Control del gasto social para pagar al FMI

El pago de jubilaciones y de asignaciones familiares cayó un 1,6% real en los últimos dos meses (setiembre/octubre) en relación con los primeros ocho meses del año. La AUH cayó 3,7% en términos reales, mientras las asignaciones familiares se incrementaron 12,5%, Tarjeta Alimentar (+64%), Potenciar Trabajo (+28%), pero estos programas inciden el 2% en el total de los gastos sociales. En cambio jubilaciones y asignaciones familiares representan el 73% de la seguridad social. 

A eso se agrega el ajuste en el sector privado. A pesar de la mayor actividad, el empleo sigue por debajo de los niveles de prepandemia y los datos de indigencia y pobreza confirman el ajuste global porque los índices marcaron para la primera mitad de 2021 casi los niveles de 2020, con largos meses restringidos en la actividad y en la circulación. 

El viernes 26 de noviembre la Cámara de Comercio Suizo Argentina organizó un almuerzo. La estrella del encuentro fue el analista Ricardo Arriazu quien afirmó: “El ajuste en salarios y jubilaciones ya se hizo y van a ajustar tarifas como parte del acuerdo con el FMI. Con eso se ahorra 1,5% del PBI y se llega a la meta”. Y agregó: “no hace falta un mayor ajuste ya lo hizo el mercado”. 

A setiembre, con relación al año pasado, aumentó la recaudación por la mejora de la actividad pero también por la suba de los precios internacionales y el valor nominal del dólar y el debut del impuesto a la riqueza. 

Pero esos mayores ingresos no fueron a jubilaciones y prestaciones sociales porque esas partidas se redujeron, y una buena parte fueron a las empresas a cuenta de los salarios (Repro) mientras aumentaron los subsidios a la energía (gas, electricidad) y los vinculados a las inversiones en vivienda y transporte. 

Las jubilaciones y pensiones tuvieron una disminución en términos reales de 7,4% porque el índice de movilidad de ANSeS no logró compensar la inflación. Eso afectó en particular al sector de jubilados que no recibió ningún bono compensatorio. En cambio, por el lado de las pensiones y retiros de las FF AA y de Seguridad se observó un aumento real del 10,1% interanual por los reajustes en los haberes remunerativos dispuestos durante el período analizado. 

Las pensiones no contributivas que perciben 1,4 millón de personas tuvieron una reducción real del 6,6% y las Asignaciones Familiares una merma del 3,1%. 

Los programas sociales presentaron una disminución en términos reales del 45% por la eliminación del IFE y ATP, que se compensó parcialmente por el refuerzo presupuestario en otras iniciativas como el Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias, las becas Progresar y el Repro que representaron más de la mitad de los fondos ejecutados en programas sociales. 

Las transferencias a las universidades cayeron 3,1% interanual porque la actualización de los salarios de los docentes universitarios no llegó a compensar la suba de precios. Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso 

Según el proyecto de presupuesto 2022, el Gobierno espera cerrar este 2021 con un déficit primario equivalente a un 4% del PBI. En los primeros nueve meses del año acumuló un déficit primario del 1,31% del PBI. (sic) 

El Gobierno en diciembre le pagará U$S 1.892 millones al FMI 

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, confirmó que el Gobierno pagará el 18 de diciembre un nuevo vencimiento con el FMI, por unos U$S 1.892 millones. 

Con esta nueva entrega, el Frente de Todos habrá pagado al FMI, desde que asumió, U$S 6.496 millones. 

«Quisiéramos llegar al mejor acuerdo posible en el menor tiempo posible. Ese es nuestro objetivo. Es una negociación de envergadura y cuando esté todo listo lo enviaremos al Congreso», sostuvo la funcionaria. 

Al mismo tiempo defendió la prohibición de cuotas para compras en dólares en el extranjero: «lo que hacemos es cuidar las reservas para tener dólares suficientes para seguir creciendo. Ese es nuestro objetivo». Sin embargo, la sangría de dólares la provoca el pago de la deuda y la fuga de capitales de los grandes empresarios. 

Al respecto, el Frente de Izquierda Unidad y distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales convocan a una movilización a Plaza de Mayo para el sábado 11 de diciembre que plantee el desconocimiento soberano de esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. 

Las distintas organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera marcharon el martes 23 de noviembre a Plaza de Mayo para repudiar al FMI, cuestionar el pago de la deuda, exigir aumentos salariales y aguinaldo completo de los trabajadores del Potenciar Trabajo. 

Este es el documento dado a conocer por dicho nucleamiento: 

¡Las estafas no se pagan, no al acuerdo con el FMI! 

• Martes 23 de noviembre a las 11:00 desde Obelisco a Plaza de Mayo y a Nivel Nacional 

El próximo martes 23 de noviembre desde las 11:00 las organizaciones que integramos la Coordinadora por el Cambio Social concentraremos en Obelisco para luego dirigirnos a Plaza de Mayo y confluir con la Unidad Piquetera, con el objetivo de repudiar una vez más el acuerdo con el FMI que solo traerá más miseria y hambre para nuestro pueblo.
Hace algunas semanas Mauricio Macri dijo abiertamente que la deuda se había usado para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir por miedo a la vuelta del kirchnerismo. A viva voz nos refriega esta estafa millonaria y lo hace con total impunidad. Es igual de bochornoso que, pese a esto, el gobierno actual del Frente de Todos esté dispuesto a descargar un brutal ajuste sobre les trabajadores, les niñes, les jóvenes, las mujeres y la comunidad LGBTI, solo para que los organismos como el FMI y los bancos sigan enriqueciéndose a costa nuestro.
Hace años decimos que la verdadera deuda es con el pueblo. Mientras haya millones de personas que no pueden acceder a la vivienda digna; mientras sigan saqueando la tierra y la naturaleza para seguir aumentando sus ganancias; mientras la educación y la salud se caen a pedazos; mientras casi la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza e indigencia; mientras casi un 10% no encuentra trabajo y quienes se ven más afectades por esa realidad son les jóvenes y las mujeres, lesbianas, trans, travestis y personas no binarias; en un país donde el 63% de les niñes son pobres y no pueden satisfacer sus necesidades básicas o ir a estudiar; en un contexto donde matan a una de nosotras cada 24 horas y el gobierno no desarrolla ninguna política efectiva para combatir la violencia de género; es inadmisible e indignante que nos quieran llevar a peores niveles de pobreza y precarización solo para seguir beneficiando a un puñado de bancos y organismos estafadores.
Aceptar las condiciones que impone el FMI es hipotecar nuestro futuro por una década más como mínimo y esto lo hará el gobierno actual en complicidad con todo el arco político que vote el plan plurianual que Alberto Fernández enviará al Congreso en las próximas semanas.
No podemos permitir que este robo pase desapercibido. Para enfrentar este brutal ajuste necesitamos ser miles en las calles, por eso convocamos a todos los sectores de la clase trabajadora a movilizarse en repudio al acuerdo con el FMI. Solo la organización y la lucha desde abajo nos permitirá oponerle resistencia a la perpetuación de esta estafa. 

• ¡Las estafas no se pagan, no al acuerdo con el FMI! ¡La deuda es con el Pueblo! 
• ¡Basta de ajuste y precarización! 
• ¡Trabajo genuino! 
• ¡Ningún trabajador por debajo de la canasta básica de $75.000 pesos! 
• ¡Aguinaldo completo de los trabajadores del potenciar trabajo! 
• ¡Asistencia integral de los comedores populares! 

También desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda llaman a las organizaciones del campo popular a realizar una gran campaña para romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la fraudulenta deuda con este organismo, con el Club de París, y aquella renegociada con los fondos de inversión. 

Compartimos la declaración: 

¡Basta de Ajuste – Fuera el FMI! 

Ante los recientes anuncios del gobierno nacional que ratifican la intención de arribar a un acuerdo con el FMI, desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda sostenemos que resulta fundamental priorizar los intereses del pueblo en vez de destinar miles de millones de dólares a pagar una deuda que es fraudulenta e ilegítima. 

Tras las elecciones generales del 14 de noviembre, Alberto Fernández realizó anuncios que incluyeron la ratificación de Martín Guzmán frente al Ministerio de Economía y el envío de un proyecto de ley al Congreso para resolver un Plan Plurianual que contenga los trazos fundamentales de la política económica de los próximos años, como parte de la negociación de un acuerdo con el FMI por la deuda de U$S 45.000 millones que Macri nos legó. 

Si bien el contenido del proyecto es aún desconocido, el presente arroja luz sobre el futuro. En términos económicos, el gobierno viene transitando un sendero claro que apunta a reinsertarse en el sistema financiero internacional, a pesar de los altos costos sociales de este camino. Por eso avanzaron en la renegociación de la deuda privada con los fondos de inversión, el achicamiento de los gastos del Estado (jubilaciones, IFE, salarios estatales) visto en los Presupuestos 2021 y 2022 y el pago puntual de los vencimientos con el FMI (U$S 6.500 millones en 2020-2021), un plan basado en los bajos salarios, la profundización del modelo extractivista junto con su intento de forjar una alianza con el círculo rojo empresarial. 

A su turno, el empresariado y la oposición derechista reclaman una política todavía más agresiva hacia el pueblo trabajador, de mayor disminución del déficit fiscal, devaluación y liberación de tarifas, restricción monetaria y reformas estructurales en los campos laboral, previsional y tributario, además de presionar para que se cierre en forma urgente el acuerdo con el Fondo para negociar sus propias deudas corporativas. Con Macri y el ex ministro Dujovne como voceros, han salido a reivindicar el acuerdo Stand By y la asistencia a los bancos comerciales. 

El FMI modera su discurso e imagen pública, pero mantiene firmes las tradicionales exigencias de políticas ortodoxas (incluidas aquellas “reformas”) y la supervisión sobre las economías deudoras, como se observó en el caso ecuatoriano. Los consensos en torno a la deuda y el ajuste están presentes en los bloques mayoritarios en el Parlamento, los actores que son mayoría en el Parlamento difieren en cuestiones de grado: plazos, montos, ritmos. 

El pedido del gobierno al FMI para estirar los plazos de pago, eliminar las sobretasas y acceder a eventuales mejoras en el futuro pueden postergar el default pero ni siquiera solucionarían el problema financiero en el mediano o largo plazo, y ya tienen sus consecuencias sociales. Es inviable hacerse cargo de una deuda que no nos corresponde pagar y que no estamos en condiciones de afrontar. 

Otras diferencias existen incluso al interior de la coalición gobernante, con un sector que si bien dice rechazar las condiciones más leoninas que un acuerdo impondría, hasta ahora solo propone ir a la discusión parlamentaria para plantear condiciones “aceptables” para el ajuste, las reformas y la pérdida de soberanía. 

Aquel Plan Plurianual debe pasar por el Congreso porque el FMI establece como condición del acuerdo un apoyo político mayoritario, es decir, el visto bueno de la oposición de Juntos por el Cambio a la propuesta sustentada por los negociadores del Frente de Todos. En otras palabras, con el objetivo de pagar la deuda, el Parlamento y el Ejecutivo, la mayoría de los bloques políticos se preparan para acordar la profundización del ajuste sobre las condiciones de vida de los sectores populares, que ya sufrimos índices preocupantes de desocupación, inflación, bajos salarios y pobreza. 

Desde la Autoconvocatoria sostenemos que la deuda con el FMI no solamente es impagable por sus elevados montos y cortos plazos, sino que fundamentalmente se trata de una deuda ilegal, ilegítima y odiosa. Fue originada para financiar la fuga de capitales y sostener al gobierno de Macri, incumpliendo las leyes de nuestro país y los propios estatutos del FMI. El gobierno lo sabe, pues el Banco Central investigó el crédito y concluyó que se trató de una gran estafa, aunque se encuentra estancada la querella judicial contra los responsables y la Bicameral de seguimiento de la deuda tampoco ha cumplido su tarea. 

Desdeñando estos aspectos, integrantes del Frente que gobierna y de la derecha opositora han insistido en que no da “la relación de fuerzas” para romper con el Fondo, que implica “caerse del mundo” hacerlo, y que es posible crecer, dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo y pagar la deuda. La experiencia de 2021 desmiente estos argumentos: la economía está rebotando a los niveles previos a la pandemia, pero los índices de pobreza e indigencia son de los peores de la historia, los salarios, jubilaciones y planes sociales siguen perdiendo frente a la inflación, la ganancia empresaria no para de crecer, mientras le pagamos al FMI y los acreedores privados miles de millones de dólares. 

Al contrario, nuestro país puede y debe tomar una decisión soberana: suspender el pago de la deuda, realizar una investigación con participación y control popular y desconocer toda deuda ilegítima. Asimismo, reorientar el presupuesto destinado al pago de la deuda para desarrollar la economía, generar trabajo, aumentar salarios y jubilaciones, los presupuestos de salud y educación. Lejos de los pronósticos sobre la “caída del mundo” que implicaría dejar de pagar, es posible seguir comerciando libremente con nuestros productos exportables con muchas naciones en el mundo y, lo que es fundamental, puede ir de la mano con la fusión de nuestra lucha con la de los pueblos latinoamericanos que enfrentan los ajustes exigidos por las políticas fondomonetaristas, creando así una enorme barrera contra todo intento de aislar a nuestro país. 

Desde la Autoconvocatoria llamamos a todas las organizaciones del campo popular a realizar una gran campaña para romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda (con este organismo, con el Club de París, y aquella renegociada con los fondos de inversión). 

La máxima prioridad hoy, es rechazar el Plan Plurianual y el próximo acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo. 

¡La deuda es con el pueblo!  

¡Fuera el FMI! 

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSION DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA 

Argentina, 23 de noviembre de 2021 

Jubilados y pensionados reclaman aumento de emergencia 

Desde la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de Argentina se advierte que tras el incremento del 12,11% en diciembre, el haber mínimo jubilatorio de 28.189,32 pesos de bolsillo hasta marzo 2022 implica que más del 70% de la totalidad de jubiladxs y pensionadxs estén por debajo de la canasta básica de una persona mayor, que era de 75.505 pesos en octubre.  

Afirman que esta es una realidad “que exige al poder político la responsabilidad de debatir y resolver, con la participación activa de las organizaciones de trabajadorxs activxs y jubiladxs, un urgente aumento de emergencia para que la jubilación mínima cubra la canasta básica de una persona mayor y recomposición proporcional en todas las escalas”. 

Desde la Mesa reclaman además la normalización del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubiladxs y Pensionadxs (INSSJP-PAMI) y el fin de su intervención: “Lxs trabajadorxs en actividad y los jubiladxs luchamos por nuestros derechos postergados referidos al ejercicio de conducción del INSSJP (PAMI). Desde hace bastante tiempo en todas las Delegaciones, Sub. Delegaciones y en los efectores del INSSJP (PAMI), se siguen deteriorando los servicios en todos los niveles, en detrimento de la salud de Jubiladxs y Pensionadxs, situación que motiva enérgicos reclamos. Es una prioridad resolver los problemas que requieren urgentes medidas por quienes ejercen la Intervención, no es prioridad las inversiones anunciadas en compras de televisores y proyección de Futbol para todos, con fondos del INSSJP. La intervención arbitraria de los poderes ejecutivos de turno, sin causa ni términos vigentes debe cesar, para ser dirigido como lo estableció la ley 19032 de su creación. Somos los trabajadorxs activxs y jubiladxs quienes lo financiamos desde el primer trabajo hasta el final de nuestras vidas. Tenemos la clara convicción, que sin nuestra presencia no hay garantías ciertas para la defensa de nuestras necesidades, las que nunca podrán ser asumidas adecuadamente por otros actores institucionales tironeados por los intereses políticos y económicos del gobierno de turno”. 

Es con este objetivo que vuelven a debatir y presentar en la Cámara de Diputados de la Nación su proyecto de Ley de Normalización del INSSPJ (PAMI), que por su no tratamiento ha perdido estado parlamentario en varias oportunidades.

¿Cuáles son los aumentos que llegan en diciembre y en enero? 

• Prepagas: el último tramo aprobado supone una suba del 9 % a partir del 1 de enero de 2022. Así, las prepagas terminarán por ajustar sus cuotas en un 61,04 % en menos de un año, de marzo de 2021 a enero de 2022. 
• Monotributo: el aporte se ajustará desde enero según el aumento acumulado por las jubilaciones en el 2021, sería del 52,6 %. Ese es el nivel de incremento que se les debería aplicar a los valores de facturación admitida en cada categoría. Los más afectados son los trabajadores precarizados como los de Rappi o los trabajadores estatales contratados bajo esta modalidad. 
• VTV: en la Ciudad de Buenos Aires el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) subirá un 51 % a partir del primer día hábil de 2022, para lo cual convocó a audiencias públicas. 
• Taxis: el alza de la tarifa de taxis en la Ciudad de Buenos Aires será del 30 %, y el tercero en lo que va del año. Empezará a regir el primer día de diciembre, fecha en que la bajada de bandera, que en la actualidad es de $ 85, y la ficha de $ 8,50, pasarán a costar $ 111 y $ 11,10, respectivamente. 
• Autopistas: la audiencia pública se hará el 22 de diciembre y el incremento empezará a regir a partir del 7 de enero en las trazas de la autopista Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Alberti y el Paseo del Bajo, esta última exclusiva para el tránsito pesado y micros de larga distancia. Según lo previsto por el Gobierno porteño, el peaje subirá un 45 % promedio, con un valor para el tránsito liviano en horario pico que pasará de $ 61 a $ 88,50 en la autopista Illia, de $ 148,22 a $ 215 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y de $ 41,85 a $ 61 en el peaje Alberti; en tanto el costo del Paseo del Bajo pasará de $ 135,63 a $ 199,66. 
• Estacionamiento medido: en la Ciudad de Buenos Aires aumentará un 50 %. Pasará de costar $ 30 a $ 45 la hora. La audiencia pública virtual se hará el 23 de diciembre y se implementará el 24 de enero del 2022. Se trata del segundo incremento que se dará en menos de un año, ya que el anterior, de un 100 %, había sido en marzo pasado. 

Canasta básica 

Una familia de cuatro miembros necesitó en octubre un ingreso mensual de $72.365 para no ser considerada pobre, según el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió en ese mes 2,6%, informó el INDEC. Cabe consignar que para la Junta Interna ATE-INDEC, una familia tipo necesitó en octubre 116.134 pesos para satisfacer sus necesidades básicas. 

El mismo grupo familiar necesitó $30.925 de acuerdo con el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), para no ser considerado indigente, que en la misma comparación aumentó un 2,7%. 

Tanto la suba mensual de la CBT, que define el nivel de pobreza, y la de la CBA, que marca el nivel de indigencia, aumentaron en octubre por debajo de la inflación del mes del 3,5%. 

En la comparación interanual, la canasta básica total registra un aumento del 45,0%, mientras que la básica alimentaria crece desde octubre del año anterior, un 49,3%. 

Ambas canastas aumentaron su costo por debajo del alza de los precios minoristas en los últimos doce meses, que se ubicó en el 52,1%, según el Índice de precios al Consumidor (IPC). 

Prohibición de despidos y doble indemnización: el Gobierno no quiere su prórroga 

Lo aseguró Claudio Moroni (Trabajo) durante un evento en la localidad de Campana que compartió con otros funcionarios, como Jaime Perczyc (Educación) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) pero también con empresarios como Funes de Rioja y Paolo Rocca, anfitrión de la jornada. 

Como viene manifestando desde hace un tiempo, el funcionario explicó que como la situación del país «se está normalizando, es altamente probable» que ambas iniciativas no sean prorrogadas. 

Este es un reclamo empresarial desde hace tiempo. A pesar de que los empresarios se cansaron de despedir trabajadoras y trabajadores (violando sistemáticamente las leyes) y el Gobierno se los dejó pasar, de todos modos prefieren que ambas leyes no existan más. 

Conflictos sindicales en curso 

El pasado viernes 26 de noviembre choferes de colectivos no encolumnados con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), realizaron una jornada de protesta con corte en el Obelisco. 

Los choferes autoconvocados reclamaron aumento en los salarios, la entrega de un bono de fin de año y mejoras en la obra social. 

En su convocatoria señalan que «esta jornada de lucha se da en el marco de la exigencia a nuestros sindicatos por la reapertura de paritarias, Exigimos salario básico inicial conformado de 150.000 para todos los trabajadores». 

Participaron choferes de La Perlita, 203, 440, 216, 740, 620 y Empresas del Oeste. 

La planta de Branca de Tortuguitas es el centro de un conflicto obrero. Los trabajadores y su comisión interna vienen realizando reclamos por la situación salarial y las condiciones de trabajo. La empresa no quiere dar respuestas pero además persigue y amenaza. Así empuja a un conflicto que lleva más de un mes y la producción se ve severamente afectada ya que se encuentra a un 30% de su capacidad y en las provincias más importantes (Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero) no hay fernet. 

Darío Obdi, delegado junto a José Vera, contó los motivos del conflicto. “En estos últimos dos años la empresa amasó ganancias extraordinarias, pero para la parte obrera solo hubo malas condiciones de trabajo, aumento en el volumen de producción y por lo tanto de nuestro esfuerzo, salarios a la baja y la estafa de los contratos temporarios. Además la gerencia tiene el tupé de querer imponer mediante engaños un sistema de flexibilización laboral al que llaman Manufactura de Clase Mundial, donde cada operario debe realizar mantenimientos mecánicos en el sector donde realiza sus labores. Una especie de reforma laboral de hecho. Por otra parte, la gerencia se ha negado a discutir una recomposición salarial seria frente al rápido aumento que afecta a la canasta básica, mientras para ellos se auto otorgan premios”. 

En las últimas semanas tuvo que intervenir en ministerio de Trabajo. “A más de un mes de que tomaran estado públicos nuestros legítimos reclamos –sigue Darío– y a una semana de vencida la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de trabajo de Malvinas Argentinas, la gerencia de Fratelli Branca no tiene más respuestas que atacar aplicando descuentos salariales por los días de retención de tareas, y más grave aún, empezando a perseguir a los compañeros en las líneas de producción”. La empresa empuja a que los trabajadores pongan en riesgo su salud, exigiendo tareas y esfuerzos físicos que están prohibidos por ley ni en ningún acuerdo firmado entre el sindicato y la empresa. 

El pasado 29 de noviembre el SUTE (Mendoza) le presentó a José Thomas, Director General de Escuelas, una nueva exigencia de apertura de la paritaria salarial. Explican la urgencia de esta instancia teniendo en cuenta la imposición por decreto de la pauta salarial para este año y una sistemática negación al diálogo por parte del Gobierno. 

“La situación del sector educativo es muy grave: necesitamos paritarias, equiparación de asignaciones y aumento salarial ya”, declaran desde el Sindicato Unido de los Trabajadrxs de la Educación. Además, agregan que el ajuste que se vive es tal que las asignaciones familiares por hijos e hijas que se paga en Mendoza “son hasta 17 veces menos que las que paga la Nación”. 

También se exige el blanqueo bonificable y remunerativo del bono “en negro” impuesto por decreto a principios del 2021 y la recomposición salarial. Recordemos que durante el 2020 no se otorgaron aumentos y que la propuesta del 2021 no alcanzó a cubrir la inflación, por ende mucho menos a recomponer la pérdida del salario. 

Luego de haber parado este miércoles la planta ubicada en Pacheco contra el despido de cinco contratados por agencia, los trabajadores de Linde (ex Praxair) decidieron que hasta el lunes prestarán trabajo a reglamento y realizarán asambleas cada dos horas. Exigen que los despedidos sean incorporados a la planta permanente. 

En un comunicado de prensa de la Comisión Interna, se denuncia que los despedidos fueron “contratados fraudulentamente por agencia hace más de un año y medio”. Menciona que los tratan como “descartables” y que ellos “fueron claves para lograr el aumento de la producción (la producción se duplicó en estos últimos dos años) necesario para abastecer a clínicas y hospitales con oxígeno medicinal imprescindible para contrarrestar los efectos de la pandemia de coronavirus”. 

El jueves 2 de diciembre, de 8 a 10 horas, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), realizó una apertura de molinetes en la estación Congreso de Tucumán de la Línea D, contra la presencia de empresas contratistas/tercerizadas que realizan tareas propias de las y los trabajadores del sector Mantenimiento. 

Matías, delegado de mantenimiento del subte, también denuncia que Emova/Metrovías mandó matones al lugar: “La empresa mandó personal de seguridad interna para impedir la medida. Empezaron a los empujones, en una clara provocación de Emova (antes Metrovías). Cambiaron el nombre, pero siguen con los mismos métodos. Argumentan que el personal existente no llega a hacer las tareas necesarias, lo que es una mentira. Es una excusa para poder meter las tercerizadas y realizar sus negocios”. 

Ya el 19 de noviembre se había llevado a cabo una acción con la misma denuncia y liberaron los molinetes de la estación Rosas de la Línea B. 

El sindicato AGTSYP fue convocado a una audiencia en la subsecretaría de Trabajo de la Ciudad. En la misma, la parte gremial había planteado que se retiren las empresas tercerizadas que están realizando tareas convencionadas, que la empresa concesionaria del subte contrate el personal necesario para realizar esas tareas, y que provea de herramientas y materiales para llevar a cabo las mismas. 

El modus operandi es el de siempre: contratan empresas externas, con trabajadores a los que les pagan migajas y que trabajan en condiciones paupérrimas. Es sabido además que la contratación de estas empresas representa un gran negocio del cual todos sacan tajadas, menos los trabajadores y usuarios. 

El jueves pasado las y los trabajadores despedidos de Latam volvieron a la pelea. Realizaron una movilización en Aeroparque para exigir al gobierno nacional que cumpla con el compromiso asumido por los ministerios de Trabajo y Transporte en un acta firmada junto a los sindicatos en la que se comprometieron a darles continuidad laboral en la actividad aeronáutica. 

A continuación reproducimos el comunicado: 

Movilización al Aeroparque Jorge Newbery (Jueves 2 Diciembre. 7 AM) Que el gobierno cumpla con la continuidad laboral. Basta de impunidad de la empresa LATAM. Los/as trabajadoras/es de LATAM volvemos a movilizarnos al Aeroparque Jorge Newbery a más de un año y medio de los despidos masivos de esta multinacional. El compromiso de continuidad laboral en la actividad aeronáutica, para con los trabajadores de LATAM, firmado por los Ministerios y los sindicatos de la actividad, no se está cumpliendo. El rebote en la actividad aerocomercial es un hecho. El Ministerio de Transporte, informó, que los primeros 15 días de noviembre se produjeron más de 400 arribos internacionales. El último finde largo marcó record, con un 25% más de turistas en comparación a los años anteriores a la pandemia. El programa de fomento al turismo, “Previaje”, adelanta una temporada exitosa para la industria. Nos dijeron que esperemos la reactivación. Hoy hay más pasajeros que en la prepandemia. LATAM, volvió a operar desde Aeroparque, y desde el interior las rutas más rentables; hacen negocios en dólares y euros. Los trabajadores seguimos en la calle a pesar de que el gobierno firmó un acta de continuidad laboral que no cumple. Los funcionarios del Ministerio de Transporte alegan que el “compromiso asumido no obliga” a las privadas de la actividad a asumirlo. Mientras tanto la mayor parte del incremento laboral se dirige hacia Aerolíneas Argentinas, donde los trabajadores están sobrecargados, con ritmos extenuantes debido a la falta de personal. El gobierno tiene la solución al alcance de la mano. Como dijimos desde el primer día, la reactivación en los aeropuertos es con todas y todos adentro. 

TRABAJADORAS/ES DE LATAM EN LUCHA. 

La conducción de la Asociación Bancaria (AB) ratificó el paro previsto para el jueves 2 de diciembre en todas las sucursales del país del banco Santander. Además denunció al grupo empresario por «extorsionar» y pretender cerrar un centenar de sucursales. 

Un documento firmado por el Secretariado Nacional del gremio señaló que esa entidad financiera «insiste en cerrar 100 sucursales y tercerizar la operatoria bancaria para eludir el cumplimiento de las condiciones laborales en la actividad y se niega a pagar el bono anual» por el Día del Trabajador Bancario. 

El gremio sostuvo que el Santander tiene sobre el pago del bono anual «una actitud extorsiva y de apriete, y condiciona su efectivización al cese del rechazo sindical al cierre de sucursales, que afecta la atención al público, y a la pérdida y precarización del empleo en el interminable ajuste que ejecuta a pesar de la emergencia nacional». 

«La Bancaria rechaza esa aberrante conducta y exige su inmediata rectificación, y ratifica el paro total y nacional de actividades, con concurrencia a los lugares de trabajo, y el respaldo activo de las seccionales gremiales», concluyó el comunicado del gremio. 

El paro se llevará adelante en todo el país, según adelantó la conducción del gremio y las directivas de distintas seccionales. 

La medida extorsiva del grupo español no tiene ningún fundamento “económico”. Según los datos ofrecidos por La Bancaria sobre balances del propio banco, el Santander se ubicó entre «los escasos ganadores del primer año de la pandemia de coronavirus y ganó de forma neta en Argentina 6.000 millones de pesos».  

Santander ya viene cerrando sucursales desde hace un tiempo. En Paraná, Entre Ríos, ya cerraron dos sucursales y no está claro qué va a pasar con las otras dos. 

Desde las primeras horas de la mañana los medios fueron dando cuenta de la ausencia de actividades en las sucursales de casi todas las provincias. Las medidas incluyeron concentraciones de los “cuerpos orgánicos” del gremio en Tucumán, Rosario, Córdoba y otras ciudades. 

Lo que no aclaró el secretariado del gremio es qué medidas van a tomar si el grupo empresarios decide avanzar con el ajuste. El cierre de algunas sucursales hace pensar que no alcanza con un día de paro, sino que se tiene que poner en marcha un plan de lucha que exceda al Santander y ponga en juego todas las fuerzas de las trabajadores y trabajadores que hacen funcionar el sistema financiero en la Argentina. 

Trabajadores de la salud 

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realizó el viernes 3 de diciembre un nuevo paro de 24 horas, que incluyó una movilización desde Plaza Moreno hasta la Gobernación, en La Plata. Se reclamó al gobernador Axel Kicillof la «reapertura de paritarias» y «recomposición salarial». 

También se refirieron a «la culminación de un nuevo Reglamento de Residentes con ampliación de derechos y mejores condiciones laborales» que «debe ser parte del reconocimiento, en este caso hacia el sector que mayor sobrecarga tuvo y sigue teniendo para sostener el funcionamiento del sistema público». 

El sindicato de Profesionales de la Sanidad, SiPrUS (Santa Fe), informó que ante los reclamos efectuados para solicitar el reconocimiento de lo realizado durante la pandemia, el gobierno provincial hizo descuentos salariales masivos al personal de salud. «Fuimos esenciales, pidieron aplausos para nosotros y esta es la única respuesta de fin de año que les dan a lxs ‘héroes’ que solo piden por sus derechos», plantearon los trabajadores y las trabajadoras. 

“Pretenden que no digamos nada mientras la población va perdiendo su derecho a la salud. Sabiendo además que el gobierno tiene los recursos económicos para resolver los problemas. Desde este miércoles 1° se convocan a asambleas en toda la provincia, en las que se definirán las acciones a tomar ante este atropello a la salud pública», adelantó el presidente de SIPRUS, Diego Ainsuain. 

La Agrupación de Trabajadores de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), nucleados en la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), convocó a un paro y movilización el jueves 2, en rechazo a «los despidos y persecuciones sindicales», por la reapertura de paritarias y el pase a planta permanente de trabajadores contratados. 

La protesta se realizó desde la sede del Hospital Durand -ubicado en la avenida Díaz Vélez 5044- y llegó a la sede del ministerio de Hacienda porteño, ubicado en Rivadavia 525, donde se realizó una concentración. 

«Estamos exigiendo que dejen de despedir compañeros y su inmediata reincorporación; el cese la persecución gremial de los funcionarios del Gobierno porteño contra los trabajadores y las trabajadores; la reapertura de las paritarias para nuestro sector y el pase a planta permanente de trabajadores contratados desde hace tiempo por el estado de la Ciudad», precisó Gastón Kalniker, delegado de ATE en el Hospital Durand. 

La movilización de los estatales porteños se realizó en el marco de un paro general por 24 horas, votado por unanimidad en un plenario general de delegados sindicales, desarrollado durante el fin de semana. 

«Las y los trabajadores de la salud queremos denunciar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por las maniobras donde declaran cesante al compañero Héctor Ortiz, quien en su lucha expuso durante los inicios de la pandemia los dramas de los trabajadores de la salud», indicaron voceros del sector. 

Ortiz, enfermero y referente sindical en el Hospital Durand y en el Hospital de Niños Pedro Elizalde, señaló que las autoridades porteñas «anunciarán en este mes 3.000 despidos que ya están en camino», que afectarán a «a los enfermeros y médicos que han ingresado en la pandemia». 

«Van a anunciarlo en este mes y quieren callarme la boca porque he sido la voz cantante», puntualizó. 

Ortiz trabajó 38 años en el Hospital Durand mientras que en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde -ex Casa Cuna- cumplió tareas durante 35 años. 

La Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) realizó la 2°Marcha de las Antorchas de la Enfermería. Los reclamos centrales fueron aumento salarial, bono de $100.000 y la inclusión en la Carrera Profesional. 

Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y referente de ALE declaró: “La situación de la enfermería es indignante: atravesamos toda la pandemia jugando un rol social, clave, y nuestra situación actual es que tenemos salarios por debajo de la canasta de pobreza, hay personal contratado que se está despidiendo y seguimos sin ser incluidas en la Carrera Profesional de la CABA. Todo, en la ciudad más rica del país”. 

Por su parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y también referente de ALE completó: “Decimos que pasan las pandemias y las elecciones, y Larreta sigue sin reconocernos. Pero, vamos a seguir reclamando incansablemente en las calles: somos Orgullosamente Enfermería. Vamos a exigir a la nueva Legislatura que trate antes de fin de año el pase a la Carrera Profesional y en Plaza de Mayo vamos a levantar los reclamos de toda la Enfermería del país que la sigue pasando muy mal”. 

La lucha de los profesionales de la salud nucleados en SIPROSAPUNE Fesprosa obligó a los legisladores neuquinos a enviar nuevamente el proyecto a Comisión I para seguir su trayecto. 

Ante la victoria obtenida, el SIPROSAPUNE elevó un comunicado: 

“Hoy, finalmente luego de 8 intensas jornadas de lucha de nuestro sindicato hemos conseguido que los diputados de la provincia de Neuquén procedan a desarchivar la ley de carrera profesional que el 2 de noviembre entre gallos y medianoche en una jugada desleal de parte de algunos diputados y Carlos Quintriqueo de ATE decidieron intentar sepultar. 

Seguramente no contaban con la magnitud de nuestra fuerza ni con la dignidad de todo el colectivo de trabajadores profesionales de la salud, que ha hecho suyo cada artículo de este proyecto de ley. 

Hoy la Legislatura en pleno se vio obligada a desarchivar este proyecto y resolvió enviarlo nuevamente a la comisión I de trabajo para que luego de esta siga el trayecto de comisiones que tenía previamente al fatídico archivo. En la comisión I de trabajo es donde se estuvo trabajando los últimos 5 meses con el Ejecutivo  provincial y los diferentes bloques parlamentarios. Creemos que en esta instancia no hay ya mucho por agregar al proyecto y vamos a exigir que el bloque del MPN ponga por escrito todas las modificaciones que dijo pensar que son necesarias al momento del  archivo pero que no se les habían ocurrido en los últimos 5 meses y medio para poder avanzar en el trámite parlamentario y finalmente poder discutir cuestiones de constitucionalidad en la comisión A y de presupuesto en la comisión B. 

Dejamos en claro que la paciencia de los profesionales tiene un límite y que vamos a exigir mayor celeridad en el tratamiento de esta ley y su posterior aprobación. 

¡Felicitaciones a todos los compañeros que de una u otra manera contribuyeron a este logro colectivo!”. 

Trabajadores de medios 

Varios trabajadores fueron despedidos de la Radio AM750 y Mucha Radio, medios del Grupo Octubre que dirige el sindicalista y empresario Víctor Santa María. 

Los despidos no son una novedad en el Grupo Octubre. Al cierre de FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo), cuya frecuencia fue transferida a Mucha Radio, se suman antecedentes de despidos previos en esta última radio, junto a AM750, IP Noticias y otros medios del segundo Grupo de medios más grande del país después del Grupo Clarín. 

La medida es tomada en plena vigencia de la prohibición de despidos dictada por el Gobierno Nacional (DNU 329/2020) el 31/3/2020. Desde la empresa intentaron argumentar que los programas vespertinos de radio medían bajo en rating y responsabilizaron de esto a sus productores, a quienes decidieron despedir. Además, levantaron la programación de la tarde de AM750. 

La mayoría de los despedidos trabajaban en condiciones de precarización laboral y con salarios por debajo de la línea de pobreza, algo frecuente en el multimedio también propietario del diario Página/12. 

A contramano del argumento de la empresa, la caída en el rating de AM750 -que supo ser la tercera AM más escuchada- tiene otros factores explicativos. 

Una de las razones que explica la caída del rating es la limitación editorial producto de la constante censura. Durante los últimos años en los medios del Grupo Octubre ha trascendido la existencia de llamadas “listas negras”, según las cuales no se pueden nombrar a ciertos funcionarios (propios y ajenos) no alineados con el propietario Santa María, secretario general del SUTERH que es a su vez Presidente del Congreso del Partido Justicialista porteño, o con Gisela Marziotta (diputada nacional por el Frente de Todos), vinculada al empresario. 

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se manifestó en rechazo a la medida. 

Los y las trabajadoras de prensa nucleadas en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) llevaron adelante un paro por 24 horas el jueves 25 en reclamo de un «incremento salarial igual para todas las escalas», «que se ajuste a los números de la inflación» y que su sueldo «básico equipare la Canasta Básica total que difunde el Indec». La medida de lucha se dio luego que los representantes de las empresas periodísticas de Río Cuarto no asistieran a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, además de que «tanto en Interior A e Interior B, las empresas mejoraron la propuesta, pero no satisfizo», expresó el sindicato. 

La conducción nacional del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) denunció que «la empresa Merco Comunicaciones desconoce la ley» y afirmó que despidió en Formosa de forma «injustificada e ilegal» a dos trabajadores. 

El Satsaid rechazó los despidos y reclamó su revisión, y solicitó a la compañía que respete las normas vigentes, pero «la firma mantiene una postura intransigente», dijo.

«El problema de Merco no es con un supuesto acto de indisciplina de dos trabajadores sino con las leyes laborales y con el sindicato, que reclama lo que le corresponde a cada uno y exige que respete a sus empleados», señaló el documento de prensa. 

El gremio presentó un recurso judicial en demanda de la reincorporación de Sotelo y «se puso a disposición de Ruiz Díaz para asistirlo y acompañarlo en sus derechos». 

La Comisión Interna de Clarín y SiPreBA repudiaron el ataque contra el edificio de ese medio, ubicado en el barrio porteño de Barracas. 

En un tuit se señaló “Junto al @sipreba repudiamos el ataque al edificio de Clarín, nuestro lugar de trabajo, en el que hay compañeras y compañeros durante las 24hs. Exigimos urgente esclarecimiento de los hechos y condiciones seguras para ejercer nuestras tareas sin riesgos y con libertad”. 

El hecho se produjo en la noche del lunes 22, pasadas las 23:00. Lo que registraron las cámaras fue la imagen de personas lanzando lo que parecen bombas molotov contra la puerta de entrada principal. El hecho no causó daños notorios. La puerta se hallaba cerrada y no había nadie en ese momento. 

Las segundas elecciones generales del SiPreBA, en las que se renovaron todas las autoridades por el período 2021-2025, contaron con la masiva participación de afiliades de todas las asambleas y sectores del gremio: medios públicos, privados y autogestivos, así como de gran cantidad de compañeres freelance. 

La lista de Unidad Pluricolor encabezada por Agustín Lecchi (Televisión Pública) como Secretario General, junto con Ana Paoletti (Página/12), Carla Gaudensi (Télam) y “Paco” Rabini (Clarín), fue elegida como la nueva Comisión Directiva que asume por estos cuatro años. 

La votación, de la que participó más del 50% del padrón, se realizó el miércoles 17/11 entre las 7 y las 21hs, en más de 15 mesas electorales en los principales medios de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. 

También, destacan que “la Comisión Directiva electa, que tiene paridad de género en sus cargos, es resultado del trabajo para la unidad política hecho durante los últimos 6 años en el SiPreBA, la cual sintetiza las distintas expresiones que conforman nuestro sindicato, una organización surgida desde las asambleas con representantes que trabajan en los medios privados, públicos y autogestivos. Con renovación generacional, inclusión de nuevos y más sectores, además de importantes nuevos desafíos, el camino a seguir por las autoridades entrantes será una continuidad de lo logrado y fundado por Tato Dondero y Rubén Schofrin desde el 2015 en el SiPreBA, así como por Osvaldo Bayer, Ana Ale, Emilio Jaúregui y todes les compañeres que han sostenido la defensa del periodismo y de los derechos laborales en nuestro oficio a lo largo de la historia”. 

El comunicado finaliza señalando que “la masiva participación de les afiliades durante la jornada del 17/11 junto al apoyo de la FATPREN, del gremio de prensa a nivel nacional y de un amplio arco de organizaciones del movimiento obrero y político, confirman la legitimidad y la representatividad de nuestro sindicato, así como la imprescindible y urgente presencia de #SiPreBAEnParitarias en pos de recuperar nuestros salarios y discutir la sustentabilidad de nuestro oficio con plena vigencia y respeto de los derechos laborales”. 

¿Qué etapa comienza con la nueva conducción?, le preguntaron al flamante secretario general. 

–Para nosotros la elección es un momento refundacional del sindicato, es parte de un proceso de madurez y consolidación. Si bien es una lista de continuidad con la conducción anterior, nos propusimos hacer una campaña fuerte y masiva. El alto nivel de participación sorprendió incluso a los más optimistas. Empieza una etapa para afiliar y construir en los pocos lugares en los que todavía no estamos y redoblar esfuerzos para consolidar la organización donde ya estamos. Es fundamental lograr que todo el gremio esté alcanzado por las normas convencionales y las regulaciones laborales para los desafíos que tiene hoy el periodismo. Defendemos nuestros convenios y el Estatuto del Periodista, pero sabemos que hay todo un sector, como los free lance, que no están alcanzados. Necesitamos ponerlo en discusión para conquistar derechos y que no haya ningún sector del gremio flexibilizado, sin regulaciones laborales. 

–Los empresarios de medios usan cualquier contexto y situación para avanzar con más precarización. Ahora fue la pandemia, antes el contexto político facilitado por el macrismo y un Ministerio de Trabajo con el objetivo de hacer una reforma laboral que en los medios, de alguna manera, se aplicó de hecho con despidos masivos y cierres. Hoy se recuperó el empleo en la actividad, pero en muchos casos sin regulaciones ni convenio colectivo y con violaciones al Estatuto. Es uno de los problemas centrales. La regulación tiene que apuntar a discutir las formas de trabajo, pero no puede haber trabajadores y trabajadoras sin derechos laborales. También hay que debatir cómo el Estado regula a las plataformas, como Facebook y Google, que se valen de la tarea periodística sin que los y las periodistas vean nada de todo eso. 

¿Cuáles son los principales desafíos y reclamos? 

–Además de cuidar el trabajo con plenos derechos y no flexibilizados, el salario es un problema central. Para el corto plazo el desafío más importante es recomponer los ingresos y que SiPreBa esté sentado en la mesa de negociación salarial. Por ejemplo, Fatpren (la federación nacional) consiguió un 45% de aumento en el año discutiendo con la Cámara que agrupa a los diarios del interior, con menos peso y menos pauta oficial mientras que la Utpba, un sindicato vacío y sin representatividad en las empresas, firmó 30 %. Es una rebaja salarial y una pérdida constante del poder adquisitivo. Por eso planteamos al Ministerio de Trabajo y a las cámaras que SiPreBa tiene que estar en las paritarias. Y la masividad de la elección lo ratifica. Demostramos que el método que aplicó Fatpren es el que puede ayudar a recuperar el poder adquisitivo perdido: discutir en asambleas, plenarios de delegados y medidas de fuerza cuando son necesarios. 

Elecciones sindicales 

En la mañana del 25 de noviembre Roberto Coria, el titular del Sindicato de Guincheros, sufrió un ataque a balazos en la puerta de su casa. Fueron cuatro tiros. Quedó herido, pero se encontraba fuera de peligro. Convocó a los afiliados “a concurrir a las urnas y votar masivamente”. Al día siguiente el gremio renovaba sus autoridades. 

Luego de tres años, se hicieron elecciones en Mondelez Victoria (la segunda fábrica más importante de la Alimentación) . El resultado fue favorable a la Verde (oficialista): 192 a 191. 

La lista 3 (oposición) fue una unidad de la Agrupación Blanca y Negra y la Bordó. Hace tres años la Verde tenía 336 votos. Logró sostener la Interna, pero con una oposición mucho más fuerte. 

La semana pasada, la Junta Electoral de la Unión Ferroviaria (que siempre está compuesta solamente por miembros del oficialismo Verde, lo que deja a su criterio arbitrario y parcial el establecimiento de requisitos) publicó la convocatoria a elecciones a Cuerpo de Delegados en las distintas líneas ferroviarias: la fecha que determinó es el 22 de diciembre, es decir, apenas 5 días después de la elección para cargos directivos en Seccionales de la UF, que son el 17/12. Con apenas una semana para armar listas para delegados (la fecha límite de presentación era este martes 30/11), la oposición Multicolor logró vencer un importante desafío presentando listas en las principales líneas del AMBA (las más numerosas). 

El próximo 17 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones a autoridades para el sindicato de la Unión Ferroviaria, en manos de la peronista Lista Verde. En la línea Roca, la Junta electoral sentenció a través de argumentos poco claros la proscripción de la principal lista opositora, conformada por sectores de izquierda. Tras una concentración en el Ministerio de Trabajo, la agrupación opositora pudo arrancarle una reunión al jefe de la cartera laboral, Claudio Moroni. 

Los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en el SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) están en vías de renovar autoridades. La lista opositora de Carlos Elías le disputa a la de Amadeo Genta por primera vez la conducción. 

Ahora se pone en duda cuándo podrá efectuarse la elección y en qué condiciones. 

El Juzgado Nacional de 1ra instancia del Trabajo N° 40 ordenó dar traslado a la cautelar que interpuso la agrupación opositora de Carlos Elías que continúa su pelea legal para suspender los comicios del SUTECBA hasta que se regularicen los procedimientos electorales. 

En ese sentido, la Justicia designó una fecha de audiencia en la sede del juzgado, para el 23 de noviembre de 2021 a la que convoca a la parte actora, la Junta Electoral de SUTECBA y al Ministerio de Trabajo. 

«Ellos se confiaron pero la Justicia citó a todas las partes para el miércoles. Algo notaron que no estaba bien en todo este proceso electoral. Y por algo citaron al ministerio de Trabajo», afirmaron fuentes cercanas a Elías. 

Genta, de 86 años, hace 38 que es el secretario General del gremio y si consigue su propósito de ser reelecto alcanzará más de 4 décadas ininterrumpidas en el poder. 

El SUTECBA es un gremio clave y tiene una estratégica para mantener la imagen de orden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho es conocida la buena sintonía entre el gremialista y las gestiones de Mauricio Macri primero y Horacio Rodríguez Larreta después. 

Criminalización de la protesta social 

El jueves por la tarde tuvo lugar una movilización en la Ciudad de Buenos Aires para exigir la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz. Se trata de dos compañeros militantes de izquierda que acaban de ser condenados por su participación en las masivas movilizaciones que enfrentaron la reforma previsional de Macri, en diciembre de 2017. 

En la movilización también se exigió la libertad para Sebastián Romero, también perseguido y detenido por su participación en las movilizaciones de diciembre de 2017. Además, que el Estado argentino no extradite a Colombia a Facundo Molares, militante popular. En aquel país su vida corre peligro. 

De la movilización participan organismos de derechos humanos como APDH, CeProDH, Apel, CADH y otros. Además estuvieron presentes algunos de los referentes más destacados del Frente de Izquierda Unidad como Nicolás del Caño, Gabriel Solano, Néstor Pitrola, Vanina Biasi y Guillermo Kane, entre otros y otras. 

Criminalizando el derecho a la protesta social y buscando así disciplinar a quienes luchan por el derecho a una vivienda digna, Guillermo Galantini fue detenido el martes 23 de noviembre junto a otras tres personas, entre ellas su hijo, en el momento en que buscaban solidarizarse con familias desalojadas de un terreno en el que vivían hace 50 años. 

A la fecha, Galantini es el único privado de su libertad, dado que desde el día viernes 26 fueron liberados los otros tres detenidos, gracias a la movilización popular. 

El sábado 27 el referente de Derechos Humanos en Monte Caseros declaró como imputado. Las causas que se le imputan serían “resistencia a la autoridad, lesiones y obstrucción a la justicia”. 

Luego de la audiencia donde Galantini denunció los maltratos policiales, el juez Eduardo Alegre y el fiscal subrogante de turno Ricardo López Ruiz le negaron la libertad de manera arbitraria, aduciendo que Galantini podría “entorpecer a la justicia” por ser el líder de un movimiento social. 

Familiares del referente de CoDeJu junto a organizaciones de Derechos Humanos, sociales, políticas y sindicales realizaron una masiva manifestación en la capital correntina para exigir la libertad del profesor, contra la criminalización de la protesta social y por el derecho a la vivienda digna. 

La marcha fue este viernes 3 de diciembre. La concentración se inició en la plaza Juan de Vera, hasta el Superior Tribunal de Justicia. De allí a Casa de Gobierno, donde se entregó un documento y se realizó una conferencia de prensa. 

La CTA Autónoma exigió al Gobierno de la provincia de Río Negro que «brinde en forma urgente información oficial» sobre la muerte de un integrante de la comunidad Quemquetrew, ubicada en el Paraje Cuesta del Ternero, en las cercanías de la ciudad de Bariloche. 

Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, señaló en el comunicado que «cualquiera hubiera sido la circunstancia de la muerte, es responsabilidad de la Policía preservar la seguridad de sus integrantes», por lo que insistió en el «esclarecimiento de los hechos». 

Convenios 

La Fraternidad (conductores de trenes) selló un 46% de aumento. Un 23% más que se agregó al 23% de marzo-setiembre. El 6,5% retroactivo a octubre, otro 6,5% en noviembre y 10% en enero. Retomarán negociaciones en marzo 2022. 

En una entrevista, el ministro de Trabajo, Carlos Moroni, precisó que “más del 90% de las paritarias le vienen ganando a la inflación” (sic). Fuente: AM 750. 

Sin embargo, la mayoría de los sindicatos aún no lograron superar el nivel de inflación interanual que, a setiembre, era del 52,5%. Es el caso de los docentes, prensa, gráficos, televisión, estatales y un largo etcétera. 

Fuentes: www.infogremiales.com.ar, laizquierdadiario, Resumen Latinoamericano, Clarín, Tiempo Argentino, anred, APU, argentina.indymedia, Red Eco Alternativo

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