El Congreso eleva a rango constitucional el Sistema Nacional de Cuidados

Se trata de una reforma cuyo eje es la corresponsabilidad del Estado, el mercado, la comunidad, las familias, los hombres y las mujeres, para hacer efectivo el derecho a los cuidados del nacimiento a la vejez como de interés público. Empuja la importancia de que las mujeres se incorporen al mercado, se desarrollen y tengan derechos efectivos.

En la sesión de esa tarde, donde sólo estuvieron 329 congresistas de las 500 curules, las diputadas dijeron que la reforma rompe la división sexual del trabajo, puede significar un cambio de paradigma, es un asunto de trascendencia que reconoce la contribución de las mujeres a la economía, el soporte social, en toda la vida y especialmente en la crisis sanitaria, da paso la igualdad sustantiva, desfeminiza las tareas cotidianas del cuidado de niñas, niños, personas mayores, discapacitadas o con necesidades específicas, las cuidadoras de siempre podrán tener remuneración y reconocimiento.

La reforma modifica y adiciona el artículo 4º y 73 de la Constitución de la República. Deberá entrar en vigor al día siguiente de su publicación y obliga a expedir una Ley General para el Sistema Nacional de Cuidados, en un máximo de seis meses.

El cambio constitucional obliga al Estado a crear el sistema, una ley, políticas públicas y financiamiento para que el Sistema sea una realidad y no, como ahora, se caiga en el doble discurso del gobierno actual, que reconoce la igualdad, pero desaparece guarderías y escuelas de tiempo completo. Afecta a las más pobres, a las trabajadoras. Y disminuye recursos de apoyo a las trabajadoras, aunque venera a las madres.

También, dijeron las diputadas, al apuntalar el voto unánime, que se reconoce el derecho de todas las personas, de la infancia a la vejez, a tener cuidados, pero ahora bajo el signo de la corresponsabilidad, especialmente del Estado. También manifestaron su temor a la demagogia y que la ley sea papel mojado.

El Sistema -que deberá crearse- será pionero en la región latinoamericana, no requerirá la creación de un aparato burocrático y, en cambio, deberá desarrollar políticas públicas y contar con presupuesto para que sea real y no quede en el papel, como dijeron la priista (Partido Revolucionario Institucional) María Muñoz Castillo y Gloria Romero León, de Acción Nacional.

En la sesión, los discursos de las legisladoras dejaron en claro que ahora hay un impulso a la igualdad sustantiva, como un cambio de paradigma, que ha mantenido por siglos la idea de que solamente las mujeres deben hacer los cuidados, que ahora, no remunerados, aportan el 24 por ciento de la riqueza nacional.

Se reconoció, especialmente, el apoyo y sostén de las mujeres a la vida de las familias confinadas por la emergencia sanitaria y apareció claramente qué son los cuidados, como dijo la diputada Martha Tagle: están visibles. Quién hace las tareas de cuidado, quien elabora los alimentos, lava, plancha, cuidad enfermos, asiste a niñas y niños en la educación; quién se hace cargo de las personas mayores y siempre están invisibilizadas.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, durante más de un año estudió siete iniciativas, la mayoría propuestas por diputadas de Morena y el Partido Movimiento Ciudadano, llegó a un acuerdo, con un dictamen, que aprobó el pleno, pasará al Senado para su ratificación.

Previamente se realizó un Parlamento Abierto, celebrado el pasado 29 de mayo, donde especialistas y sociedad civil expusieron sus puntos de vista.
En la sesión camaral, cada partido hizo su posicionamiento a favor. Y en todos los discursos se habló del valor de la tarea doméstica que ahora es doble para las mujeres, quienes encima ponen en riesgo su vida, su dignidad, su tiempo y en la Cámara menudearon la descripción de la vida diaria de las mujeres, limitadas en su desarrollo, con falta de tiempo, expuestas a perder la vida y con innumerables violaciones a sus derechos humanos.

Abre la posibilidad de que las mujeres dejen de hacer el 80 por ciento del trabajo doméstico. Hablaron las diputadas de todos los partidos, sólo Morena, mayoría en el Senado, tuvo cuatro participaciones y dos las demás.

Las mujeres aportan a la riqueza nacional

Hoy las mujeres que realizan trabajo no remunerado de cuidado a otras y otras, aportan casi el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en dobles y triples jornadas de trabajo, donde la de cuidados históricamente no pagada es, además no reconocida, y a las mujeres se les considera sólo dentro de la familia y no como personas productivas y con derechos.

El dictamen fue resultado de un análisis en todas las aristas, incluso aquellas que tienen que ver con el derecho humano a ser cuidado o cuidada en la infancia, la enfermedad, la edad avanzada y la discapacidad; complementa los principios de igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento a estas que son más que familia, con derecho a su tiempo libre y su desarrollo, sin poner en riesgo su vida y su salud e incorporarse al trabajo productivo.

Se reforma el párrafo noveno, adiciona un párrafo último al artículo 4º, y adiciona la fracción XXX-A al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:
Toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida, así como a cuidar. El Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado, así como la libertad que tienen las personas para decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera, y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses.

Para garantizar el derecho al cuidado digno se implementará el Sistema Nacional de Cuidados, que incluye sus dimensiones económica, social, política, cultural y biopsicosocial, así como políticas y servicios públicos con base en diseño universal, ajustes razonables, accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad.

La ley establecerá la concurrencia de la Federación, Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el sistema nacional de cuidados. Tendrán prioridad en dicho sistema las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas, niños, adolescentes y personas mayores, quienes vivan en condiciones de extrema pobreza, y las personas que realicen actividades de cuidado de las anteriores sin remuneración alguna.

La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, quien presentó una de las siete iniciativas, sostuvo en el pleno, con reserva, que faltan algunas puntualizaciones que deben eliminar las visiones asistencialistas y dijo que el Estado debe garantizar, claramente, las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho al cuidado digno, el reconocimiento, valoración y remuneración justa para quienes lo hacen.

Dijo que el establecimiento de ese Sistema Nacional de Cuidados que tendrá como principio rector la corresponsabilidad y el marco de la Ley Reglamentaria deberá asegurar políticas públicas que propicien una redistribución de las tareas de cuidado entre el Estado, la comunidad y el mercado, entre las familias y entre mujeres y hombres, para superar la histórica y desigual de la división sexual del trabajo.

En México, aproximadamente 90 millones de personas mayores de 12 años realizan labores de cuidados en sus hogares sin recibir remuneración; del total de las horas que son destinadas a los cuidados el 71 por ciento lo realizan las mujeres, afectando sus oportunidades laborales. De acuerdo con datos del INEGI, en 2018 el valor económico de trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un valor equivalente al 23,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, un equivalente a mil 756 millones 829 mil pesos (87 841 450 de dólares).

Las mujeres por el trabajo de cuidado se ven obligadas a emplearse en la informalidad y son responsables únicas de más de 10 millones de niñas y niños de cero a cinco años, quienes, en el 80 por ciento, no tienen acceso a guarderías.

La diputada Martha Tagle Martínez sostuvo que el Sistema Nacional de Cuidados será una respuesta al cambio en las familias mexicanas, ya que una de cada tres personas necesita cuidados, es decir el 34,6 por ciento de la población; el 10 por ciento de la población tiene más de 75 años y el 75 por ciento de las mujeres son responsables de los cuidados para esta población, sólo en el 25 por ciento participan los hombres.

Se discutió igualmente que en el ámbito económico estamos en un momento crucial de recesión económica y que en los próximos años la pirámide poblacional se verá invertida, habrá muchas más personas mayores, por lo que si se quiere tener un crecimiento productivo, este debe venir acompañado del empoderamiento económico de las mujeres.
Asimismo, es necesario crear este Sistema para lograr un aumento de la productividad y un impacto importante en la reducción de la violencia contra las mujeres, en general y así poder construir la paz.

Para que funcione este Sistema debe tener un Impacto socioeconómico, es decir, permitir la participación económica, social y cultural de las mujeres en igualdad. Además, el sistema debe estar alineado con los principios de la economía, dándole valor económico a las actividades relacionadas con cuidados.

Si no se reparte equitativamente la labor de cuidado, sostiene el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), nos espera un futuro con muchas personas que no podrán recibir los cuidados adecuados.

Hoy se sabe que el 48 por ciento de las personas que cuidan a otras personas, tienen problemas de salud y, de esos casos, el 62 por ciento se dio con posterioridad a realizar las labores de cuidado.

De perspectiva de género, esta reforma, impacta en la despatriarcalización de la política y la economía de cuidados, para desfeminizar el trabajo doméstico, se de accesibilidad, en el sentido de que todas las personas accedan y ejerzan sus derechos, incluido el Derecho al Tiempo Propio.
Tagle Martínez expresó que sin detrimento de la propuesta dictaminada que se votó, planteó algunas precisiones necesarias, ya inscritas en la iniciativa que presentó y que fue dictaminada, previamente, por la Comisión de Puntos Constitucionales.

Por una parte, es necesario hacer explícito en la Constitución que, como parte del derecho al cuidado digno, la corresponsabilidad sea el eje rector, al igual que dicha corresponsabilidad involucra al Estado, la comunidad, el mercado, las familias, las mujeres y los hombres.

Para superar la histórica y desigual de la división sexual del trabajo que afecta particularmente a las mujeres, se necesita que todos aquellos actores de la sociedad que se han deslindado de la responsabilidad de los cuidados -gracias a la división sexual del trabajo y al pacto patriarcal- sean corresponsables, para propiciar que estas tareas dejen de asignarse injustamente a las mujeres en nombre de mandatos socioculturales que terminan por justificar el desapego y abandono que va desde los hombres hasta el Estado, pasando por las comunidades y el mercado.

De no establecer claramente el eje rector de la corresponsabilidad, se corre el riesgo de generar un sistema que termine por administrar, mantener y reproducir que las mujeres sigamos a cargo de los cuidados.

Por otra parte, la distribución y responsabilidad de los cuidados han sido consideradas social y culturalmente como algo que atañe únicamente a cada familia y a los arreglos que se dan dentro del espacio doméstico y el ámbito privado. Por ello, es necesario establecer que corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho al cuidado digno, para su reconocimiento, valoración y remuneración justa, a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados y un marco legal y de políticas públicas que propicien esa redistribución corresponsable.

Finalmente, propuso y se aceptó, la modificación al último párrafo de la propuesta de modificación al artículo 4º Constitucional antes dictaminado. Ese artículo se busca tenga un carácter transitorio y que su redacción asegure un enfoque de derechos humanos.

En lo concerniente a que sea transitorio, esto se debe a que la mención de los grupos que tendrán atención «prioritaria», puede establecerse en los aspectos operativos que eventualmente se definan para el sistema nacional de cuidados, a través de otros instrumentos -no la Constitución-, al igual que los cuidados son una necesidad de todas las personas sin excepción y su satisfacción es un derecho, por lo que las condiciones y situaciones asociadas al ciclo de vida, condiciones o circunstancias no vuelve al cuidado como prioritario o exclusivo de ciertos grupos, sino que en su lugar demanda que los medios por los que el Estado garantice el ejercicio de este derecho sean universales, accesibles, asequibles, pertinentes, suficientes y de calidad.

Lo anterior reafirma la necesidad de asegurar el enfoque de derechos humanos, pues no es posible que en el artículo 1º de la Constitución se reconozcan los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos, mientras que en la propuesta de redacción del sistema nacional de cuidados se coloque el último párrafo con un enfoque asistencialista al señalar cuáles grupos son prioritarios.
Por ello, es de aceptarse, como se aceptó, propiciar la cultura de derechos humanos, que sí reconozca la importancia de satisfacer las necesidades prácticas e intereses estratégicos de todas las poblaciones en función de sus características y condiciones, pero no desde un enfoque asistencialista que jerarquiza a las personas en nombre de una «priorización».