Una vez consumado el golpe de Estado en noviembre se pusieron en marcha en Bolivia una serie de dispositivos destinados a legitimar a una Presidenta golpista que llegó al poder de manera anticonstitucional y ungida por los militares que fueron, junto con la policía, no los artífices, pero sí los legitimadores del golpe.
Golpe de Estado que pudo ser consumado por una mala decisión de la dirección del proceso de cambio, que hizo renunciar, una vez que Evo y Álvaro ya estaban fuera del país rumbo a México, a la tercera persona en la cadena sucesoria, la Presidenta del Senado, Adriana Salvatierra (MAS-IPSP), dejando un vacío de poder no previsto por la Constitución Política del Estado.
A pesar de eso, y de la instalación en el ejecutivo de un gobierno golpista, se pudo mantener la mayoría de 2/3 con la que contaba el MAS en el legislativo, garantizando de esa manera una dualidad de poderes, un contrapeso a cualquier decisión tomada por la golpista Jeanine Áñez. Es por eso que se pudo imponer la fecha del 6 de septiembre para realizar las elecciones que si no llega a ser por la pandemia se hubieran realizado el 3 de mayo.
Pero la pandemia, que podríamos pensar que le ha venido bien a muchos para eternizarse en el poder, ha sido desastrosa para los golpistas en el gobierno. No solo porque han hecho una pésima gestión de la crisis de salud, en un país cuyas condiciones de aislamiento geográfico ayudaban a contener el virus, sino porque durante estos meses han sido numerosos los escándalos de corrupción en los que han incurrido diversas autoridades del gobierno golpista, desde el Presidente de la principal empresa estatal, YPFB, a la mayor empresa de telecomunicaciones del país, Entel, pasando por comisiones millonarias en la compra de respiradores para enfrentar la epidemia, que han llevado a la cárcel al Ministro de Salud golpista.
Todo lo anterior han hecho que la clase media urbana que en su momento retiró el apoyo al gobierno de Evo Morales, mire con desprecie a los golpistas corruptos que vinieron a sustituir al MAS-IPSP, quien tiene como candidato a Luis Arce Catacora, el Ministro más exitoso en 14 años de proceso de cambio, y quien llevó al crecimiento de la economía boliviana a tasas chinas.
Arce Catacora, quien fuera militante del PS-1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, lidera en este momento todas las encuestas, en algunos casos incluso superando el 40% de intención de voto y los más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo que se necesitan para ganar en primera vuelta.
Es por eso que los golpistas han puesto en marcha una estrategia con 2 variables:
En primer lugar, hay un intento claro de dejar fuera de la contienda electoral a Arce Catacora, cancelando la personería jurídica del MAS-IPSP, por unas declaraciones donde el candidato presidencial comenta unas encuestas en televisión. La Ley impide la promoción de encuestas por parte de los partidos en campaña, pero es que Luis Arce no difundió ninguna encuesta, tampoco mostró gráficos ni se habló de votos nulos o blancos, ni mucho menos se dio detalles de ninguna ficha técnica, solo la comentó en un plató de televisión, y además, hasta el 24 de julio no se entra de nuevo en campaña electoral pues el proceso que debía haberse realizado en mayo, luego en agosto, y finalmente en septiembre, ha sido interrumpido y suspendido por culpa de la pandemia. Es claro que el proceso no ha sido continuado y que lo que buscan los golpistas es volver a los tiempos donde Bolivia escogía presidentes que tenían el 17-22% de los votos, excluyendo a las mayorías sociales, especialmente al movimiento indígena originario campesino a quien en su mayor parte representa el MAS-IPSP.
Pero además, y por si no les resulta la vía jurídico-electoral, los golpistas, con el Ministro de Gobierno Arturo Murillo “El Bolas” y el de Defensa Fernando López a la cabeza, trabajan en la creación de un grupo guerrillero “indígena-independentista” que tiene como objetivo cometer actos violentos (incendios, saqueos e incluso asesinatos) contra la población civil, para poder culpar al MAS por ellos. Todo ello con el apoyo de la estación CIA de la Embajada de Estados Unidos en La Paz. Este grupo irregular estaría integrado por militares y policías en activos y retirados, la mayoría de origen indígena, además de miembros de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceña. Se cuenta con información de que este grupo ya fue entrenado en 2019 en una finca cercana a Santa Cruz de la Sierra por mercenarios de EEUU e Israel, bajo la supervisión de Erick Foronda, agente de la CIA que funge actualmente como Secretario privado de la Presidenta espuria Jeanine Áñez.
Entre los responsables de esta operación estaría también Rolf Olson, de la oficina política de la Embajada estadounidense en Bolivia, quien es el enlace directo entre Murillo y López, así como el Comandante de las Fuerzas Armadas, el General Sergio Carlos Orellana.
Si ninguna de las dos vías citadas llega a funcionar como método para anular a un MAS que se encuentra primero en las encuestas, no se descarta un golpe de Estado clásico, recargado, con Orellana y Murillo a la cabeza.