Tal como van las cosas de la política y sus perspectivas en Bolivia, el proyecto popular, nacionalista y antiimperialista iniciado en 2006 con el gobierno de Evo Morales se encuentra en una profunda crisis y con sus pilares fuertemente debilitados a causa de la corrupción, la ausencia de una propuesta estratégica y los exóticos experimentos […]
Tal como van las cosas de la política y sus perspectivas en Bolivia, el proyecto popular, nacionalista y antiimperialista iniciado en 2006 con el gobierno de Evo Morales se encuentra en una profunda crisis y con sus pilares fuertemente debilitados a causa de la corrupción, la ausencia de una propuesta estratégica y los exóticos experimentos de 36 naciones autónomas planteada por grupos de influencia cercanos al Jefe de Estado.
Luego del escándalo de corrupción en la emblemática Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a nueve meses de las elecciones generales, se observa a un Presidente de la República apesadumbrado y marcado por dudas sobre los temas que aborda.
A su vez, la extrema debilidad de YPFB es festejada por las transnacionales: Petrobrás, Total, Repsol y BG, que consiguieron la vigencia de contratos ventajosos, en extraña combinación con sectores del gobierno nacional. Esto significa retrasar sin fecha la construcción de una planta separadora de líquidos y de un gasoducto interno.
Si no se producen, a corto plazo, importantes decisiones al más alto nivel, con un golpe de timón en las decisiones y la política nacional e internacional, si no se asumen plenamente las banderas que fueron fundamentales en la derrotas del modelo neoliberal, como fueron las del octubre de 2003 con la guerra de los hidrocarburos, de la tierra y del agua, si no se aplican sanciones fuertes contra quienes han asumido una conducta corrupta en el manejo de la cosa pública, si no se frena la formación de múltiples Estados y si no se recupera la fe y la convicción del pueblo en su gobierno, es altamente probable que la tendencia declinante podría ser irreversible.
Octubre de 2003 se caracterizó por la movilización y rebelión de los oprimidos y excluidos (de Bolivia) contra el sistema político neoliberal y conservador, alcanzando niveles de revuelta popular que hizo añicos a la casta gobernante y a su mayor representante, Gonzalo Sánchez de Lozada.
En la transición hasta 2005, se realizaron intentos oligárquicos por recuperar la iniciativa a través de Carlos Mesa, primero, Hormando Vaca Diez y Mario Cossio, después, y de Eduardo Rodríguez, finalmente, sin conseguir su objetivo de desbaratar el programa y la revuelta nacional-popular de octubre.
Ahora, es desde el propio gobierno de donde surgen las perspectivas más peligrosas. Por una parte, el exótico proyecto de las 36 nacionalidades con derechos similares a los del Estado Boliviano abren las posibilidades de la fragmentación nacional, no tanto como deseo de quienes impulsan estas ideas sino como parte de un proceso que está siendo aprovechado por las oligarquías locales y el imperialismo que consideran que por la vía de las autonomías es posible alcanzar la independencia, el separatismo, el protectorado u otras formas inducidas de balcanización que llevan adelante las fracciones reaccionarias mas peligrosas de Bolivia.
El haber incorporado al gobierno a personalidades claramente identificadas con el proceso de capitalización de Sánchez de Lozada como Walker San Miguel, Ministro de Defensa, con el neoliberalismo como Luís Arce, Ministro de Economía y Finanzas, con la negociación con las transnacionales como Héctor Arce, Ministro de Defensa Legal, quien, además, maneja los temas relacionados a las empresas estratégicas, entre ellas YPFB, se ha convertido en un peligro para el mismo proceso.
Por otra parte, la manera más perniciosa de debilitar un régimen popular es a través de la corrupción. La Presidencia de la República no actuó con energía y decisión, desde el año 2006, para contener este peligro como en los casos de YPFB, de Aduanas, de Tractores, de Carreteras y de Viviendas. Ahora, con el caso Santos Ramírez, quien era el hombre de mayor confianza de Evo Morales en la organización política y ex Presidente del Senado Nacional. El Jefe del Estado tiene en sus manos las decisiones que evitarían una caída muy peligrosa.
Este caso, amplificado por los medios de comunicación adversos al gobierno, al igual que los casos de contrabando de 32 camiones en Pando, las denuncias de corrupción en la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC), o la venta de avales para conseguir puestos burocráticos, no han sido aclarados y explicados por las autoridades para despejar las dudas existentes.
Aprovechando esta situación han sacado cabeza antiguos servidores del proyecto neoliberal, como Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, ambos vicepresidentes de Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, separatistas como Ruben Costas y Mario Cossio o simpatizantes de Sánchez de Lozada como René Joaquino, con el interés de presentarse como alternativa en las elecciones de diciembre.
Las banderas que levantan para posicionarse no están referidas a sus propuestas sino al debilitamiento y reducción de credibilidad que demuestra la figura del Presidente Morales y del gobierno del MAS. Solamente determinaciones muy claras, que contemplen la lucha contra la corrupción, la recuperación efectiva de los recursos naturales estratégicos que implica la aplicación del decreto de nacionalización de los hidrocarburos de mayo de 2006, el dejar de lado los experimentos autonómicos que llevarían a la balcanización de Bolivia y la recuperación de la credibilidad perdida, permitirán la recuperación del proceso de liberación nacional.
La unidad nacional es la condición básica para avanzar en este proceso de liberación nacional, que al mismo tiempo afirme una posición antiimperialista y de integración de América Latina junto al potenciamiento económico basado en la recuperación de los recursos naturales, la reversión de tierras de latifundio, el impulso de la industrialización, el uso masivo del gas en la economía interna y la transformación agraria, con el objetivo de avanzar en la autosuficiencia en alimentos, vestido y vivienda para todos los sectores sociales del país.
En conclusión, con una propuesta nacional-popular, la conducción social y política y la hegemonía indomestiza y la presencia activa e irreversible de los sectores originario campesinos en la nación oprimida puede consolidarse un Estado Nacional fuerte y unido, en lugar de un archipiélago de pueblos autónomos y desarticulados.