En el interior fue más fuerte: 4.9%, mientras que en el AMBA hubo una caída del 2,4%. Esta situación podría explicarse por el traslado de gente durante el período de vacaciones de invierno. 

El acumulado del año queda con un saldo negativo del 6,2%. 

Tras el alza de junio, la producción industrial volvió a caer en julio. Fue 3,9%, según una estimación del ministerio de Desarrollo Productivo. 

De 14 ramas, 7 incrementaron su consumo de energía. Mientras, la industria automotriz produjo 8.100 vehículos menos que en junio por paradas por vacaciones de invierno.

Generación Z 

La crisis que afronta la Argentina golpea fuerte a los sectores más desprotegidos y con menores recursos, y también afecta a quienes integran la «Generación Z», jóvenes de entre 18 y 23 años, ya que el 96% percibe salarios inferiores a los $ 50.000, según un sondeo privado. 

Apenas el 4% de ese sector social tiene ingresos que superan los $50.000, de acuerdo con un análisis realizado por Equifax, compañía global de Big Data & Analytics. 

Según el informe, estos jóvenes que en la actualidad tienen entre 18 y 23 años, representan el 12% de la estructura poblacional argentina, el 49% son mujeres y el 51% hombres. 

En el Top 5 de las principales actividades de empleo de este grupo etario figura el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, la industria manufacturera, actividades administrativas, alojamiento y servicios de comidas. 

El análisis utilizó datos del Bureau Equifax combinados con información laboral del ANSES, y segmentó a un universo de 4.474.595 jóvenes. 

Caída del nivel de vida de los trabajadores 

El poder adquisitivo de los trabajadores se redujo un 4,1% en los últimos doce meses, pero tuvo una mejora del 2,3% en el primer semestre, de acuerdo con las mediciones realizada por la Fundación Libertad y Progreso (LyP) en base a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

La medición del Índice de Nivel de Vida de los Trabajadores (INVT) se toma comparando la evolución de los salarios y la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para determinar la línea de pobreza. De la comparación de las dos variables, surge un preocupante deterioro del nivel de vida en plazos más largos, ya que desde agosto de 2013 la caída del INVT fue del 44%. 

Gastronomía y hoteles 

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), respecto de 2020 la pérdida de empleos registrados en restaurantes y hoteles fue en 2021 de 32.000 puestos y respecto a 2019, de 58.000 puestos; la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción más perjudicada por la situación. 

En 2020, la pandemia tuvo un fuerte impacto negativo en la actividad económica de esta actividad, situación que continúa hasta ahora: durante el año pasado, el PBI del sector cayó un 49,2% y el nivel de actividad de mayo 2021 fue un 57% inferior al de igual mes de 2019, según el reporte. 

El empleo asalariado formal en hoteles y restaurantes inició un fuerte descenso en marzo de 2020 y muestra un mínimo en mayo de 2021, que es el último dato disponible: en el cuarto trimestre de 2020 el empleo fue de 216.560 puestos -47.797 menos que en el mismo trimestre de 2019 (caída interanual de 18,1%). 

Del último dato de mayo 2021 (201.725 puestos) se aprecia que es inferior en 32.375 puestos al mismo mes de 2020 (caída interanual de 13,8%). 

Si se compara con mayo de 2019, la pérdida de puestos de trabajos es de 58.022 (-22,3%), detalló el IARAF. 

Mar del Plata 

En el marco del segundo invierno en pandemia, la Agrupación Hotelera y Gastronómica “25 de Mayo” relevó en julio junto a un grupo de estudio de la Universidad Nacional de Mar del Plata la situación socio-laboral de trabajadores y trabajadoras de la gastronomía y la hotelería en la ciudad, estudio que dejó en evidencia que el 68% vive hoy con ingresos por debajo de la línea de pobreza y cerca del 20% ni siquiera tiene empleo. 

La organización de trabajadores que conduce Pablo Santín y el Grupo de Estudios Sociales y Marítimos de la UNMdP ya habían relevado el escenario el año pasado -en el primer informe, de noviembre de 2020, el 43% estaba bajo la línea de pobreza-, pero el nuevo sondeo expone cómo la crisis se acrecentó entre los marplatenses que trabajan en la hotelería y la gastronomía luego del verano 2020-2021, tras el cual el 55% solo cobró la mitad del plus de temporada y al 26% ni siquiera se lo pagaron. 

Se calculó para este nuevo relevamiento la relación entre el valor actual de la canasta básica y los salarios que percibe la mayoría de las y los trabajadores: solo el 32% tiene un sueldo que cubre la canasta básica, mientras que 6,8 de cada 10 trabajadores está bajo la línea de pobreza, según los estándares del INDEC, es decir, un 25% más que a fines de 2020.
En esa línea, más del 74% de los encuestados afirma vivir hoy con una situación económica “mala” o “muy mala”, con salarios insuficientes y peores condiciones de trabajo incluso que el año pasado. La mayoría tiene personas a su cargo y no satisface sus necesidades básicas o lo hace a cuestas de endeudarse. 

“Son realmente alarmante estos indicadores que no son solo números, son trabajadores que ven deteriorada muy fuertemente su calidad de una vida; es muy triste escuchar a los compañeros que la están pasando realmente mal, algunos al punto de no tener para comer; los asistimos en todo lo que podemos, pero la solución no es la asistencia permanente, sino la recuperación del trabajo digno y el salario”, sostuvo Santín, hotelero y vocero de la “25 de Mayo”.

Más datos del relevamiento advierten que desde la temporada hasta ahora, el 25% de los trabajadores sigue realizando su labor pero con reducción horaria y, por consiguiente, con salarios más bajos. Y el 7,3% manifestó que la empresa cierra, pero sigue pagando su sueldo, aunque bajo la modalidad del acuerdo 223 bis de la Ley 20.744, donde su salario es drásticamente reducido. 

La situación más crítica la enfrentan aquellos trabajadores que directamente no tienen empleo, que representan el 17%, ya sea porque la empresa cierra y les dejan de pagar o porque la empresa no va a tomar al trabajador durante el invierno o por falta de oportunidades laborales en general.

A ese grupo se le debe sumar el 6% de los trabajadores que aún tiene incierta su continuidad laboral, una realidad que se repite en múltiples establecimientos hoteleros y gastronómicos. 

En el estudio se interrogó a su vez a los trabajadores sobre dos medidas tomadas por el Estado durante la pandemia. Por un lado, se los consultó acerca del efecto de las restricciones nocturnas: el 54% manifestó que dichas limitaciones afectan su situación laboral y económica 

Por otro lado, se les consultó sobre un nuevo ATP (Programa estatal de Asistencia al Trabajo) y el 55% afirmó que recuperar esta medida ayudaría a su situación económica y laboral. 

La situación socio-laboral fue agravándose en forma progresiva. Ya desde el ASPO, el 37% de los gastronómicos y hoteleros trabajó con su salario reducido y a un 9% le dejaron de pagar el sueldo, situación que afecta con mayor fuerza a las mujeres: representan el 55% de quienes recibieron recortes salariales y el 63% de quienes dejaron de cobrar su salario.
Tras el verano, prácticamente sin turismo y con restricciones horarias y caída del consumo, los indicadores se agravaron. 

Santín expresó su deseo de que el avance de la campaña de vacunación para inmunizar la población permita flexibilizar lo más pronto posible las restricciones y remarcó que si bien parte del impacto socioeconómico de la pandemia es inevitable, cuestionó que la conducción de UTHGRA “no ha estado a la altura de las circunstancias para para amortiguar la crisis”. 

“De esta salimos entre todos. Trabajadores, la dirigencia sindical, los empresarios y el Estado. No hay más lugar para la indiferencia ni para un sálvese quien pueda, la gente la está pasando muy mal y la recuperación depende de que tiremos todos para el mismo lado, con un acuerdo atentos al futuro. La pandemia caló hasta el fondo, ahora hay que levantarnos y recuperar juntos la dignidad de cada laburante”, completó Pablo Santín, referente de la Agrupación Hotelera y Gastronómica “25 de Mayo”. 

Trabajadores de Torres de Manantiales protestaron frente al complejo de Hernán Lombardi ante el anuncio de cierre 

«Sería bueno que Lombardi en vez de hacer política y postularse como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dé la cara ante los trabajadores y tome conciencia que está dejando sin trabajo a unas 230 familias», reflexionó Pablo Santín, dirigente de la Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo. 

El apart hotelero, gestionado por la firma Rivan S.A., del ex ministro de la Alianza y ex funcionario de Cambiemos anunció a principio de mes una «transformación de la actividad turística» debido al impacto de la crisis en el sector por la pandemia del coronavirus, suspendió la oferta hotelera y resolvió alquilar sus unidades de 2, 3 y 4 ambientes por períodos de 30 días o más. 

Como parte de la reestructuración, Rivan S.A. estableció un esquema de retiros voluntarios a los trabajadores permanentes, cerca de 80 empleados, «dejando de lado a los casi 150 empleados que se suman todos los veranos», expresó el dirigente gremial. 

«Queremos que nos garanticen que no van a tocar a ninguno de los trabajadores que no acepten ese plan de reestructuración, mediante la utilización de retiros voluntarios y que en su esquema están los empleados que desde hace años, se suman durante los meses de temporada de verano», sostuvo el dirigente. 

El conflicto comenzó el lunes 12 de julio, cuando la empresa Rivan S.A. informó a sus empleados que dejaba de ofrecer estadías por jornada, orientadas al turismo y pasaría a alquilar sus unidades por períodos de 30 días o más, y en esa reestructuración comenzó a proponer un esquema de retiros voluntarios a sus empleados permanentes. 

«Esperamos que asistan al ministerio de Trabajo y sean claros con lo que quieran hacer con el complejo turístico. Nuestro único fin es proteger el futuro de todos los trabajadores, y no de unos pocos, y que todos sean capacitados para la nueva reestructuración», expresó Santin. 

Torres de Manantiales, emplazado en la loma de Stella Maris de esta ciudad, es un complejo de 190 apartamentos distribuidos en 29 pisos, en dos torres (Sol y Luna) que se inauguró en 1988. En 1992 se sumó el denominado Club de Mar, un balneario situado por la ruta 11, camino hacia la localidad de Miramar, donde durante verano brinda servicios como spa, carpas, recreación y otras propuestas recreativas para sus clientes.

Empresarios hoteleros buscan que sus pérdidas las paguen sus trabajadoras y trabajadores 

En la hotelería, muchos perdieron sus trabajos. Otros, en blanco, cobraron parcialmente su sueldo, que ya venía devaluado, durante el 2020. Los hoteles, muchos partes de grandes cadenas internacionales, incluso recibiendo el ATP por parte del Estado, no completaron el sueldo que percibían los trabajadores. Muchas patronales se encuentran pagando el 25%. Y ahora amenazan con despedir y en algunos casos con cerrar sus hoteles.

La justificación de la patronal de los hoteles es que no están pudiendo recibir turismo. Pero eso es sólo parte de la verdad. Muchas de estas patronales han embolsado millones durante largos años, a costa de la súper explotación de sus trabajadores. En esos momentos no los hicieron participar de sus enormes ganancias. Pero ahora sí quieren que se hagan cargo de sus pérdidas. Sus fortunas y la de sus hoteles la hicieron a costa de bajos salarios, y de ritmos de trabajo insoportables, como los de las trabajadoras de limpieza que cubren muchos más cuartos de lo que es posible, quedando “rotas” en pocos años. 

Su plan es simple, embolsar su fortuna hasta nuevo aviso, despedir a trabajadores al menor costo, como en el Hotel Castelar, para volver a tomar a una parte dependiendo del desarrollo de la pandemia con menos derechos laborales, con mayor ritmo de exigencia y multifuncionalidad en las tareas.  

¿Y el sindicato? 

El sindicato hotelero y gastronómico (SUTHGRA) dirigido por Luis Barrionuevo, ha dejado pasar cada uno de estos ataques. La depreciación del salario, la precarización y los ritmos cada vez más difíciles en el trabajo. El millonario Barrionuevo brilla por su ausencia cuando la situación de las trabajadoras y trabajadores es de total incertidumbre. 

El 21 de mayo el gobierno amplió el programa REPRO a los sectores gastronómicos y monotributistas 

La decisión de ampliar el estado de actividades consideradas “críticas” incorporó a comercios de rubros esenciales como indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos. Además, para los comercios ya esenciales pero que en los últimos meses se vieron afectados por la caída de la circulación, como kioscos, panaderías, heladerías y estaciones de servicio y para los locales de los shoppings del AMBA, se aumenta el monto de 18.000 a 22.000 pesos para pagar a la empresa por trabajador/a. 

La ayuda económica del gobierno del PRO en CABA no fue plata en mano. Sancionó dos leyes de eximición de pago del impuesto a los Ingresos Brutos para clínicas y sanatorios privados en mayo y junio por los servicios de internación, y a los comercios dedicados a la venta de bebidas y comidas por los meses de mayo, junio y julio. 

Deuda externa 

El pasado 3 de agosto, Juan Guahán escribió en Resumen Latinoamericano “FMI: Con mirada corta, Cristina desmiente a Cristina”: 

[…] Hace algunos meses tomó estado público que el FMI transferiría a varios países -Argentina entre ellos- un determinado volumen de recursos, bajo la forma de Derechos Especiales de Giro (DEG) destinados a resolver cuestiones derivadas de la pandemia. Por ese concepto ingresarían 4.350 millones de dólares. Casi inmediatamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó que esos fondos serían usados para mejorar nuestras negociaciones con el FMI pagando una parte de lo que nos reclaman. Es decir, seguir con la mecánica de siempre, nos prestan para que les paguemos. El viejo chiste, el mundo financiero hace como que me presta y nosotros hacemos como que les pagamos y sigue la calesita con una deuda que crece porque nuestros “pagos” -en general- van a la cuenta de intereses, que es lo que al sistema financiero mundial le interesa.
Cristina insinuó que esta vez se iba a plantar y que la cosa sería distinta. Para hacer visible esa decisión hizo que el Senado aprobara -el 13 de mayo- un “Proyecto de Declaración” (Expdte. 792/21) en el que se le solicitaba, al ministro de Economía, que esos fondos fueran destinados a financiar políticas públicas que den respuesta a la grave situación producida por el COVID. En dicha Declaración, se demandaba que tales recursos no fueran destinados al pago de la deuda o sus intereses.
Setenta días después, en el municipio de Escobar, la Vice Presidenta asistió a la proclamación de los candidatos de la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal del Frente de Todos, que ella conduce. Allí tomó distancia de la Declaración del Senado y dejó sentado que los recursos tendrán que ir a pagar algunas cuentas para aceitar un arreglo con el FMI.
Como tantas otras veces ocurrió en nuestra historia, los gobernantes -puestos entre la espada de los reclamos del pueblo y la pared de las decisiones internacionales- optan por los intereses de mundo financiero.
De allí y de las reservas del Banco Central saldrán los recursos para pagar: Mañana, lunes, se pagarán los 230 millones para el Club de París y con ello postergar pagos -hasta el 2022- de otros 2.000 millones; la semana próxima vencen 350 millones del FMI; de las mismas fuentes se derivarán los 3.600 millones de vencimientos del FMl, la mitad en agosto y la otra para fin de año.
De este modo el gobierno piensa asegurarse el escudo externo, la gobernabilidad que otorga el mundo financiero. 

La deuda pública de la Argentina llegó a USD 343.500 millones, su nivel más alto de la historia 

Las estadísticas preliminares de la deuda de la Administración Central de la secretaría de Finanzas mostraron un nuevo aumento de los compromisos financieros en junio a USD 343.519 millones, con lo que alcanzó su nivel más alto en la historia en términos nominales. De ese monto, USD 340.940 millones se encontraban en situación de pago normal, USD 106 millones en estado de pago diferido y USD 2.474 millones “elegible pendiente de reestructuración” (que quedaron remanentes de los Canjes de deuda de 2005 y 2010), incluyendo en todos los casos los vencimientos de capital y de pago de intereses. 

En junio la deuda subió por tercer mes consecutivo y superó el récord de julio de 2019. ¿Cómo es posible que la deuda suba si Guzmán arregló el año pasado un «canje» con los fondos de inversión? Porque no hubo prácticamente quita de capital, sólo una reducción parcial de intereses desde los exagerados niveles previos por las tasas usureras del macrismo y una postergación de pagos. Al mismo tiempo, el gobierno siguió tomando deuda para pagar deuda previa. 

Algunos analistas intentan atribuir la suba de la deuda al déficit público, pero se trata de una media verdad, ya que gran parte del déficit se produce por el pago intereses de deuda.  

Por su parte, otros aspectos que explican el incremento del stock de deuda es la “licuación” por diferencias de cambio de USD 1.183 millones, que fue neutralizada con el efecto de los ajustes devengados por la actualización de los compromisos con cláusula de ajuste por inflación (USD 1.261 millones), porque la suba de los precios fue tres veces la que registró el tipo de cambio que regula la entidad monetaria. En definitiva, se siguió garantizando a los bonistas una indexación automática por inflación, mientras a los jubilados y a los salarios los «desindexan». 

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dio cuenta que » en junio la Administración Central hizo tres licitaciones de mercado que resultaron en la colocación de distintos instrumentos por un total $590.860 millones, de los cuales se suscribieron en efectivo títulos en pesos por $402.512 millones. El resto correspondió a un canje voluntario de Boncer TC21 por el cual se colocaron Boncer T2X2 y T2X3. Con esas operaciones, Hacienda evitó acudir a los Adelantos Transitorios del Banco Central, permanecieron sin cambios con respecto al mes anterior, totalizando $1,45 billones a fin de mes. A fin de mayo, el límite máximo legal sobre el stock de Adelantos Transitorios se ubicó en $1,72 billones”. 

El semestre finalizó con un crecimiento neto de la deuda de la Administración Central equivalente a USD 7.937 millones, y se elevó en USD 30.220 millones desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández. No todo es herencia del macrismo. 

Compañeros y compañeras, desde la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, queremos invitarles a una jornada de agitación y denuncia sobre la política de endeudamiento fraudulenta e ilegítima y sus consecuencias sobre la economía, el ambiente y las condiciones de vida del pueblo trabajador. 

Tras la renegociación con los bonistas privados en 2020 y con un próximo acuerdo con el FMI, el gobierno comprometerá la economía nacional por décadas, al tener que cumplir las condiciones que impongan desde ese organismo. Por un lado hará recaer el peso de equilibrar el presupuesto ajustando las políticas sobre los sectores populares, en medio de una grave crisis agravada por la pandemia y la situación sanitaria. Por otro lado, estarán en discusión la imposición de reformas a favor del capital concentrado.  

Solo con la movilización, la denuncia y la lucha en las calles podremos torcer el brazo del capital financiero, suspender los pagos, investigar y repudiar la deuda fraudulenta y destinar los recursos económicos a la atención de la crisis social, económica y ambiental.  

La jornada tendrá lugar el miércoles 25/8 en diversas provincias de nuestro país, estando a disposición los materiales de campaña de la Autoconvocatoria. Invitamos a sumarse, organizando en su localidad, lugar de trabajo, estudio o encuentro comunitario u organizativo, alguna actividad.  Pueden contactarnos a [email protected], o en nuestras redes sociales: 

www.facebook.com/autoconvocatoria.deuda 

www.instagram.com/autoconvocatoria.deuda 

www.autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/ 

Amplio repudio a la amenaza de la UIA de no pagar el salario a los trabajadores que no se vacunen 

El flamante titular de la Unión Industrial Argentina, el abogado laboralista y representante de la Copal, Daniel Funes De Rioja, defendió el derecho de las empresas a impedir el ingreso a su puesto de trabajo a los trabajadores que hubieran decidido no vacunarse y, a la vez, sancionarlos mediante el no pago del salario. 

Las declaraciones del titular de la Central industrial coincidieron con lo que días antes había dispuesto mediante un decreto provincial el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, estableciendo la obligatoriedad de la vacunación para los empleados públicos de ese distrito a contramano de la legislación nacional vigente en la materia. 

Los dichos de Funes de Rioja recogieron un amplio repudio entre las organizaciones sindicales así como de abogados laboralistas que coincidieron en señalar la ilegalidad de la medida, tanto en lo que se refiere a la imposición de una vacunación no incluida en el calendario oficial como así también en el posible descuento salarial en franca violación con el derecho laboral vigente. 

En rigor, la única normativa existente referida a la vacunación de los empleados es la que resulta de la resolución conjunta 4/21 de los ministerios de Trabajo y Salud en la que autorizaban a las empresas a convocar a aquellos trabajadores que hubieran sido inoculados con al menos una dosis de la vacuna en un plazo superior a los 14 días. La disposición también había sido rechazada por los gremios que argumentaron que decretos presidenciales posteriores ampliaron las restricciones tornaban abstracta la resolución. 

Con todo, la norma sirvió para que empresas se valieran de ella y convocaran a sus empleados a tomar tareas. Uno de los casos fue el del chofer de la línea 60, Álvaro Pío Santillán, que fue instado a retomar tareas, contrajo el virus y terminó falleciendo. 

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, señaló que “esas declaraciones merecen ser rechazadas de manera contundente”. Para el dirigente “se inscriben en la voluntad de mostrar musculatura patronal y pretender erigirse en sujeto disciplinador de los trabajadores más que en una preocupación por la eventual existencia de algún trabajador que decidiera no vacunarse. Extorsionar con la quita del salario cuando ya sabemos lo deplorables que son es utilizar esa herramienta con una clara actitud opresiva”. 

Desde la CGT, Jorge Sola, secretario de prensa de la entidad y dirigente del sindicato del Seguro, coincidió en que “castigar en un derecho laboral a alguien a quien debiera solicitarle su compromiso social respecto del plan de vacunación no es el camino adecuado. Imponer sanciones desde el punto de vista de la relación laboral no solo es ilegal sino que no coincide con el camino de convencimiento que se tiene que seguir a los fines de lograr la mayor vacunación posible”. 

Desde la Asociación de Abogados Laboralistas, su ex presidente y actual miembro de la Comisión Directiva, Matías Cremonte, explicó que “no hay ningún gris porque la vacuna no es obligatoria. La Constitución dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande”. Por eso, continuó, “el empleador no puede arrogarse un poder de policía que solo está en manos del Estado. No pueden no pagar el salario porque el trabajador está a disposición”. 

Para Yasky “es un intento de establecer una asimetría de fuerza y dejarla graficada. Rememora las bravuconadas de los patrones de estancia más que la actitud de una central empresaria”. 

En rigor, y más allá de sectores marginales, en la Argentina no existe una tendencia a rechazar la vacunación. Por el contrario, han sido los sindicatos y comisiones de trabajadores los que han reclamado la vacunación prioritaria para sus trabajadores. A la fecha son poco menos de 26,5 millones los ciudadanos que ya recibieron la primera dosis y 9 millones quienes cuentan con la inoculación completa. Se trata de poco menos del 20% de la población la que cuenta con las dos dosis. Si esa cifra no se incrementa no es por la negativa de la población a avanzar sino, en todo caso, por el retraso en el ingreso de las dosis. 

Pero, además, si hubiera un sector que observa con recelo la posibilidad de inocularse, la responsabilidad habrá que buscarla en quienes han sembrado desconfianza sobre la efectividad de la misma e, incluso, en el secretismo que impera en los contratos con los laboratorios. 

Consultados sobre la posibilidad de que la inoculación resulte oficialmente obligatoria, los dirigentes coincidieron en avanzar por el lado de la persuasión. Yasky señaló que “todos queremos que los trabajadores se vacunen. Debieron reconocer que los primeros en plantear la condición de la vacunación para volver a trabajar fuimos los sindicatos. Lo planteamos como un requisito”. 

Yasky continuó: “ellos miraban con sonrisa cómplice a los que hacían marchas anti vacunas y promovían hacer buches con lavandina en vez de vacunarse, los que denunciaban que eran veneno. La obligación de todos nosotros debe ser vacunarse, el maestro, el que atiende en un mostrador en un aeropuerto y el que trabaja en una fábrica, pero es una actitud solidaria. Los que mejor entendemos eso somos los trabajadores. Es correcto que se definan políticas públicas pero en el marco de la persuasión y concientización solidaria de la población. Lo otro es quedarse estancado en una visión conservadora y autoritaria de los grupos empresarios que siempre tienen un rebenque a mano”. 

Para Jorge Sola “no es a través del ejercicio abusivo de la relación del empleador sobre el empleado que se logra convencer sino sobre la base del sentido común y el razonamiento y escuchar la opinión científica. Es allí donde poner el esfuerzo para lograr la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras vacunadas”. 

El Ministerio de Trabajo adelantó que rechazará cualquier sanción a trabajadores que no se hayan vacunado 

Fuentes del ministerio de Trabajo de la Nación encabezado por Claudio Moroni aseguraron quevan a rechazar cualquier sanción a trabajadores: «No hay nada que discutir al respecto.» 

Por otra parte, recordaron que está vigente la resolución 04/2021 conjunta entre Trabajo y el Ministerio de Salud que habla sobre la relación entre la vacunación del Covid-19 y la presencialidad laboral. 

La normativa, publicada el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial, estipula que los empleados que forman parte de los grupos de riesgo o sean personal de salud y «opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a los empleadores o empleadoras». 

No hace referencia concreta al resto del universo de los trabajadores y trabajadoras. Ello, según explicaron oficialmente, es porque se trata de un plan de vacunación nacional pero de carácter optativo. 

El 8 de agosto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, consideró que las personas que optaron por inocularse en medio de la pandemia «deben tener una ventaja» por sobre quienes optaron por no hacerlo. Postura diferente al planteo de castigar a quienes no quieren vacunarse. 

Por su parte, el ex presidente de la UIA y actual diputado nacional, Juan Ignacio De Mendiguren, dijo que la propuesta de la entidad de dejar de pagar el sueldo a empleados que no vayan a trabajar porque no quieren vacunarse contra el coronavirus «ayuda a acelerar» el proceso de inmunización. 

«Se está proponiendo buscar un mecanismo que tiene que ver más con incentivar a la vacunación», dijo el legislador. 

De Mendiguren dijo que la propuesta «debe hacerse en conjunto con los sindicatos ya que la vacuna no es obligatoria». 

«Se está buscando una solución al problema concreto de la no vacunación por parte de los empleados», dijo el ex titular de la UIA, quien comentó que «el Ministerio de Trabajo está estudiando esta opción». Desde la cartera laboral desmintieron de forma tajante su declaración. 

Por lo menos De Mendiguren reconoció que: «No hay posibilidad de que hoy una empresa lo haga motus propio, o decida no remunerar a un trabajador, lo que se intenta es hacer algo en conjunto con el sindicato», completó. 

Precisó que el problema a tratar es cuando alguien tiene acceso a la vacuna pero decide no vacunarse, aunque aclaró que Argentina «no tiene el problema masivo del que no se quiere vacunar». 

«Mayoritariamente la gente se ha vacunado, ese es un problema que tienen otros países», manifestó De Mendiguren, tras comentar que en Francia «nadie se contagiaba pero si no estaban vacunados no permitían el ingreso a los bares y en un día se vacunaron miles de personas». 

Insaciables 

No está claro si el Gobierno del Frente de Todos extenderá o no la doble indemnización y la prohibición de despidos que rigen hasta el fin de este año. Faltan varios meses, además cruzados por la campaña electoral pero, de todos modos, los empresarios ya abrieron el paraguas y salieron a rechazar la posibilidad de que eso pase. 

Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dijo que este tipo de iniciativas “nunca son positivas porque desincentivan tomar empelados. Por más que la norma diga que los empleados contratados hacia adelante no son incluidos en la prohibición, el problema es que en Argentina cambian las reglas del juego”. 

En tanto, Pedro Cascales, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), no sólo expresó su rechazo, sino atacó derechos elementales de los trabajadores como reclamar ante despidos y exigir las licencias correspondientes. “Esto alienta la industria del juicio porque se buscan causas para considerarse despedido y obtener doble indemnización, un tema que viene creciendo son las licencias psiquiátricas”. 

Y el que no podía faltar es el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, que también criticó la propuesta de la reducción de la jornada laboral como propone del FITU y el abogado laboralista, Héctor Recalde. Tiempo atrás afirmó que la prohibición de suspensiones y despidos y la doble indemnización son un «triple cepo laboral”. 

No es ninguna novedad que las patronales aprovechan la pandemia como excusa para ajustar a sus trabajadores. Lo hicieron ni bien se decretó la cuarentena el año pasado, cuando despidieron y suspendieron a sus empleados a pesar del decreto presidencial que lo prohibía, a pesar que el Estado terminó avalando la ilegalidad de esos despidos. 

“Vienen por el derecho a huelga y los Convenios Colectivos” 

Ricardo Peidro, secretario general de la CTA Autónoma, manifestó su rechazo frente a los anuncios sobre un cambio en los Convenios colectivos laborales, aunque todavía no haya un proyecto formal y solo se haya enterado por lo que se dice en los medios de comunicación. “No estamos de acuerdo porque se habla de que tiene que haber un aporte de los trabajadores y las trabajadoras para este fondo de indemnización”, remarcó. 

Además, dijo: “Son los mismos que promueven estos discursos. Si hay una crisis y dicen que no hay trabajo formal, los trabajadores tenemos que ceder derechos para flexibilizar las condiciones de trabajo, y renunciar a los derechos históricos. Si hay inflación o hiperinflación, nos dicen que tenemos que congelar el salario”. 

También sostuvo que quienes instalan estos discursos son los mismos que presionan para que se termine el decreto de prohibición de despidos implementado durante la pandemia, y que protestan cuando deben pagar indemnizaciones dobles si lo hacen.  

Peidro aseguró que pretenden siempre que el Estado o los y las trabajadoras aporten, y se preguntó: “¿Cuándo van a aportar estos muchachos? ¿Cuándo van a hacer que aporten? Porque no se les puede cobrar impuesto, se niegan a los derechos laborales, se niegan a aumentar los salarios”. 

Desde la Central apoyan a todas las medidas que promocionen al sector productivo, ya sea créditos, ayudas económicas, siempre y cuando se apunte a la mejora de las condiciones de trabajo, los salarios y las indemnizaciones. Sin embargo, la experiencia en el país muestra en muchos casos empresas que quiebran, cierran y se van, y dejan a sus trabajadores sin trabajo y sin la indemnización. 

“Si quieren hacer un fondo que lo hagan, pero con el fondo de los propios empresarios. Que vayan acumulando para que en caso de que quiebren haya un concurso. Primero plantear que hay una indemnización que se va a pagar por mes donde la mayor carga está en los trabajadores y por la carga del Estado. Esto es una cosa insólita. Es como decirle a un trabajador que haga un fondo para comprar la guillotina con la cual lo van a ejecutar y enviarlo a la muerte social”, expresó. 

Asimismo, sostuvo: “Tenemos que ponernos firmes, porque las patronales vienen por el derecho de huelga y los Convenios colectivos. En las últimas reuniones de la OIT, las patronales a nivel internacional ya vienen planteando arremeter contra estos derechos, y dicen que el trabajador tiene la libertad de elegir si quiere un Convenio colectivo, si quiere ser trabajador independiente, si quiere ser monotributista, y causa gracia, como si un trabajador pudiera tener libertad de elegir frente a las patronales en esa desigual relación”. 

El Gobierno descartó el proyecto empresario para eliminar indemnizaciones 

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, descartó de plano el proyecto que promueven los empresarios y que apunta a eliminar las indemnizaciones. 

«La reforma laboral no está en nuestra agenda. No vemos evidencia empírica que muestre que tenemos que cambiar el sistema de indemnizaciones», aseguró el funcionario. 

La negativa llega luego de que trascendiera el proyecto que promociona Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, titulado “Mochila Argentina”, y que fue difundido a políticos, sindicatos y empresarios. 

El nombre del borrador hace referencia a “mochila austríaca”, en base a la legislación de Austria. 

Consiste en la implementación de un seguro de garantía de indemnización, es decir, un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa. 

Por el contrario, el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía, hasta que consiga un nuevo empleo, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía. 

La iniciativa ya había sido descartada por la Asociación de Abogados Laboralistas que habían advertido que «favorece el despido y profundiza el desequilibrio existente en favor del empleador». 

Recalde contra el proyecto “Karajozian” 

El histórico abogado de la CGT, Héctor Recalde, salió al cruce del proyecto empresario Teddy Karagozian por su propuesta de “Mochila Argentina”, que busca cambiar la indemnización por un seguro de desempleo. 

Recalde se refirió al empresario como “Karajozian”, y en relación a su propuesta laboral escribió que “si pretende cambiar la indemnización, antes habría que modificar la Constitución”. 

“Es difícil que se cambie la legislación laboral actual, van a llover los planteos de inconstitucionalidad, y el mío va a ser el primero”, agregó Recalde. 

El abogado justificó la inconstitucionalidad al citar dos artículos de la Constitución: “El 14 bis dice que el trabajador tiene la protección contra el despido arbitrario, por lo que, si da lo mismo despedir o no, deja de haber protección. Y, el artículo 75 inciso 19 establece el principio de justicia social y la progresividad de los derechos”. 

Para el abogado laboralista hay que avanzar en mejorar el crédito y la capacitación. Y luego, también plantear un debate sobre la legislación laboral: “Los trabajadores no me van a aplaudir, pero hay que empezar a debatir reducir la jornada laboral, ya sea en días o en horas, es el mismo régimen que hace 100 años, podríamos aggiornarnos. También se le podría sumar la eliminación de horas extras. Por supuesto todo con el mismo sueldo, y si las pymes no pueden, que las ayude el Estado”. 

Eternizar los juicios laborales 

Por Luis A. Raffaghelli 

El traspaso de competencias nacionales al TSJ porteño tiene efectos devastadores para la justicia laboral 

Memoria 

El 7 de julio es el Día del Abogado Laboralista y víctima del terrorismo de Estado. Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de Trabajo, dotado de un finalismo singular como lo evidencia esa gran obra inclusiva y de justicia social de 1974, luchó además por un procedimiento judicial oral, con inmediatez y celeridad, para responder a las urgencias de los créditos laborales. Este recuerdo tiene mucho que ver con el tema en análisis.

El problema 

La Justicia Nacional del Trabajo, amén de sus crónicas debilidades, afronta la dilación creciente por conflictos de competencia entre distintos juzgados del fuero civil y laboral o comercial y laboral, ya que la Corte Suprema de Justicia no los resuelve directamente. 

Las soluciones adoptadas por la mayoría de la Corte, derivando la resolución al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, causan un tremendo atraso porque avanzan sobre facultades de otros poderes y normas legales vigentes. 

A su vez, últimamente se multiplican acciones judiciales que pretenden subordinar la justicia laboral al Tribunal de la Ciudad, afectando la celeridad de sus causas con un escenario altamente inquietante. 

Irrumpen recursos deducidos [1] contra sentencias definitivas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad previsto en una ley local [2] de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la elevación al Tribunal de la Ciudad con fundamento en la doctrina de la Corte. 

La competencia del juez para intervenir en un caso, es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un órgano judicial para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso. 

Hasta ahora la Corte se limitó a establecer cuál es el órgano jurisdiccional apto para resolver las contiendas de competencia, concluyendo que el Tribunal Superior porteño es el encargado de conocer en las originadas entre dos órganos judiciales con aptitud jurisdiccional no federal, con asiento en esa Ciudad, como son las distintas Cámaras Nacionales. 

La ministra Alicia Ruiz, del Tribunal Superior de Justicia, expresó en disidencia que una cosa es tener aptitud para decidir qué juez o jueza debe intervenir y otra muy distinta habilitar al Tribunal para entender en los recursos de inconstitucionalidad planteados contra las sentencias emitidas por tribunales nacionales en cuestiones diferentes a los conflictos de competencia. Cuestión que si bien afecta a todos los fueros nacionales es particularmente grave para el laboral. 

Si así fuera, sólo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia llegarían a la Corte Suprema. 

Es el máximo tribunal el que debe conocer en los recursos extraordinarios planteados contra las sentencias dictadas por los tribunales de segunda instancia de los fueros nacionales de la Capital Federal y no el Tribunal de la Ciudad, colocándolo por encima de las Cámaras Nacionales de Apelación, en todas las causas. 

La jurisdicción es una función pública asignada al Poder Judicial, y los jueces la ejercen dentro de los límites de su competencia, que están previamente fijados por las leyes vigentes. 

El artículo 129 de la Constitución Nacional, al reconocerle autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, establece que tendrá facultades propias de jurisdicción; sin embargo, también aclara el texto constitucional que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación. 

En cumplimiento de esta disposición, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.588 que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, conocida como “Ley Cafiero”, precisando los alcances de aquella facultad jurisdiccional, tal como lo ha resuelto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.[3] 

Dicha ley ha sido objeto de severas críticas por sectores afines al gobierno de CABA que reclaman el traspaso de la justicia nacional civil, comercial, laboral y penal, con todo lo que ello implica. 

Los acuerdos o convenios por los cuales la Nación fue transfiriendo competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires no han alcanzado a las controversias que atañen al fuero laboral. 

Hasta ahora, el Congreso de la Nación no ha instrumentado legislativamente el traspaso de competencias en asuntos laborales, ni se han celebrado convenios al respecto en el marco de la citada ley 24.588. 

Por ello, tal como lo sostiene la Fiscalía Nacional de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, aquellos recursos de inconstitucionalidad basados en una ley local como la 402 de CABA han sido rechazados en los fueros nacionales, ya que no se encuentran regulados por ninguna ley procesal nacional.[4] 

Ello implicaría crear, de forma pretoriana, un procedimiento inexistente en este ámbito, invadiendo la esfera propia del Poder Legislativo en contra de la normativa vigente.[5] 

La atribución de competencia a los tribunales inferiores de la Nación no es tarea de los jueces sino que concierne en forma exclusiva y excluyente al Poder Legislativo, conforme lo establece el artículo 108 de la Constitución Nacional y anterior jurisprudencia de la Corte Suprema.[6] 

La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, doctora Graciana Peñafort, se expresó en similares términos en su fundada nota Choque de libros, publicada en El Cohete a la Luna el 27 de junio. 

El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, visitó la Cámara Nacional del Trabajo a fines de 2016 y afirmó ante el pleno que el traspaso de la justicia laboral a la CABA “estaba en pañales” y no había de qué preocuparse. 

Pocos días después, el 18 de enero de 2017, el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro Garavano y el ministro de Justicia de la Ciudad, Martín Ocampo, firmaron el convenio de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires [7], iniciativa que no pudo avanzar. 

En otro caso reciente, el Tribunal Superior de Justicia en el fallo “Esuvial” se arrogó por mayoría estricta la calidad de tribunal de alzada de la Cámara Nacional en lo Comercial.[8] 

El pasado 30 de junio, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen en la causa “Levinas” firmado por el procurador interino Eduardo Casal considerando que no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia la facultad de revocar un fallo de una Cámara Nacional, ya que la ley 402 de CABA no procede contra sentencias dictadas por Cámaras Nacionales con asiento en la Ciudad. 

En un virtual alineamiento con la minoría de la Corte Suprema, señaló que admitir un recurso no previsto en la legislación nacional importaría modificar la estructura del Poder Judicial de la Nación sostenida por normas legales[9] que no fueron declaradas inválidas por el Tribunal Superior de Justicia. 

El debate toma temperatura…  ¿Qué hará la Corte Suprema ahora con su doctrina “Bazán”? 

La postura de la Corte 

El Centro de Información Judicial tituló el 19 de abril: “La Corte estableció que es el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien debe conocer en los conflictos de competencia entre jueces no federales radicados en esa Ciudad”. Con el voto de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, anunció que ya no intervendría en la resolución de conflictos de competencia entre jueces nacionales y jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (causa “Bazán”). 

Señaló que la intervención de ese tribunal local fortalecería el diseño que estableció la Constitución de 1994 en cuanto reconoció un nuevo lugar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como integrante pleno del orden federal argentino y que el cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Nacional implicaba establecer diversos acuerdos para transferir la justicia nacional al ámbito de la Ciudad. 

La citada mayoría alertó que por más de dos décadas resultaba “casi nulo” el avance de la transferencia de la justicia nacional, que por esa razón debía seguir resolviendo conflictos entre jueces que tenían jurisdicción local en la Ciudad de Buenos Aires y que ello había sido advertido. Recalcó que esa omisión tenía concretas consecuencias en el funcionamiento del federalismo en la Argentina porque impactaba en la distribución de los recursos públicos. Concluyó que, a la luz del claro mandato constituyente de conformar una CABA con autonomía jurisdiccional plena, será su Tribunal el que conozca y resuelva esos conflictos de competencia. 

La jueza Elena Highton de Nolasco, en disidencia, consideró que la transferencia de las competencias de la justicia nacional ordinaria al ámbito del Poder Judicial de CABA se debe realizar, según manda la ley, a través de convenios entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que no corresponde que la Corte dicte resoluciones que puedan interferir en ese proceso pues, de lo contrario, podría comprometer la correcta administración de justicia. 

El juez Carlos Rosenkrantz, en disidencia, consideró que el Tribunal Superior de Justicia no es el “órgano superior jerárquico común” que deba resolver el conflicto de competencia entre un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y un tribunal de la justicia nacional con competencia ordinaria, y que corresponde que el conflicto lo resuelva la Corte Suprema. 

Ante un tema de semejante trascendencia, es necesario un criterio más claro de la Corte. 

Respuesta de la Justicia Laboral. Particularidades e interrogantes 

En un caso de contienda positiva de competencia [10]entre un juzgado nacional del trabajo y un juzgado nacional comercial, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo entendió que la cuestión debía dirimirla la Corte Suprema, pero el máximo tribunal resolvió con iguales mayorías y minorías del caso “Bazán” que es el Tribunal Superior porteño el órgano encargado de conocer en tales conflictos. 

En otra cuestión de competencia entre un juzgado nacional laboral y juzgado nacional civil, con intervención de la Cámara Nacional Civil, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo dispuso en un fallo reciente [11] remitir las actuaciones a la Corte. 

Si el resultado es igual al anterior, implicará una grave dilación de los procesos ya que el Tribunal de la Ciudad no tiene la especialización de la justicia laboral ni los medios para resolver la cuestión en tiempos razonables, al margen de los contenidos doctrinarios que podría adoptar, que en la Cámara Laboral tienen 75 años de reconocida construcción. 

Corresponde tener en cuenta que la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo comprende el conocimiento de causas de carácter federal, que la particulariza. 

Por ello sería inadmisible que el Tribunal Superior de Justicia de CABA resuelva acciones y recursos a los que aluden las normas de la Ley Sindical 23.551 en los cuales se cuestionan actos o resoluciones adoptadas por un órgano del Estado Nacional como es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, relacionados con causas que tienen origen en los distintos Estados provinciales que conforman la República Argentina, en cuestiones de encuadramiento sindical de empresas de todo el país, temas de salubridad y medio ambiente, cuestiones electorales sindicales nacionales, conflictos de personería de gremios nacionales y otras vinculadas. 

Estos elementos, amén de sus componentes extra laborales y meta jurídicos, hacen que la doctrina fijada por la Corte Suprema en el caso “Bazán” no pueda ser aplicada a la Justicia Nacional del Trabajo, pues lo contrario significa un panorama muy oscuro para los litigios laborales y sus destinatarios. 

Lo que no ha podido lograrse por las vías legislativas pertinentes se está dando de hecho en un traslado de competencias al Tribunal de la Ciudad como órgano de alzada de las Cámaras Nacionales de Apelación, que en el caso de la laboral tiene efectos sociales devastadores y que también avanza en otras causas de gran estrépito político de la justicia nacional. 

A ello se suma la crisis por el trabajo judicial en pandemia y las dificultades por la falta de infraestructura adecuada, la suspensión de miles de audiencias y menos personal debido al Covid-19, situación que requiere urgentes respuestas y políticas de Estado para hacer realidad el sueño de la justicia laboral con los objetivos que llevaron a su creación hace más de 75 años. 

Los temas de competencia en la justicia nacional no deben quedar en manos del Tribunal Superior de Justicia de CABA y debe ser el Congreso de la Nación, sustento de la soberanía del pueblo, el que los solucione definitivamente. 

Resolver la cuestión de acuerdo a la Constitución Nacional y las leyes respectivas evitará el riesgo cierto de eternizar los juicios laborales de naturaleza alimentaria, nada menos. 

* El autor es juez titular de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI.

La CGT repudió las «expresiones misóginas» de los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff 

La Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un comunicado expresando “su más profundo repudio por las expresiones misóginas y cargadas de violencia de género vertidas por los diputados nacionales Fernando Iglesias y Waldo Wolff”. 

Luego de que se hiciera público un listado de personas que visitaron la Quinta de Olivos durante los últimos meses, causó un particular revuelo la presencia en la lista de la actriz Florencia Peña. A partir de entonces, los diputados nacionales de la oposición compartieron en sus cuentas de Twitter “ironías” sexualizando el carácter de la visita. 

Asimismo, la carta asegura que tales dichos son “inaceptables ya que estigmatizan y constituyen un ataque para el género femenino” y agrega que el agravante está en que “estas dos personas fueron elegidas para representar al pueblo en el Congreso Nacional, con toda la responsabilidad institucional que esto implica”. 

Por último, el texto hace un llamado a que “desde la política se condene con firmeza estas actitudes y se tomen las medidas que sean necesarias”. 

Al día de hoy, distintos sectores de la sociedad y la política han presentado pedidos de renuncia para ambos diputados, inclusive 15 diputadas se unieron en una denuncia. 

Fuerte repudio sindical a Fernando Iglesias por sus dichos sobre Florencia Peña 

La Red Intersindical compuesta por dirigentes de CGT, CTA y CTA Autónoma exige al diputado nacional una “disculpa pública”. 

“Repudiamos enérgicamente la violencia de género, simbólica, política e institucional que recibió la actriz y conductora a raíz de su reunión con el presidente de la Nación”, remarcaron a través de un comunicado. 

Es que el funcionario nacional Iglesias se había referido al encuentro que la actriz y otros personajes de la política y el espectáculo habían mantenido en diversos momentos con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos mientras en todo el país regía un período de rígida cuarentena. 

Todo se desencadenó luego de que Iglesias publicara un twit en el que afirmaba que “para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”. 

Ante esto, la organización compuesta por dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, precisó en un documento su pedido para que el diputado “se retracte mediante una disculpa pública por sus dichos sobre una mujer trabajadora de los medios”. 

“Lejos de protegerla debido a su labor como funcionario público, se sumó a las violentas y misóginas declaraciones manifestadas”, detalló la red. 

Por su parte, la actriz le respondió al funcionario repudiando el violento ataque: “Fernando Iglesias dijo que entré a las 11 y salí a la 1 am y eso es mentira; hasta dijo que era un escándalo sexual”. 

“Fui a reunirme con el presidente porque los actores y actrices estábamos muertos y decidimos poner el cuerpo para ayudar a otros”, subrayó. 

Por último, desde la organización sindical remarcaron que “una sociedad que busca igualdad entre los géneros y lucha por ella, no puede ni debe ser indiferente ante este tipo de situaciones que son violatorias de los derechos humanos”. 

Fuentes: Ambito Financiero, Tiempo Argentino, Canal Abierto, Infogremiales, Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Clarín