Las relaciones entre México y los Estados Unidos han entrado en una etapa de crisis sin precedentes en los tiempos recientes, y cuya salida es difícil prever en este momento. Como se sabe, es un tema que tiene varias aristas. Una está relacionada con la posición asumida por le presidenta Sheinbaum después de la muerte de dos agentes de la CIA en la sierra de Chihuahua, rechazando su presencia y exigiendo explicaciones por el envío de agentes sin notificar al gobierno mexicano. Esas explicaciones nunca se darán porque las operaciones de la agencia estadounidense son encubiertas, sin contar necesariamente con el beneplácito de los gobiernos receptores.
La segunda línea de confrontación deriva de la detención de Ismael El Mayo Zambada en un aeropuerto de Nuevo México por el gobierno estadounidense hace dos años. Al presentar el avión en que Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del famoso Chapo y capo también del cártel de Sinaloa, llegaron a territorio estadounidense, un vocero del FBI hizo referencia a que la detención de ambos delincuentes fue una operación que esa agencia de seguridad e investigación estadounidense ejecutó. Eso ha desatado todo un debate acerca de si una agencia extranjera diseñó o participó en el secuestro y traslado del llamado Capo de Capos o no, como en su momento lo declaró quien entonces era el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar.
Pero este tema tiene un contexto más amplio: la solicitud que el Departamento de Justicia hizo hace dos meses al gobierno mexicano de detención con fines de extradición de diez funcionarios y ex funcionarios ligados al Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el presidente municipal de Culiacán. La detención no se ejecutó, y la Fiscalía General de la República no tiene abiertas carpetas de investigación contra ninguno de los señalados, pese a que dos de ellos ya se entregaron al gobierno estadounidense: el general Gerardo Mérida —que fue secretario de Seguridad de Rocha Moya— y el ex secretario de Finanzas de ese gobierno, Enrique Alfonso Díaz Vega. También a pesar de que el gobernador solicitó licencia y está retirado del poder.
Ya el hecho de no ejecutar la detención de los señalados conforme al tratado de extradición correspondiente, alegando el gobierno mexicano que no hay pruebas, es motivo de fricciones entre el gobierno mexicano y el de Washington. Para los estadounidenses eso significa que no hay real cooperación entre ambos países en materia de lucha contra el narcotráfico y que Claudia Sheinbaum está protegiendo a los llamados narcopolíticos para que no caigan en manos de los estadounidenses.
Las críticas que se han hecho al gobierno estadounidense en cuanto al tema del narcotráfico son verdaderas. Es cierto que los gringos no persiguen a sus cárteles y bandas de narcotráfico que operan en su territorio con la misma firmeza con que señalan a las mexicanas, a las que Donald Trump ha declarado narcoterroristas. Es verdad también que, una vez en manos de la justicia yanqui, hasta los más importantes y sanguinarios líderes narcos tienen la opción de convertirse en testigos colaboradores o testigos protegidos, con lo que pueden ver reducidas sus condenas o incluso vivir en libertad en territorio estadounidense sin ser molestados y al amparo de ese gobierno. Cierto también que, particularmente Donald Trump, ha amnistiado a peligrosos narcopolíticos ya condenados, como el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien considera como un aliado político.
Pero verdad es, también, que en México hay narcopolíticos, no sólo del pasado como los ex gobernadores Mario Villanueva y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y los de Tamaulipas Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores. También los hay en el presente de supuesta Cuarta Transformación, y, que se sepa, la fiscalía, que debiera ser autónoma, contra ellos no ha abierto ninguna investigación, y explícitamente han sido exculpados por la presidenta Sheinbaum.
En ello encuentra el gobierno estadounidense un motivo más para presionar al mexicano y llegar posiblemente a mayores niveles de confrontación. Se ha filtrado que la lista de narcopolíticos mexicanos requeridos por Washington podría llegar hasta unos 44 o más. Pero más allá de ello, es claro para todos que los niveles alcanzados por el poder delincuencial en los años recientes no se explican sin la tolerancia, e incluso colaboración de funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Estados Unidos tiene un serio problema de adicciones, al que no da tratamiento suficiente ni apropiado, y México uno de seguridad pública. Los homicidios dolosos han alcanzado los 300 mil en los años recientes, y las desapariciones forzosas suman 135 mil, y aumentando cada día. Tampoco las medidas al respecto han sido suficientes para atender la magnitud del problema.
Como si fuera poco, el discurso presidencial y gubernamental ha tratado la defensa de los funcionarios requeridos por los estadounidenses como un problema de soberanía nacional; su defensa, en consecuencia, es un tema de defensa de la nación misma contra la injerencia extranjera.
Y, para terminar, en la conferencia de prensa que ofreció la fiscal Ernestina Godoy el miércoles 8 de julio, señaló tres hechos graves: una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira del ex embajador Ken Salazar (quien en 2024 había afirmado que ninguna agencia de seguridad estadounidense participó en el secuestro y entrega de Ismael Zambada). No fue explícita en cuanto a las violaciones al derecho ni en cuanto al pacto “al margen de le ley”; pero dio por un hecho que la captura del capo fue un operativo diseñado y ejecutado por el FBI, basándose en la presencia de agentes de esta agencia en la entrega de la aeronave del 25 de julio de 2024 a un museo de aviación militar en Santa Teresa, Nuevo México. De ahí la acusación contra el ex embajador Salazar de haber mentido.
La fiscal Godoy, en vez de rendir un informe de las investigaciones de lo ocurrido hace dos años en el secuestro y entrega del capo a las autoridades estadounidenses, abre otro frente, esta vez contra el ex embajador de Joe Biden en nuestro país. Y la FGR ha salido una vez más en defensa del gobernador Rocha Moya con declaraciones de que “no hay pruebas” en su contra. No hacen referencia a los otros señalados por la justicia estadounidense.
En realidad, la presidenta Sheinbaum y su fiscal Godoy exhiben que, durante dos años, ni esta última ni su antecesor Alejandro Gertz Manero investigaron seriamente los hechos del 25 de julio de 2024, y sólo requerían que el gobierno estadounidense diera información, lo que no ocurrió, o sólo de manera parcial y selectiva. Quizás el tema no fue prioritario, o no tuvieron capacidad para investigarlo. Sólo ahora, cuando El Mayo ha aceptado su culpabilidad y la condena de cadena perpetua que se le impondrá, el cómo fue su secuestro y entrega vuelve a ser relevante.
Pese a todo, el problema no es coyuntural, sino algo mucho más amplio, y que el gobierno mexicano no tiene una estrategia para enfrentarlo. Donald Trump no ha logrado un triunfo claro en su agresión a Irán, y sí, en cambio, ha dañado su propia economía con más inflación. Ha sufrido reveses por parte de la Corte Suprema en cuanto a sus aranceles y otros temas. Su popularidad va rápidamente a la baja y teme más derrotas electorales frente al Partido Demócrata en las próximas elecciones intermedias de noviembre. Sabe que puede perder las mayorías que ahora ostentan los republicanos en ambas cámaras, lo que acotaría su presidencia, e incluso podría enfrentar un juicio político (impeachment) que podría conducir hasta su destitución por el Congreso, por sus abusos de poder. Necesita triunfos y quiere anotárselos en la lucha contra los cárteles narcoterroristas mexicanos y de otros países. Por eso requiere que nuestro gobierno le entregue narcopolíticos, como piezas mayores de la estructura que, por el fentanilo, está causando cientos de miles de muertes en su país.
Con su discurso y su defensa a ultranza de los políticos mexicanos involucrados, la presidenta Sheinbaum y su gobierno, en vez de buscar vías diplomáticas para resolver las diferencias con el gobernante estadounidense, atizan el conflicto y lo conducen quién sabe a dónde, con el riesgo de que Washington llegue a medidas extremas, como la captura directa de los señalados, tal como procedió contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado. No parecen Sheinbaum y sus asesores tomar en cuenta lo que los capos ya en manos de los estadounidenses, más los que recientemente se entregaron, el general Mérida y Enrique Díaz Vega, puedan estar declarando ante el Departamento de Justicia. Algunos de sus señalamientos podrían hundir no sólo a diversos elementos destacados de Morena, incluso gobernadores, sino al actual régimen mexicano en su conjunto. Lo sabremos en las próximas semanas y meses, conforme se aproximen las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
X: @ednava7
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