En la ardua, compleja y titánica lucha contra la corrupción, el Presidente López Obrador ha cosechado enormes victorias. Para empezar, desde el inicio de su mandato, puso freno a la forma más descarnada y nociva de la corrupción: la privatización de las empresas públicas.
Con ese mecanismo se forjó el mayor despojo que haya sufrido el pueblo de México desde la Conquista de Anáhuac por el imperio español, hace ya 500 años. Haber puesto freno a esa nueva Conquista es ya, sin duda alguna, el inicial y mayor logro del obradorismo.
Luego del frenazo a las privatizaciones comenzó el proceso de recuperación de las riquezas robadas. Esto tampoco ha sido fácil. Un sólido andamiaje legal creado para proteger lo robado ha hecho y hace muy difícil devolver el dinero robado al pueblo, su legítimo dueño.
Pero aún así los logros han sido colosales. Miles y miles de millones de pesos han retornado a las arcas públicas. El freno a las privatizaciones y el retorno de lo robado constituyen una gesta heroica que amplía y fortalece el apoyo popular, social, económico y electoral al obradorismo.
A estos dos grandes logros anticorrupción debe agregarse este otro: el fin de la política del fraude electoral. Porque el fraude electoral era la llave maestra para abrir las puertas al robo de los bienes públicos y su conversión en inmensas riquezas privadas.
De no haberse dado los escandalosos fraudes electorales en los comicios presidenciales de 2006 y 2012 el país desde entonces habría cerrado las puertas de la desbocada corrupción que se enseñoreo en los sexenios del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto.
Esos fraudes posibilitaron nuevas formas de la corrupción institucionalizada. Por ejemplo las multimillonarias exenciones y devoluciones de impuestos a las grandes empresas y corporaciones nacionales y extranjeras, hoy prohibidas por las leyes, gracias al régimen obradorista.
Estas ya son batallas ganadas. Pero ahora mismo se está librando una todavía más peliaguda entre el obradorismo y el muy corrupto y desprestigiado sistema judicial, en el que jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia medran y se enriquecen escandalosamente vendiendo sus fallos al mejor postor.
No hay razón, sin embargo, para pensar que López Obrador no pueda ganar esta dura batalla. Su alianza con el pueblo de México volverá a dar buenos frutos. Esa alianza y la bandera de corruptísimo que ostenta el Poder Judicial son la garantía de una nueva victoria en la lucha contra la corrupción.