El prestigiado Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fundado en 1989 por el obispo Samuel Ruiz García, publicó en marzo de este año, un impactante libro sobre un tema muy relevante en el acontecer nacional que significativamente tituló: Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado (Creative Commons). Guiado por el sentido más profundo de la paz, donde arde el fuego de la vida, el siempre eficiente y comprometido equipo del Frayba presenta un informe detallado y sustentado que considera una radiografía de la situación actual, con énfasis en el estado de Chiapas, y una temporalidad que va de 2020 a 2022 (Informe Frayba: Chiapas un desastre).
El texto parte de la hipótesis, sin duda comprobada, de que en un entorno nacional de militarización –profundizado por un gobierno neodesarrollista y autoritario que apuesta a la continuidad de la guerra que beneficia a los poderes fácticos de México, al ascenso de la violencia generalizada y el aumento de la crisis de derechos humanos–, en el estado sureño se encuentra una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial, marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente, así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, la explotación y la marginación social.
El documento destaca este hecho que el entorno nacional e internacional de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena ha venido denunciando reiteradamente: de agresiones y hostigamientos armados contra las comunidades zapatistas por estas organizaciones corporativistas alineadas con el Estado, que entran en disputa abierta de la tierra recuperada desde 1994. Se analiza a profundidad la fragmentación y reconfiguración territorial a partir del proyecto, columna vertebral de la actual administración federal, Sembrando Vida, cosechando muerte. Se confirma que el desplazamiento forzado interno es de los fenómenos con mayor agudización estatal, con formas de violencia que involucran patrones de acción local y cotidiana vinculados al control territorial, por estos grupos armados y sectores de la política regional que los dirigen y respaldan.
El informe plantea que la crisis pandémica hizo más notorio y profundizó el racismo estructural y la discriminación, al evidenciar la marginación, los altos índices de pobreza, la precariedad y la falta de acceso a servicios sanitarios básicos, que dieron lugar, incluso, a un llamado de Naciones Unidas a tomar medidas en lo referente a la incidencia del covid-19 en pueblos originarios.
Estas realidades inducen a profundizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, tierra y territorio, así como periodistas y comunicadores, lo que trae consigo un aumento de las agresiones, que el Frayba considera fenómeno constante y sistemático para silenciar las voces de denuncia, con actos como amenazas e intimidaciones, entre otros, y campañas de desprestigio. En la mayoría de los casos los perpetradores no son identificados, investigados, ni mucho menos castigados, por lo que “la impunidad continua en este gobierno de la Cuarta Transformación, y tomando en cuenta que México es uno de los países con más asesinatos de defensores y periodistas, y con un mayor grado de impunidad en esos crímenes.
Cardinal en el análisis del Frayba es constatar las implicaciones de la remilitarización y los impactos de la contrainsurgencia en Chiapas, a partir de la ocupación territorial por las fuerzas armadas, que ha dado como resultado la instalación de 126 campamentos militares, la implementación de miles de operativos y la imposición continuada de un estado de sitio de facto, todo ello con base en una estrategia de guerra integral de desgaste que ha permanecido a lo largo del tiempo y mantenida por los gobiernos en turno, respondiendo a la lógica del enemigo interno y a la dinámica de la doctrina militar estadunidense, en la que el control poblacional es uno de sus pilares fundamentales. Las tendencias de la remilitarización apuntan también a la comprobada continuidad del espionaje por los militares en territorios de Chiapas, conforme a la información de las “Sedena leaks”.
Para el Frayba, la militarización se ha complejizado con la presencia de corporaciones criminales que van generando, con la complicidad de los gobiernos, una espiral de violencia con impactos que, hasta el momento, han cimbrado al país en un contexto adverso y de terror hacia los pueblos y las comunidades, circunstancias que han empeorado y se han ampliado en los territorios de Chiapas en los últimos cuatro años.
Es de esperar que esta investigación no sea invisibilizada y mucho menos estigmatizada por el negacionismo oficialista, y, por el contrario, se tome en cuenta para actuar en consecuencia.
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