Algunos sectores sintieron alguna esperanza el pasado lunes tras el fallo de la jueza Vanessa Baraitser en contra de la solicitud de extraditar a Julian Assange a EE. UU., donde se arriesgaba a que le encerraran por el resto de su vida, de que finalmente pudiera estar cambiando de rumbo.
Washington quería que se silenciara permanentemente a Assange y que se convirtiera en ejemplo, para demostrar así a otros periodistas su aterrador alcance y su poder de represalia desde que el fundador de Wikileaks expuso los crímenes de guerra estadounidenses en Iraq y Afganistán hace una década.
Sin embargo, había razones para sospechar de lo que realmente estaba haciendo Baraitser, incluso cuando dictaminó a favor de Assange. Esta juez de distrito tiene todo un historial de asentir en casos de extradición, incluidos varios que recientemente han sido anulados en apelación por un tribunal superior.
Durante las audiencias en septiembre, Baraitser se mostró sin cesar complaciente con los abogados que representaban a EE. UU., a la vez que mostraba un desdén absoluto por el equipo legal de Assange, obstruyéndolo en todo momento. Su desprecio por Assange y su cosmovisión política y moral fue quedando patente durante todo el proceso. A menudo llegaba al tribunal con un guion preparado que se ponía a leer, fingiendo apenas haber escuchado los argumentos legales presentados ante ella.
Su guion favoreció siempre la línea de Washington, salvo en las ocasiones en las que adoptó una posición aún más hostil hacia Assange que la requerida por EE. UU. Esa posición incluyó aislarlo del resto del tribunal en una caja de metacrilato inexpugnable, tratándolo más como a Hannibal Lecter que como a un editor y periodista que lucha por la libertad de prensa.
La mayor parte del tiempo, Baraitser parecía, de forma desconcertante, más una fiscal que una jueza.
Primero, una sentencia peligrosa
Así pues, apenas resultó sorprendente, como expliqué en mi anterior escrito, que, aunque negó la reclamación de extradición, apoyara todos los argumentos presentados por EE. UU. atribuyéndose el derecho a procesar a Assange -y a cualquier otro periodista- por el crimen de hacer periodismo. Ignoró los hechos, el testimonio experto presentado en el tribunal y las alegaciones jurídicas -todos los cuales favorecían a Assange-, y en cambio apoyó lo que equivalía a un caso puramente político postulado por EE. UU.
Hizo caso omiso de las advertencias del equipo legal de Assange de que aceptar la lógica política para la extradición equivalía a un ataque total a las libertades periodísticas fundamentales. Estableció un precedente legal aterrador para que EE. UU. pueda apresar a periodistas extranjeros y procesarlos por “espionaje” si exponen los crímenes de Washington. Su decisión tendrá de forma inevitable un efecto profundamente paralizador en cualquier publicación que intente desenterrar la verdad sobre el estado de seguridad nacional de EE. UU., con terribles consecuencias para todos nosotros.
Baraitser, aunque respaldaba de buena gana el caso político para la extradición y juicio de Assange, sacó al mismo tiempo del aprieto al fundador de Wikileaks al aceptar las preocupaciones humanitarias planteadas por los expertos médicos y penitenciarios. Todos habían defendido que lo que cabía esperar era que la extradición a EE. UU. hiciera que Assange tuviera que pasar el resto de su vida en una bárbara prisión de máxima seguridad estadounidense, algo que podría agravar los problemas de salud mental y el riesgo de suicidio.
A continuación, una sentencia perversa
Su fallo, aunque profundamente perturbador en sus implicaciones políticas y legales, al menos sugería que Baraitser estaba dispuesta a adoptar un enfoque compasivo con respecto a la salud de Assange, aunque no reconociera su denuncia periodística de los crímenes de guerra occidentales. Debería haber salido libre en ese mismo momento si EE. UU. no hubiera declarado de inmediato que iba a apelar su decisión.
Teniendo en cuenta el descargo de Assange por parte de Baraitser, su equipo esperaba que la fianza -su liberación de una prisión de alta seguridad mientras se desarrolla el largo proceso de apelaciones- resultara una formalidad. Se apresuraron a hacer tal solicitud tras la sentencia de extradición del lunes, asumiendo que la lógica legal de su decisión dictaba su liberación. Baraitser puso reparos y sugirió que prepararan su caso y se lo presentaran con más detalle el miércoles.
Ahora parece claro que la jueza manipuló al equipo de defensa de Assange. Al parecer, al igual que a los abogados de Assange, el exembajador británico Craig Murray, que asistió e informó sobre las audiencias en detalle, asumió que Baraitser quería un caso irrebatible por parte de la defensa para justificar la decisión de liberar a Assange bajo fianza.
Había buenas razones para sentir confianza. Cualquier movimiento para evitar su liberación parecería perverso dado que ella había decidido que Assange no debería ser extraditado ni juzgado en EE. UU.
Peligro de suicidio
Los engañó a todos. Baraitser negó la libertad bajo fianza, lo que indica efectivamente que cree que su sentencia podría ser errónea y quedar anulada en un tribunal superior. Eso es algo insólito. Sugiere que no tiene confianza en su propio juicio sobre los hechos del caso. Como ha señalado Murray: “Ha habido pocos o ningún precedente de que el Tribunal Superior revocara cualquier fallo en contra de una extradición por motivos de salud de la Sección 91”.
Cualquier apelación de EE. UU. contra la decisión de Baraitser de descargar a Assange será difícil de ganar. Sus abogados tendrán que demostrar que se equivocó no en su interpretación de la ley, sino al evaluar hechos verificables. Tendrán que demostrar que la engañaron los expertos en prisiones que advirtieron -en base a las consideraciones presentadas por EE. UU.- que Assange iba a ser sometido a un confinamiento solitario permanente e inhumano en una cárcel estadounidense de máxima seguridad, o que también la engañaron los expertos médicos que la avisaron de que en esas condiciones Assange correría un riesgo significativo de suicidio.
Pero la perversidad de la decisión de Baraitser es aún más profunda. Su fallo mantiene a Assange encerrado en Belmarsh, una prisión de alta seguridad en Londres que es la versión británica de una cárcel de máxima seguridad estadounidense. Su negativa a liberarlo, o ponerlo en arresto domiciliario con un dispositivo de monitoreo GPS, contradice flagrantemente las evaluaciones de los expertos con las que estuvo de acuerdo durante la decisión de extradición del lunes: que Assange corre un alto riesgo de suicidio. Esas evaluaciones de expertos se basan en su estado actual, causado por su encarcelamiento en Belmarsh.
A diferencia de Assange, la mayoría de los reclusos de Belmarsh han sido condenados o acusados de delitos graves. Aunque Assange cumplió hace mucho tiempo su única transgresión, una violación menor de las regulaciones de fianza del Reino Unido, se le ha retenido de forma sistemática en condiciones aún peores que a los otros prisioneros.
Si la salud mental de Assange está en tan mal estado y corre tanto riesgo de suicidarse, es por el horrible régimen de abusos que tenido que soportar ya en Belmarsh durante los últimos dos años, un régimen clasificado como tortura por el experto de la ONU en el tema, Nils Melzer. Elevar las esperanzas de liberación de Assange y luego encerrarlo de nuevo en su celda, negándole la oportunidad de ver a su pareja y a sus dos hijos pequeños por primera vez desde marzo, corre el riesgo de llevarlo hasta el límite, un extremo del que Baraitser es muy consciente y en el que basó su decisión de denegar la extradición.
Sin “riesgo de fuga”
En realidad, la jueza estaba tramando algo completamente distinto al retrasar la audiencia para la fianza hasta el miércoles, dos días después. Pretendía -al igual que presumiblemente quienes han estado supervisándola entre bastidores- remodelar la imagen de su tribunal, que durante meses ha dado la apariencia de estar totalmente comprometida con la administración estadounidense.
Cuando los medios corporativos levantaron brevemente la cabeza de su letargo para reconocer de forma significativa por vez primera las audiencias de Assange, Baraitser quiso asegurarse de que esos informes señalaran cuán independiente era su tribunal. Durante dos días, los comentaristas pudieron jactarse de la soberanía legal británica y los valores humanitarios, aun cuando la mayoría aceptaba tácitamente su peligrosa premisa de que la demanda de EE. UU. para pedir la extradición de Assange está justificada.
Cuando Baraitser cerró de golpe la puerta de la celda una vez más ante las narices de Assange, dejándolo exactamente donde estaba antes de que ella lo descargara, se presentó su decisión como poco más que un fallo técnico basado en una evaluación razonable del “riesgo de fuga” de Assange.
En realidad, no hay riesgo alguno de que Assange se fugue, y nunca lo hubo. No “huyó tras pagar la fianza” en 2012 al dirigirse a la embajada de Ecuador. Buscó asilo político allí para escapar de la amenaza real de que le extraditaran a EE. UU. por su labor periodística. Las autoridades ecuatorianas le aceptaron porque creían que sus temores eran auténticos.
En aquel entonces, una fiscal sueca había reactivado las demandas de que Assange regresara a Suecia para ser interrogado sobre endebles acusaciones de agresión sexual, acusaciones que habían sido rechazadas por una fiscal anterior. Ahora sabemos que esa investigación se mantuvo viva ante la insistencia británica. No obstante, Suecia se negó a dar garantías de que no extraditaría a Assange a EE. UU., donde un gran jurado estaba preparando los cargos en su contra.
Colusión ilícita
La decisión de Assange de buscar asilo en la embajada estuvo, por supuesto, completamente justificada por el hecho de que EE. UU. sí buscaba su extradición tan pronto como pudieran ponerle las manos encima.
Baraitser dejó incluso que se le viera el plumero en la audiencia de fianza, interrumpiendo su propia narrativa de que se había “fugado” en 2012 cuando declaró, ¡como evidencia contra Assange!, que había entrado en la embajada para evadir la amenaza de extradición a EE. UU.
Al hacer esa declaración socavaba la narrativa promovida durante años por todos los medios corporativos en el Reino Unido de que Assange se había “escondido en la embajada de Ecuador para huir de la investigación sueca”. (De hecho, esa declaración fue típicamente corrompida aún más por los medios de comunicación, incluido en particular The Guardian, que se refirió repetidamente no a una investigación, algo que no iba a ninguna parte, sino a “cargos de violación” completamente imaginarios).
Baraitser explotó y acentuó el sufrimiento de Assange para dejar bien a su tribunal, agregar un barniz de credibilidad a una sentencia política profundamente defectuosa y crear la impresión de que estaba emitiendo su juicio basándose en los hechos en lugar de en una connivencia ilícita con las autoridades estadounidenses que negaban a Assange sus derechos.
¿Qué viene ahora?
¿Adónde se encamina ahora el caso?
La única esperanza inmediata de Assange es que su equipo legal pueda apelar la decisión de la fianza y ganar, o que EE. UU. tire la toalla y decida no presentar su propia apelación sobre el fallo de extradición en las próximas dos semanas.
Si Washington presiona para que se presente una apelación, algo que todavía parece probable, Assange va a tener que soportar muchos meses más en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, con un deterioro de salud en unas circunstancias infectadas de covid, es posible que no sobreviva si contrae la enfermedad. Como advirtieron los expertos, el coste de haber pasado casi dos años sin prácticamente ningún contacto con otros seres humanos, sin estimulación mental, sin perspectivas de liberación -con su caso ignorado por la mayoría de sus compañeros y el público-, intensificará su desesperación, su profunda depresión y el peligro de que intente quitarse la vida.
Su muerte parece ser cada vez más el resultado que Gran Bretaña y Estados Unidos desean, posiblemente el único por el que se han estado esforzando. Esa es sin duda la conclusión de Yanis Varoufakis, el intelectual público y exministro de Finanzas griego, que ha visto muy de cerca cuán dispuestas están las élites europeas y estadounidenses a aplastar despiadadamente la disidencia.
Incluso aunque la muerte de Assange no fuera el objetivo de las autoridades estadounidenses y británicas, se han asegurado temerariamente de que tal posibilidad sea cada vez más probable, y así van a seguir hasta que pongan fin de una vez a su encarcelamiento y tortura.
Jonathan Cook ganó el Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Entre sus libros destacan “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) y “Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair” (Zed Books). Su página web es: www.jonathan-cook.net
Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelión.org como fuente de la traducción.