Es momento de matizar el término de moda, expropiación. Pongámosle sujeto a tan polémica palabra, ¿expropiación, a quién? ¿para quién? La expropiación implica inexorablemente que otro sujeto se apropia de algo. Se expropia aquello que ha sido previamente ya expropiado a favor de otros. Este es el caso de Bolivia, en donde, como en tantos […]
Es momento de matizar el término de moda, expropiación. Pongámosle sujeto a tan polémica palabra, ¿expropiación, a quién? ¿para quién? La expropiación implica inexorablemente que otro sujeto se apropia de algo. Se expropia aquello que ha sido previamente ya expropiado a favor de otros. Este es el caso de Bolivia, en donde, como en tantos otros lugares del mundo, el neoliberalismo optó por expropiar al pueblo sus servicios básicos para pasarlos a manos de empresas privadas trasnacionales. No obstante, estas expropiaciones fueron traducidas por el relato hegemónico en clave de modernización del Estado, racionalidad económica, competencia perfecta o eficiencia de asignación.
La expropiación a los bolivianos de los servicios básicos, entre ellos la electricidad, se produjo en los años ochenta y noventa bajo el programa neoliberal de (des)ajuste estructural y de planes de (des)estabilización. A través de estas privatizaciones (84 empresas públicas) y capitalizaciones, Bolivia se convirtió, según el propio Banco Interamericano de Desarrollo, en el mejor alumno de la clase con el valor más alto del ridículo índice de Avance en Reformas Estructurales (0,7 frente al 0,58 del promedio latinoamericano).
La realidad optó por contradecir a los indicadores neoliberales, legitimados éstos por la falsa objetividad y neutralidad de las ciencias sociales. El pueblo boliviano rechazó ese patrón acumulador de riqueza basado en esta doble cara: expropiación a la mayoría y apropiación por una minoría. Esto dio lugar a una elevada concentración de la riqueza en manos de unos pocos, particularmente extranjeros. El gobierno de Evo Morales comenzó a cristalizar todas las nuevas demandas que anhelaban una Bolivia justa y soberana, en aras del Vivir Bien de todos en detrimento del exclusivo vivir mejor de unos pocos. Para ello, unos meses después de ser investido presidente, Evo Morales proclamó el 1 de Mayo del 2006 el decreto supremo de los Héroes del Chaco que abría un proceso de nacionalización de los hidrocarburos. No fue ésta una expropiación de las instalaciones petroleras, pero sí una recuperación del control estatal sobre los hidrocarburos, que dio paso a que los ingresos públicos procedente de esta partida se triplicaran en el año 2011 respecto al año 2005. Luego, fue turno de la mina de estaño de Huanuni, y de la empresa de fundición Vinto, entre otras. Otro primero de Mayo, esta vez en 2008, junto a otras apropiaciones, el Estado adquirió el 100% de la telefónica Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), filial de la italiana Telecom. En 2010, nacionalizó cuatro empresas eléctricas consiguiendo, a día de hoy, que tres cuartas partes de la generación de electricidad sea pública.
En esta secuencia, este primero de mayo del 2012, Bolivia soberanamente recupera la empresa transportadora de electricidad a través de la promulgación del Decreto Supremo 1214 que nacionaliza las acciones de la Red Eléctrica Internacional SAU, subsidiaria de la Red Eléctrica Española, en la Empresa Transportadora de Electricidad SA. Señálese, y así evitamos el falso discurso de la defensa del interés de los españoles, que la empresa expropiada sólo tenía el 20% de las acciones en manos del sector público (gestionado por la Sociedad Española de Participaciones Empresariales). Incluso esta mínima participación pública va a ser reducida al 10% gracias a otra propuesta PSOE-PP que viabiliza más expropiación pública a favor de la apropiación privada. Este decreto boliviano se sustenta en el artículo 378 de la Constitución Política del Estado que considera como facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética. Además, el artículo 3 de un anterior Decreto Supremo (29272), dispone que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) tome el rol estratégico de participación en todo el sistema de producción de electricidad: generación, transporte y distribución.
Esta medida, junto a otras tantas citadas y no citadas, es producto de una nueva estrategia, no improvisada, de recuperación de los recursos naturales y garantía de los servicios básicos. El Estado Plurinacional de Bolivia ha decidido poner punto y final a una política de expropiación del patrón económico a favor de los dividendos transnacionales. Bolivia apuesta por revertir dicha política entreguista, apropiándose de ella misma. Para ello, opta por la construcción de un Estado integral que supere su condición histórica de «aparente». Capaz de ser dueño de sus propios recursos, de producir, satisfacer necesidades, y repartir un mayor excedente entre todo el pueblo boliviano. Para que esto no parezca una declaración de intenciones, véase un caso reciente y concreto: el caso de la nacionalización de ENTEL. Tras cuatro años de gestión pública, el Estado boliviano ya ha invertido la mitad del valor de lo que las empresas privadas invirtieron durante sus quince años previos. Esta empresa estatal cubre con sus servicios de telecomunicación a los 337 municipios del país, atiende a tres millones y medio de usuarios (frente a los menos de dos millones de antes), y ha instalado 1203 radio bases de telefonía (frente a las 477 de anteriores años). Además, recibe un 50% más de utilidad neta que se queda en manos del Estado, permitiendo esto aportar al pago de la Renta Dignidad a favor de las personas mayores jubiladas. Y para colmo de paradojas, y frustración de los neoliberales, e n el primer semestre de 2011, Fitch Rating otorgó a ENTEL la máxima certificación como empresa estable «Triple A».
Esta vez le toca a la electricidad, a la que el neoliberalismo no sólo la expropió sino que la deterioró sistemáticamente no invirtiendo casi nada. Bolivia sigue por la senda de recuperar su aparato productivo básico a cambio de expropiar todo lo que el capital monopólico se adueñó bajo la imposición neoliberal. Bolivia apuesta soberanamente por un nuevo régimen de acumulación más justo, que reparte su excedente de una doble manera: a) en el corto plazo a través de políticas sociales para la mayoría del pueblo boliviano, y b) más estructuralmente, en el medio y largo plazo, a través de inversiones públicas productivas que distribuyan riqueza.
Por ahora, en lo inmediato, algunos datos le dan la razón en cuanto a los resultados positivos de un nuevo Estado más protagónico que ahora participa en el 34% de la generación de valor agregado (frente al 17% anterior). Aunque aún falta mucho por hacer, en 5 años (del 2005 al 2010) la pobreza se redujo del 60,6% al 49,6%, y la pobreza extrema del 38% al 25%; hace 5 años, el 10% más rico del país tenía 128 veces más ingresos que el 10% más pobre, y en el 2009, ya se había reducido esta brecha a 60 veces. Sólo en el año 2010, con el Bono Juancito Pinto, se entregaron 51,9 millones de dólares a más de 1,8 millones de niños y niñas; con la Renta Dignidad, 240 millones de dólares a 600.000 ancianos y ancianas; con el Bono Juana Azurduy, 13,4 millones de dólares a 208.000 madres y 341.000 niños menores de un año. Todo ello acompañado de un sustancial aumento de los salarios reales. Aún queda por dilucidar si se conseguirán los retos de transformación estructural en el medio y largo plazo. No obstante, con medidas como éstas que implican la apropiación de Bolivia por parte de los propios bolivianos, las cosas van por buen camino.
Alfredo Serrano Mancilla es Doctor en Economía y miembro de la Fundación CEPS
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/4-58881-2012-05-03.html