El fascismo no es un fenómeno que se instale en la sociedad de golpe, con una sola arremetida política, de tal modo que «aparece» de repente. Eso no sucedió nunca, en ningún lado.
Por el contrario, el fascismo avanza poco a poco, va instalando paulatinamente su discurso racista y de odio, va copando esferas de poder, utiliza las instancias democráticas de la sociedad para ponerlas a su servicio y destruirlas y desvirtuarlas gradualmente. Por eso es que la negativa de diversas fuerzas de izquierda de Bolivia a reconocer el carácter fascista del régimen de Añez es un grosero error metodológico, político y estratégico, tanto así que sirven -involuntariamente- a su desarrollo camuflado de «restauración democrática».
Por esta razón, resulta pertinente develar como el fascismo del régimen de Añez avanza paulatinamente en la coyuntura actual. Uno de los ejemplos más grotescos de este avance del fascismo se ha presentado en el marco del escándalo de corrupción develado con el sobreprecio de 170 respiradores que adquirió el régimen para dizque combatir la pandemia del corona virus. Una vez descubierto el caso de corrupción, el régimen optó por usar como chivo expiatorio al incauto Ministro de salud, Marcelo Navajas, para desviar la responsabilidad que pesa sobre el núcleo más recalcitrante y fascista del régimen, pues no es admisible pensar que este núcleo «no conociera del tema» y que se hubiera enterado del mismo «mediante las redes sociales», como dijo la autoproclamada en un intento caricaturesco de explicar a la población lo que había pasado.
Ocurrió entonces que el juez Hugo Huacani se disponía a instalar, el 22 de mayo, una audiencia de medidas cautelares a los inculpados de este tremendo caso de corrupción, entre ellos el ex Ministro de Salud, cuando fue detenido por la policía, en una acción inédita en la historia del país. Poco después, la población conoció un comunicado de la Fiscalía que afirmaba que esa instancia no había emitido ninguna detención contra el juez. A las horas, se supo que el Ministerio de Gobierno, a cargo del operador más recalcitrante del régimen, Arturo Murillo, había realizado la detención porque dizque había una denuncia que se formuló contra el juez por prevaricato en otro caso, en otra audiencia, llevada a cabo en horas de la mañana.
Para entender lo ocurrido, conviene establecer que, según la normativa boliviana, nadie puede ser detenido, a menos que exista una orden de aprehensión emanada por autoridad competente, vale decir, un fiscal o un Juez, o alternativamente, mediante una Acción Directa que lleva a cabo la policía cuando encuentra a un delincuente cometiendo un delito en flagrancia. Ninguna de esas dos cosas aconteció con el Juez Huacani, pues ninguna autoridad competente había determinado su aprehensión y tampoco se puede hablar de «Acción Directa», puesto que la mentada denuncia refería una determinación del juez, en otro caso, en otro momento. Además, el cargo de que se atribuía al juez, debía ser establecido en una audiencia, como corresponde. Por eso es que la detención del Juez Huacani, más allá de que se lo tuviera que liberar a las horas, fue un acto ilegal y abusivo.
Ahora bien, ¿qué clase de ilegalidad fue la que se cometió contra el juez Huacani?. Dado que no se trata de una aprehensión determinada por un autoridad competente y tampoco se trata de una Acción directa, entonces lo que queda, según el código penal, es un SECUESTRO, como lo han definido parlamentarios del MAS al iniciar un proceso contra el Ministro Murillo y sus operadores de la policía.
Entonces bien, lo que el gobierno fascista ha hecho, mediante su principal operador, es secuestrar a un juez que llevaba el caso de corrupción más importante que se ha develado de este régimen, con el único propósito de amedrentar al juez, para que falle según sus intereses en este caso y al mismo incauto ex Ministro de Salud, de modo que no revele que los verdaderos responsables del caso de corrupción han sido los golpistas en su nivel más alto. La esposa del Ex ministro de Salud ya ha emitido declaraciones en este sentido y, además ha señalado que recibe amenazas de muerte, por haberlo hecho.
Una vez comprendido y caracterizado este suceso, cabe ubicarlo en su verdadero contexto, que no es otro que el avance del fascismo que utiliza las instancias de justicia formales y las distorsiona completamente poniéndolas a su servicio.