Más allá de la culpabilidad o no del general retirado Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, en los hechos que se le imputan, no es posible deslindar al llamado Estado profundo –el gobierno paralelo secreto organizado por los aparatos militares y de inteligencia que dirige la política exterior y de seguridad de la Casa Blanca− de la operación de la DEA y el Departamento de Justicia estadunidense a sólo 19 días de las elecciones presidenciales en ese país.
Y en particular, de una acción propagandística manipuladora de la DEA −cuyos agentes tienen una bien ganada reputación de cowboys pistoleros que no respetan las leyes de los países donde actúan− de cara a la opinión pública estadunidense, para desviar la atención sobre sus escasos resultados y distorsionar la evaluación de sus logros, en la batalla campal burocrática con otras agencias civiles de defensa e inteligencia, y para proteger su territorio y supervivencia y tomar parte de lucrativos programas en marcha en el marco de los previsibles recortes presupuestales derivados de la pandemia del Covid-19.
Desde que el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas en 1973 –con el fin encubierto de desbaratar a la comunidad negra y al movimiento contra la guerra de Vietnam−, ocho sucesivas administraciones de la Casa Blanca (Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, Trump) han abonado el escenario bélico al calificar a los estupefacientes ilícitos como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Ronald Reagan reforzó esa postura política al emitir una Directiva de Seguridad Nacional en 1986, que declaró que el tráfico de drogas constituía una amenaza letal para EU.
A partir de ese enfoque punitivo y concentrado en el lado de la oferta, la lucha antidroga se militarizó rápida y progresivamente en los principales países de producción y tránsito de América Latina (Perú, Bolivia, Colombia y México). Además de sus fines hegemónicos, Washington abusó de la ideología antidroga para legitimar y profundizar los lazos del Pentágono y sus agencias civiles (FBI, DEA, CIA, etcétera) con las fuerzas armadas, de seguridad e inteligencia de la subregión, que ostentaban deplorables antecedentes en materia de derechos humanos. Lo que en ambos lados de la relación fortaleció el poder de los militares a costa de las instituciones civiles.
Es menos conocido que, a pesar de la retórica, dicha estrategia ha sido alimentada por el temor de republicanos y demócratas en el Congreso y el Ejecutivo estadunidenses a ser considerados por los votantes como blandos en relación con las drogas. Derivado de ello se ha creado una gigantesca burocracia antidroga (más de 50 agencias, oficinas federales y programas) que gasta millones de dólares y siembra terror, muerte y miseria en todo el hemisferio occidental, incluso dentro de EU. En el laberinto burocrático de Washington, cada agencia busca proteger su territorio y justificar lucrativos programas en marcha para sobrevivir y/o incluso expandirse, en medio de los recortes presupuestales anuales.
Desperdigadas en los Departamentos de Justicia, Defensa, Estado, Hacienda y Transporte (además de la Agencia Central de Inteligencia [CIA] tras el colapso de la Unión Soviética) y cada una con sus propias culturas institucionales, conforman un vasto ejército de organismos tan inmanejable como imposible de fiscalizar, dado que producen información engañosa para justificar presupuestos inflados. Como consecuencia, y con relativa frecuencia, las distintas agencias que trabajan en el exterior tratan a sus colegas estadunidenses como enemigos, no como aliados.
Para México, a la par del papel de la DEA con sus acciones encubiertas de tipo paramilitar y un historial de manejo de información delicada que no inspira confianza, el punto de inflexión en la relación bilateral con EU se dio en 1996, cuando el Pentágono comenzó a proporcionar entrenamiento antidroga a las fuerzas armadas locales. En 2007, con Felipe Calderón en Los Pinos, la llamada Iniciativa Mérida inscribiría a México en la tendencia regional hacia la militarización y trasnacionalización de la guerra contra las drogas, como parte de un mismo paquete de tipo contrainsurgente adscrito a la guerra contra el terrorismo de la administración Bush hijo.
Tal tendencia, en el marco de un estado de excepción permanente de facto, contribuiría al reforzamiento y a la relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales militarizados, similar al cumplido por las dictaduras de América del Sur, con eje en el combate frontal y la aniquilación del enemigo interno. Al seguir la agenda militar-policial-judicial-penal de EU, Calderón permitió la proyección del poder militar del Pentágono (aéreo y terrestre, incluyendo las fuerzas especiales), en el territorio y los espacios marítimo y terrestre de México, renunciando a la autonomía en materia de política exterior y cediendo soberanía en áreas estratégicas que tenían que ver con la inteligencia y la seguridad nacional.
En ese contexto, la suerte del ex titular de la Sedena Salvador Cienfuegos −como antes la del ex jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá Manuel Antonio Noriega y la del ex zar antidrogas de México, general Jesús Gutiérrez Rebollo− ha quedado entrampada en los juegos burocráticos y las pugnas de poder de la DEA, la CIA y el Pentágono. Como Cienfuegos, Noriega y Gutiérrez Rebollo contaron con el elogio de Washington, pero a la postre ambos fueron defenestrados y estuvieron presos casi de por vida; prácticamente, hasta sus muertes.