando su acción y sus derechos a los fundamentales: a los del creador y a los del usuario. Rechacemos las presiones y la connivencia con los lobbies. Ídem con las injerencias de potencias extranjeras (véase Wikileaks).
- Rubriquemos en el Parlamento esa ley producto de un consenso justo, abierto y democrático, que tenga al autor y al usuario como ejes principales de su desarrollo, y ubique al resto de agentes en el espacio que realmente les corresponde.
Con una hoja de ruta como ésta, o similar (esto no es más que una tormenta de ideas personal), podríamos comenzar a atisbar una solución sensata al debate sobre el nuevo modelo cultural. Pero, desengañémonos, la actitud del Gobierno no pasa, ni de lejos, por ahí, sino más bien por todo lo contrario: seguir buscando la forma de colar una ley coercitiva que no sólo no mejora ni un ápice las condiciones del creador, sino que además atenta contra los derechos y libertades de la ciudadanía, con el único objetivo de contentar a los lobbies y grupos de presión con intereses económicos muy concretos.
La ‘ley Sinde’ no es una ley de ‘apoyo al creador’. No hay un sólo artículo que vele por sus derechos. Sólo por los de la industria y gestoras de derechos, es decir por los de los intermediarios, lobbies y grupos de presión. Eso y un ataque frontal contra derechos fundamentales del ciudadano.
Rubalcaba dice que van a concienciarnos de todo lo contrario. Pero para poder concienciar, primero hay que tener conciencia de lo que se pretende. Y mucho me temo que, en este ámbito, el Gobierno anda profundamente ‘desconcienciado’, despistado, forzado, contaminado o algo peor.
Y algo similar ocurre con los autoproclamados ‘creadores’, que defienden con verdadero ahínco las reivindicaciones de los lobbies del sector, pero se les ve salir muy poco en defensa de los auténticos derechos del creador frente a la explotación de la industria y la opacidad y ausencia de democracia interna de las gestoras de derechos.
¿De verdad queremos apoyar al creador? Perfecto. Entonces, comencemos a hablar en plata.