Quizás ningún mandatario antes en nuestra historia institucional hizo tan manifiesta su continuidad con el periodo de gobierno anterior como lo ha hecho Claudia Sheinbaum Pardo. No sólo es la primera mujer en la historia de México en ocupar la presidencia de la República, sino también la primera en declararse, como en efecto ha sido, una mera continuadora del programa de gobierno de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Y no faltan razones para ello. Si bien puede verse como un indiscutible avance del género femenino que sea ahora una representante de éste quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo, no es menos cierto que Sheinbaum ha llegado ahí no por el desarrollo de un movimiento de reivindicación del feminismo o del impulso de otros movimientos en la sociedad o dentro de su partido, sino como efecto de la designación sucesoria del tabasqueño.
Dejemos a las propias feministas ahondar en los significados y alcances de ese hecho como expresión de la vigencia del pacto patriarcal; pero fue claro desde mediados de 2021 que el hombre de Macuspana había decidido dejar el cargo en manos —en consonancia con su proclama personal— de quien le tuviera y le asegurara lealtad. No sólo continuidad a su proyecto político sino, como se ha visto, adhesión a su persona. Inolvidables aquellas declaraciones del entonces presidente, de que él mismo sería el destapador (fiel él, a su vez, a las prácticas usuales del tapadismo priista de otros tiempos), y un corto listado de personajes vinculados políticamente a él mismo serían sus corcholatas. Y dentro de esa breve enumeración de postulantes a ganar la candidatura del partido oficial ya destacaba el nombre de Claudia Sheinbaum. Como actos siguientes de la puesta en escena, las giras por todo el país, las encuestas de siempre al estilo Morena, la entrega controvertida pero muy propagandística entrega de un pretendido “bastón de mando”, la campaña dirigida desde el Palacio Nacional y el resultado electoral previsible para una operación de Estado colosal.
El caudillo lo había diseñado todo. Sin respeto a la división de poderes ni a los resultados de una elección aún por realizarse, designó coordinadores parlamentarios entre los margaritos participantes en el sainete, colocó sus piezas en la dirigencia del partido oficial Morena —primordialmente su propio hijo, heredero de su nombre— e incrustó a sus personajes de confianza en el gabinete de la nueva mandataria.
Desde entonces, poco se ha movido. Un día sí, y todos también, la presidenta se declara heredera perene de quien la llevó al primer círculo de la política nacional. La herencia se anunció el 5 de febrero de 2024, cuando López Obrador presentó sus 18 iniciativas de reformas constitucionales y dos a otras leyes, que trazaron un programa completo de cambio del régimen constitucional establecido por los revolucionarios en 1917: partidización del Poder Judicial Federal y de los homólogos estatales; desaparición de organismos autónomos y de control constitucional que sirvieran de contrapeso al Ejecutivo: INAI, Cofece, CRE, Cofetel; militarización total de la Guardia Nacional con su adscripción a la Sedena; la aún no ejecutada reforma al sistema electoral para achicar el INE, desaparecer los organismos públicos locales electorales (OPLE).
La cuestionada elección de nuevos miembros de los tribunales y la Corte se efectuó como una operación de Estado y partidaria, contándose como un fracaso por la escasa participación de sólo un 13% de los ciudadanos empadronados y la desproporcionada cantidad de boletas anuladas. Pero permitió que el partido oficial, los poderes Ejecutivo y Judicial (y también algunos mandatarios en las entidades) colocaran en esos espacios —mediante la masiva operación de distribuir acordeones para incidir en los votantes— a los abogados más afines, sin importar si contaban con experiencia o una formación deseable para administrar justicia.
La economía del país se encuentra en virtual estancamiento, con un crecimiento previsible al cierre de este 2025 de apenas 1% o menos. El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció, con base en mediciones del INEGI, que 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias a los incrementos al salario mínimo y los programas sociales. Pero otros datos indican que la población económicamente activa en condiciones de informalidad no se redujo, sino creció en 2024 en 2.4%. El sector informal, que representa más del 50% de la economía, aporta sólo el 24% del PIB. Y el porcentaje de trabajadores en situación de formalidad bajó de 81.1% a 78.6% entre 2018 y 2024.
Desde el segundo semestre de 2024 la recepción de remesas en el país ha disminuido sensiblemente, como consecuencia de la persecución y expulsión de trabajadores indocumentados en los Estados Unidos. Y habrá un inevitable impacto de las tasas de aranceles impuestas por el gobierno estadounidense a diversos productos mexicanos, que van del 5 al 50%, todo lo cual impactará en un débil crecimiento de la economía para los siguientes años.
Además, la atención social ha mostrado su peor faceta en el sector salud, una crisis irresuelta desde el gobierno anterior. El 61.1 por ciento de la población ocupada (38.4 millones de personas) y el 48.9 por ciento de la población no ocupada carecen de acceso a la seguridad social. El desabasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud del sector público continúa, a pesar de los ya incontables anuncios desde la presidencia de que el problema se resolvería en plazos breves.
Los avances en reducción de la pobreza y de la desigualdad son insuficientes y, sobre todo, endebles. Sin crecimiento económico y con un sector informal imbatible, se sostienen sobre los incrementos salariales —con lo que inciden principalmente en las franjas bajas del sector formal, que perciben salario mínimo— y en los programas de apoyo (subsidio), que inciden en el consumo de la población. Pero estos últimos se sostienen con un enorme déficit fiscal, de un billón 940,300 millones de pesos al cierre de 2024, el 5.7% del PIB, el más alto en la historia del país, que a su vez se financia con una elevadísima deuda pública de más de 17 billones de pesos, que representará el 52.3 por ciento del PIB en 2025. La deuda por habitante se ubica, así, en 131 mil 738 pesos, 17.5% más que al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Lo que los gobiernos morenistas han hecho es establecer, incluso constitucionalmente, el derecho a la pobreza: si los mexicanos no tienen empleos formales, estables y bien remunerados, ni pensiones dignas, tienen derecho a ser subsidiados por el Estado para elevar su consumo. Los dos pisos de la autoproclamada Cuarta Transformación han rehusado efectuar una reforma fiscal que eleve los ingresos del Estado gravando más a las personas físicas y empresas de más altos ingresos. Mas sin ella no existe una verdadera política de redistribución del ingreso. Y el Diccionario de la Lengua Española sólo aporta un sinónimo para la palabra continuismo: conservadurismo.
En dos aspectos la continuadora del proyecto lopezobradorista sí se ha distanciado, empero, de su predecesor: la política de seguridad pública y el combate a la corrupción. Y en ambos casos es claro que, ante el auge vivido por la delincuencia organizada durante el gobierno de AMLO, las presiones ejercidas desde Washington han puesto serios aprietos al gobierno de la presidenta morenista.
En 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, afectando a 21.9 millones de personas, que significaron un aumento de 2.2 millones de eventos y del 5% con respecto de 2023. Se trata de una tendencia inaceptable para el país, que tenía que ser revertida. Por eso, en su informe de gobierno la presidenta Sheinbaum dio cuenta de que la nueva política de seguridad ha logrado reducir en 25.3% el número de homicidios diarios, que en septiembre de 2024 ascendían a 86.9 en promedio, y actualmente se ubican en 64.9. Sheinbaum ha concentrado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch la cordinación y estrategias para el combate a la delincuencia y el narcotráfico, con apreciables resultados en detención de delincuentes e incautación de drogas ilícitas.
Y desde la llegada por segunda vez de Donald Trump a la presidencia estadounidense, cuando el número de muertes por sobredosis de fentanilo y opiáceos iba en ascenso en ese país, las incautaciones mensuales de fentanilo por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) registraron una caída de más del 50 % por la presión de Trump para que México tomara medidas enérgicas contra el tráfico de drogas. Desde febrero pasado, el gobierno de México ha entregado al de Estados Unidos, sin juicio de extradición, a 55 capos o narcotraficantes relevantes que estaban en cárceles mexicanas; algo sin precedentes.
Pero dos grandes golpes han sido la marca del primer año de este gobierno. Por una parte, la detención de 14 personajes, entre funcionarios de Aduanas y la Marina, y civiles, por el macrofraude fiscal del contrabando de combustibles, armado por altos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, seguramente, con conocimiento y tolerancia de éste. Si bien se ha indiciado ya a dos familiares del anterior secretario de Marina, Rafael Ojeda, uno detenido y otro prófugo, es claro que la investigación no llegará a tocar a éste ni al ex presidente López Obrador. Tampoco al partido Morena, varias de cuyas campañas fueron financiadas con los recursos ilegales de la venta de la gasolina y diésel contrabandeados.
Y está también la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad en tabasco en el gobierno del hoy coordinador de los senadores de Morena y ex aspirante a la candidatura presidencial Adán Augusto López Hernández. También en este caso se busca hasta hoy proteger y dejar sin responsabilidades al hermano putativo del ex presidente, que fue también su secretario de Gobernación. Pero, nuevamente, hay que decirlo, es una situación que no podría sostenerse sin un alto costo político para la presidenta y su partido. ¿Estarán dispuestos a pagarlos?
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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