«Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa…». (Carlos Marx; «El 18 brumario de Luís Bonaparte»). ¿A quién beneficiará la dimisión congresal en Bolivia? Dilatar la estéril […]
«Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa…». (Carlos Marx; «El 18 brumario de Luís Bonaparte»).
¿A quién beneficiará la dimisión congresal en Bolivia? Dilatar la estéril polémica sobre si debe o no acortarse el mandato del Poder Legislativo es la estrategia para redundar sobre un tema ya zanjado – la renunciar los congresales – y desviar la atención de la opinión pública del debate central respecto a sí la actual coyuntura servirá para una ruptura definitiva o para una reedición más de la lógica de poder elitaria en el país.
Mientras los mass media, los empresarios privados, los diputados mesistas y los operadores civiles de anterior gobierno presionan para lograr un «acuerdo político» que garantice nuevos comicios generales, el origen y esencia de la demanda popular de acortamiento de mandato – la instalación de la Asamblea Constituyente – es suplantada por los intereses en conflicto entre nuevos y viejos agentes del «stablishment».
Pugna de nuevas y viejas «roscas»
Octubre Negro no sólo representó el cúlmen del descontento social y el principio de la debacle del modelo neoliberal en Bolivia, sino también una fisura en el monopolio de poder estatal que ostentaban las elites políticas tradicionales y que permitió la ávida emergencia de la generación de relevo del criollaje encomendero.
Al interior de las elites bolivianas, las facciones en pugna -tradicionales y emergentes- se han disputado encarnizadamente la tenencia del poder estatal durante los últimos 20 meses. La carencia de una estrategia de poder es una dolencia histórica de los sectores sociales, que ha convertido los momentos de ruptura en Bolivia en escenarios de una tragedia cíclica: la reedición y relegitimación del modelo, y la recaptura del poder por las elites, en el escenario mismo de su cuestionamiento.
Estos momentos críticos de rechazo estructural al modelo de Estado se han dado con regular periodicidad durante el pasado siglo. De la misma forma, cada uno de estos momentos de ruptura y cuestionamiento al Estado liberal han sido «domesticados» por las elites criollas emergentes, que parecen depender de instrumentalizar las protestas sociales para poder romper el cerco hegemónico de su expresión predecesora y acceder al poder.
Revoluciones populares que son relevos elitarios
La experiencia se remite a las disputas coloniales por la regencia local de la capitanía general de Charcas entre Vicuñas y Vascongados, logias rivales de españoles criollos y españoles nacidos en la península ibérica que pugnaban a mejor derecho de administrar políticamente las colonias.
En el escenario mismo de la fundación del Estado liberal (1900), se advierte una pugna entre las elites liberales paceñas y la elite oligárquica conservadora chuquisaqueña, que desata la llamada Guerra Federal y cuya única virtud – a desdén del discurso reformista de entonces – es haber logrado la consolidación del Estado castizo y excluyente a través de su nueva expresión elitaria y haber logrado el desplazamiento de la sede del poder político de la capitalina Sucre a La Paz.
En 1952 Bolivia vivió otro ciclo de ruptura-reedición del monopolio de poder castizo-criollo, cuando las masas campesinas y obreras expulsaron del poder a oligarquía minero-feudal. El paroxismo de la ironía se dio cuando la llamada «revolución nacional» fue instrumentalizada por la nueva expresión generacional de la elite criolla, que tras un discurso nacionalista-populista se hizo del poder, se deshizo de sus anteriores agentes y mantuvo vigente la lógica encomendera.
En 1971, el escenario de ruptura más importante de la historia republicana se vio frustrado cuando la instalación de una Asamblea Popular -que propalaba la fundación de un Estado de corte marxista-soviético- fue brutalmente reprimido por le golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, dando paso a la instauración de una era de regimenes militares de dos décadas.
En 1979, una histórica insurgencia popular arrancó del poder al dictador Alberto Natuch, a pocos días de haber perpetrado un sinuoso golpe de Estado, con anuencia de los parlamentarios del MNR y con la única intención de evitar la consolidación de un nuevo liderato político «apartidista», emergente a la cabeza de Walter Guevara Arze. Sin embargo, el esfuerzo popular para derrocar al dictador fue «parlamentarizado» nuevamente y las elites – esta vez de la izquierda – procedieron a la recaptura del poder. Este afán de tenencia de poder siempre se decantó a favor de los actores emergentes, que han encontrado en su infiltración dentro las fuerzas de lo subalterno y en la mediatización de sus demandas, la estrategia ideal para encausar sus propios afanes.
El presente: ¿ruptura o continuidad?
La crisis de mayo-junio de 2005 fue precisamente otro escenario más de cuestionamiento estructural del modelo, convertido en espacio de correlación de fuerzas entre elites decadentes afianzadas en defender su perpetuación en el poder y elites emergentes defendiendo su ancestral derecho sucesorio.
Veintidós días de intensas protestas y medio millón de ciudadanos movilizados por todo el Eje central del país, dejaron en claro al continente que Bolivia demanda la recuperación total de la propiedad de sus hidrocarburos y la realización inmediata de la Asamblea Constituyente.
Sin embargo, los oligopolios informativos del país han travestido la demanda social posicionado en la agenda pública la realización de nuevas Elecciones Generales, no sólo como «la solución ideal» a la crisis nacional sino también cual si tal fuera «la demanda del pueblo boliviano». La actitud electoralista y de cálculo político de los partidos tradicionales (sobre todo del MAS) ha servido para maquillar de consenso la intención de que nuevos comicios precedan a la refundación del Estado que movilizó al país de norte a sur durante 2004.
Esto impele a preguntarnos ¿En qué momento los sectores movilizados demandaron un acortamiento de mandato que diera paso a una simple renovación de actores políticos en un proceso de reafirmación del marco jurídico y el modelo estatal vigente? ¿Qué virtud tendrá éste nuevo gobierno constituido, como los anteriores, sobre las mismas fallas estructurales del Estado liberal?
En su evaluación sobre la masacre de Todos Santos de 1979, Walter Guevara Anaya pide recordar que en Bolivia nadie conspira contra la izquierda como la izquierda.
«Al principio de su elocuente panfleto titulado 18 Brumario de Luis Bonaparte Karl Marx sostiene que la historia se repite. Aquello que originalmente sucede como tragedia se repite posteriormente como farsa. Marx nos advierte de que es necesario conocer los hechos del pasado y reflexionar sobre sus consecuencias para evitar caer en los errores de nuestros antecesores y hacer un papel cómico o tragicómico».
Guevara no sólo resiente el destino de su padre, a quién una componenda cívico-militar le arrebatara su destino, sino también este matrimonio entre la dicha y el absurdo, «…en un país de gente solemne como es Bolivia esta advertencia no debería ser vana», dice Guevara.
Nuestro movimiento social adolece de una tendencia crónica a reeditar periódicamente el mito de Sísifo. Pero si este mito es trágico, lo es por que – al igual que Sísifo – el pueblo boliviano tiene conciencia. De esta manera lo que debería constituir su tormento es al mismo tiempo su victoria. La alegría silenciosa de Sísifo es por que su destino le pertenece. Lo importante es el esfuerzo por llegar a la cima. Lo importante es en sí la lucha. En esa lucha Sísifo vence a los dioses.
Del otro lado, la subalternidad, la «otredad», la Bolivia profunda, etc. han aguardado 20 años para estar nuevamente en situación de refundar un Estado equitativo e incluyente; y sin duda esperarán otros 20 si el gasto hecho para viabilizar la Constituyente es «tranzado» a cambio de un nuevo relevo electoral.