Para las feministas, población LGBTI y asociaciones de madres y padres, fueron varios años de luchas y propuestas para lograr este hito histórico en la educación y en la vigencia de derechos.
Mientras Bolivia libra varias batallas simultáneas, una de ellas está a punto de perderse. Resulta que la inclusión de la Educación Sexual Integral (ESI) en la currícula escolar, fue cuestionada por sectores conservadores de docentes, quienes despliegan una campaña de desinformación para confundir a la sociedad.
El gran desafío que se plantea de incorporar contenidos de educación sexual para prevenir las múltiples violencias, desde las infancias y las adolescencias, corre esa mala suerte de retroceder, en lugar de avanzar, en la conquista y ejercicio de los derechos.
Una vil campaña de desinformación recorre las redes sociales distorsionando los enunciados de la ESI con burdas menciones de pornografía, sexualización de las niñeces, tergiversación del enfoque de género y manipulación de mensajes que buscan conmover hasta las lágrimas.
En el otro frente, “todos los días vemos historias desgarradoras de feminicidios y violaciones que nos llenan de impotencia”, reclama Tania Sánchez, integrante de la Coordinadora de la Mujer y el Pacto Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Como Tania, miles de voces se escuchan en varios territorios pidiendo “Ni Un Paso Atrás” en la inclusión de la ESI.
Datos oficiales del Ministerio Público, indican que nuestro país reporta uno de los niveles más altos de violencia patriarcal. Son diarios estos titulares: “AUTOR DE VIOLACIÓN A UNA MENOR CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL…”; “SUJETO QUE VIOLÓ A SUS HIJASTRAS…”; “SANTA CRUZ: TAXISTA QUE VIOLÓ A UNA ADOLESCENTE…”; “PROFESOR QUE ABUSÓ SEXUALMENTE DE SUS ALUMNAS…”; “FISCALÍA DE COCHABAMBA INVESTIGA EL FEMINICIDIO DE UNA JOVEN DE 22 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE VINTO”.
De enero a abril de esta gestión, la fiscalía general del Estado recibió más de 13 mil casos de vulneración de derechos (en una población de 12 millones aprox.), en el marco de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La mayoría de los delitos responde a violencia intrafamiliar y violencia sexual. Este contexto, suele ser aún más doloroso conociendo la temprana edad de las víctimas.
Bien se sabe que la educación constituye una de las áreas de prevención de las violencias y, en ese sentido, se trabajaron varias propuestas curriculares, desde el 2014, llegando a construir un consolidado de enunciados que cada docente puede desarrollar con su propia metodología. Así está escrito en la malla curricular para adolescentes: Qué es la despatriarcalización, qué es el enfoque de género, entre otros. Así explicó el especialista en temas educativos, Jiovani Samanamud, “esta malla curricular tiene un largo recorrido”.
Para las feministas, población LGBTI y asociaciones de madres y padres, fueron varios años de luchas y propuestas para lograr este hito histórico en la educación y en la vigencia de derechos. La Constitución Política del Estado de 2009 reconoce los derechos sexuales y reproductivos, como antesala de políticas públicas que el Estado debe garantizar. Por ello, preocupa que algunos sectores conservadores dentro del magisterio se opongan, así como grupos antiderechos de madres y padres de familia, religiosos y fanáticos que optan por el sufrimiento de las violaciones y asesinatos.
A estas alturas del siglo, toda la gran masa de juventudes que constituye nuestras sociedades “aprende” de sexualidad en sus redes sociales, donde no pocas veces la desinformación y las fakenews son malas o pésimas orientaciones para el conocimiento del cuerpo, la sexualidad y las decisiones sobre embarazos deseados y no deseados, anticoncepción, enfermedades por transmisión sexual, entre otras situaciones.
Ciertamente, en el proceso, habrá que fortalecer las capacidades de docentes para el desarrollo de la ESI en aula, pero la falta de herramientas no puede ser óbice para su aplicación en contextos de alta intensidad y frecuencia patriarcal y machista.
Aún estamos a tiempo de no retroceder en el ejercicio de los derechos y mucho menos cuando la argumentación se basa en la desinformación. Las demandas sectoriales del magisterio movilizado en las calles responden a su condición gremial, cuya naturaleza y fin no puede confundirse con la educación de millones de estudiantes ávidos de conocer su sexualidad.
Claudia Espinoza es periodista de Bolivia
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