Ya fue entregada al Senado de la República la iniciativa presidencial de reforma electoral, anunciada de antemano como Plan B. El fracaso del primer intento por el rechazo que provocó en opositores y aliados no impide que la presidenta Sheinbaum vuelva a la carga con otras líneas con las que buscará dejar su marca en el sistema político del país.
Como en el caso de su antecedente inmediato, el éxito de esta reforma supletoria es incierto. Ya, al menos dentro del Partido del Trabajo se han expresado reservas para aprobarla. Y no es para menos. Algunos de sus aspectos resultan bastante controvertibles por contrariar avances logrados en anteriores reformas al marco jurídico electoral.
Pareciera que, en materia de conformación de los poderes de la República, la representación política de los ciudadanos y los procedimientos de elección todo ha de reducirse a economizar recursos monetarios y abaratar costos. Siempre bajo la lógica de la “austeridad republicana” y la falsa justificación de que México tiene los comicios más caros del mundo. Así los principales ejes y postulados de esta iniciativa que de antemano, sin leerla, los legisladores del Morena se han comprometido a aprobar “sin cambiarle ni una coma”, como gustaba al ex presidente macuspanense.
Versa la iniciativa, en primer lugar, de adelantar la consulta para revocación de mandato, hoy establecida en el cuarto año del periodo presidencial, pueda adelantarse al tercero, de manera de empatarla con la elección de diputados al Congreso de la Unión, la de 17 gobiernos estatales, 31 legislaturas locales y muchísimos ayuntamientos ya previstos para 2027, en primera instancia. Sin modificar, eso sí, que para esa misma fecha está programada la elección de los cargos de los poderes judiciales Federal y locales que quedaron pendientes tras los comicios judiciales de 2025, como resultado de la reforma judicial. De manera que en muchos Estados los ciudadanos tendrán que acudir, acordeón de por medio, a cruzar hasta siete boletas en la misma fecha, el 6 de junio.
Todo ello, porque al decir de la presidenta Sheinbaum, “tomé la decisión de que [hay que] aprovechar esa elección para atender todo de una vez. Hay algunas modificaciones para que sean menos candidatos en las boletas; que las comisiones que presentan las candidaturas del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial puedan hacer una mayor revisión de los perfiles”.
O como lo explicó la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, “el objetivo [es] reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la cuarta transformación, que es la austeridad republicana”.
No sería tan relevante si no fuera porque la iniciativa también prevé que, al sincronizarse la consulta revocatoria con el resto de las elecciones, el (o la, en esta ocasión) titular del Poder Ejecutivo pueda hacer campaña por sí mismo para evitar la revocación de mandato. Se intentará, así, revertir el mandato del párrafo segundo del Apartado C del apartado III del artículo 41 constitucional, que prohíbe la propaganda de los gobiernos de los tres órdenes durante los procesos electorales, introduciendo ahora en el artículo 35 que “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. Y la difusión gubernamental no se suspendería durante todo el proceso electoral, sino sólo 60 días antes de la jornada electoral. Algo nunca visto, que convertirá a ese plebiscito en una simulación, en un refrendo, no en un procedimiento revocatorio.
Es decir, sin dejar de ser gobernante, la presidenta Sheinbaum aspira a ser también candidata —usando para su promoción personal recursos públicos— a la ratificación. De paso, aprovechando la consulta, allegar votos a los candidatos de su partido, el Morena. Una reversión a la democracia representativa no vista ni en los tiempos dorados del PRI como partido dominante y del presidencialismo absolutista.
Por otro lado, ni el Plan A ni el B se han planteado eliminar o modificar el tema cardinal de la democracia representativa, el de la sobrerrepresentación, que con una abusiva interpretación de los órganos electorales —INE y TEPJF— dio a la coalición que obtuvo el 54 por ciento de los sufragios el 76 por ciento de las posiciones en el Congreso federal.
Pero hay más. La iniciativa Sheinbaum (que no se sabe si fue confeccionada por la misma comisión presidencial que la anterior, encabezada por Pablo Gómez Álvarez), de ser aprobada por el Congreso y al menos 17 legislaturas locales, vendrá a realizar el proyecto centralista de Antonio López de Santa Anna y las Siete Leyes Constitucionales de 1836. Los Estados de la Federación ya no serán libres y soberanos para determinar su régimen interior, como hasta ahora lo establece el artículo 40, puesto que desde los poderes centrales se les determinará la conformación de sus congresos y ayuntamientos, así como los sueldos máximos a sus diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores.
El centralismo del espíritu que inspira la reforma se manifiesta en que, a pesar de tener Morena diputados en todas las legislaturas locales, y mayoría en 27 de las 31, así como en el Congreso de Ciudad de México, no se guardará la formalidad de que sea desde éstas que se promuevan las reformas a los propios congresos y ayuntamientos. Con facilidad podría hacerse así, pero la presidenta de vocación antifederalista ha considerado mejor promover ella misma, con el Congreso formalmente federal, ese régimen centralizador. Como dicen los clásicos, ¿pero qué necesidad?
Se busca también, acorde con la Exposición de Motivos basada en su totalidad en la austeridad, limitar las remuneraciones de los consejeros electorales, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, para que se apeguen a lo dispuesto en el artículo 127 de la CPEUM, es decir, que no puedan ser mayores que las del presidente de la República.
Tratándose de una disposición que tendrá indudablemente consenso popular, obedece ante todo al gigantesco déficit del gobierno federal, que aunque logró reducirse en 2025 a un 4.3% del producto interno bruto, se estima volverá a elevarse en este año a un 4.5 o 5%, según estimación de Forbes México. La deuda pública no ha logrado abatirse y se mantiene con porcentajes históricos superiores al 52% del PIB. De ahí el apremio por reducir recursos a congresos estatales, ayuntamientos y los organismos públicos autónomos que subsisten.
Estamos, pues, ante una nueva iniciativa de reforma que, con el consabido argumento de la austeridad, conduce a una inexorable centralización de recursos y del poder, al debilitamiento del federalismo y el municipalismo y a la consolidación del presidencialismo recargado al que Sheinbaum y el partido oficial aspiran. Pero abaratar los comicios y la administración pública no es democratizar; menos cuando se busca al mismo tiempo ampliar facultades al Ejecutivo y liberarlo de restricciones que en el pasado reciente se le impusieron para una democracia electoral más funcional.
La reducción orgánica y presupuestal a congresos locales y ayuntamientos no sólo representa un atentado contra el pacto federal y el municipio libre. Afectará también tanto a los partidos de oposición como a los subsidiarios del actual régimen en los órdenes de gobierno que les son asequibles. Las medidas propuestas, además de que no garantizan el pluralismo y la proporcionalidad en la representación popular, seguramente harán a ésta más imperfecta. Si tomamos como indicador los resultados de la elección de diputados federales de 2024, el Morena recibió el 45.52% de los votos válidos; los partidos minoritarios PAN, PRI, MC, PVEM y PT el 54.48%, representando entonces a más de la mitad de los votantes. ¿Se podrá configurar los cabildos y legislaturas conforme a la voluntad ciudadana con una normatividad que privilegie la representación uninominal y reduzca la proporcional? ¿O vamos, ciertamente, a una mayor distorsión de la democracia representativa, ya burlada con la sobrerrepresentación extrema que padecemos desde el proceso de 2024?
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
X: @ednava7
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