1. Fue interesante ver y escuchar durante tres horas, este martes 11, las intervenciones (que no llegaron al nivel de debate) de unos 15 empresarios o representantes de los monopolios televisivos y radiofónicos y las participaciones de igual número de legisladores, frente a unos doscientos asistentes invitados por el poder legislativo para analizar la reforma […]
1. Fue interesante ver y escuchar durante tres horas, este martes 11, las intervenciones (que no llegaron al nivel de debate) de unos 15 empresarios o representantes de los monopolios televisivos y radiofónicos y las participaciones de igual número de legisladores, frente a unos doscientos asistentes invitados por el poder legislativo para analizar la reforma electoral y las relación con los medios de información. De entrada se pudo observar el muy bajo nivel de personajes que defendían a las empresas de información (López Dórida, Ferrís de Com, Patricia Chapoy, Alatorre, Niño de Rivera, Sarmiento) porque a falta de argumentos se dedicaron a lanzar acusaciones sin ton ni son y a reiterar la defensa de la libertad de información. No se esperaba mucho de los locutores (que en la práctica son lectores de noticias y levantacejas), pero por lo menos muchos pensaban que podrían hilar algunas ideas, pero nada.
2. No era el objetivo de esa reunión llegar a acuerdos, sino solamente escuchar ideas que pudieran ayudar a reflexionar y convencer. La realidad es que nada de eso hubo en los representantes empresariales porque tristemente sólo acudieron a la reunión para defender a la empresa que les paga. Así, por ejemplo, dijeron que sus empresas estaban abiertas a todas las voces y posiciones políticas; que el dinero no les interesa sino sólo la defensa de la libertad de expresión; que ellos no deforman las noticias y que sólo informan con objetividad; que el pueblo apoya más la labor de los medios que la de los legisladores. Personajes como Ferrís o Niño de Rivera lanzaron acusaciones contra los senadores y diputados por la cantidad de veces que se han reelecto. La realidad es que no hay mucho margen para defender a los legisladores en lo personal, pero en las condiciones concretas fueron ellos los que expusieron con claridad las ideas.
3. Los monopolios televisivos y radiofónicos de México: Televisa, TV Azteca y Radiofórmula, cuyos dueños pertenecen a las familias más poderosas del país y del mundo, están indignados porque los legisladores (diputados y senadores) están a punto de aprobar una reforma electoral que propone eliminar la propaganda política pagada en los medios electrónicos y ocupar solamente los minutos que los medios están obligados a otorgar al Estado como pago de derechos. Si se aprueba este punto, las funestas empresas de información dejarían de obtener los dos mil millones de pesos que los partidos políticos dilapidan en la TV y la radio en períodos electorales. Sumando a esa multimillonaria cantidad, en las elecciones presidenciales de 2006, aparecieron en la TV 281 mil espots que nunca fueron acreditados, ni tampoco se han investigado y menos sancionado a quien o quienes ilegalmente pagaron esa propaganda.
4. Todos los días y a todas horas, sobre todo en tiempos de campañas políticas, se puede escuchar en los medios electrónicos informativos mexicanos una persistente campaña de información deformada y calumniosa contra los sectores más humildes y miserables de la población. La TV y la radio, en vez de ayudar en la orientación y educación de la población, hace énfasis en los vicios de las familias pobres y desempleadas para resaltar «su ignorancia e indolencia», así como «la delincuencia» en que caen para luego exigir castigo. Por el contrario durante muchas horas se dedican a transmitir programas estadounidenses de familias ricas o acomodadas que presentan como modelos y comportamientos consumistas que deben imitarse. No solo deforman la información noticiosa acomodándola a sus intereses empresariales, también dedican mucho tiempo para ideologizar a los televidentes con valores de la modernidad capitalista.
5. Los medios electrónicos informativos en México, desde la década de los cincuenta, han venido monopolizando las concesiones que los diferentes gobiernos del PRI y del PAN les han otorgado a cambio de ponerse al servicio del poder. Cuando han hablado y peleado por la «libertad de información» siempre lo han hecho por la libertad de información para ellos, para que puedan hacer y decir lo que les dé la gana. En México hay 107 millones de habitantes «sin voz», que no tienen acceso a los medios controlados por unas cuantas familias (no más de cincuenta) que sin la menor objetividad y decencia deforman todos los hechos, los acomodan a los intereses empresariales y gubernamentales. Reclaman la libertad de comercio, la libertad para hacer negocios, la libertad para interpretar los hechos de acuerdo a sus intereses. Hablan de libertad, pero sólo de aquella que conviene a sus intereses económicos y políticos.
6. Esa posición agresiva recuerda la batalla que ha tenido que librar el gobierno venezolano de Hugo Chávez contra las poderosas empresas televisivas en manos de dueños yanqui/venezolanos que se han pasado casi ocho años buscando la forma para derrocar al gobierno. Chávez no otorgó una nueva concesión a una poderosa empresa televisiva y por ese hecho el gobierno yanqui movió sus hilos para una protesta mundial contra la libertad de información. Toda esa protesta fue una farsa y Chávez obtuvo un enorme triunfo. ¿Cuál «libertad de expresión» pueden defender esas empresas que se han hecho multimillonarias esquilmando y engañando a la población? Desafortunadamente el gobierno ilegítimo derechista de Calderón fue impuesto en el poder con la participación destacada de esas empresas y los legisladores mexicanos no están a la altura de ser auténticos representantes del pueblo.
7. Los empresarios no pueden esconder que ellos sólo están pensando en las ganancias multimillonarias. Lo que los concesionarios pelean es la conservación privilegiada de negocios en que se han convertido las contiendas electorales y esos dos mil millones de pesos que les representan las campañas políticas basadas en el marketing y en la profusión de anuncios pagados. Las confrontaciones partidistas se han convertido en duelos de dispendio de recursos -públicos, privados y hasta del narcotráfico- que sólo sirven para degradar el debate de ideas y programas, hasta convertirlo en guerras de insultos. No hay posibilidad del surgimiento de una partido independiente o de un candidato ciudadano porque para triunfar se necesitan muchos millones de pesos. Eliminar los grandes presupuestos de publicidad política que acaparan las televisoras podría ser un primer paso para eliminar esa práctica de que el dinero lo decide todo.
8. Parece correcta la posición que sostiene que para garantizar la información ciudadana y el derecho a la libre expresión de partidos, organizaciones políticas, candidatos y funcionarios es más que suficiente el espacio de los llamados tiempos oficiales, es decir, los minutos de programación diaria que los medios electrónicos deben poner a disposición del Estado como impuestos y pagos de derechos por el uso de frecuencias que son propiedad de la nación, no de los conglomerados televisivos y radiales. Si se suman las cantidades que gastan los partidos en los medios electrónicos y los del gobierno foxista y los empresarios, puede decirse que los empresarios televisivos recibieron 4 mil 300 millones de pesos de contrato/tiempo para la difusión de mensajes electorales. Además de los 281 mil espots que no han sido investigados. ¿De que libertad de expresión pueden hablar si su historia es de rapiña y de negocios?