Hace tiempo que la palabra conspiración se usa para desactivar reacciones legítimas contra abusos del poder. Lo original es advertir entonces lo contrario: la conspiración que se ejerce desde el poder bajo la supuesta garantía de que el poder no puede conspirar.
Hay que advertir que el poder es una generalización y que, como tal, carece de precisión. ¿Poder económico? ¿político? ¿social? ¿cultural? ¿religioso? ¿moral? ¿simbólico?
Entonces precisemos cuál es el poder del que hablamos aquí. Es el desarrollado por el Poder Ejecutivo en el seno de un gobierno que ya no aspira a ser republicano. No sólo de Argentina, sino de los gobiernos que en otros países también subvierten la relación con la sociedad, de manera que el pueblo ve amenazada la soberanía que le corresponde en las democracias.
¿Cómo puede la sociedad advertir esta amenaza? De muchas maneras. Y en esta pandemia hay hechos flagrantes que permiten advertirla. Por ejemplo: el de permitir que en la compra de vacunas contra el COVID 19 el gobierno incluya “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional” a favor de los laboratorios productores (en Argentina, Ley Nacional 27573 del 6-11-2020), algo patético que nunca ocurrió con ningún producto de uso médico.
Claro que desde mucho antes a la sanción de esta Ley era posible advertir conspiraciones.
¿Cómo? Se sabe que la frecuencia estadística de un fenómeno no explica nada de él. Por ejemplo, la frecuencia de las muertes atribuidas en Argentina al COVID 19 permite compararla con una frecuencia anterior o con la de otro país, o entre regiones o provincias del propio país. Pero no nos permite ninguna explicación acerca de esa frecuencia.
Una disciplina que permite acceder a explicaciones es la epidemiología, pero no tuvo ni tiene ningún representante en la Comisión de Expertos del Gobierno. Algo más que curioso.
La epidemiología comienza cuando la frecuencia se abre en dos o más de sus aspectos o componentes. Por ejemplo, el aumento de muertos en la segunda ola atribuida al COVID 19, no se autoexplica. Pero, ¿qué pasa si preguntamos qué proporción de esos muertos fueron o no vacunados? Inmediatamente surge la pregunta acerca de si el aumento de muertes se debe al supuesto COVID 19 o a las vacunas. Las frecuencias de muertes son datos, pero sujetos a interpretación científica. Y la validez de datos e interpretaciones se consolida con la prueba, pero en este caso el poder asegura la desinformación con su desautorización para realizar autopsias.
El gobierno impuso el encierro de sanos, sin evidencia previa de su beneficio o perjuicio. La epidemiología pregunta qué diferencia de mortalidad hay entre países con y sin ese encierro. ¿Y qué responden las estadísticas? Que no hay relación alguna de ese encierro con las muertes atribuidas al COVID 19. Ejemplos huelgan: Japón, Hong Kong, Taiwan, Uruguay, Nicaragua, no tuvieron cuarentena universal obligatoria, y sus tasas de mortalidad por la pandemia son muy inferiores a las de Argentina y de otros países con estrictos confinamientos.
¿Qué queremos decir? Que tenemos que estar atentos para descubrir medidas insensatas, muchas veces antisociales e injustificadas con su consecuencia de pérdidas de empleo por restricciones a la libertad de circulación y otras medidas anticonstitucionales.
Entonces, una forma de entender lo que está pasando, es preguntarnos más allá de la frecuencia de contagios, testeos, casos, muertes, o la caída del PBI. Pero para eso tenemos que aprender a marcar la cancha por lo menos en sus dos extremos.
Ejemplifiquemos: una cosa es advertir el empobrecimiento, y otra preguntarse adónde fue la riqueza social perdida. Una mínima búsqueda demostrará la transferencia de pobres a ricos, tal vez la mayor en la historia humana (Agencia Bloomberg).
¿No estamos ante conspiraciones? La caída del PBI o del ingreso, son datos demasiado generales. Es necesario entender a cuáles grupos sociales y regiones afecta y a cuáles beneficia. No hay epidemiología sin intención de explicar la distribución y la causa de lo que observamos. Entonces, es una disciplina incómoda si descubre la dominación y luego estudia cómo desmontarla.
La experiencia muestra que las conspiraciones desde los gobiernos contra las leyes, la ética, la justicia, la salud, no se autolimitaron. Por el contrario: si no avanzaron más fue por la resistencia del pueblo y de algunas de sus instituciones. Es una demostración de por dónde tendremos que ir en el futuro para impedir su avance y revertirlas.
Rotundamente, podemos afirmar que los daños provocados por la política pública son mucho mayores que los de la pandemia.
Para terminar, resumimos 3 conspiraciones evidentes contra las promesas que nos hacen las rotuladas democracias:
- asistimos a la mayor transferencia histórica de pobres a ricos en un año, algo completamente contrario al ideal de todas las naciones que se dicen democráticas (Revista Forbes y Agencia Bloomberg para el mundo, INDEC para la Argentina)
- los gobiernos tienen una soberanía muy limitada por la deuda externa, que en la mayoría de los países incluye una proporción importante de deuda más inmanejable en cuanto es privada (una excepción es Japón, con una enorme deuda pública externa pero sobrecompensada por la acreencia externa de sus empresas privadas)
- hay laboratorios privados productores de vacunas que financian en alto grado la política, sus desvíos y corrupciones
¿Es tan difícil asociar los disparates de la política pública frente a la pandemia con estas 3 condiciones? Entonces, se cae la justificación de que algo está bien si todos los países se parecen en lo que hacen. Porque el hecho de que hagan lo mismo o algo parecido no quiere decir que sea necesario ni conveniente. Bien podría ser, como creemos haber demostrado, que manipulan datos y sociedades, que crean pánico con datos parciales, exagerados o falsos, y que los une un hilo de perversiones autoritarias o incluso totalitarias que cada vez es menos invisible a los ojos.
Mario Borini, Profesor Titular de Salud Pública – UBA