Pocos temas son tan áridos y están rodeados de tantos intereses como el de la propiedad intelectual. A caballo del modelo neoliberal, Estados Unidos y la OMC han impuesto un conjunto de condiciones especialmente onerosas para pequeños países como Uruguay. «El tema es muy complejo, hay muy pocos entendidos y abarca muchos subtemas, como patentes, […]
Pocos temas son tan áridos y están rodeados de tantos intereses como el de la propiedad intelectual. A caballo del modelo neoliberal, Estados Unidos y la OMC han impuesto un conjunto de condiciones especialmente onerosas para pequeños países como Uruguay.
«El tema es muy complejo, hay muy pocos entendidos y abarca muchos subtemas, como patentes, licencias, derechos de autor, marcas. Hay una avanzada de las multinacionales del entretenimiento y de los gobiernos de los países centrales para asustar a los usuarios que ven como algo natural compartir conocimientos y cultura», esgrime el informático Ismael Castagnet. Agrega que esa política «perjudica a la industria nacional, desde las pequeñas hasta las más grandes».
Una postura bien diferente es la que defendió Juan Eduardo Vanrell, dirigente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi), para quien «un país es desarrollado cuantas más patentes se presentan» (La Diaria, 7-II-13). Aunque a renglón seguido aclara que el aserto «es difícil de demostrar», defiende la tesis de que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Industria, debería ser un ente autónomo. O sea, que el Estado debe tener menos incidencia en la misma.
Unos hacen hincapié en el poder de las grandes multinacionales frente a los Estados débiles, y los otros en que no se debe limitar la libre competencia. Así, los defensores de la protección a ultranza de la propiedad intelectual sostienen, como Vanrell, que su limitación implica que «se está expropiando el derecho que tiene una persona o una empresa». Pone un ejemplo: «Internet fue pensada por ingenieros y en el medio entraron los abogados con una cabeza totalmente diferente, y es imposible acompasar Internet con los aspectos jurídicos».
La idea de no legislar, o de legislar de forma muy laxa, incluye un problema que Vanrell no elude: «Si el consumo es bueno o es malo, para mí es secundario». De forma muy explícita, pensando en el juicio que Philip Morris interpuso contra el Estado uruguayo, sostiene una posición casi extrema al señalar que «no estoy viendo el tema de la salud y tampoco lo quiero poner en la balanza, porque no es el tema».
Estructura global
Que hay una guerra por las patentes parece evidente. Hace muy poco Apple litigó contra Samsung en relación con la tecnología de las telecomunicaciones inalámbricas. En un solo juicio Apple recibió 1.000 millones de dólares por una sentencia en California contra Samsung. El año pasado Google acusó a Microsoft y Nokia de abusar de patentes de dispositivos móviles de una manera que generará un incremento en los precios de teléfonos celulares y otros equipos inalámbricos. La denuncia se centra en 2 mil patentes que Nokia y Microsoft vendieron a una compañía que se especializa en cobrar regalías sobre propiedad intelectual.
El gobierno chino está preocupado por la «guerra de los juzgados», que amenaza sus exportaciones a Estados Unidos. «Cuando los productos chinos entran en el mercado estadounidense frecuentemente se los culpa de cometer dumping, de amenazar la seguridad nacional o de infringir patentes, entonces o bien se les aplican altos aranceles punitivos o se los expulsa del mercado de Estados Unidos», dice el oficialista Diario del Pueblo (28-I-13). Considera que se trata de una excusa para bloquear o eliminar a los competidores de ese país.
Hay datos que llaman la atención. Parece normal que los países más desarrollados, aquellos que cuentan con mayores presupuestos para investigación y tienen grandes empresas que realizan enormes inversiones en la materia, tengan mayor cantidad de patentes pedidas y concedidas. También parece normal que los países emergentes, como China, estén desplazando a los demás. De los casi dos millones de solicitudes para patentar presentadas en 2010, último dato difundido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI*), 51,3 por ciento provienen de Asia, 26,6 por ciento de América del Norte y 17,4 por ciento de Europa. A América Latina y el Caribe les corresponde un magro 2,6 por ciento.
En 2010 China desplazó del segundo lugar en solicitud de patentes a Japón y se acerca a Estados Unidos, que mantiene la delantera. Entre los de la región, Brasil ocupa el décimo lugar pero desplazó al Reino Unido y a Francia.
Un dato relevante se refiere a las solicitudes de patentes presentadas por residentes y no residentes. En 2010 el 62 por ciento de todas ellas fueron presentadas por residentes, lo que indica que desean proteger sus innovaciones en el mercado nacional. Pero aparece una asimetría notable entre países del Norte y de Sur. En los últimos 20 años algo más de la mitad de las patentes otorgadas en Estados Unidos fueron a residentes, porcentaje no muy diferente al de otros países desarrollados. En Brasil las patentes otorgadas a residentes oscilaron entre el 20 y el 45 por ciento del total. En Uruguay el 90 por ciento de las patentes se otorgan a no residentes.
Desafiando la lógica de los defensores de la protección de la propiedad intelectual, Uruguay registró un pico de patentes otorgadas en 2000, con 140, de las cuales 134 fueron dadas a no residentes. Mientras el país tuvo un crecimiento económico sostenido las patentes otorgadas cayeron drásticamente: en 2009 se dieron 17, sólo tres a residentes.
Qué hacer en casa
Desde Asipi se sostiene que no se facilita la concesión de patentes. Que las tasas en Uruguay son muy altas, que paga lo mismo un inventor individual que una multinacional, que la concesión de una patente demora 15 años y la conceden por 20 años. Por lo tanto, aseguran, no se está potenciando la innovación.
El debate sobre lo que puede hacer Uruguay al respecto está recién en sus comienzos. Por lo pronto, no son pocos los que piensan que las patentes forman parte de la asimétrica relación Norte-Sur ya que lubrican la transferencia de riquezas en la misma dirección que se registra en los últimos cinco siglos.
El informático Rodrigo Barbano sostiene junto a Castagnet que el sistema actual de patentes perjudica la innovación en el Tercer Mundo. Creen que el primer paso que debe darse es «abrir un debate sobre la propiedad intelectual en general y sobre el sistema de patentes en particular». A diferencia de lo que defiende Asipi, proponen «mantener dentro de la órbita estatal la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y fortificarla con recursos humanos y materiales».
Recuerdan que el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, defendió la necesidad de un debate nacional sobre el tema en 2010 luego de una reunión de la OMPI. En ese debate nacional «deberá participar la Udelar para formar profesionales especialistas en estos temas», ya que dentro de la universidad «han quedado vacantes llamados de expertos en propiedad intelectual para la Comisión Sectorial de Investigación Científica».
Por último, sería conveniente llevar estos debates a los ámbitos regionales como la Unasur, «en el entendido de que es un tema que nos incumbe (y perjudica) a todos». Tanto Castagnet como Barbano sostienen que «la propiedad intelectual es el nuevo colonialismo del siglo xxi, y si no tenemos una posición firme y unitaria a la hora de negociar con los países centrales veremos nuestro futuro hipotecado».
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De licencias y patentes
La patente es un derecho otorgado por el Estado a un inventor de un nuevo producto o procedimiento susceptible de ser explotado industrialmente, por un período limitado a cambio de la divulgación de la invención.
Este derecho permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que el titular fije. Las patentes son otorgadas por un tiempo limitado que actualmente, según normas del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, es de 20 años. Después de la caducidad de la patente cualquier persona puede hacer uso de la tecnología patentada sin la necesidad del consentimiento del titular de ésta. La invención entra al dominio público.
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(*) Organismo de las Naciones Unidas creado en 1967 para regular sobre la temática.
Fuente: http://alainet.org/active/61843