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Con el pueblo o con la oligarquía

Fuentes: Rebelión

El anuncio hace algunos días de la formación de un grupo político con el nombre Mexicolectivo, que daría a conocer en la capital del país el lunes 30 de enero un documento de propuestas políticas, económicas y sociales denominado Punto de partida, dio lugar a una enorme pifia del presidente López Obrador el martes 31, que dejará seguramente una marca mayor en la memoria de muchos mexicanos, incluso entre sus seguidores. En la conferencia mañanera de ese día, a pregunta de uno de los periodistas presentes, se refirió expresamente al veterano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (hijo del general Lázaro Cárdenas, ex gobernador de Michoacán, líder del movimiento que rompió con el PRI en 1987 para dar origen al Frente Democrático Nacional y al Partido de la Revolución Democrática y tres veces candidato presidencial enfrentando al PRI y PAN) como su adversario político y lo ubicó, sin más, como un supuesto defensor “de la oligarquía”.

Cuando el reportero le hizo la pregunta referida a Cárdenas Solórzano, el tabasqueño respondió de manera ríspida y tajante: “Si él asume una postura de este tipo, es mi adversario político”. Aunque después matizó: “Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio”.

Con esas expresiones, López Obrador reiteró una vez más la maniquea y autoritaria visión que ha manifestado repetidamente desde que asumió la presidencia: 1) una perspectiva binaria de la política, en donde las posturas se encuentran siempre polarizadas, sin matices; 2) la peregrina idea de que él y sólo él y su movimiento representan al pueblo; 3) que el enemigo del “pueblo” es “la oligarquía”, que sin embargo no define, aunque puede ser identificada con lo que otrora llamaba “la mafia del poder”; y 4) que, al vincularse con el Mexicolectivo, aun el mismo Cuauhtémoc Cárdenas se ha posicionado del lado malo, el de los oligarcas.

El tema presenta múltiples facetas y da para muchos comentarios. Veamos.

El Mexicolectivo se presenta como un grupo plural con la presencia destacada de veteranos priistas como Francisco Labastida Ochoa, José Narro Robles, Diego Valadés y algunos otros; pero también incluye al líder del partido Movimiento Ciudadano Dante Delgado Rannauro, a la ex secretaria de Gobierno de la capital y actualmente senadora —también de MC— Patricia Mercado, el diputado Salomón Chertorivski, el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío, académicos como Carlos Elizondo Mayer-Serra y hasta el todavía morenista Gibrán Ramírez, partidario y colaborador del senador Ricardo Monreal. Sin buscar conformarse como un nuevo partido ni mucho menos, el agrupamiento se propone hacer críticas al desempeño del gobierno lopezobradorista y propuestas de carácter político, económico y social en un sentido sin duda diferente a las políticas de éste. Cuauhtémoc Cárdenas ha reconocido que estuvo participando a lo largo de aproximadamente un año de gestación de la agrupación de personalidades y dio seguimiento al documento Punto de partida; pero unos días antes de que este escrito fuera presentado, había anunciado retirarse por algunas diferencias políticas, lo cual formalizó en un comunicado público difundido horas después de que López Obrador lo descalificara. El colectivo, al parecer, había usado a Cárdenas como su carta de presentación y hasta difundió que su motivación había sido el más reciente libro del michoacano, Por una democracia progresista, publicado en 2021.

La descalificación presidencial a esta nueva expresión opositora, y particularmente a Cárdenas, se hizo en la línea ya conocida de polarización sin matices, que al parecer expresa impaciencia y nerviosismo ante las próximas elecciones en Coahuila y el Estado de México y, sobre todo, las federales de 2024 donde Morena podría sufrir tropiezos importantes, como ya ocurrió en 2021. Aunque López Obrador caracterizó a Mexicolectivo como un grupo “conservador moderado” su reprobación al mismo puso de manifiesto también una total intolerancia a la crítica, provenga ésta de donde venga, y una pretendida o real convicción de que la ruta que él, el presidente, traza es la única correcta.

Pero llama mucho la atención la antinomia planteada: “con el pueblo o con la oligarquía”. Esta última, en su sentido moderno se entiende normalmente como el predominio de los más ricos, que tienen propiedad y control sobre grandes empresas del sector primario (extractivas), el secundario (industrias de la construcción o transformación) y el terciario (la banca e instituciones financieras, de transporte o de comunicaciones, por ejemplo). Normalmente combinan en consorcios o holdings empresas de diversos tipos ubicadas en diferentes sectores. Y la referencia es notable no sólo por el maniqueísmo que contiene sino porque el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha servido ampliamente a los intereses de la plutocracia u oligarquía, a los que ha preservado aun a costa de traicionar su propio ideario y sus promesas de campaña.

Así, en los inicios del sexenio López Obrador frenó una iniciativa de ley emanada del Senado, concretamente del senador morenista Ricardo Monreal, que tenía como propósito reglamentar y fijar límites al cobro de comisiones por los servicios de la banca. Hasta la fecha, esa iniciativa no ha sido recuperada, pese a ser beneficiosa para todos los usuarios de los servicios bancarios, por no afectar las altas ganancias que las instituciones financieras obtienen en nuestro país, incluyendo las extranjeras.

Del mismo modo, se ha opuesto permanentemente el presidente a realizar una reforma fiscal progresiva que grave las ganancias de los magnates y empresas más ricos, similar a lo que ya han hecho en nuestra América los gobiernos progresistas de Bolivia, Argentina, Chile y, muy recientemente, Colombia. Si en México hay quince multimillonarios que en su conjunto acumulan por lo menos 147 mil millones de dólares (y contando), aun tasas impositivas mínimas de entre 0.9 y 1.9 por ciento cobradas al 10 por ciento más rico de nuestra sociedad permitirían al Estado mexicano recaudar 373,083 millones de pesos anuales, equivalentes al 1.51 por ciento del PIB, más que suficiente para cubrir el programa de pensiones para adultos mayores, según el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) (https://www.eleconomista.com.mx/economia/Impuesto-a-la-riqueza-en-Mexico-recaudaria-373083-mdp-Indesig-20220609-0104.html).

Como se sabe, México es el país de la OCDE con más baja recaudación fiscal y uno de los que menos perciben por impuestos en América Latina y el Caribe. Con sólo el 17.9 por ciento del PIB de 2022, está muy por abajo del promedio de la OCDE, de 33.5 y lejos del 31.6 de Brasil o el 29.4 de la Argentina (https://www.oecd.org/tax/tax-policy/estadisticas-tributarias-america-latina-caribe-mexico.pdf). Las baja cifras registradas por nuestro país se deben, desde luego a las altas tasas de informalidad económica, que rebasan el 60 por ciento de la población económicamente activa (PEA), pero también a las bajas tasas impositivas, particularmente a los sectores más acaudalados, que sólo aportan como impuestos el 0.34 del PIB. Con una tasa del 5 % aplicada a los que posean más de 20 mil millones de pesos, propone la organización internacional Oxfam, podrían recaudarse 270 mil millones, equivalentes al presupuesto anual de la Ciudad de México (https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Gravar-a-los-ricos-Oxfam-Mexico-20230124-0012.html).

El mismo López Obrador, tras la derrota en su primera campaña presidencial, denunciaba que “un trabajador o un integrante de la clase media, según sus ingresos, paga de 15 a 28 por ciento de impuesto sobre la renta (ISR). Sin embargo, por los privilegios fiscales que se otorgan mediante regímenes especiales, los grandes monopolios reducen al mínimo el pago del ISR, al grado de que Cemex, con un margen de utilidad de 40 por ciento, en 2005 sólo pagó 2.2 por ciento de impuesto sobre sus ventas; Telmex, con un margen operativo de utilidades de 50 por ciento, pagó de impuestos 7.1 por ciento; América Móvil (Telcel), 0.2; FEMSA (Coca-Cola), 4.4; Bimbo, 2.7; Grupo Carso, 2.7; Coppel, 0.3; Wal-Mart, 2.4; Grupo Maseca, -2.9 por ciento; y Vitro, – 2.0 por ciento (es decir, como Maseca, reportó ‘pérdida’)” (La mafia nos robó la `residencia. México, Ed. Grijalbo, 2007, pp. 203-204). No obstante, una vez en la presidencia ha cumplido servicialmente lo que seguramente fue el compromiso durante la campaña de no elevar ni un punto el impuesto sobre la renta a las empresas más lucrativas ni a los hombres más ricos. Por ello, y particularmente durante la pandemia, la brecha de desigualdad económica entre el sector más opulento y el más del 50 por ciento de la población que se mantiene en la pobreza se agrandó.

¿Y cómo olvidar que López Obrador, en abril de 2020, firmó un decreto para entregar a las grandes cadenas de radio y televisión (Televisa, TV Azteca, Imagen) el 40 por ciento de los tiempos de transmisión que correspondían al Estado, a fin de que pudieran comercializarlos? La justificación que en ese momento dio fue que, a causa de la pandemia de coronavirus, esos consorcios estaban pasando por un mal momento y que “el Gobierno mantiene comunicación estrecha con su pueblo, y por tal razón, no necesita propaganda”. Es decir, el presidente dispuso de un bien de la nación para entregarlo, aparentemente a cambio de nada, al sector de medios de difusión electrónicos, pero quizá pensando en ganar sus favores para la contienda electoral que se avecinaba en 2021.

Y no ha dejado el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación de otorgar a los machuchones del capital (para usar un término del vocabulario presidencial) contratos en las obras emblemáticas del sexenio. Por ejemplo, además de la empresa china CCCC y la española Acciona, el grupo Carso de Carlos Slim —a quien, a pesar del origen de su fortuna en las privatizaciones salinistas el presidente ha elogiado repetidamente como un empresario “honesto”— participa en la construcción del tramo dos del Tren Maya con un contrato de 4 mil millones de dólares. Ingenieros civiles Asociados (ICA) de Bernardo Quintana participa a través de su filial ICA Fluor en la refinería Dos Bocas, junto con empresas estadounidenses y la coreana Samsung. Y en cuanto a los medios receptores de contratos de publicidad oficial del gobierno federal, figuran en los primeros lugares —con datos de 2021— Televisa, con 933 millones de pesos, el 10. 8 %, TV Azteca con 884 millones, el 9.8 %, La Jornada de la comadre de López Obrador Carmen Lira con 771.2 millones y Medios Masivos Mexicanos, que reúne a varios medios impresos, con 521.5, el 6. 03 por ciento (https://politica.expansion.mx/mexico/2022/08/16/10-medios-reciben-casi-la-mitad-de-dinero-por-publicidad-en-el-gobierno-de-amlo). Hay que agregar que López Obrador entregó al Banco Azteca, del igualmente salinista Ricardo Salinas Pliego, el manejo de los recursos de los programas de Bienestar.

En concreto, queda claro que el actual gobierno federal ha cuidado con esmero los intereses de la oligarquía que controla la mitad de la economía nacional, quizá conforme a la tesis neoliberal de que la acumulación de riqueza en la cúpula de la sociedad terminará por derramarse o gotear hacia las capas bajas mediante la creación de empleos y la elevación de los salarios, a pesar de que un sector de esa plutocracia, cuyos exponentes más visibles son Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, lo enfrenta. El carácter populista del régimen —como en los tiempos del PRI— estriba, precisamente, en la pretensión de representar simultáneamente al capital y a las masas populares, sirviendo de distintas maneras a ambos polos de la sociedad más allá de los intereses contradictorios que los separan y a veces los enfrentan. La expresada antinomia “con el pueblo o con la oligarquía” no tiene en el actual gobierno ningún asidero en la política económica y debe ser leída más bien como una sentencia política: “conmigo o contra mi”, donde, desde luego, López Obrador se asume como la única representación posible del polo popular.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

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