«Desafortunadamente la gente que no conoce muy bien Bolivia piensa que somos todos indígenas, del lado oeste del país, de La Paz. Toda la imagen que reflejamos es de gente pobre y muy baja estatura, indígenas. Yo soy del otro lado del país, este lugar no es frío, es muy caliente, somos altos, blancos, sabemos […]
«Desafortunadamente la gente que no conoce muy bien Bolivia piensa que somos todos indígenas, del lado oeste del país, de La Paz. Toda la imagen que reflejamos es de gente pobre y muy baja estatura, indígenas. Yo soy del otro lado del país, este lugar no es frío, es muy caliente, somos altos, blancos, sabemos inglés».
Gabriela Oviedo elegida miss Bolivia en 2003, dijo lo que arriba se reproduce públicamente y aunque después quiso morigerar su declaración, causó gran revuelo. Tal vez cándida, la niña alta del oriente boliviano no dijo más que lo que las elites cruceñas agitan minuto a minuto en estos días previos a un referéndum que, pretenden ellos, servirá para agudizar aún más el cisma entre Santa Cruz y el los poderes centrales de Bolivia. Especialmente con el presidente Evo Morales, representante de la «gente pobre» y de «muy baja» estatura, los indígenas que no saben inglés, al decir de miss Gabriela.
Caminar en este abril de 2008 por las calientes calles de Santa Cruz puede sorprender a más de un viajero incauto. «Evo raza maldita», dice un graffiti en el centro histórico de la ciudad, muy cerca de las enormes banderas cruceñas, frente al aristocrático Club Social y el viejo edificio de la Prefectura departamental en la misma plaza central de la ciudad.
Cabe preguntarse si ese graffiti expresa cabalmente hasta dónde han llegado las cosas en el enfrentamiento de Santa Cruz contra los andes bolivianos. Seguramente no. Si así fuera, si el odio racial que expresan graffitis por el estilo ya hubiera estallado en enfrentamientos o en purgas raciales a la africana, en las calles de una Santa Cruz en donde -también- viven miles y miles de migrantes del altiplano y de otras regiones de las montañas bolivianas.
Sin embargo, graffitis por el estilo sí reflejan una tensión creciente a medida que se acerca el 4 de mayo, fecha prevista para el referéndum autonómico. Ya están previstas para los próximos días marchas de ganaderos sobre Santa Cruz y también de indígenas organizados de la región, que la semana pasada presentaron al gobierno central sus propios estatutos autonómicos, y que anuncian acciones para desconocer e incluso impedir la realización del referéndum autonómico cruceño.
Y si la tensión es una característica del momento político en Santa Cruz, la otra es el verdadero significado de la autonomía. Ante todo, hay que decir que la autonomía de las regiones es un viejo reclamo en un país históricamente centralista como Bolivia. Consciente de ese reclamo el Movimiento al Socialismo de Evo Morales las impulsó antes de llegar al gobierno y luego en el texto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que debe ser reafirmada o no en una consulta popular todavía sin fecha.
Por eso, si hoy se le pregunta a cualquier boliviano, del llano o de la montaña si están de acuerdo con la autonomía dirán que sí. Es como preguntar en cualquier país de América Latina si se está de acuerdo con la democracia. El problema es el contenido y el objetivo.
Y el contenido de la autonomía tal como la plantean las elites cruceñas tiene diferencias centrales con el que consagra la Asamblea Constituyente que finalizó su trabajo en diciembre pasado entregando su proyecto de nueva CPE.
El estatuto cruceño, por caso, establece que «Los recursos naturales son competencia y propiedad del departamento, (suelo, subsuelo)» por ende, cualquier concesión de explotación debe ser aprobada «por instancias legislativas y ejecutivas departamentales».
También establece que «los departamentos autónomos ceden 3% de sus ingresos al Estado» y, además advierte que el «déficit de las regiones autónomas, será cubierto por el Estado Central», entre otros muchos puntos. Pasando en limpio: el departamento pretende hacer lo que quiera con los ingresos por recursos naturales y al Estado nacional sólo le corresponden las deudas.
El estatuto autonómico también plantea que le corresponde a la autoridad departamental la administración de la tierra. Esto no es casual, ni mucho menos. Si hay un aspecto resistido en el proceso de cambios estructurales que impulsa Evo Morales es el de la revisión de la propiedad de la tierra.
Basta revisar lo que ocurre por estas horas en la provincia Cordillera, sector administrativo dentro de Santa Cruz, 300 kilómetros al sur de la ciudad. Allí el gobierno nacional intenta desde hace varios días ingresar a haciendas de ganaderos grandes y medianos para verificar dos cosas: si existen terrenos improductivos en haciendas mayores de 500 hectáreas -lo que permitiría expropiaciones o retenciones para el uso social de la tierra- y si se verifican las denuncias de los indígenas guaraníes, que aseguran que en la zona hay centenares de casos de reducción a la servidumbre. Aseguran que allí los guaraníes trabajan sólo a cambio de comida y sin salario, y que rige la ley del látigo -si, en el siglo XXI- para los díscolos.
Los hacendados vienen cortando la ruta principal de la región y el acceso a los campos, aunque no reciben el apoyo de los habitantes de Camiri, la principal ciudad de la zona que vio pasar, hace cuarenta años, al mítico Che Guevara.
Y no es sólo en la provincia Cordillera donde se podría crear un espacio de explotación social de la tierra, una experiencia casi inédita en una América Latina cruzada históricamente por el latifundismo. Quien ya sabe al respecto es Branco Marincovic, el principal empresario aceitero de Bolivia.
El ministerio de Tierras ya cuestionó la propiedad y el uso de más de 25.000 hectáreas de sus extensísimas haciendas -algo más de la mitad de la ciudad de Caracas- y la expropiación está detenida merced a un oportuno recurso judicial.
Marincovic no es otro que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, principal impulsor de la autonomía. Qué mejor forma de escapar de la presión de una reforma agraria en ciernes que formar su propia institucionalidad. Un departamento «atendido por sus dueños».
¿Puede haber una Santa Cruz independiente?
Más allá del anhelo coyuntural de los terratenientes locales agazapados tras el añejo y popular anhelo de la autonomía ¿estamos cerca de un estado independiente en Santa Cruz? No parece ser ese el escenario actual, al menos no el inmediato. Hay varios elementos que así lo indican.
Primero, porque la población de Santa Cruz no está uniformemente alineada tras la autonomía. Como ocurre en Camiri, hay sectores urbanos en el interior del departamento que no comulgan con el Comité Cívico de Santa Cruz. Hay sectores dentro de la misma ciudad de Santa Cruz de la Sierra -especialmente en la zona conocida como Plan 3000, con casi un cuarto de millón de habitantes- y ciudades como San Julián, al norte del departamento, que son bastiones del oficialismo. Allí planean no permitir el ingreso de urnas electorales el próximo 4 de mayo.
También la Federación de Colonizadores y la Central Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (CIPOB) planean su rechazo activo al referéndum.
Por otro lado, ya se sabe que ningún organismo internacional y mucho menos un país vecino reconocería desmembramiento alguno. En el hipotético caso de una proclamación separatista, el gobierno de La Paz bien podría pedir -y conseguir- rápidamente sanciones comerciales para la región de la bandera verde. Aunque los Estados Unidos se ha mostrado sin demasiado tapujos como amigo de los autonómicos, no parece haber margen para demasiada bulla internacional. Mucho menos en un contexto donde organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) quedaron golpeadas luego del intervencionismo manifiesto de EE.UU. Trabando una resolución dura contra Colombia por la masacre contra civiles y guerrilleros de las FARC en territorio ecuatoriano.
¿Por otro lado, a quién le vendería Santa Cruz? Un cisma significaría el congelamiento de las relaciones comerciales con el resto de Bolivia, algo que muchos especialistas consideran inviable.
¿Para qué entonces la autonomía? El objetivo real no parece ser ese. El objetivo real está encerrado en el graffiti racista y en aquel reconocimiento cándido de la miss Bolivia. El objetivo real es terminar con el gobierno del «indio», el de la «raza maldita»: Evo Morales, y su desfachatez de avanzar sobre la -desde siempre- intocable tierra latifundista y los dividendos millonarios de los exportadores. Dividir para debilitar, restar de hecho poder al gobierno de La Paz.
A la elite del oriente boliviano no le interesa independizarse de La Paz, lo que quiere es que La Paz vuelve al cauce que consideran «normal», con un gobierno como el de Gonzalo Sánchez de Losada, aquel pintoresco boliviano que hablaba español con marcado acento gringo, el mismo que comenzó a sentar las bases para que el arraigado reclamo de autonomía se convierta en lo que es ahora: una consigna vacía, el huevo de la serpiente de una crisis que -añoran- de sus frutos con una salida por derecha. Muy por derecha.