La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, se comprometió a impulsar la Reforma Integral del Sistema de Justicia desde la perspectiva de género, para combatir la violencia contra las mujeres y todas las formas de discriminación que afectan a la mitad de la población mexicana. Además, se comprometió a una reforma integral […]
La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, se comprometió a impulsar la Reforma Integral del Sistema de Justicia desde la perspectiva de género, para combatir la violencia contra las mujeres y todas las formas de discriminación que afectan a la mitad de la población mexicana.
Además, se comprometió a una reforma integral al sistema de justicia, para proteger a las víctimas; asegurar que los responsables de los delitos no queden impunes y las autoridades actúen con la mayor rectitud y honestidad en el cumplimiento de sus funciones, siempre respetando los derechos humanos.
Ello sucedió en la reunión de Junta de Coordinación Política del Senado, donde se inició el examen del contenido de las iniciativas que presentará el Ejecutivo al comienzo de febrero, las cuales buscan reformar el sistema de justicia en el país, y en la que participaron Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación y en paridad alrededor de 12 senadoras, algunas jefas de las comisiones dictaminadoras.
En esa reunión estuvieron el funcionariado federal y las coordinaciones de todos los grupos parlamentarios -solo una mujer coordinadora-, así como las comisiones especializadas. Ricardo Monreal, presidente de la Junta, dijo que se hará un análisis profundo y se discutirá con la sociedad en parlamento abierto, antes de hacer los cambios.
O sea, que serán citadas personas conocedoras, especialistas, intelectuales, defensoras y defensores, de las universidades y centros de estudios superiores. Jueces, juezas, integrantes de tribunales.
Le llaman Parlamento Abierto, antes Consulta Parlamentaria, o Asamblea Comunitaria. Todas las personas que se apunten podrán dar sus puntos de vista.
La presidenta del Senado hizo notar que se inició una nueva fase de diálogo republicano, que el paquete de iniciativas para la reforma se hará con y para el Poder Judicial, y dijo estar segura de que se dará respuesta a uno de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana, una sociedad cansada e indignada por los problemas de violencia e inseguridad que aquejan al país desde hace ya más de una década.
En esta reunión, con el envío de este paquete de iniciativas al Congreso de la Unión, arrancó formalmente el proceso legislativo de una reforma profunda, compleja e integral al sistema, porque hoy 98 por ciento de los delitos quedan impunes.
La Presidenta del Senado recordó que esta es la Cámara de origen y ofreció analizar las iniciativas «de manera responsable, abriéndose a la participación de la sociedad de forma consistente con el modelo de Parlamento Abierto que esta LXIV Legislatura ha adoptado en las discusiones más relevantes de la agenda legislativa», dentro del marco de respeto a la autonomía de los Poderes de la Unión.
Monreal Ávila advirtió que «no se apresurará en el análisis de las iniciativas para reformar el sistema de procuración y administración de justicia, pues quieren brindar instrumentos jurídicos que permanezcan y sean eficaces para enfrentar el problema de inseguridad, impunidad y violencia que sufre el país».
La reforma, según explicó Ricardo Monrreal, plantea cambios a 14 artículos constitucionales. Y destacó que, «aunque no se trata de un asunto fácil, el Senado actuará con toda responsabilidad y seriedad en el dictamen».
Ley de Justicia Cívica: se pretende la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales.
Se priorizará la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables.
Se promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos, para que el infractor entienda que ofende a la sociedad y así evitar el pago de multas con las que no se comprometen a nada con la falta que cometen.
Proyecto de Código Penal Nacional: se buscará homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, en una sola ley que le otorgue certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país, y con ello evitar tener 32 códigos, bajo la justificación de que si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas. Permitirá a las entidades federativas establecer delitos específicos, considerando sus raíces culturales y sus características regionales.
Se establecerá con toda precisión la competencia local y la federal, en razón de la defensa de los derechos individuales, por un lado, y por el otro los derechos inalienables de la nación.
Corresponsabilizar a las autoridades federales y estatales de manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada. Además, proteger a las víctimas para que denuncien delitos con toda fortaleza. También, defender a la víctima y no al victimario y que el Ministerio Público sea auxiliar del que lo necesite.
Proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal: todos los primo delincuentes deben tener cárceles abiertas, para no convertirles en alumnos de las escuelas del crimen; cárceles abiertas bajo control, pero cárceles abiertas.
Todos los reincidentes tienen que ir a la cárcel y las cárceles tienen que ser centros de productividad, industria, capacitación y autocapacidad; para que realmente ahí se preparen.
Nadie puede obligar a alguien a que trabaje, pero el juez sí puede decir «pena mínima para el que se readapte y pena con agravantes para el que no quiera readaptarse».
Los reos peligrosos deberán estar totalmente aislados de los primo delincuentes.
La justicia para adolescentes: es con el fin de detener el creciente número de niños y adolescentes dedicados al delito. Tiene que haber una visión muy clara para ellos, para sus padres y para el Estado, de que aquel que entiende se le sanciona; y aquel que tiene la patria potestad o la guardia y custodia, tiene responsabilidades, y también el Estado tiene que reparar el daño.
Que se sentencie por la cantidad de años consecuentes a la comisión de un delito y evitar que al cumplir 17 años de edad se vayan y tengan una responsabilidad frente a su comunidad.