Bolivia parecía estar embriagada de resaca después de tanto consenso. Desde los últimos acuerdos adoptados, a finales del año pasado respecto a los 144 artículos de la Constitución, todo parecía estar en una calma absoluta. Incluso durante el referendo constitucional del 25 de Enero de este año, nada parecía alterarse después de tanto consenso alcanzado […]
Bolivia parecía estar embriagada de resaca después de tanto consenso. Desde los últimos acuerdos adoptados, a finales del año pasado respecto a los 144 artículos de la Constitución, todo parecía estar en una calma absoluta. Incluso durante el referendo constitucional del 25 de Enero de este año, nada parecía alterarse después de tanto consenso alcanzado desde la llegada al gobierno de Evo. Fueron muchos los consensos en este periodo: la ley especial de Convocatoria para la Asamblea Constituyente (Marzo 2006), el artículo del sistema de votación en el reglamento de la Asamblea (Febrero 2007), partes del texto constitucional con la conformación de una comisión supra-partidaria y posteriormente por una de Comisión Especial de Consensos del Congreso (Julio 2007), y el consenso de Cochabamba (Octubre 2008) donde se pactaron otros muchos artículos.
Puede que hubiera dos motivos para tanta resaca de consenso: agotamiento por tantos disensos o total consenso. Pero de una manera u otra, el actual gobierno ha alcanzando más consensos en Bolivia que en las últimas décadas a pesar de disponer de mayoría absoluta en las elecciones (54%), mayoría absoluta para la asamblea constituyente (51%), mayoría absoluta en el revocatorio (67%) y mayoría absoluta en el referendo constitucional (62%).
La revalidación del mandato del Presidente Evo Morales por histórica mayoría, y la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado han certificado de manera nítida que la derecha está fuera de la centralidad política, definida por el nacionalismo popular incluyente, que incorpora un indianismo-campesinismo moderado. El respaldo internacional de los gobiernos de la región al Gobierno y la institucionalidad en Bolivia, además, desaconsejaron a la reacción cualquier salida golpista. Esto no quiere decir, sin embargo, que ese horizonte haya desaparecido del imaginario de unas élites que aún viven como usurpación la presencia de un indio en el Palacio Quemado. La derrota de lo que el Gobierno ha llamado el «golpe cívico-prefectural» de septiembre del pasado año dejó a la derecha desnuda. Desnuda de programa político y liderazgo a escala nacional. Desnuda también de representaciones de la realidad que le puedan disputar el liderazgo al Gobierno de Evo Morales, o tan sólo oponerle «sentidos comunes» alternativos.
Después de tanta tormenta, vino la calma. Sin embargo, cuando parecía que Bolivia navegaba por una balsa de aceite, volvieron las tempestades. Esta vez, tocó el turno a la Ley Transitoria Electoral, cuya aprobación constituye, por razones obvias, un choque fundamental y decisivo entre el gobierno y la oposición. Fundamentalmente porque esa ley definirá las fórmulas matemáticas, que, sin neutralidad ninguna como en cualquier sistema político sucede, regirán la confrontación electoral del próximo diciembre. En esos comicios deberá decidirse la Presidencia del Estado y el Gobierno, en lo que parece que será un plebiscito -más- sobre la continuidad de Evo Morales; así lo afronta una derecha que ya se afana en construir un difícil frente común que aglutine a representantes de los moribundos partidos políticos tradicionales, como la cara aymara del neoliberalismo Víctor Hugo Cárdenas, a la derecha regionalista del oriente, a la socialdemocracia con aval europeo, como Carlos Mesa, y a diferentes líderes locales que se han ido descolgando del MAS por diferencias personales o ambiciones de liderazgo no satisfechas, como es el caso de Alejo Véliz (PULSO) o René Joaquino (por Alianza Social). El cemento de tan variopinta coalición es, en exclusiva, el rechazo a Morales y al huracán masista que amenaza con jubilarlos a todos, con fuerte apuesta regional más que por elección, por carencia de un proyecto de país.
El Senado, cámara territorial controlada por la derecha, rechazó el proyecto de Ley electoral aprobado en el parlamento. Lo hizo, además, tratando de dilatar lo más posible el procedimiento acercándose a la fecha límite (establecida por la constitución). A medida que el plazo se agotaba, se convocaba al Congreso (el parlamento más el senado) para tratar de concertar un proyecto satisfactorio para todos los actores políticos. Los puntos centrales de desencuentro fueron cuatro.
En primer lugar, las circunscripciones especiales indígenas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que según la propuesta del MAS debían ser 14, uninominales, y con candidaturas avaladas por las organizaciones indígenas CIDOB y CONAMAQ. La derecha se negaba a este aval para poder presentar candidatos ajenos a las comunidades. Pero se negaban incluso, sus sectores más radicales, a que hubiese tales circunscripciones, o establecían criterios numéricos que prácticamente las reducían a cero. El argumento sostenido para tal negativa era propio del liberalismo clásico, y aducía que tal configuración del sistema electoral sobrerrepresentaba a actores a los que se reconocían derechos de participación política no sólo en tanto que «individuos» sino también como colectividades territorializadas.
El segundo desencuentro se producía con respecto a los referendos autonómicos y regional (el Gran Chaco) que el Gobierno quiere celebrar en los Departamentos que votaron por el no en su momento. Su proyecto es que ahora lo hagan afirmativamente, para desarrollar un proceso autonómico en todo el país que arrebate a la oposición su estandarte más preciado y casi único. La oposición quería retrasar a cualquier precio los referendos departamentales para perpetuar un sistema de autonomías de «dos velocidades», que remarcara la diferencia política y de poder de gestión de los departamentos de la llamada «Media Luna». Y menos aún aceptar un referendo regional del Gran Chaco (que comprende Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) que vacíe de competencias a las departamentos de oriente respecto al control de los recursos naturales.
El tercer obstáculo para la concertación se encontraba en el voto en el exterior. El Gobierno y el MAS buscaban fórmulas que permitieran por vez primera su participación en las elecciones de Diciembre. La derecha, una vez más, también se opuso a ello. Los únicos argumentos provistos giraban entorno a un supuesto fraude que se iba a venir, y también ponía serias objeciones técnicas. Todo sin sustento alguno, y sin ningún informe que lo avalara, pero promoviendo la desconfianza a que «el gobierno introduzca, vía valija diplomática, votos fraudulentos en el país», como dijo en la noche del Jueves 9 de abril el líder de PODEMOS y ex presidente heredero del ex dictador Hugo Bánzer, el ingeniero Jorge «Tuto» Quiroga. Antepusieron sus cálculos electorales del exterior a cualquier razón democrática.
Pero la objeción en la que la oposición, las oposiciones, se parapetaron, fue en la cuestión del Padrón Electoral. A pesar de que fue basándose en ese mismo padrón que los prefectos del oriente realizaron sus referéndums alegales, en esta ocasión este punto fue escogido como la mejor arma contra un proceso electoral que, reconocen, no pueden ganar en diciembre. La maquinaria mediática asociada a las élites económicas, que controlan más del 80% de la prensa y la televisión, nunca ha formulado una acusación concreta y documentada contra el padrón, pero sí ha desplegado una larga campaña de desprestigio del mismo, sobre la que retumban las acusaciones de los políticos de la derecha de que el gobierno está preparando un fraude. En plenas negociaciones en el Congreso, sin embargo, José Luis Exeni, Presidente de la Corte Nacional Electoral, explicó que el Padrón ha sido revisado en diversas ocasiones por técnicos internacionales que le conceden una consistencia del 97%. También señaló que se podía mejorar cruzando los datos con los del registro civil, pero que hacerlo de nuevo sería muy costoso, tardaría un año aproximadamente y el resultado sería menos fiable. Los senadores y parlamentarios de la derecha le acusaron de estar «vendido» al Gobierno, mientras que los prefectos y «Comités Cívicos» del Oriente se ponían a trabajar recolectando firmas para un referéndum sobre el cambio del padrón, que no se sabe si se celebraría con los mismos datos que se impugnan.
En esta confrontación, el MAS cedió en primera instancia, y también en segunda. En primera, porque se aceptó el reempadronamiento del 30% del electorado (casi 700.000 votantes) para subsanar cualquier irregularidad posible (por ejemplo, las duplicaciones de inscripción). Una vez solventada la enésima petición de la oposición, se venía la siguiente zancadilla. Tocaba hablar del empadronamiento biométrico para la próxima contienda electoral.
Cuando el Jueves 9 de abril el Presidente de la República, Evo Morales, se declaró en huelga de hambre junto con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entre otras organizaciones, hizo temblar el tablero político boliviano. Desde ese momento se generalizaron piquetes de huelga de hambre por todo el país, pasando ampliamente de los mil huelguistas durante el fin de semana. Morales abrió de esta forma una dinámica de reactivación y refuerzo de los vínculos entre movimientos sociales y Gobierno, que la cesión de ciertos aspectos en la negociación con la derecha podía haber dañado -como en el caso de la reducción de escaños indígenas y la indignación de algunas organizaciones. Pero esta huelga de hambre también truncó los planes de la oposición, en el sentido de que internacionalizó el conflicto haciendo pasar a un segundo plano mediático las quejas de la derecha, ahora bajo el peso de una amplia presión popular a favor del cumplimiento de la Nueva Constitución Política del Estado y la aprobación de le Ley de Régimen Electoral Transitoria.
Cuando el bloqueo institucional parecía crónico, la presión ejercida por dicha huelga de hambre y una división en las filas de los diputados y senadores de la oposición posibilitaron un acuerdo. Evo Morales accedió a la conformación de un nuevo Padrón electoral biométrico, dando de nuevo síntomas de querer máxima democracia (solo se dudaba por una cuestión de tiempos). Esto eliminó cualquier otra posible excusa de la oposición para no más bloqueos en el camino, ni más razones para no concertar la ley electoral que permitirá a los y las bolivianas elegir Presidente y Vicepresidente, así como Asamblea Legislativa Plurinacional (antiguo parlamento, ahora compuesto por 130 diputados: 70 provenientes de circunscripciones uninominales, 53 de plurinominales y 7 de especiales indígenas) y Senado (de nuevo cámara territorial con 36 senadores, cuatro por departamento), en Diciembre.
En el acuerdo, el MAS cedió reducir el número de circunscripciones especiales indígenas de 14 a 7 -lejísimos de las 18 propuestas por las organizaciones de originarios del oriente boliviano, que también se quedaron sin su derecho de aval exclusivo a estos candidatos. Se instala una circunscripción especial, diseñada para representar a las minorías indígenas de cada departamento, en siete de los nueve que existen en el país: Chuquisaca y Potosí cedieron las suyas en aras del consenso.
También se renunció a la paridad de género en las listas, con el argumento de que de esa forma la derecha pretendía invalidar el tándem Evo-Álvaro para las presidenciales. Los referendos autonómicos se celebrarán el mismo 6 de diciembre, en los departamentos que votaron por el «no», ahora llamados por el gobierno a cambiar el sentido de su elección para privar a las élites regionales orientales del único estandarte político con capacidad de arrastre de masas que les queda: autonomía para todos, también en el nivel departamental. La pelea autonómica y por la reestructuración del modelo territorial del estado, sin embargo, dará mucho más que hablar en los próximos meses. En la pugna por la geografía del poder en el país encontrará, de nuevo el gobierno, la férrea oposición de unas élites atrincheradas en oriente.
La razón de tantas renuncias por parte del Gobierno es el optimismo de cara al futuro. Pareciera que cualquier salida al bloqueo institucional con el que la derecha lleva impidiendo el desarrollo de la nueva Constitución sea necesariamente para mejor. Durante la celebración de la aprobación de la ley, Evo Morales solicitó al movimiento popular un 70% de apoyo para gobernar sin ataduras ni chantajes de la derecha. Cálculos gubernamentales parecen indicar que con algo menos se conseguiría el mismo efecto. Está por ver, en todo caso, que tanta concesión en la fórmula no dé un escenario de difícil institucionalización de la hegemonía indígena y popular.
En definitiva, después de tantos consensos, vino la resaca que volvió a ser interrumpida por lo de siempre: la oposición oponiéndose a lo que fuera. El MAS -y con Evo a la cabeza- volvió a dar señales de ultrademocrático, con una nueva búsqueda de consensos. El problema de este esquema no son -por graves que vienen siendo- las cesiones a las antiguas élites, revitalizadas por los errores y complejos del gobierno. El verdadero peligro es jugar al consenso con una clase dominante que nunca aceptará ninguna inclusión subordinada, ni más resultado que la reacción. Esperemos que el tiroteo y detención de mercenarios húngaros en Santa Cruz, con arsenal de guerra, no sea la enésima prueba de que el gobierno baila consenso mientras la oligarquía toca melodías de guerra. Amén.
Íñigo Errejón ([email protected]) y Alfredo Serrano ([email protected])