Palabras ante el Concejo Mayor de la comunidad indígena de San Francisco Cherán, con motivo del VI aniversario de la lucha por la Defensa de Nuestros Bosques. Explanada comunal, 15 de abril de 2017.
Vaya un saludo respetuoso y fraterno a los ancianos de la comunidad de Cherán K’eri, referentes imprescindibles en la toma de decisiones de este pueblo purépecha en resistencia y construcción autonómica permanente, y depositarios de la memoria colectiva y la cultura de las y los cheranenses.
Un saludo y nuestro acompañamiento solidario a las mujeres de Cherán, que en la madrugada del 15 de abril de 2011supieron «espantar» el miedo y tras repiquetear las campanas del templo El Calvario tuvieron el coraje de gritar su ¡Ya Basta! a los talamontes y grupos de delincuentes armados que operaban impunemente y asolaban la comunidad, y la valentía de encender el fuego de la lucha y la conciencia política colectiva.
Vaya también un guiño cariñoso a las niñas y los niños de Cherán, que a la luz de las fogatas escucharon a sus mayores y a partir de entonces con sus globos de cantoya han venido alumbrando los cielos de toda la meseta purépecha y aún más allá, con mensajes emancipatorios, de rebeldía, justicia y dignidad.
Compañeras y compañeros de los consejos menores, instituciones educativas, integrantes de Radio Fogata, de la montada y de la ronda comunitarias, reciban nuestro agradecimiento por su hospitalidad y por permitirnos decir unas palabras en esta explanada comunal, en el sexto aniversario del inicio de la rebelión del Pueblo de Cherán K’eri y de la lucha por la defensa de los bosques y los manantiales, por una seguridad y una justicia propias, por la reconstitución de vuestro territorio y el restablecimiento de una democracia popular campesino-indígena, sin la intervención de las corruptas autoridades convencionales y los partidos políticos.
Comuneras y comuneros de Cherán, no necesito decirles que una democracia participativa, directa, horizontal y asamblearia como la que ustedes han venido practicando desde 2011, implica otra forma de hacer política, lo que a su vez entraña retos y contradicciones. Con apego al artículo 39 constitucional, al asumir que la soberanía «reside esencial y originariamente en el pueblo» y autodeterminarse, ustedes han abierto el camino para una nueva forma de poder popular, plasmada a través de la figura del municipio o la comuna indígena administrada por la ley de usos y costumbres como forma de autogobierno.
En ese sentido, no está de más recordar a propios y extraños que en la comunidad de Cherán se está gobernando no sólo legítimamente sino legalmente. Además, al conjuntar la lucha política y la jurídica con estricto apego a la Constitución y las leyes, ustedes han dado una lección de democracia directa al Estado mexicano y demostrado que el ejercicio de la participación política no se ejerce solamente en las urnas. Cherán es un referente para la lucha indígena actual en Michoacán. Pero además, ahora, el modelo de la libre determinación como otra vía de acceso a la autonomía, podrá ser instaurado en otras regiones del país bajo la consigna de crear dos, tres, muchos cheranes.
Desde el inicio de la rebelión y en estos seis años transcurridos, el nuevo poder de los de abajo ejercido aquí en Cherán por su Concejo Mayor y los concejos operativos, ha venido desmontando el modelo político y burocrático-administrativo que la partidocracia y el sistema institucional mexicano han impuesto, salvo contadas excepciones, en el resto de México.
Más allá de las contradicciones y los riesgos, de los intentos de intromisión constante de los agentes de diversas instituciones del Estado a nivel federal y estatal y de la perseverante seducción de los partidos políticos clientelares que pugnan por regresarlos al antiguo estado de cosas, ustedes han venido desmantelando un modelo de dominación violento, inhumano y depredador, que está al servicio de los dueños del dinero; al servicio de una clase capitalista transnacional integrada, entre otros, por personajes como Carlos Slim, titular vitalicio del Grupo Carso (Telmex, América Móvil, Grupo Financiero Inbursa, Compañía Minera Frisco, etc. ) y accionista mayoritario del diario estadunidense The New York Times, cuya fortuna, junto con la de los multimillonarios Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Grupo Peñoles) y Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) representa el 9 por ciento del PIB mexicano.
Es por eso que el ejemplo de Cherán es peligroso para el mal gobierno. Y para muestra un botón: todavía resuenan en la meseta purépecha las palabras que el racista Silvano Aureoles dirigió a los pobladores del municipio de Nahuatzen hace apenas unos días, tras ordenar a traición la represión policiaco-militar en Arantepacua, con saldo de tres indígenas desarmados muertos a tiros y 10 heridos. Cito: «Hay quienes sueñan con emular a Cherán, pero no creo que eso sea posible».1
El criminal Aureoles no aprende todavía que no hay poder sin resistencia. Teme una cherenización en la meseta purépecha y otras latitudes del estado. Por eso declaró a Televisa que «los amigos de Cherán han andado muy crecidos» y hay que regresarlos «a la tierra».
He aquí, pues, uno de los retos de la comunidad: para el gobernador de Michoacán, «hay reglas y mecanismos, y la autonomía (de Cherán) es relativa». Al respecto, amenazó: «Esto no está acabado». Y aseveró que está dispuesto a «revisar» el tema de la forma autogobierno en Cherán con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.2
Sobre el hecho en sí, llama la atención que como en el caso de Nochixtlán de Oaxaca, en el de Arantepacua de Michoacán hay narrativas oficiales muy parecidas: la coartada de la «emboscada» a policías inermes que tuvieron que reaccionar en defensa propia; lo que podría encubrir una operación federal/estatal en el marco de una guerra asimétrica contra el campesinado indígena en un área de importancia geopolítica.
De allí que frente al empleo de una maquinaria policial-militarizada con su orden violento coercitivo, desproporcionado y al margen de los protocolos internacionales; de las amenazas demagógicas y discriminatorias y los artificios caciquiles de un gobernador que pretende defender a los indígenas de su propia cultura −y de los ataques de los enemigos de la autonomía en las distintas instancias gubernamentales y partidistas, signados históricamente por la cadena corrupción-impunidad-simulación−, pensemos que hay que consolidar y profundizar esta forma de organización barrial-comunitaria y fortalecer la asamblea como órgano máximo de decisión colectiva.
Y sobre la base de lo que está plasmado en el programa de estos tres días de «lucha festiva», en un mundo y un México caracterizados por la mercantilización de la vida colectiva, por la sujeción del hombre y la mujer de a pie al dios dinero y por un individualismo exacerbado y la ineficacia de los modos de representación pública, pensamos que hay que profundizar, también, la participación activa de la comunidad en actividades que siempre han estado allí y que afianzan la cohesión social -rescato aquí el concepto de tradición como un continuum, como un proceso de creación permanente− que han venido recuperando principios políticos antes avasallados por la vía de la violencia del actual sistema de dominación capitalista, como la vida colectiva, la asociación, la ayuda mutua, el cooperativismo, la solidaridad, el respeto a la palabra, la escucha activa, la negociación, el acuerdo consensuado y la resolución de conflictos con eje en una justicia alternativa, una forma de justicia restaurativa que busca poner el acento en las víctimas y la verdad, y diferente por tanto a la justicia retributiva, concepción medieval punitiva y carcelaria basada en la venganza.
Otro elemento del proceso de resistencia y construcción autogestionaria, que resultó clave en los días iniciales de la revuelta contra la tala clandestina, la extorsión, el derecho de piso y el terror delincuencial −según pude desprender de la lectura de la tesis de esta aprendiz y maestra de la memoria que es Tania Guadalupe González Escalona,3 gran amiga de los niños y las niñas de esta comunidad que está hoy entre nosotros−, es la fogata. La fogata como extensión de la cocina y lugar de encuentro inter-generacional en las barricadas, donde ancianos, mujeres, hombres, jóvenes y niños, en medio de la tensión del momento, supieron alimentar un fuego nuevo que sirvió para recuperar la memoria histórica …
La fogata como espacio de convivencia −y a la vez educativo− para recuperar la historia oral y los saberes locales ancestrales narrados al calor de la lumbre por los ancianos; como lugar para reconstruir en colectivo principios, valores y obligaciones, y como sitio de carácter formativo para la vida en comunidad. Para pensar en comunidad.
La fogata como espacio para un diálogo creativo entre los mayores, los jóvenes y los niños, para la transmisión de experiencias y la recuperación de formas ancestrales de relación con la naturaleza, de la lengua purépecha, los conceptos y para la integración de un «híbrido» que incorpora lo tradicional con lo moderno; donde «la tradición y la historia no apuntan hacia el pasado» sino antes bien «actúan como motores de simbolización, de agenciamientos que posibilitan los encuentros».4 Como le dijo en 2012 un joven de la comunidad a Javier Dosil, «vamos hacia adelante, no hacia atrás, pero con el sistema de usos y costumbres».5
La fogata para la resignificación, en definitiva, «de lo que es ser purépecha» a partir de un largo proceso de lucha indígena y con el antecedente de un sistema organizativo. Retomando las palabras de Tania, en estos «tiempos globales» Cherán se hace vigente como una forma de hacer comunidad a través de «un revolucionario ‘Nosotros’ o tal vez, de una sorprendente apropiación conceptual del Yo cartesiano o el Yo hegeliano a un ‘Yo comunitario’, como célula para conformar una nueva sociedad»,6 para conformar una nueva y real ciudadanía.
Otro de los retos que vemos en la coyuntura, es la presión de las fuerzas gubernamentales, políticas y empresariales, locales y federales, y en particular la insistencia del gobernador de Michoacán, Aureoles, por someter a las agrupaciones de seguridad comunitarias a la estructura del «mando policial único», a través de una intensa campaña de intoxicación mediática.
La adopción del «mando único» significaría la adopción lisa y llana del modelo de policía militarizada, represiva, reactiva y provista con armas de alto poder de fuego y letalidad, alejada de la población a la que se deben y en clara contradicción con el artículo 21 de la Constitución.7
Sé que por votación mayoritaria los cuatro barrios de San Francisco Cherán rechazaron la propuesta del gobernador Aureoles de integrarse al convenio de mando único y decidieron continuar con un sistema de seguridad de acuerdo con las rondas comunitarias.
De allí que frente a los renovados intentos por imponer desde arriba el modelo de «mando policial único», como vertiente del proceso de militarización de la seguridad pública, pensamos que hay que fortalecer la ronda civil comunitaria, que aquí, en Cherán, atiende problemas cotidianos de violencia doméstica y delincuencia situacional u ocasional, y que con eje en la prevención pone en el centro el servicio a la gente como vía para construir apoyo y legitimidad social.
Como señala el especialista Ernesto López Portillo, para los partidos políticos y sus gobiernos el modelo de mando único policial «tiene mucho más que ver con la lucha por el poder y el control de recursos, y mucho menos con el servicio de protección ciudadana».8
El modelo de «mando único» descansa en la unificación de las policías municipales y estatales para garantizar la unidad de mando. Es decir, se busca imponer un solo mando policial por entidad federativa, lo que llevaría a una centralización policial, en detrimento del pacto federal y de la figura del municipio libre.
Eso significa, además, la desaparición de los cuerpos de seguridad pública municipales, lo que quebrantaría la voluntad del constituyente permanente, plasmada −como decía antes−, en el artículo 21 constitucional que establece que la institución policial será «profesional, disciplinada y civil» (resalto la palabra civil). Con el riesgo adicional de que al adoptarse el modelo de policía militarizada, la función policiaca como responsabilidad civil podría extinguirse.
En ese contexto cabe preguntar a qué intereses responde el modelo de «mando único». La respuesta a esa interrogante tiene que ver con su funcionalidad en el marco de las contrarreformas constitucionales y legales, que a iniciativa de Enrique Peña Nieto y el autollamado «Pacto por México» aprobaron los legisladores de los tres partidos mayoritarios en el Congreso de la Unión: el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
Pero en particular tiene que ver con la contrarreforma energética y con el capitalismo criminal y militarizado de nuestros días, que responde a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial que se abrió a partir de la aprobación y puesta en marcha de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, cuyos escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes puerto Madero), en el municipio de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.9
En esos estados del sur-sureste mexicano donde predomina la propiedad colectiva de la tierra, y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía un despojo neocolonial al servicio de las corporaciones gaseras, petroleras, eléctricas y mineras, existen distintas formas organizadas de resistencias antihegemónicas (como la que encarnan ustedes aquí) y antisistémicas (como por ejemplo los caracoles zapatistas en Chiapas).
Es precisamente por ello, que esos espacios autonómicos, donde es fundamental el papel de las maestras y los maestros como formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autogestionaria, solidaria y emancipadora, se han convertido en un obstáculo para el capital transnacional; de allí la guerra irregular y asimétrica de tipo contrainsurgente y mediática de Peña Nieto y el pequeño déspota perfumado Nuño contra la CNTE, incluida la criminalización de la protesta y la detención y persecución de sus dirigentes.
No está de más recordar que desde 1992, con la contrarreforma al artículo 27 constitucional de Carlos Salinas de Gortari en materia de tenencia de la tierra, junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en la minería), el proceso de despojo capitalista ha venido implicando una mercantilización y privatización de territorios.
En ese contexto cabe reiterar que las leyes secundarias de la contrarreforma energética (la letra chiquita, pues) debilitan la certidumbre sobre la tenencia de la tierra y abren margen al despojo de comunidades, ejidos y poblaciones por consorcios petroleros, gaseros y eléctricos nacionales o internacionales. En la ley desapareció el término «expropiación» pero se le sustituyó por «ocupación temporal» de predios, y en otros artículos se mantiene la disposición por lo que habrá expropiaciones.
Las nuevas leyes permitirán a las corporaciones disponer de tierras, bosques y aguas, las que podrán comprar o rentar. También se estableció la obligación de ejidatarios, comuneros y propietarios privados, de entregar sus tierras y bosques a transnacionales a través de la figura denominada «servidumbre legal«, lo que por «causa de utilidad pública» se convertirá en otra vía para el despojo.
En su fase actual, la contrarreforma energética recupera también la noción de dominio pleno, instrumento utilizado desde las instancias gubernamentales para erosionar y privatizar bienes comunales o del régimen ejidal.10 En la actualidad, en Michoacán y Oaxaca, funcionarios del FANAR ( programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar)11 −que en 2007 sustituyó al PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos)−12 y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), han venido incrementando las presiones para que los campesinos enajenen sus tierras bajo propiedad ejidal o comunal.
En ese marco, l a designación de Gerardo Gutiérrez Candiani como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), el 8 de julio del año pasado, confirma la pretensión de privatizar buena parte del sur-sureste de México. El ex presidente e ideólogo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, el principal sindicato de las grandes corporaciones de México), contará con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan los ya mencionados Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal) y Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), y otros como Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).
Termino. Pero antes quiero mencionar un importante antecedente: después de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York en septiembre de 2001, la Secretaría de Defensa, en Washington, le asignó a México un papel subordinado dentro del «perímetro de seguridad» de la superpotencia militar, con lo cual se impuso una redefinición de facto de las fronteras nacionales y la expansión territorial del ejercicio del poder de Estados Unidos como hegemón del sistema capitalista mundial.
Desde entonces, a través de una serie de instrumentos y medidas anticonstitucionales como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005) y la Iniciativa Mérida (2008), se produjo una militarización acelerada de la seguridad pública en México. La Iniciativa Mérida implica un nuevo modelo de seguridad impuesto por Washington sin la supervisión del Senado mexicano, para forzar una «readecuación» de las distintas policías y las Fuerzas Armadas (para que operen como un ejército de ocupación en su propio país), con el objetivo de proteger la infraestructura crítica de Pemex y la CFE y disuadir o controlar a los movimientos de resistencia social que, en zonas indígenas y rurales apetecidas por el interés corporativo privado transnacional, se oponen a una nueva fase de despojo de territorios, recursos geoestratégicos y bienes públicos y comunales.
El diseño y la imposición de un régimen de seguridad jurídico-policiaco de corte militar en México, que incluye el «mando único», y cuyo objetivo, repito, es garantizar inversiones extranjeras en rubros estratégicos que eran exclusivos de la Nación por disposición constitucional, se ha dado en el marco de las directrices de la secretaría a cargo de la Seguridad de la Patria (o del suelo patrio) de EU y cuenta con consenso bipartidista (republicano/demócrata).
Más recientemente, dicho proceso incluye la militarización de las 103 capitanías de puertos del país por la Marina de Guerra, lo que ha derivado a su vez en la conformación en ciernes de un Estado autoritario de nuevo tipo.
En la coyuntura, sendas iniciativas del PAN y del PRI sobre la Ley de Seguridad Interior (concepto nunca antes regulado y que hace referencia a la seguridad del Estado y no de las personas), urgidas e impelidas por los mandos de las Fuerzas Armadas (por el titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos y el almirante Francisco Soberón, de la Marina de guerra), buscan facultar a las FF.AA. para realizar tareas de seguridad pública propias de las policías (como la prevención e investigación del delito, detenciones en cualquier delito o peritajes penales), bajo una lógica de seguridad nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de cuentas).13
Asimismo, está en la congeladora, en espera para su discusión parlamentaria, la Ley Reglamentaria del artículo 29 Constitucional, la cual permitiría que a solicitud del presidente de la República, el Congreso podría aprobar la suspensión de garantías o un estado de excepción ante una situación de emergencia en el país.
Con el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, que concentra de manera autoritaria el mando total de las fuerzas policiales del país en el Ejecutivo federal, estaríamos asistiendo al fin del federalismo. A nivel externo, la centralización del poder en materia de seguridad en la presidencia de la República, responde al objetivo estadunidense de crear una zona de seguridad en América del Norte como espacio geopolítico, bajo control militar y policial del Pentágono, en desmedro de la soberanía nacional, el federalismo y el municipio libre establecidos en la Constitución, debido a que desde la óptica imperial dificultan la materialización de sus planes de dominación, en particular, reitero, en los ámbitos de la energía, las telecomunicaciones, la seguridad, la cultura y la educación.
Es en ese contexto, pues, que se inscriben las «reglas», los «mecanismos» y las amenazas del cínico y autoritario Aureoles de llevar a revisión ante la Suprema Corte lo que definió como «autonomía relativa» de esta comuna rebelde.
Como dijo el K’eri Pedro Chávez en esta misma explanada en el quinto aniversario de la rebelión, el objetivo y propósito central del evento que nos congrega esta tarde, «no es tanto festejar» sino refrendar una «memoria histórica» que no se debe perder; reavivar entre el crepitar de las fogatas de los cuatro barrios la conciencia de lucha y resistencia de las y los comuneros de Cherán, y hermanar vuestra lucha con las demás luchas en toda la meseta purépecha, en el territorio michoacano y a nivel nacional.
La alegría de este pueblo que se siente sujeto de su historia, de este movimiento que es baluarte de la resistencia popular y símbolo de una lucha que ha trascendido lo local, la regional y lo nacional, nos hace prever que pese a las presiones del mal gobierno y los partidos políticos este proceso autonómico es irreversible; que en su seno la comuna de Cherán lleva también la simiente de otro mundo donde caben muchos mundos.
Como señala la Declaración del V Congreso Nacional Indígena de enero de este año,14 «es el momento de los pueblos, de sembrarnos y reconstruirnos» desde abajo y a la izquierda; es el momento de sacudir la conciencia de la nación exhibiendo los principios que configuran una ética de lucha donde caben todos los pueblos originarios de México; esos principios que se sintetizan en obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, bajar y no subir, proponer y no imponer, construir y no destruir.
Porque es el tiempo de la dignidad rebelde, ¡larga vida a la comuna de Cherán»! ¡Crear dos, tres, muchos cheranes!
Notas:
1 «Ni sueñen con convertirse en otro Cherán»: Silvano Aureoles a Nahuatzen», publicado el 5 de diciembre de 2017 en http://www.youtube.com/watch?v=vZEP9HIHyHE
2 «Cherán, a seis años del levantamiento contra el crimen organizado». Noticieros Televisa, con información de Claudio Ochoa. 16 de marzo de 2017.
3 Ver Tania Guadalupe González Escalona, «Participación política infantil desde la experiencia de la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán». Tesis de Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Universidad Auntónoma de la Ciudad de México (UACM), Febrero de 2017.
4 Ver Javier Dosil, Rescatados por la tradición. La construcción del pasado en los procesos de lucha social de tres comunidades michoacanas. En-claves del pensamiento, vol. 8, nro. 16, México, julio/diciembre de 2014.
5 Ibid.
6 Ver Tania Guadalupe González Escalona, op. cit.
7 Ver Marcos Pablo Moloeznik, «¿Qué es realmente el modelo de mando policial único?», Derecho en acción, 11 de enero de 2016 y «Reflexiones sobre el proceso de militarización de la seguridad pública en México», 10 de diciembre de 2015.
8 Ernesto López Portillo, «Mando único policial: la confianza no aparece en el tablero». www.animalpolitico.com ‘ El Plumaje ‘ Ruta Crítica 20 de enero 2016.
9 Ver Carlos Fazio, «Peña, Nuño, la CNTE y las ZEE». Periódico La Jornada, 20 de junio de 2016.
10 Dominio pleno significa que, si el ejidatario quiere, puede ir a tramitar su certificado de propiedad de dominio pleno, y su parcela se convierte en propiedad privada, lo cual implica que sale de los bienes comunales o del régimen ejidal. Ese procedimiento lo hace cada comunero o ejidatario en particular y a veces ni el comisario se entera. Así, muchos particulares adquieren tierras comunales o ejidales sin que nadie sepa hasta tiempo después.
11 En la actualidad su denominación es Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, pero se identifica como FANAR. Desde 2007, el FANAR se ha aplicado a varios ejidos, y se han señalado algunos estados del país como prioritarios, entre ellos Chiapas y Michoacán. Aun cuando el FANAR también es un programa voluntario, se está presionando a ejidos y comunidades para que entren en él, se certifique el «núcleo» agrario y adquieran dominio pleno. Los argumentos «legales» es que es la única manera de que se «regularice la propiedad y posesión agraria» y adquieran «certeza jurídica». Argumentos que son los mismos que se encontraban en las exposiciones oficiales del Procede.
12 Con el fundamento de la Fracción IX del artículo 23, el Procede, que se dejó de aplicar en 2006, autorizaba a los ejidatarios y comuneros para que adoptaran, una vez que el ejido estuviera certificado, el dominio pleno sobre sus parcelas, es decir, para que las conviertan en propiedad privada. Para que los Ejidatarios pudieran adquirir dominio pleno se tenía que hacer una Asamblea General de Ejidatarios, en la cual se aprobaba la adopción de domino pleno por parte del Ejido. En esa Asamblea se autorizaba a que los ejidatarios adquirieran dicho dominio.
13 Ver Catalina Pérez Correa, «Un barniz de legalidad a costa de la Constitución», El Universal, 10 de enero de 2017.
14 Ver Declaración del V Congreso Nacional Indígena «¡Y retembló!, informe desde el epicentro…». Congreso Nacional Indígena y Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Oventik, Territorio Zapatista, Chiapas, 01 de enero de 2017.
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