La revista Forbes ha destacado tres «megaobras» que el Gobierno de México plantea para estimular el desarrollo del país: la refinería de Dos Bocas, en Paraíso (Tabasco); el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 21 defensores del territorio y el medio ambiente fueron asesinados durante […]
La revista Forbes ha destacado tres «megaobras» que el Gobierno de México plantea para estimular el desarrollo del país: la refinería de Dos Bocas, en Paraíso (Tabasco); el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 21 defensores del territorio y el medio ambiente fueron asesinados durante 2018 en México; ¿Hay alguna vinculación entre la construcción de grandes infraestructuras y las amenazas y asesinato de defensores? La activista social Norma Ortega, que reside actualmente en Valencia y colabora con colectivos feministas de Ciudad de México, reflexiona sobre esta relación. «El Gobierno hace como que escucha a las organizaciones populares pero les da la espalda», afirma. En las redes sociales comparte la convocatoria reciente del Movimiento Agraria Indígena Zapatista (MAIZ), respondiendo a un llamamiento de la población de Amilcingo (Morelos); cuando se cumplen cien años del asesinato de Emiliano Zapata, «la actual administración del gobierno de la esperanza, al igual que Madero el apóstol de la democracia, ha traicionado los intereses de nuestros pueblos, militarizando y dando paso a grandes proyectos de despojo», denuncia MAIZ.
-¿Cuál es la relación del ejecutivo actual con las organizaciones en defensa del territorio?
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder respaldado con la ilusión de mucha gente. Hubo organizaciones sociales que hablaron a favor de votar por él, aunque no es el caso de los colectivos libertarios, ni de los pueblos autónomos o los zapatistas. Se trataba de quitar al gobierno anterior de Peña Nieto, del PRI, corrupto y represor de toda la vida. El actual presidente dijo al principio que se iba a escuchar a la gente, y que si hubiera algún megaproyecto se preguntaría -de manera honesta- a la sociedad afectada y por los impactos ambientales. Una de las grandes sorpresas fue que apoyara el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca (Morelos), un acueducto y un gasoducto que recorre los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. En una carta remitida a el pasado 11 de febrero a AMLO, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala recuerda «cuando hace un año y hace cuatro, usted estaba de este lado, diciendo no a la termo, ‘que es una ofensa para los pueblos'».
-Al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación están acogidos 498 activistas defensores de derechos humanos y 292 periodistas. En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México registra nueve defensores (hasta finales de marzo) y cuatro periodistas asesinados (hasta mediados de marzo)…
Además de los muertos y desaparecidos, uno de los mayores problemas es el de las grandes infraestructuras. Cuando el Gobierno de la «Cuarta Transformación» -como se hace llamar el ejecutivo de AMLO- apoya una determinada macroactuación, como el Tren Maya para desarrollar el turismo en la Península de Yucatán, en ese momento se hace vulnerable la situación del defensor que está en contra. El pasado 20 de febrero fue asesinado el líder indígena Samir Flores Soberanes, de la comunidad de Amilcingo, quien llevaba años luchando contra el Proyecto Integral Morelos (PIM); el 10 de febrero AMLO estuvo en el municipio de Cuautla (Morelos) anunciando la consulta pública sobre el PIM; allí calificó de «conservadores» y «radicales de izquierda» a quienes rechazaban la planta termoeléctrica.
-¿Qué conclusiones extraes?
Yo no estoy responsabilizando a AMLO de la muerte de Samir Flores Soberanes; pero cuando criminalizas políticamente a un defensor social y afirmas que está en contra del «avance», lo dejas expuesto al delincuente, al paramilitar y al empresario que paga a matones. El día anterior a que lo mataran de dos balazos, «Samir Flores y compañeros de Amilcingo asistieron al foro informativo que el ‘superdelegado’ de López Obrador en Morelos, Hugo Eric Flores, realizó en Jonacatepec; ahí le cuestionaron las mentiras que está diciendo acerca del PIM», informó el Frente de Pueblos. Además de Delegado Federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos y líder de un partido cristiano evangélico, Hugo Eric Flores Cervantes fue defensor de los paramilitares que asesinaron en diciembre de 1997 a 45 indígenas en Acteal (Chiapas).
-¿Qué otros ejemplos destacarías, tanto de políticos íntegros como de otros con trayectorias cuestionables?
Me parece un ejemplo de coherencia la activista y senadora de MORENA Nestora Salgado García, excomandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) en Olinalá (Guerrero), que estuvo presa durante más de dos años y actualmente lucha por la liberación de los presos políticos. Pero hay personas que se han declarado «antizapatistas» y están en el Gobierno de López Obrador. El 9 de febrero de 1995 se produjo la «traición» del presidente Zedillo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); mientras decía apostar por el diálogo y la negociación, lanzó una ofensiva militar contra los territorios controlados por los zapatistas e identificó y ordenó la detención del subcomandante Marcos; Esteban Moctezuma Barragán desempeñaba entonces el cargo de secretario de Gobernación; hoy está al frente de la Secretaría de Educación Pública promoviendo un plan educativo.
-El Gobierno impulsa un nuevo «sistema aeroportuario» en Ciudad de México, con la construcción de dos pistas aéreas de uso civil en la base militar de Santa Lucía, la «modernización» del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México «Benito Juárez» (situado a 45 kilómetros del anterior) y el aeropuerto de Toluca, además de la posibilidad de construir un aeropuerto en 900 hectáreas de terreno en el municipio de Tizayuca (Hidalgo).
El Gobierno considera que, por problemas de «saturación», el aeropuerto actual de Ciudad de México se ha quedado pequeño, necesita crecer y, por esta razón, se utilizarán finalmente las instalaciones de una base aérea (militar) ya existente, las de Santa Lucía. En un principio estaba prevista la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México en Texcoco (Estado de México), lo que afectaba a los territorios de los pueblos indígenas de Atenco, que han denunciado impactos, entre otros, en el lago de Texcoco.
En octubre de 2018, AMLO convocó una consulta nacional en la que pudimos decir «no» a este megaproyecto, cuyas obras estaban ya iniciadas e implicaba un despropósito económico brutal: no era defendible ni desde una perspectiva capitalista. El que se cancelara el proyecto de Texcoco fue un logro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)-Atenco y los más de 17 años de lucha y resistencia en la región (En un comunicado del 30 de octubre el FPDT afirmaba que este rechazo no implica avalar el proyecto de Santa Lucía, ya que la saturación aeroportuaria «no es un problema prioritario que defina la calidad de vida de millones de mexicanos». Nota del entrevistador).
-El gobierno actual dibuja el siguiente panorama de la violencia en el país: 230.000 asesinatos en una década, más de un millón de víctimas de la violencia y 40.000 desaparecidos… ¿Cuál es la repuesta de las víctimas y las familias?
Por necesidad y conciencia, la gente se ha organizado en México para buscar a sus desaparecidos. También AMLO dijo que se les iba a escuchar. Estas organizaciones tienen información incluso de cuáles fueron las instancias gubernamentales que hicieron desaparecer a sus seres queridos; porque no todos los desaparecidos son por la delincuencia del narco; AMLO hace como que les escucha, pero no actúa en consecuencia.
El poeta y representante del Movimiento (Nacional) por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, afirma que López Obrador ha «traicionado» y «dado la espalda» a las víctimas de la violencia; es el padre de Juan Francisco Sicilia, asesinado en 2011 junto a otros seis jóvenes en Morelos. Estamos hablando de padres y madres, hijos, primos y sobrinos que, todos ellos con sus formaciones y oficios privados, se vieron en la necesidad de convertirse en investigadores y forenses. Si miras en cada estado -Jalisco, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas…- todos tienen una red con procesos muy avanzados. Algunas tienen mucha relevancia, como el Colectivo Solecito de Veracruz.
-¿Y en cuanto a los feminicidios?
Creo que el nuevo Gobierno está haciendo muy poco, y no hablo sólo de AMLO que sí, es un líder que ejerce mucho poder sobre su gente, pero también está la Cámara de Diputados. El pasado seis de marzo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló en una conferencia de prensa que 3.580 mujeres y niñas fueron asesinadas en México durante 2018, lo que supone nueve víctimas mortales diarias a manos de conocidos o, muchas más veces, en el espacio público; «a todas ellas la une un factor común, la falta de intervención oportuna y diligente del Estado mexicano para preservar su integridad y asegurar sus vidas», reconoció. Sánchez Cordero afirmó, asimismo, que el 66% de las mujeres es objeto de violencia en el ámbito familiar y laboral. Por otro lado la directora general de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa Morales, ha denunciado que el Gobierno haya retirado los subsidios para la prestación de servicios de refugios a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema y sus centros de atención externa (más de 20.000 personas atendidas).
-A finales de noviembre, 130 instituciones y organizaciones de la sociedad civil firmaron un manifiesto en el que rechazaban una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) concluye en un informe (noviembre de 2018) que las Fuerzas Armadas es la institución con mayor índice de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas (datos del periodo 2006-2017, a partir de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos). El Senado aprobó el 21 de febrero la constitución de una Guardia Nacional de carácter civil para la lucha contra el crimen organizado; la presión de los colectivos de derechos humanos hizo que se redujera el peso del ejército, sin embargo AMLO ha anunciado en abril que un militar en activo estará al mando de la guardia. ¿Cómo analizas la militarización?
En los 12 años de la llamada «guerra contra el narco», hemos comprobado que la presencia del ejército en las calles -aparentemente combatiendo al crimen organizado- ha tenido como resultado una gran debacle de los derechos humanos; no todos los muertos son delincuentes, y aunque lo fueran habría que detenerlos y enjuiciarlos; la mayor parte corresponde a lo que se llama «daños colaterales». El problema es que el ejército opera con el concepto de «enemigo». En junio de 2014 los militares perpetraron la matanza de Tlatlaya (Estado de México), con un resultado de 22 civiles muertos; en relación con la masacre, una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló ejecuciones extrajudiciales, manipulación del lugar de los hechos y tortura. El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ha ordenado a la Procuradoría que haga públicas las averiguaciones del «caso Tlatlaya».
En marzo de 2010 los militares mataron a dos estudiantes del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, en el contexto de un enfrentamiento con narcotraficantes; a los estudiantes se les hizo pasar por delincuentes. Otro ejemplo es el estado de Guerrero, masacrado toda la vida por el ejército. Con estos efectivos, AMLO y la «Cuarta Transformación» pretenden formar la Guardia Nacional, aunque en la campaña electoral prometió «más abrazos y menos balazos».
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