El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó a diez años de cárcel a la expresidenta de facto Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Áñez está detenida desde marzo de 2021 e inicialmente fue capturada acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Inicialmente, en noviembre de 2021, el Ministerio Público había informado que solicitará “la pena máxima” de 10 años contra Áñez, luego planteó 12 años de cárcel y en mayo de este año el ministro de Justicia,Iván Lima, afirmó que su condena puede llegar incluso a 15 años de prisión.
Finalmente, el último lunes, el fiscal general del Estado,Juan Lanchipa, confirmó que la comisión de fiscales, que investigó este caso, pedirá 15 años de cárcel para la exmandataria transitoria, mientras la defensa de la exmandataria solicitó su absolución.
El juicio oral en contra de Áñez y otros ocho involucrados comenzó el 28 de marzo y en su última exposición de alegatos ante el Tribunal de Sentencia,la exsenadora insistió en que es inocente y afirmó que “volvería a hacer” lo que hizo en la crisis de noviembre de 2019, cuando se proclamó mandataria en medio de un caos político y social tras un golpe castrense.
“Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; (…) yme siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad; lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el parlamento, para estar en las buenas y en las malas, para estar en situaciones de tranquilidad y situaciones de violencia, eso es tener compromiso”, sostuvo.
Según la imputación, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara Alta quebrantó tres artículos del reglamento del Senado para proclamarse titular de ese cuerpo legislativo sin el quórum requerido.
Luego vulneró otros tres del reglamento de Diputados al instalar una sesión ilegal de la Asamblea Legislativa y, finalmente, violó nueve preceptos de la Constitución Política del Estado para usurpar la primera magistratura de la nación en perjuicio de la mayoría parlamentaria, el Movimiento al Socialismo.
La sentencia de Áñez fue anunciada tras el voto unánime del Tribunal que también dictó el encarcelamiento del excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, el de la Policía Vladimir Yuri Calderón y otros implicados. Deberá cumplir su condena en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en La Paz.
Durante el golpe y el régimen instaurado por Áñez, la ultraderecha y los mandos militares, en Bolivia se registraron masacres de fuerzas militares y policiales contra civiles, incluyendo ejecuciones sumarias que dejaron al menos 37 muertos y centenares de heridos.
El golpe y la OEA
En el marco de la IX Cumbre de las Américas, el Estado Plurinacional denunció que la Organización de los Estados Americanos, OEA, participó en el golpe de Estado en Bolivia en noviembre de 2019, que consolidó a un gobierno de facto que reprimió y utilizó la fuerza letal cobrando la vida de 38 personas por impactos de bala.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, dejó claro que la OEA y su secretario general, Luis Almagro, no son garantes de la institucionalidad, del estado de derecho y del respeto a los derechos humanos.
Relató que la OEA gatilló la ruptura del orden constitucional con la llamada “auditoría electoral” en 2019. “Pedimos que se nos proporcione información de esa auditoría, no una vez ni dos, 11 veces hasta ahora. Pero no hay transparencia en la OEA de Almagro. Bolivia aún espera una investigación honesta e imparcial sobre lo ocurrido en esa supuesta auditoría electoral” precisó el canciller Mayta.
“En nuestra dolorosa experiencia, la OEA participó en eventos como el golpe de Estado ocurrido en Bolivia en noviembre de 2019, que consolidó a un gobierno de facto en base a la represión violenta de la protesta social, con uso de fuerza letal, que terminó con la vida de decenas de bolivianos, que criminalmente y contra la democracia fueron asesinados” sostuvo.
Mayta demandó respeto y el cumplimiento del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, por lo que cuestionó la exclusión de los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Recordó que el postulado fundamental de la Carta de la OEA expresa que cada país, cada nación, tiene el derecho a “elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”.
“Rechazamos por eso la calificación unilateral sobre qué país es o no democrático, porque esa arbitrariedad es antidemocrática en sí misma, pese al discurso que pretende justificarla. (…) Que la sede de esta Cumbre sean los Estados Unidos, no le da la potestad para realizar exclusiones minando el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y otros documentos fundamentales para las relaciones internacionales”, dijo.
Boris Acosta Reyes. Sociólogo y periodista boliviano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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