1. En México aplaudimos los recientes resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque cortan en parte algunos privilegios de las poderosas empresas que monopolizan la televisión (Televisa y TV Azteca) Los ministros aún no son dignos de aplauso de la gente por todo el historial de esa institución que siempre […]
1. En México aplaudimos los recientes resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque cortan en parte algunos privilegios de las poderosas empresas que monopolizan la televisión (Televisa y TV Azteca) Los ministros aún no son dignos de aplauso de la gente por todo el historial de esa institución que siempre ha estado al servicio del gobierno y de los personajes de mayor poder. Para que esa institución se reivindique tendrán que pasar muchos años, sobre todo tendrá que demostrar en la práctica que está al servicio de los sectores mayoritarios de la población. Pero es obvio que es casi imposible porque la SCJN es parte del Estado capitalista cuyo objetivo esencial es apoyar a las fuerzas del capital y las leyes que el mismo sistema ha creado para su protección. Sin embargo, aunque el cambio no sea de raíz, hay márgenes dentro del mismo sistema de explotación que puede aprovechar para beneficiar al pueblo.
2. La Suprema Corte se cubrió de basura (no de gloria) en su actuación sobre las elecciones presidenciales de 1906; primero por no aprobar el recuento de los votos y luego por reconocer como ganador al candidato del gobierno y las empresas, derechista Felipe Calderón. Esa misma SCJN, para tratar de lavar su nombre, ahora ha sacado un resolutivo en que desaprueba y revierte la Ley Televisa que senadores y diputados aprobaron después de venderse a las empresas televisivas. Ese justo resolutivo ha sido aplaudido ampliamente por el PRD, otros partidos, sindicatos y sectores de izquierda. Sin embargo, como escribí en Rebelión el 06/05/07, es decir, hace más de un mes, en un artículo que titulé: «Qué acuerdos FECAL/Azcárraga están tras la Ley Televisa», la intervención de Creel y la revisión de la Ley tenían necesariamente el aval de Calderón.
3. Hoy me entero de una magnífica nota publicada en La Jornada: «Calderón avaló por anticipado la decisión sobre la Ley Televisa», que el Presidente de la República ya había leído el proyecto de resolución elaborado por Salvador Aguirre Anguiano (SAA), el cual le pareció »muy bueno». ¿Cabe pensar acaso en que el ministro Aguirre analizó la Ley por encargo del gobierno, por recomendación de la SCJN o por iniciativa personal? Además el estudio, antes de ser conocido por sus colegas, fue puesto en manos del secretario de Gobernación pensando que éste inmediatamente se lo haría llegar el presidente de la República. La Jornada dice que «el primero en conocer el proyecto de resolución elaborado por Aguirre Anguiano fue el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña -quien por cierto es paisano del ministro-, quien recibió el documento antes que los magistrados».
4. Esto reconfirma que el llamado «presidencialismo mexicano», concebido como un sistema de gobierno fincado en un poder concentrado, que le apostó a la supremacía del Ejecutivo sobre los otros poderes, está más que vivo. Que después de siete décadas de instalado en el país, sustentado en el corporativismo y en la delegación de poder, el «presidencialismo» (aunque sea en gobiernos de extrema derecha) mantiene su poder sobre las instituciones, los grupos y las personas. Cuando ya decíamos que a partir de 1968 los jóvenes comenzaron a romper con el autoritarismo, cuando pensábamos que 1988 había significado la toma de las calles y que 1994 era ya despertar definitivo del pueblo dispuesto a disputar el poder de igual a igual, vemos que la autoridad del presidente de la República (para bien o para mal) sigue avasallando a los demás poderes y éstos de manera dócil siguen recibiendo luz para caminar por un lado o por otro.
5. Antes que Octavio Paz se entregara a Televisa para luego suscribir en todas sus partes el neoliberalismo, en 1969 (a los pocos meses de renunciar a la embajada en China en protesta por el asesinato de estudiantes en 1968 en Tlatelolco) escribió: «El Senado y la Cámara de Diputados han sido y son dos cuerpos parlanchines y aduladores que jamás que jamás han ejercitado crítica alguna; el Poder Judicial es mudo e impotente; la libertad de prensa es más formal que real; la radio y la televisión están en manos de dos o tres familias, más interesadas en ganar dinero anestesiando al público con sus programas que en analizar con honradez y objetividad los problemas del país. Por último, dueño del partido y de los medios de información, el presidente goza de una facultad casi ilimitada para utilizar los fondos federales» (Posdata) Esa era una descripción y un juicio crítico al «presidencialismo mexicano» de entonces.
6. Fue muy obvia la intervención del presidente de la bancada senatorial panista, Santiago Creel, cuyas declaraciones en apoyo al ministro de la SCJN, Salvador Aguirre, hicieron evidente (como escribí hace más de un mes) de que tenía la aprobación de Calderón. Todo el «cabildeo del senador con los ministros» en reuniones secretas fue para convencer (hasta a los ministros indecisos) de que contaban con la venia del Ejecutivo federal, de que éste apoyaría en todo la resolución que adoptaran. Por eso publica La Jornada que: «La razón por la cual se lograron los ocho votos necesarios para invalidar artículos »claves» es que sabían que el presidente Felipe Calderón »ya había leído» el proyecto de resolución elaborado por el ministro Aguirre Anguiano, el cual le pareció »muy bueno». ¿Qué hubiera pasado si Calderón se desentendía del asunto y Creel no se hubiera dedicado al cabildeo?
7. Sin embargo, a pesar de esos resolutivos, que indiscutiblemente lesionan parte de los intereses del monopolio televisivo, todavía no me queda claro si hay confrontación con el gobierno de Calderón, por qué y cuál será la salida. Pregunto: ¿Si Calderón obtuvo la Presidencia de la República con el enorme y muy efectivo apoyo de Televisa y TV Azteca, por qué ahora se presenta esta resolución? Se supone que Calderón tiene una gran deuda con esas televisoras que debería pagar con creces, además que sin haber consolidado su gobierno requiere Calderón de más apoyo de la propaganda televisiva. ¿Qué pasó entonces? Que no salga nadie con el argumento absurdo, medio tonto, de que esto de la Ley Televisa es un problema legal, jurídico y no político. No se si sea necesario esperar un poco para que las cosas se hagan más evidentes.