«No se dan cuenta [las] personalidades políticas que el sufrimiento no se negocia, que las vidas humanas no tienen precio y que para nosotros lo primero es que aparezcan [nuestros hijos, los normalistas], no recibir dádivas del gobierno federal». Felipe, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos [29 de octubre de 2014]. Ayotzinapa, […]
Felipe, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos [29 de octubre de 2014].
Ayotzinapa, reflejo desgarrador de un país bajo la tormenta
Lo acontecido en Iguala los pasados 26 y 27 de septiembre pone sobre la mesa y nuevamente hace visible (de una manera atroz) el abanico de problemas sociales que, habiendo caracterizado el sexenio calderonista (en su guerra contra el narcotráfico), el actual gobierno había tratado constantemente de minimizar y sacar de la escena mediática nacional e internacional. La lista de agravios de la que es reflejo Ayotzinapa es larga: desapariciones forzadas de carácter masivo y sistemático, asesinatos y crímenes de estado, vínculos entre el crimen organizado y el Estado (en diversas escalas), impunidad, corrupción, complicidad entre delincuentes y autoridades, la falta permanente y grave del respeto de los derechos humanos, violencia física y política selectiva hacia los sectores campesinos e indígenas, el abandono y desmantelamiento de la educación rural y del campo en México, la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y garantizar el respecto a la libertad y la vida, la recurrente falta de impartición efectiva y expedita de justicia y el castigo a los responsables de actos delictivos, entre otros.
A más de un mes de los hechos de violencia, apenas hace un par de días el jefe del ejecutivo y parte de su gabinete en un encuentro tenso se entrevistó personalmente con los padres y compañeros de los normalistas asesinados, desaparecidos y heridos. Pareciera que el gobierno federal, más que la voluntad efectiva de dar respuesta a los deudos de los normalistas de Ayotzinapa, tiene en la apremiante necesidad de resolver a toda costa esta crisis social y de legitimidad para resarcir la imagen de México como un país de reformas estructurales y presto a los intercambios comerciales con las potencias económicas del planeta. En cambio, los compañeros y padres de los normalistas tienen exigencias muy claras que siguen irresueltas: presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, castigo a los responsables (materiales e intelectuales) de los actos de violencia, atención a los heridos y esclarecimiento de los crímenes; a estas, se han sumado dos reclamos suplementarios, el cese a los ataques a la normal de Ayotzinapa y sus miembros y la reparación de los daños.
Acción estatal tardía y la presión nacional e internacional
Probablemente, en un principio la falta de participación de las autoridades nacionales en las investigaciones de los acontecimientos violentos de Iguala tuvo ver con el propósito político de que toda la responsabilidad de los hechos recayera en el gobierno de Guerrero. Posteriormente, la forzada intervención del gobierno federal en el caso Ayotzinapa fue resultado de las marchas, manifestaciones, pronunciamientos, protestas y reclamos en las que han participado padres y compañeros de los normalistas, organizaciones sociales y políticas, maestros, estudiantes, universitarios, movimientos sociales, organizaciones y colectivos de derechos humanos y diversos grupos de la sociedad civil en México y el extranjero. También fue relevante para la «visibilización» de estos hechos y el abrupto cambio de disposición oficial (de una inicial y deliberada distancia e indiferencia de las autoridades federales mexicanas respecto al caso a una inserción «de lleno» en el asunto) el papel crítico de algunos medios de comunicación nacionales y extranjeros en la cobertura mediática y los pronunciamientos de organizaciones internacionales.
En este tenor, el gobierno mexicano, en un afán por mantener y difundir en el exterior una imagen de México como un país seguro y moderno dispuesto y abierto a las inversiones externas, ha resentido claramente que los hechos de violencia de Iguala y la impunidad e incompetencia de las autoridades estatales llenen las primeras planas de la prensa internacional y sean la nota estelar de cadenas televisivas en el extranjero; los principales periódicos de Francia (Le Monde), Alemania (Der Spiguel), Inglaterra (The Guardian, Financial Times, The Economist) y Estados Unidos (New York Times, The New Yoker Magazine, Time), entre otros países, han dado seguimiento a los asesinatos y desapariciones de Iguala y han mostrado la crisis social y política en que se encuentra sumido México. Aunado a esto, otra circunstancia que ha contribuido a cuestionar la percepción del gobierno federal mexicano han sido la preocupación y extrañamiento de estos hechos de violencia por parte de diversos jefes de estado (uno de los casos más recientes es el del gobierno de Obama), así como la condena generalizada por parte de organismos internacionales como El Parlamento Europeo, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator especial de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos, entre otros.
Exigencias de justicia y reclamos al poder estatal
No obstante, pese a la salida de Aguirre como gobernador de Guerrero y a la detención de decenas de personas (entre policías municipales y miembros de grupos delictivos) relacionados con los asesinatos y el secuestro de estudiantes, los normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos y no se sabe de su paradero. Después del encuentro con el ejecutivo federal el 29 de octubre y tras agradecer el apoyo de la sociedad y las organizaciones en México y el extranjero, los padres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos reiteraron a diversos medios de comunicación que, a más de un mes de los hechos violentos de Iguala, su principal demanda (la aparición con vida de los estudiantes) no se ha cumplido y sigue pendiente; dijeron estar hartos de promesas oficiales y que lo que piden son hechos concretos: volver a ver a sus hijos de regreso. Recriminaron al Ejecutivo la tardía intervención de las autoridades federales en el caso, asi como el que la PGR quisiera establecer como una de las líneas de investigación vincular a los normalistas a grupos delictivos y, finalmente, la falta de apoyo y recursos para las normales rurales; manifestaron que las investigaciones para localizar a los desaparecidos deberían ampliarse y no limitarse a las fosas clandestinas, sino que también las búsquedas contemplaran encontrarlos con vida. Expresaron que, dado el desarrollo de las investigaciones oficiales y los resultados hasta la fecha alcanzados, hay una falta de confianza en la capacidad de las autoridades para llevar a cabo la búsqueda de los desaparecidos y la investigación y esclarecimiento de los hechos. Por ello, demandaron que se den las condiciones para que dejen trabajar a los peritos extranjeros (al Equipo de Antropología Forense Argentino) y que se solicité la intervención de otros grupos externos de especialistas en casos de desapariciones (CIDH). Finalmente reiteraron que, como desde hace más de un mes, sigue pendiente la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.