Hermelinda Santiago es una trabajadora agrícola. Su testimonio refleja la condición de las mujeres que migran dentro y fuera de México, salen de sus comunidades en busca de sus derechos básicos, como el acceso al trabajo, alimentación digna y educación.
Pero su realidad es otra, bajos o ningún salario; situación grave de salud; trabajos extenuantes, pesticidas y cero seguridades laborales.
Santiago, de 36 años, relata que, a pesar de ser parte de las tres de cada 10 mujeres que reciben un pago por su trabajo en el campo, su esfuerzo en el «surco», como ella lo nombra, no alcanza a cubrir sus necesidades, ya que los sueldos no superan los 310 pesos diarios (15.5 dólares). Significan la vida para más de ocho millones de mexicanos y mexicanas, pero están olvidadas. La investigación indica que el salario promedio es de cinco o 10 dólares.
«Espero que algún día las cosas cambien en el campo, que haya guarderías para nuestros hijos e hijas, que haya escuela, que haya un centro de salud para atendernos, porque muchísimas de nosotras llegamos a dar a luz en medio de los surcos», afirma Hermelinda Santiago.
Con el análisis que compartieron las trabajadoras agrícolas, dentro de una campaña denominada «Ellas hablan», impulsada por Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC, la Senadora petista (Partido del Trabajo) Geovanna Bañuelos de la Torre está conminando a las autoridades de salud y trabajo para que respondan al Senado de la República por una situación donde jornaleras trabajan hasta 13 horas, con un salario de entre cinco y 10 dólares por día. Además, la mayoría carece de seguridad social y arriesgan la vida cuando se embarazan.
Por lo hallado en la campaña «Ellas Hablan», fundada en la necesidad de dar voz a más de 250.000 trabajadoras agrícolas que diariamente resisten y sobreviven, experimentan vulnerabilidades y violencias contra su vida y salud, piden las organizaciones hacer algo. Así dijo Mayela Blanco, de la Fundación Avina, consultada por el Senado.
Tras una observación y estudios sociales, concluye la petista, se hace evidente que, en los cuatro años de esta administración, la situación de las trabajadoras del campo ha sido abandonada.
El llamado de la Senadora y jefa del grupo parlamentario del PT es directo a las secretarías de Agricultura, Salud y Trabajo y Previsión Social, a través de un exhorto que deberá acordar el pleno del Senado y que argumenta que el 93 por ciento de las mujeres trabajadoras agrícolas en México carecen de contrato laboral, el 90 por ciento carece de acceso a la salud por parte de su patrón y el ocho por ciento no cuenta con prestaciones de trabajo.
«Estas labores han normalizado e invisibilizado mucho el papel de las mujeres, de las jóvenes, de las adolescentes y de las niñas. Esta normalización o invisibilización de las mujeres, particularmente de las trabajadoras agrícolas o mujeres jornaleras, tiene estrecha relación con un mercado del trabajo que ha construido un perfil de la jornalera, como mano de obra que es barata, que es flexible, esto bajo estigmas sociales basados mucho en el color de la piel, en el idioma, el sexo o en la identidad de género», dijo.
Según Avina, promover la información a las jornaleras sobre sus derechos se vuelve determinante para que se organicen. De esos estudios es que se conmovió la Senadora, no obstante que hace más de dos años se publicaron las denuncias y los análisis, como puede leerse en las páginas de estas organizaciones y sobre las que hace alusión la propuesta de la petista.
La proposición al pleno senatorial recomienda un punto de acuerdo mediante el cual el Senado de la República exhorte a la Secretarías de Salud, del Trabajo y Previsión Social y de Agricultura y Desarrollo Rural, para que actúen de manera coordinada con el objetivo de garantizar sus derechos, y en especial el derecho a la salud de las trabajadoras del campo, con atención prioritaria a las mujeres en estado de embarazo, para proteger su integridad física y su vida.
La senadora Bañuelos de la Torre dice a senadores y Senadoras que tienen obligación de vigilar el cumplimiento de las condiciones laborales por parte de los empleadores.
En el documento, que fue inscrito en la Gaceta del Senado, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó la importancia de la labor de las jornaleras agrícolas, cuyas manos y cuerpos contribuyen directamente al desarrollo económico y social de México.
La petición en sus considerandos hace reflexionar: en el trabajo del campo encontramos una variedad de alimentos: frijol, arroz, maíz, aguacate, limón, sandías, piñas; estos productos permiten el desarrollo de las familias mexicanas. Pese a todas las bondades que nos da, el sector del campo es uno de los más rezagados y olvidados.
Se estima que en nuestro país existen más de dos millones de personas que trabajan en el sector agrícola, sobre todo migrante, de Oaxaca al Valle de San Quintín o los campos agrícolas de Sinaloa o Guanajuato.
De esa masa laboral, 12,7 por ciento son mujeres y sus familias suman 8,5 millones de personas. Las jornaleras agrícolas pertenecen a uno de los sectores laborales más precarios y sufren uno de los más altos grados de violencia en México.
Según Isabel Nemesio, colaboradora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública A.C., las mujeres jornaleras enfrentan en los campos agrícolas jornadas de trabajo que llegan a ser de hasta 13 horas, su salario ronda entre los 100 y 250 pesos por día (5 y 12.5 dólares) -en algunos campos agrícolas les pagan 100 menos-, casi ninguna trabajadora goza de seguridad social, la crianza y el cuidado de las y los hijos siguen considerándose como su obligación o deber. Las jornaleras agrícolas mexicanas, además de luchar por sus derechos, protegen el medio ambiente.
Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que existe una constante en torno a las mujeres agrícolas: la desatención por parte de las autoridades responsables de garantizar una calidad de vida para las mujeres indígenas que se ven orilladas a migrar ante la falta de garantías básicas en sus comunidades:
«Esta situación se complicó con la pandemia porque ellas, en lugar de confinarse con sus hijos, sobre todo las madres solteras, tuvieron que salir con sus hijos porque el maíz que cosechan era insuficiente; tres costalillas de maíz es insuficiente para sostener una familia de cinco hijos durante un año, hay que salir a los campos agrícolas y su salida siempre implica un viacrucis por el trato indolente, abusivo y sobre todo discriminatorio de la población que interactúa con ellas y las estigmatiza por ser mujeres».
En la propuesta de un punto de acuerdo, la petista pidió a la secretaría de Agricultura que genere campañas públicas para hacer saber a la sociedad la importancia del trabajo de las jornaleras y a la secretaría del Trabajo, verificar que las condiciones laborales sean acordes a los derechos humanos y laborales de quienes se desempeñan en explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas.
Geovanna Bañuelos de la Torre subrayó que las mujeres jornaleras agrícolas pertenecen a uno de los sectores laborales más precarios y sufren uno de los más altos grados de violencia en México.
En Salud el peor abandono
La Senadora dice en su petición: «dentro de esta gran problemática persiste otra más grave: la falta de acceso a servicios de salud dignos para las mujeres trabajadoras agrícolas, hecho que cobra una especial gravedad y relevancia en el caso de las mujeres embarazadas…»
Otro punto es que, además de las condiciones desventajosas que enfrentan las mujeres que trabajan en el campo, si están embarazadas, experimentan diversos riesgos sanitarios por el contacto con plaguicidas, herbicidas o fertilizantes. El ocho por ciento no tiene protección a su salud.
«Es indispensable avanzar en el acceso a la protección social de las mujeres jornaleras agrícolas. Debemos garantizar el acceso digno, gratuito y de calidad para garantizar su desarrollo y el bienestar en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo», aseveró.
¿Dónde están las trabajadoras agrícolas? ¿Dónde migran las jornaleras?
La experiencia del Proyecto que CECIG (Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública) desarrolla, con apoyo de Fundación Avina, evidenció cómo migran y viven estas jornaleras en los estados de Guerrero, Morelos y San Luis Potosí. A partir de un diagnóstico comunitario se identificó:
En Morelos, actores públicos, empresarios y agencias intermediarias miran como la producción de caña y otros productos, en La Joya, Tepextepango, municipio de Ayala, donde se asentaron familias que migraron de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, hace 20 años, trabajan sin protección mujeres y niñas desde los 11 años hasta adultas. Se encontró la falta de acceso a servicios de salud.
En el estado de Morelos también hay migrantes de Oaxaca y Puebla, que se emplean principalmente en el corte de caña o el mercado hortofrutícola.
En la comunidad nahua de Ayotzinapa, en Tlapa, Guerrero, quedó claro que personas jornaleras y sus familias parten a trabajar hacia Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California. Muchas adultas mayores migran para realizar trabajos de cuidados, ya sea en sus lugares de origen o en las empresas de destino, en donde siguen laborando.
En San Luis Potosí, las jornaleras son de la Huasteca, de las comunidades Aldhulup, Tam Aletom, Cruz T´ujub, La Garza, Cuajemco y Tzak Anam. En Tancanhuitz de Santos, según el CECIG, encontraron violaciones a mujeres, que las colocan en desventaja en la competencia laboral y profundizan sus condiciones de pobreza y marginación.
Para las mujeres jornaleras, la maternidad significa enfrentar mayores riesgos por las condiciones en que realizan su trabajo, por el contacto con plaguicidas, herbicidas o fertilizantes, y porque están expuestas a altas temperaturas por laborar en campos a cielo abierto o en invernaderos, explica Isabel Nemesio.
Frente a estos riesgos, los ingresos que perciben no compensan su labor en el jornal y las tareas de cuidados. Nemesio reiteró que hay una deuda con el campo, porque 93 por ciento de las mujeres trabajadoras agrícolas en México carece de contrato, 90 por ciento carece de acceso a la salud por parte de su patrón y el 8 por ciento no cuenta con prestaciones laborales.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, escribió Bañuelos de la Torre, hace un llamado para que las autoridades fortalezcan las acciones que permitan garantizar los derechos de las mujeres, sus derechos laborales, y en especial, el acceso a la salud.
Es indispensable avanzar en el acceso a la protección social de las mujeres jornaleras agrícolas. Debemos garantizar el acceso digno, gratuito y de calidad para garantizar su desarrollo y el bienestar en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Es tiempo de atender su problemática, de dejar de ser indiferentes, de brindarles mejores condiciones laborales y otorgarles la certeza de que contarán con servicios dignos para satisfacer sus necesidades.