Al tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la pasividad y las decisiones erróneas con la que ha enfrentado muchas de las problemáticas de México ha tenido resultados adversos en lo económico, lo social y el Estado de Derecho.
Perdimos lo avanzado en casi un lustro en términos de pobreza y bienestar social en México. De 2018 a 2020 aumentaron a 3,8 millones los mexicanos en pobreza y en 2,1 millones los mexicanos en pobreza extrema.
Las condiciones laborales de las mujeres siguen siendo desatendidas, lo que generó un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de su participación laboral.
De las casi 11.6 millones de personas que se han agregado al mercado laboral a más de un año de iniciada la crisis sanitaria, el 41,3 por ciento son mujeres y 58,7 hombres.
El último informe de Signos Vitales, «México: Acumulación de Rezagos para un futuro incierto», da cuenta que, a casi la mitad del camino de gestión, el gobierno continúa sin resolver o siquiera atenuar los problemas, intentando dar a la población una verdad que no existe.
En 2020, se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo, de acuerdo con la ENOE (2019 y 2020).
Se estima que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12 por ciento en 2020, porcentaje que se eleva al 22,2 por ciento, si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019.
El reporte de Signos Vitales, la organización de la sociedad civil que abona reportes trimestrales de la realidad social, advierte que se perderá lo avanzado en una década o más y tomará años recuperar el terreno perdido.
Señala que ha aumentado la carencia alimentaria, la delincuencia no ha cedido y no hay indicios de que suceda. Peor aún, la violencia de pareja que llama intrafamiliar y afecta particularmente a las mujeres, se ha agudizado durante el confinamiento y no hay políticas y acciones gubernamentales capaces de enfrentarlo.
Los cientos de miles de muertes por covid-19 que pudieron evitarse no se podrán recuperar nunca. México se encuentra en la cuarta posición de 222 países registrados con más muertes por covid-19 con 241.279 defunciones y más de 2.6 millones de contagios.
Los huérfanos de padres fallecidos por la enfermedad, enfrentan ya un cambio radical en su vida que afectará su bienestar y desempeño para siempre.
A nivel nacional las entidades con mayor número de casos confirmados corresponden a la Ciudad de México (730.359), Estado de México (271.572), Guanajuato (134.918), Nuevo León (132.678), Jalisco (94,365) y Puebla (87.961).
Lastimosamente, el virus en México ha dejado muertes directas por el contagio y muertes indirectas derivadas de lo que se dejó de atender dentro y fuera del sistema de salud.
En ese sentido, en el último año los más de 100 centros del sistema del sector salud, a causa de la pandemia o de manera deliberada, las clínicas y hospitales redujeron entre 42 por ciento y 49 por ciento las consultas a los derechohabientes de enfermedades como cáncer, hipertensión, obesidad y otros padecimientos crónico-degenerativos.
La pandemia de covid-19 aún no termina, pero ya tenemos a la vista rezagos y dificultades que, agravadas por la destrucción institucional y la ausencia de políticas efectivas para atemperar el impacto de la crisis sanitaria, tienen ya repercusiones graves sobre el bienestar presente y futuro de los mexicanos.
Sistema de salud fragmentado
A tres años de iniciado el gobierno, se ha vuelto una carencia esencial la falta de cobertura y sigue siendo un problema grave el abasto de medicinas y la precarización de los servicios de salud.
El presupuesto para el sector no ha aumentado y su ejercicio en 2021 está muy por debajo del aprobado.
Por ello, el gasto que personas y familias tienen que destinar a medicinas y servicios de salud ha aumentado fuertemente en los últimos dos años. La ENIGH 2020 estima que el gasto de bolsillo en salud aumentó 40 por ciento en los últimos dos años. Queda claro que las autoridades han fallado en la propuesta de una alternativa eficaz para robustecer el sistema de salud y, a su vez, detener la propagación del virus.
Más de 35 millones de mexicanos sin acceso a la salud
En los dos últimos años, 15.6 millones de personas dejaron de tener cobertura del sistema de salud público, de modo que, actualmente 35.7 millones de personas no tienen acceso a la salud.
Sin embargo, la carencia por acceso a la seguridad social sigue mostrando la incidencia más alta en 2020 con un 52 por ciento de la población bajo dicha condición, lo equivalente a 66 millones de personas, a pesar de presentar una disminución en 2018.
Los jóvenes han sido los más afectados durante la pandemia por el cierre de escuelas y empresas ante los ajustes para frenar al virus y, a la par, enfrentar la crisis económica. Se reportó un aumento de la pobreza en los adolescentes y jóvenes de 2 a 29 años de 42,3 por ciento en 2018 a 46,1 por ciento en 2020.
Los pobres, los menos beneficiados de los programas sociales
El golpe que infringió la pandemia de covid-19 fue brutal en un inicio, al destruir cadenas de almacenamiento y cerrar actividades no esenciales. El gobierno mexicano cayó en la trampa de cerrar la economía sin apoyar a las familias ni a las empresas, lo que significó pérdida de empleos y cierre de establecimientos productivos.
La falta de políticas que contrarresten el impacto empeoró aún más la situación.
El gobierno de México ha asignado el 1,85 por ciento del Producto Interno Bruto en respuesta a la pandemia y figura como el país emergente y de ingresos medios que menos apoyos discrecionales ha asignado al mes de abril de 2021 (0,65 por ciento del PIB). (Fondo Monetario Internacional)
El sector servicios es el que menos se ha recuperado. A pesar de tener una recuperación de 17,8 por ciento, aún se encuentra 10 por ciento por debajo de su nivel previo a la pandemia.
Hubo un aumento de los programas sociales respecto de 2018; sin embargo, estos se redujeron para la población más pobre en un 32 por ciento, mientras que para el 30 por ciento de la población más rica del país los apoyos de los programas sociales y becas gubernamentales se incrementaron en 129 por ciento.
Los beneficios provenientes de los programas gubernamentales, incluidos en las transferencias, sólo repone el 10 por ciento de la pérdida en el ingreso por trabajo.
Rezago social
Por si fuera poco, el rezago en México es otra cara de las desigualdades que enfrentan las personas. En un esfuerzo por ilustrarlo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presenta el Índice de Rezago Social (IRS) 2020 como una medida ponderada que resume indicadores de educación, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y los activos en el hogar.
Respecto al Índice y grado de rezago social en las entidades federativas para 2020, las cinco entidades con el IRS más alto fueron: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla. Las primeras cuatro cuentan con un grado de rezago social muy alto, y Puebla con nivel alto.
Por el contrario, las cinco entidades con el IRS más bajo fueron: Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Aguascalientes y Colima, de las cuales únicamente Colima cuenta con un grado de rezago social bajo. Las cuatro entidades restantes cuentan con un grado de IRS muy bajo.
Crimen organizado
La violencia creada por grupos de la delincuencia organizada no ha presentado reducción y su capacidad para influir política y criminalmente en diversos territorios del país se mantiene.
Se presume que esto es resultado de la inacción del gobierno federal. Al mismo tiempo, se piensa que el gobierno de López Obrador ha atacado mucho menos al Cártel de Sinaloa que a otras organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el terreno electoral, también se ha registrado la existencia de un clientelismo criminal efectivo.
La violencia política en las elecciones del 2021 la más agresiva
La pasividad con la que el gobierno ha enfrentado muchas de las problemáticas del país ha tenido resultados adversos, como el no tomar acciones concretas culpando en las pasada elecciones a la temporada, el conservadurismo y la polarización política y dejar crecer la violencia con 1.066 delitos cometidos en contra de actoras y actores políticos, por lo que este proceso puede ser considerado el más agresivo en la era democrática del país.
Hubo un aumento de 38 por ciento en las agresiones contra políticos respecto al proceso electoral federal anterior. El 75 por ciento de los casos de violencia política afectó a políticos y candidatos opositores a los gobiernos locales.