A pocas semanas de las elecciones del 18 de octubre el gobierno golpista de Bolivia está nuevamente en crisis tras la salida de tres ministros clave por un intento inconstitucional de privatizar una compañía eléctrica.
Estos hechos se han producido cuando las encuestas muestran que el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, podría ganar en la primera ronda, menos de un año después de que su partido fuera derrocado por un golpe de la derecha.
La senadora Jeanine Áñez, entonces relativamente desconocida, prestó juramento como “presidenta interina” en noviembre pasado tras el golpe de Estado contra el entonces presidente del MAS, Evo Morales.
A pesar de haberse comprometido a ocupar el cargo solo durante 90 días hasta que las elecciones pudieran decidir un nuevo presidente, el régimen ilegítimo de Áñez ha intentado en cambio utilizar su poder para hacer retroceder las medidas antineoliberales implementadas por el gobierno de Morales y para unir a las diversas facciones anti-MAS.
Sin embargo, su régimen ha quedado marcado por su catastrófico manejo de la pandemia de la COVID-19, que, hasta ahora, ha causado casi 8.000 muertos y ha dejado a Bolivia con la tercera tasa de mortalidad más alta del mundo por ese motivo.
Este fracaso se ha visto agravado por la mala gestión económica de su gobierno -con más de un millón de bolivianos por debajo del umbral de la pobreza- y más de 20 casos de presunta corrupción de alto perfil dentro de su gabinete, que ha experimentado 17 cambios de ministros en 10 meses.
Corrupción
El caso de corrupción más notorio fue la utilización en mayo pasado de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la compra, a más del doble de su precio normal, de 179 respiradores, lo que llevó al arresto, por corrupción, del ministro de Sanidad y de otros altos funcionarios.
Otro escándalo similar se produjo en la compra de gas lacrimógeno para la policía que hizo el ministro de Defensa.
La última crisis del gabinete se desencadenó por las consecuencias del intento de reprivatizar la compañía eléctrica regional de Cochabamba, ELFEC, nacionalizada por el gobierno de Morales en 2010.
La crispación desencadenada llevó a la destitución del ministro de Economía Oscar Ortíz y a la renuncia de los ministros de Trabajo y Desarrollo Productivo el 28 de septiembre.
Una semana antes, el fiscal general del Estado, José María Cabrera, fue también destituido por cuestionar la constitucionalidad del decreto de privatización. Cabrera estaba supervisando la investigación sobre la polémica compra de gas lacrimógeno por parte del ministro de Defensa.
En declaraciones a los medios, Ortíz dijo que se negó a firmar el decreto de privatización porque iba “en contra del sistema legal” y no contaba con los “respaldos legales adecuados”.
“No creo que el gobierno, en sus últimas semanas, deba adjudicar nuevos contratos o licitaciones importantes, que deben dejarse para la próxima administración”.
Ortíz también denunció al gobierno por intentar seguir adelante con varias otras compras y contratos en sus últimas semanas en el cargo, incluidos más de 7 millones de dólares en vehículos nuevos.
La Asamblea Legislativa Plurinacional ha anunciado que abrirá una investigación sobre esta y otras compras cuestionables, así como respecto a varias irregularidades y supuestos actos de corrupción que se han producido en el interior de varias empresas estatales.
Para sustituir a Ortíz, Áñez promovió al ministro de Planificación Branko Marinkovic, quien se apresuró a anunciar que viajaría a Estados Unidos para solicitar nuevos préstamos, entre otros, del Banco Interamericano de Desarrollo.
Impunidad
Con Arce liderando las encuestas -a pesar de la ola de represión por parte del gobierno y de los paramilitares de derechas contra el MAS, que no ha dejado de incrementarse durante la campaña electoral-, varias facciones del gobierno están buscando formas de protegerse a sí mismas y a sus ganancias de origen dudoso.
Un día después de que el grupo de expertos de la derecha Jubilee Foundation publicara una encuesta que mostraba a Arce ganando en la primera ronda, Áñez anunció el 17 de septiembre que renunciaría como candidata presidencial.
Si bien se ha presentado como una medida que ayudaría a unificar el fragmentado bloque anti-MAS, actualmente dividido a la zaga de varios candidatos de la oposición, es más probable que su retirada estuviera motivada por el deseo de llegar a un acuerdo de inmunidad bajo cualquier candidato anti-MAS potencialmente victorioso.
En lugar de respaldar a un candidato en particular, Áñez -que seguirá apareciendo en la papeleta electoral debido a su tardía retirada- pidió a los votantes que se unieran detrás del candidato con mayores posibilidades de derrotar a Arce.
Mientras tanto, el fiscal general del Estado dijo a la Asamblea que el ejército se niega a cooperar con la investigación de las masacres en Senkata, Sacaba y Yapacaní de noviembre pasado, en las que murieron al menos 32 manifestantes antigolpistas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, muchos se preguntan si las elecciones serán libres y justas, o si siquiera se llevarán a cabo. Las elecciones ya se han aplazado dos veces y la fecha límite del 18 de octubre solo se estableció después de las protestas masivas a nivel nacional de agosto.
Con el futuro de la democracia y la economía de Bolivia en juego, sin duda seremos testigos de muchos más acontecimientos en las próximas semanas.
Federico Fuentes es un escritor que centra sus trabajos en temas de Latinoamérica, sobre todo de Venezuela. Es editor de Links Socialism.
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