Me llama mucho la atención que el rector de la UNAM, académicos y personajes de la vida pública consideren «desproporcionada» la acusación de «delincuencia organizada» lanzada por parte del Conacyt y la FGR a un sector de exfuncionarios del Conacyt que parece que desviaron recursos públicos.
El desvío se calcula en más de 280 millones de pesos entre 2011 y 2018. Todo desvío de recursos es corrupción. Y la corrupción es un delito. Y en tanto delito, este puede o no estar organizado.
Según la ONU, un grupo criminal organizado es aquel que está compuesto por tres o más personas, que no fue formado de manera aleatoria, ha existido por un periodo de tiempo, ha actuado de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con, al menos, 4 años de encarcelamiento, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material.[1]
En este caso, estamos hablando de un grupo de tres o más ex-funcionarios-científicos[2], formado de manera no aleatoria, que ha existido durante décadas y que probablemente actuaron de manera premeditada realizando un delito (el desvío de recursos) del cual obtuvieron beneficios.
En calidad de servidores públicos, los acusados crearon en 2002 una asociación civil que nombraron Foro consultivo científico y tecnológico A.C. y le atribuyeron funciones que deberían ser asumidas por parte de algún órgano interno del propio Conacyt. Pero ellos, mañosamente, lo separaron, y al formar una entidad privada, el manejo de los recursos públicos se volvió opaco, no transparente. Y es ahí donde está el problema: recursos públicos millonarios que además se usaron para comprar inmuebles, automóviles, además de muchos otros gastos suntuosos [3]. Y en tanto presunta corrupción operada por un grupo organizado, se tiene que investigar para aclarar el uso de los recursos, así como la manera de operar del grupo, que para realizar todo ese desvío de recursos, si debieron organizarse y coordinarse.
Probablemente operaron como una mafia, como un grupo jerárquico con complicidades, clientelismo y división del trabajo. Además, como se trata de élites, muy probablemente controlan otros aspectos en otros lugares (como la asignación de plazas, proyectos y estímulos) para garantizar su propia reproducción.
Me parece que es clarísimo e inocultable el conflicto de interés con que operaron los exfuncionarios acusados. Pues ser funcionario público, beneficiar a una entidad privada desde el gobierno y luego pasar a formar parte de esa entidad se conoce en la literatura sobre corrupción como puertas giratorias, donde el funcionario, luego de beneficiar a una entidad privada pasa a formar parte de ella. Este elemento, no necesariamente es ilegal, pero representa una forma legalizada de corrupción. Y es muy común en nuestra sociedad contemporánea, donde legisladores y funcionarios públicos hacen favores a empresas privadas y a cambio, reciben un pago. En Estados Unidos fue el caso de Robert Rubin que mientras fue funcionario público promovió la desregulación financiera y luego pasó a convertirse en banquero, en Goldman Sachs. En España los ex-presidentes Felipe González y José María Aznar en pasaron a ser parte de empresas privadas energéticas. Y claro, México no es la excepción a esta tendencia global. Acá destaca el caso del expresidente Felipe Calderón y de la exfuncionaria Georgina Kessel que pasaron a formar parte de la empresa Iberdrola[4]. La novedad que vemos con el escándalo de hoy y que sale a la luz pública es que también hay élites académicas, de científicos destacados, que también reproducen los mismos patrones de comportamientos corruptos porque durante el neoliberalismo, esto era la norma.
A mi me parece clarísimo que lo que se está atacando con la acusación de Conacyt y la FGR es la corrupción institucionalizada, que durante décadas se ha reproducido y normalizado en la esfera de la gestión pública de la ciencia y la tecnología, a tal grado que pareciera que era normal aceptar estos comportamientos depredadores, oportunistas y mezquinos a un sector que usó su capital simbólico (su prestigio) para presentarse ante la sociedad con una faceta que no les correspondía. Con una mano presentaban artículos publicados en revistas internacionales, con la otra, desviaban recursos…
El hecho que ahora estemos hablando de este tema en todos lados, y que haya tanto repudio de la sociedad civil (la de verdad, la de los ciudadanos de a pie, no las A.C.s) ya constituye un avance en la tarea de identificar la corrupción normalizada, que opera a nivel institucional y que se presenta a la gente como algo natural. Que se visibilicen estos casos ayuda a que la gente tenga más elementos para visibilizar otras corrupciones que se dan en las universidades y centros de investigación que al final generan reglas del juego sesgadas, parciales, que sirven para beneficiar el interés de los pocos (las élites académicas) mientras que los muchos, la mayoría de académicos e investigadores, permanecen en la más honda precariedad laboral.
Un caso emblemático es la UNAM donde, según algunos cálculos [5], ahí se vive con un «GINI puma» de 0.65 aprox, mayor que el GINI del resto del país que tiene en promedio 0.45. Esta grotesca desigualdad que se da al interior de la UNAM es efecto e indicador de la corrupción institucionalizada y normalizada por décadas que reproduce privilegios en unos cuantos y miseria en la mayoría del personal docente.
La solución pasa por investigar a los personajes implicados, asumir que ahora con el marco legal generado por la 4T la corrupción es un crimen agravado que no permite salir bajo fianza y castigar con la cárcel a quienes violentaron la ley con sus mezquindades.
Todo este combate a la corrupción no representa, en modo alguno, un ataque contra la ciencia y la tecnología en México. Los llamados 31 científicos no representan a toda la comunidad académica, que pese a la desigualdad y la precariedad laboral, ha realizado labores docentes y de investigación de primer nivel. La denuncia del Conacyt y de la FRG va encaminada a combatir delitos, no a la persecución política porque los personajes acusados parece que sí incurrieron en actos ilícitos (los conflictos de interés son evidentes). No veo que se les persiga por sus opiniones, sino por sus actos deshonestos y presuntamente delictivos. Finalmente, este acto no es contra toda la comunidad académica. Es contra un pequeño sector, elitista, que durante años operó desviando recursos creyendo que lo harían con impunidad. Ojalá que a ese sector se le investigue en serio, y si es que hay elementos, que se les castigue con todo el rigor de la ley.
Notas:
[1] La definición puede consultarse en ese sitio: https://www.unodc.org/ropan/es/organized-crime.html
[2] Aquí puede verse la lista de los 31 científicos acusados: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/24/quienes-son-los-31-cientificos-que-quiere-cazar-gertz-manero/
[3] En este sitio se puede consultar de forma detallada la investigación titulada “La mafia de la ciencia” realizado por PODER donde se documentan todas las irregularidades: https://lamafiadelaciencia.poderlatam.org/
[4] Las fuentes pueden consultarse aquí: https://dirigentesdigital.com/hemeroteca/puertas_giratorias_mas_de_50_politicos_enchufados_a_la_energia-AVDD12013, https://estepais.com/impreso/las-puertas-giratorias-y-la-austeridad-republicana/, y aquí https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/hector-badillo/puertas-giratorias-politica-358448
[5] Puede consultarse la fuente aquí: https://twitter.com/cgdelizardi/status/1374492538590035975?lang=en