El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero anuncio finalmente que las elecciones generales se realizarán el 6 de septiembre, mientras altos funcionarios del gobierno de facto y mandos militares tratan de distintas formas de perpetuarse en poder, difiriendo sine die la fecha de los comicios.
Luis Arce Catacora, exministro de Economía y candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS, liderado por Evo Morales), informó que su fuerza política viabilizó un acuerdo con los demás partidos para concertar que la fecha de las elecciones.
El pueblo boliviano exigió en las calles la realización de los comicios generales para elegir un gobierno legítimo y con liderazgo, que convoque a todos los sectores de la sociedad para enfrentar en conjunto la situación dramática de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.
Mientras, el gobierno de facto ha demostrado su incapacidad, desinterés y/o negligencia para garantizar los elementos básicos para enfrentar el Covid-19, entre ellos reactivos y respiradores mecánicos, desatando el colapso sanitario en Beni y Santa Cruz. El país se ha endeudado vía Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero se desconoce el destino dado a esos fondos, pues no se observan en inversión en sistema sanitario, pero si se suman denuncias de 35 actos de corrupción.
El TSE informó que en las próximas semanas se definirán los protocolos para que en las actividades preparatorias y la misma jornada electoral se cumpla con las debidas medidas de protección, tanto de distanciamiento social como de equipamiento, a partir de recomendaciones de autoridades nacionales y expertos internacionales.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres solicitó a los partidos y autoridades para que cooperen con el TSE en la celebración de elecciones pacíficas, trasparentes e inclusivas.
A solicitud del Tribunal y con el apoyo de la Unión Europea, Suecia, Canadá y el Reino Unido, Naciones Unidas seguirá brindando asistencia técnica al Órgano Electoral Plurinacional, incluso sobre las medidas de mitigación que permitan que las elecciones se lleven a cabo en las mejores condiciones sanitarias posibles, sostuvo.
La lucha del pueblo boliviano por elecciones generales
El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales en el país por la emergencia sanitaria. Así, por segunda vez se venció el plazo del mandato del llamado “gobierno de transición” de Áñez. El primer vencimiento fue el 22 de enero cuando la presidenta de facto, se autoprorrogó el mandato junto a la Asamblea Legislativa hasta el 3 de mayo, en una acción de avasallamiento al derecho jurídico.
La intención de los golpistas era de volver a autoprorrogarse el mandato, pero esta vez de manera indefinida utilizando la pandemia como estrategia para mantenerse de manera indefinida en el poder, lo que fue rechazado por las organizaciones sociales.
El 29 de abril se realizó el primer cacerolazo y petardazo masivo a nivel nacional en plena cuarentena para exigir al TSE que fije fecha de elecciones. Tras la presión del pueblo, el 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales que dio un plazo de 90 días (hasta el 3 de agosto) para que el tribunal electoral fijara la fecha de las elecciones generales.
La autoproclamada presidenta de facto Jeanine Áñez rechazó la medida y presentó un amparo de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, y diferentes golpistas siguieron la misma línea y fueron rechazados.
Para lograr retornar el tema electoral y reencauzar al país en la vía democrática, el pueblo boliviano sostuvo una fuerte lucha con medidas de presión en plena cuarentena. Se realizaron cuatro cacerolazos y petardazos con acatamiento absoluto, marchas de protestas y numerosos bloqueos en diferentes regiones del país.
El primer cacerolazo fue el miércoles 29 de abril, y los domingos 10, 24 y 31 de mayo a las 19 horas. Durante el primer y exitoso cacerolazo, Unitel -el principal medio de comunicación funcional al golpe de estado-, distorsionó la realidad y afirmó que el contundente reclamo tenía el objetivo de exigir la anulación de la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Uno de los bloqueos más importantes se llevó a cabo en Kara Kara, ciudad situada al sur de Cochabamba, donde se desató una fuerte represión con gases lacrimógenos y balines. También en El Alto se reprimió y los militares manosearon a una mujer mientras era detenida.
Ante el éxito de los cacerolazos que se vivieron como noche de festejo de año nuevo en Bolivia, el gobierno de facto decidió desplegar a los militares en las principales ciudades para amedrentar y hacer gala de su fuerza.
Diversos reclamos se fueron sumado a las protestas, entre ellos, la flexibilización de la cuarentena para poder iniciar las actividades económicas y sobrevivir en medio de la pandemia del Covid.19, el rechazo a los numerosos casos de corrupción de la dictadura, el cese de la persecución política y encarcelamientos, la derogación del decreto que permite el uso de semillas transgénicas, entre otros.
Los reclamos populares fueron caldeando densamente el clima político y social en el país las últimas semanas.
Ante la lucha del pueblo boliviano, el grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala, se reorganizó y llamó a atacar a los movimientos sociales si éstos continuaban con los bloqueos y el pedido de elecciones. Y, como contrademanda exigieron el cierre de la Asamblea Legislativa y la postergación de las elecciones.
Por otro lado, una institución que en el pasado apoyó a Áñez como la iglesia católica, la hizo ahora blanco de fuertes criticas. El 10 de mayo el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) monseñor Ricardo Centellas, criticó a Áñez por “preocuparse demasiado” en repartir cargos a familiares y prorrogar su mandato y no dedicarse con eficiencia a cuidar la salud de las y los bolivianos.
Ofensiva militar a la Asamblea Legislativa para evitar elecciones.
La situación política y social de crisis tuvo su pico el 21 de mayo cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Sergio Orellana, ingresó a la Asamblea Legislativa para dar un ultimátum con plazo de una semana con el fin de que se aprobara una lista de ascensos de militares presentada por Áñez en febrero, y que la cámara rechazó el 18 de mayo.
La Asamblea siguió la normativa constitucional que establece que “la propuesta de ascensos debe ser enviada por el Ejecutivo al Senado para que esta cámara en sesión reservada apruebe o rechace la proposición”. Eva Copa, presidenta del Senado rechazó las amenazas, sostuvo que no era indispensable tratar ascensos en plena pandemia del Covid-19, lo que debería realizarse posterior a la elección de un gobierno democrático.
El expresidente constitucional Evo Morales definió a esta situación como el tercer golpe: el primero fue contra su persona e investidura el 10 de noviembre del 2019, el segundo el 22 de enero cuando Áñez se autoprorrogó el mandato, no convocó a elecciones generales, se mantuvo en el poder y se presentó como candidata presidencial para una próxima elección, y un tercer golpe o “autogolpe” ante la amenaza de cerrar la Asamblea Legislativa y gobernar por la vía militar.
El tercer golpe pretendía la derogación de la Constitución Política de Estado, retrotrayéndola a la de 1994, con el objetivo de evitar el proceso electoral. Volver a la constitución de 1994 implicaría disolver el Estado Plurinacional y restablecer la República, con la consiguiente exclusión de la vida política y de la distribución de la riqueza del país a los indígenas y a las mujeres.
Anteriormente, el 10 de mayo, Evo Morales realizó una grave acusación y exigió por Twitter explicaciones al jefe de las Fuerzas Armadas que amenazó a los asambleístas: “El comandante en jefe Orellana, debe informar al país por qué y para qué los norteamericanos entregaron en el Estado Mayor el pasado 14 de abril, paquetes de dinero y con qué fin los comandantes reciben 50 mil dólares por día”, dijo.
Esta situación de ofensiva militar contra la Asamblea Legislativa, último bastión democrático e institucional en pie dentro del país tras el golpe de estado, se llevó a cabo con el silencio cómplice de Áñez y su gabinete, de los fuerzas políticas de derecha de Fernando Camacho y Carlos Mesa, principalmente, y de los sectores civiles empresariales y medios de comunicación, que apoyaron el golpe de estado del 10 de noviembre del 2019.
Por otro lado, fue fuerte el repudio a nivel mundial por el accionar antidemocráticos de Sergio Orellana , jefe de las Fuerzas Armadas, a quien se le pidió la renuncia y se le exigió respetar la Constitución nacional que en su artículo. 245 afirma que “Las FFAA son una institución esencialmente obediente, no delibera, no realiza acción política, y está sujeto a órdenes del Presidente”.
Verónica Zapata. Periodista y psicóloga boliviana, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)