Con una reunión en el Palacio Nacional, en la que participaron dirigentes empresariales y líderes sindicales, principalmente de las centrales priistas, se declaró resuelto el espinoso pero urgente tema de la subcontratación del trabajo y su regulación.
Los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes; de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora; y el de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) José Manuel López Campos, entre otras cabezas de las corporaciones empresariales, así como el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Fernando Salgado, el líder de la Confederación Regional Obrera de México (CROM), Rodolfo González; el presidente de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), Abel Domínguez; el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores Empleados de México (Catem), Pedro Haces Barba, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y senador de la República Napoleón Gómez Urrutia, el dirigente de los telefonistas y de la UNT Francisco Hernández Juárez, y algunos representantes laborales más, avalaron finalmente un convenio para dar salida al tema dela también llamada terciarización laboral o outsourcing.
También estuvieron en la firma del acuerdo la secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde, el secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, el director del IMSS Zoé Robledo, el titular de la Consejería Jurídica, Julio Scherer Ibarra, el coordinador de los senadores del Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, y el diputado Ignacio Mier Velasco, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados. En fin, un amplio cónclave en Palacio que, por su formato, hace recordar los pactos de la época presidencial de Miguel de la Madrid con los que se impusieron los planes “heterodoxos” de austeridad en el país.
Pero esta negociación viene a destrabar, al parecer, las diferencias entre legisladores, gobierno y sector empresarial acerca de la subcontratación y, además, alcanza también una ampliación del reparto de utilidades en beneficio de los trabajadores.
La subcontratación ha existido, prácticamente, desde que surgió el capitalismo; pero en nuestro país ha tenido su apogeo con la reforma realizada a la Ley Federal del Trabajo en noviembre de 2012, al finalizar el gobierno de Felipe Calderón, que incluyó cuatro nuevos artículos (15-A al 15-D) para legalizar y regular el otsourcing. Si bien se introdujeron algunas previsiones para evitar que se trasladaran funciones sustantivas de la empresa contratante a la contratista, y para que los trabajadores de ésta no tuvieran menoscabo en sus derechos de ley, los abusos han sido la constante y, sobre todo, por medio de las compañías subsidiarias, una gran cantidad de trabajadores han quedado al margen de la contratación colectiva y en completa precariedad laboral. La casi total ausencia de inspección por las autoridades del trabajo ha completado el cuadro de desamparo para varios millones de empleados adscritos a las subcontratistas, muchas veces carentes incluso de las prestaciones obligadas por la ley, como el aguinaldo y la seguridad social, y sin derecho de huelga o a la organización sindical. Por los constantes despidos y recontrataciones, no acumulan antigüedad ni podrán tener un retiro digno en el futuro.
Además, la terciarización del trabajo ha representado, según el senador Gómez Urrutia, una evasión fiscal cercana a los 500 mil millones de pesos, y que se dejen de pagar cuotas al IMSS por casi 50 mil millones anuales. Otro tanto ha de decirse de las cotizaciones al Infonavit. Se ha llegado al extremo de una empresa minera canadiense, Americas Gold and Silver, que tiene un solo trabajador registrado, su gerente, mientras todos los obreros laboran bajo un contrato de protección firmado con la CTM (Entrevista de Andrea Becerril, La Jornada, 1 nov. 2020).
Recordemos que, desde 2019 se intentó revisar esta legislación nociva, con la iniciativa de reforma presentada en el Senado por Gómez Urrutia, que fue frenada cuando había sido dictaminada en comisiones y estaba lista a ser enviada al pleno, por la presión de dirigentes empresariales y dueños de las empresas subcontratantes, como el hoy prófugo Raúl Beyruti (el Zar del Outsourcing), propietario de GINgroup. La iniciativa fue turnada al llamado parlamento abierto para que los empresarios, académicos y, sindicalistas opinaran de la regulación.
Una segunda iniciativa, del presidente de la República, presentada en noviembre de 2020, que buscó equiparar las prácticas evasivas del outsourcing en materia fiscal y de derechos de los trabajadores con las llamadas empresas “factureras” y establecer penas de multa y cárcel a los responsables. Implicaba modificaciones no sólo a la LFT sino también a las del IMSS, Infonavit, de Ingresos de la Federación, del IVA y del Impuesto sobre la Renta. Pero también esta iniciativa del presidente, enviada a la Cámara de Diputados, fue postergada para dar lugar a una nueva consulta con las cúpulas empresariales.
Es, al parecer, sobre esta iniciativa del presidente López Obrador, que se ha discutido y alcanzado, por fuera del poder Legislativo, el acuerdo anunciado el 5 de abril de 2021, que sin embargo no se ha dado a conocer de manera integral. La información más completa disponible es un boletín emitido por la Secretaría del Trabajo que reseña lo convenido de manera muy sucinta:
“Los acuerdos alcanzados comprenden: la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156 % en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores”.
Todo suena bien, en principio, y parece coincidir con las dos iniciativas anteriormente presentadas (y dictaminada la primera de ellas) al poder Legislativo. Pero no queda claro si la segunda se mantendrá en el debate parlamentario o habrá un tercer proyecto de legislación que concrete lo emanado de las negociaciones dirigidas desde el Palacio Nacional. No es tampoco lo fundamental, a condición de que las reformas que se operen contengan verdaderos mecanismos de integración, formalización y protección a los trabajadores. Y que el acuerdo del 5 de abril no excluya la deliberación y el debate libre en ambas cámaras del Congreso, atendiendo al interés superior de los derechos de la clase laborante.
Porque todo indica que en las negociaciones la voz ausente fue la de los más interesados, los trabajadores precarizados que se encuentran sometidos al yugo de la subcontratación. Sin formas organización propias, difícilmente puede sostenerse que las burocracias de las arcaicas centrales sindicales como la CTM, la CROC, la CROM y similares —casi todas priistas— sean las portadoras de esa voz.
Tampoco, aun si representa un avance muy importante, el tema de la terciarización agota ni resuelve la aún más amplia cuestión de la precarización del trabajo, un problema general del capitalismo y de esta etapa ultraliberal depredadora, que ha hecho presa de los trabajadores, particularmente en nuestro país.
Un ejemplo claro lo es el de lo que antaño era una de las capas más altas del trabajo asalariado, la docencia en la educación superior, que ha dado pie en las semanas recientes al movimiento de los profesores de asignatura interinos —un sector creciente en la estructura de las universidades— en la UNAM. Y es que también en instituciones del sector público, centralizadas y descentralizadas, la precarización laboral es una realidad que ha llegado para quedarse. A pesar de los incrementos significativos a los salarios mínimos en los tres años del actual gobierno, en el sector público se continúan aplicando todos los días los muy neoliberales topes salariales, muchas veces inferiores a los índices de la inflación, y también las prácticas de inestabilidad en el empleo, despidos arbitrarios y contrataciones y recontrataciones a modo que vulneran todo derecho de los empleados, incluido el de sindicación.
Muy bien el avance en la protección a los trabajadores subcontratados, que ya veremos cómo se concreta en las leyes. Pero el poder Legislativo ha de ir a fondo y combatir las diversas formas de precarización, subempleo y escamoteo de derechos, incluso en las instituciones del sector público, buscando una protección integral de todos, absolutamente todos, los trabajadores de México.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH