En los primeros cuatro años del gobierno se profundizó la situación de las mexicanas en violencia, pobreza, salud, empleo y oportunidades de desarrollo.
El balance de la administración de la llamada 4ª Transformación, conocido en las horas previas a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindiera su cuarto Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre, muestra un deterioro generalizado en la condición social de las mexicanas.
En los primeros cuatro años del gobierno se profundizó la situación de las mexicanas en violencia, pobreza, salud, empleo y oportunidades de desarrollo. En nada quedó el Acuerdo para la Igualdad, que firmó en noviembre de 2019; además rompió el diálogo con las feministas y desvió recursos etiquetados para fines electorales, sacrificando a las mujeres.
En estos cuatro años, las mexicanas tampoco avanzaron en la paridad política, festejada y presumida internacionalmente. Sólo ocho de 20 secretarías de Estado están encabezadas por una mujer; en la administración pública centralizada de las entidades federativas solamente 46 de 524 instituciones están dirigidas por mujeres; la paridad de género sólo es una «simulación», sostiene estudio del Senado de la República.
Mientras el empleo es precario y el 27 por ciento de las trabajadoras sufren violencia y acoso, en agosto, el gobierno federal todavía escamotea recursos a algunos Refugios para Mujeres y este año fue escandaloso el subejercicio para los programas de salud femeninos. Las mujeres del campo han perdido recursos y estabilidad, y se disminuyeron al mínimo los recursos para las casas de la Mujer Campesina.
Según especialistas, informes oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), México Evalúa y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se devastaron las condiciones de vida para todas las mexicanas y, a las muertes por violencia de género, se suman las de la salud, pobreza, suicidio o depresión.
Mujeres académicas, feministas y políticas consultadas resumen así la presente administración frente a la problemática femenina: «No hay voluntad, no hay entendimiento del problema, ni hay un programa, tampoco se deja ayudar -AMLO- por quienes conocen estos temas y podrían hacer algo para detener la crisis humanitaria por el feminicidio, las desapariciones y la trata de mujeres».
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) informó en mayo que México mantiene el primer lugar en embarazos de adolescentes entre los países de esa organización, con una tasa de 77 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años de edad. Este gobierno no invirtió en un programa impulsado en el sexenio anterior para disminuir el embarazo en adolescentes.
Comparando las cifras con el 2018, aumentó dos por ciento la muerte por cáncer de mama, 36 por ciento la muerte materna; de 20 millones pasaron a 24 millones las mujeres en pobreza y se profundizó su desigualdad, al no incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo la línea estratégica de perspectiva de género -como ocurría desde el año 2000- por lo que desaparecieron en 86 por ciento los apoyos a la sociedad civil que trabajaba por la ciudadanía de las mujeres y en la prevención de la violencia. Además, no operan los sistemas nacionales de Igualdad y de Violencia.
Como ejemplos de la displicencia gubernamental, en el primer trimestre de este año, se recortaron 667 millones de pesos (33.350.000 dólares), el 69 por ciento del presupuesto programado para Salud Materna, Sexual y Reproductiva y se desviaron recursos aprobados por el Congreso para otros fines, como documentó México Evalúa.
En «empoderamiento económico y social para las mujeres», último reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), afirma que las mexicanas tuvimos una pérdida de 10 años en bienestar, salud y empleo en los últimos 43 meses.
En tanto, el Inegi reportó apenas el pasado martes 30 de septiembre que el 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años -55 millones de mexicanas-, vivieron al menos un evento violento a lo largo de su vida, cuando en 2016 esa cifra era de 66,1 por ciento. O sea, creció en cuatro puntos la violencia contra las mujeres en general. Inegi también documenta que en, la economía, cinco millones de mujeres disminuyeron sus ingresos en 23 por ciento.
Las mujeres presentan las mayores tasas de desocupación
En cuanto al desempleo, este alcanza el 9,5 por ciento contra 5,8 por ciento en hombres.
Arianna González, de Unicef México, dice que es muy reducido el gasto de 2,9 por ciento del PIB para educación y 10,2 por ciento del gasto total para la infancia y adolescencia, con pérdidas desde el comienzo de esta administración. Eso conspira y agudiza el rezago escolar, que afectó en ocho por ciento más a las niñas que a los niños; además de la desaparición de recursos para programas como Sipinna (Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes).
El gobierno dejó de vacunar a niñas contra el Papiloma Humano, dirigida a evitar el desarrollo del cáncer cérvico uterino. Este 31 de agosto descartó dar más de una dosis a niñas, sólo aplicaron 45.000, cuando en 2018 se aplicaron más de un millón y, tres años antes, hubo programas de varias vacunaciones, como es recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El combate a la desigualdad es sólo un discurso. El partido del Presidente vació el presupuesto de género, eliminó al menos 14 programas específicos para las mujeres -19 líneas de atención a la salud- y desapareció programas de apoyo para las madres trabajadoras, como las estancias infantiles, el programa de escuelas de tiempo completo y las aportaciones para lo que se llamó el Seguro contra la Violencia, analizaron al detalle diputadas y la economista Magdalena García, de la red Mira.
En el último trimestre, según la encuesta de Inegi, había 29 millones de mujeres trabajando -incluso en empleos con carencias-, cuando hace cuatro años eran 34 millones. Es decir, en esta administración se perdieron cinco millones de puestos de trabajo para ellas.
Destrucción solamente
Paralelamente, las mexicanas han vivido en estos años la destrucción de los tímidos avances en políticas públicas favorables al 51,2 por ciento de la población, ya que se perdieron, cerraron o migraron los programas para su salud sexual y reproductiva, bienestar y alimentación, de acuerdo con el análisis de programas y presupuesto del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.
La pobreza, con respecto a 2018, creció 12 por ciento y las afectaciones continuarán, pese a la baja de contagios por covid-19 y la apertura de la economía.
La carencia por acceso a alimentación va en aumento, ya que pasó de 29 por ciento en diciembre de 2020, a 47 por ciento en marzo de 2022. La pobreza aumentó de 51 a 54 por ciento de diciembre de 2020 a marzo de 2022 y la pobreza extrema pasó de siete en 2018, al 15 por ciento.
Rezagos aumentados
Rodolfo de la Torre García, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, afirmó al hacer un balance de esta administración, que una de las cosas que más impactó a las mujeres fue la desaparición del Seguro Popular y que, en los primeros dos años de la pandemia en México, se perdieron cerca de cuatro años y medio de vida de esperanza al nacer y que no se atendieron los partos y los nacimientos. La muerte materna creció en 36 por ciento.
Alejandro López Bolaños, doctor en Estudios Latinoamericanos, profesor en Facultad de Ingeniería y técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, expresó que se descuidaron las microempresas, casi todas jefaturadas por mujeres, como son papelerías, tienditas, changarros y otros emprendimientos.
Rodrigo Peña, director Ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, sociólogo especializado en legitimidad, delincuencia y gobernanza criminal, advirtió el riesgo que genera para las mujeres el aumento de la militarización en el país. «Este proceso de militarización tiene el riesgo de conducir a escenarios de autoritarismo o formas castrenses de gobierno».
Lucía Melgar, doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago y coordinadora de investigación y proyectos académicos en lo que fue el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, dijo que el único avance es la despenalización del aborto, impulsada por Congresos locales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin garantizar salud y seguimiento.
El principal error es la reducción de financiamiento para organizaciones de mujeres y las redes de refugios; el cierre de estancias infantiles y el freno a las escuelas de tiempo completo.
Además, la prevalencia de feminicidios, el aumento de trata y desapariciones de mujeres, así como las graves manifestaciones de desprecio al movimiento feminista y la ruptura del diálogo con las mujeres.
El punto principal es que hay un desprecio hacia las mujeres y una estigmatización del movimiento feminista y de las organizaciones de la sociedad civil en general, y de las que se ocupan de mujeres en particular, como las casas de la mujer indígena, mujeres organizadas contra el feminicidio, mujeres de refugios.
No todas son feministas, pero son mujeres organizadas, y el primer problema es que se han cortado puentes con la sociedad civil, aun cuando las convenciones internacionales señalan la importancia de que el gobierno, los Estados, tengan relación de colaboración con estas organizaciones porque desde abajo se pueden hacer muchas cosas.
Un saldo de 13.000 asesinatos de mujeres
Cuando llegó al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador había 69 feminicidios y 218 homicidios dolosos al año; sin embargo, 43 meses después, esos delitos reflejan incrementos de 26 y 28 por ciento, respectivamente.
Se anticipa que este gobierno se perfila como uno de los más violentos para las mujeres. De acuerdo con los datos oficiales, en los 43 meses de esta administración, suman 13.511 feminicidios y homicidios dolosos, con lo que el promedio diario de muertes violentas de mujeres pasó de 9,4 a 12,2.
Ivonne Olvera, profesora, experta en seguridad y violencia de género, advirtió que la impunidad, la falta de políticas públicas, las fallas en protocolos y la falta de presupuestos se han convertido en el caldo de cultivo para el incremento de la violencia contra las mujeres en esta administración.
«El mensaje es de impunidad. Como no pasa nada, si le quitas la vida a una mujer el mensaje es ‘síganlo haciendo’. No importa que haya testigos, que sea en un parque, en un restaurante con arma de fuego, no importa que estén quemándolas vivas. La autoridad no quiere reconocer el problema de la violencia que hay contra las mujeres», dijo Olvera.
Otras expertas afirman que en esta administración se reconocen 10.067 homicidios dolosos y 3.444 feminicidios; sin embargo, podría ser mayor y aunque no es posible hacer un comparativo de la violencia contra las mujeres respecto a sexenios pasados con exactitud, hay un incremento en la violencia año con año.
El informe de Inegi deja claro que, en estos cuatro años, el aumento de la violencia feminicida fue de 27 por ciento global, mientras el gobierno asegura que van a la baja.
En ese sentido, la reconocida analista Elena Azóala, integrante del Seminario de Violencia y Paz (SVP) del Colegio de México (Colmex), afirma que, ante la dura realidad de la violencia, que cobra la vida de 12 o 20 mujeres cada día, no se puede caer en triunfalismos.
«No se está haciendo un programa real para atender la violencia. Se está peleando con que el delito bajó 0.0001, vamos muy bien. No se puede tener una actitud triunfalista cuando la realidad está siendo extremadamente dura. No hay voluntad, no hay entendimiento del problema, tampoco hay un programa, tampoco se deja ayudar por los que conocen estos temas y podrían hacer un mejor programa. Tenemos que ir a la raíz de problema para darle solución», sostiene.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del Inegi, 70,1 de las mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. O sea, siete de cada 10.
Ivonne Olvera advierte que feminicidios como el de Luz Raquel, en Jalisco, ponen en evidencia que México es un país donde no se denuncia un 93 por ciento de los delitos y, además, quedan impunes los agresores y los servidores públicos que hicieron mal su trabajo, en siete por ciento de aquellos delitos de los que sí tiene conocimiento la autoridad.
«Hay un enorme grado de impunidad para los agresores. Van casi 500 feminicidios este 2022 y hay muy pocas sentencias, ello a pesar de que muchas veces se sospecha quién pudo haber cometido el asesinato. Además, las instituciones están rebasadas por los delitos que se cometen; sin embargo, se deberían invertir los recursos necesarios para hacer justicia», afirma Elena Azaola.
Desde su perspectiva, estamos ante una verdadera deshumanización, fomentada por el discurso oficial. En 2021 fue un año donde se registraron más de 1.000 feminicidios, algo que no sucedía desde 2015. El reporte Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México, 2020, presentado por la organización Impunidad Cero en noviembre pasado, revela que el 91,4 por ciento de los feminicidios en el país no fueron resueltos.
Las otras violencias que no importan
El 2021, delitos como la violación también crecieron. Entre enero y diciembre se registraron 21.189 víctimas, cifra que representó un incremento de 28 por ciento respecto a las 16.544 reportadas en 2020. De acuerdo con esas cifras, cada día se cometieron, en promedio, 58 violaciones. Al igual que con los feminicidios, las violaciones han registrado sus números más altos desde que comenzó el gobierno de López Obrador.
La violencia familiar también ha tenido sus peores años en este gobierno. Antes del inicio de sexenio, la cifra más alta era de 180.187 eventos, sin embargo, en 2021 alcanzó 233.978 y, sumados los cuatro años, los eventos reportados como violencia familiar ya alcanzan casi medio millón.
Y mientras están declaradas 22 Alertas de Violencia contra las Mujeres, un cálculo, sólo de inversión, indica que al dividir 121.300.000 pesos (6.065.000 dólares) que se asignaron para 642 municipios con la AVGM, apenas el 26 por ciento de los 2.471 municipios de las 32 entidades del país, da como resultado 182.680 pesos (9.134 dólares) para cada uno, cifra que, si se divide en los 365 días del año, arroja que cada día tienen un presupuesto de 500 pesos (25 dólares).
Mujeres subrepresentadas en el gobierno de AMLO
Y aunque la paridad electoral es un producto de la lucha de las mujeres y fue establecida en 2014, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presume de haber empujado en representación.
Lo cierto es que sólo ocho de 20 secretarías de Estado están encabezadas por una mujer, mientras que en la administración pública centralizada de las entidades federativas solamente 46 de 524 instituciones están lideradas por mujeres, por lo que la paridad de género sólo es una «simulación».
Eso señaló el estudio La paridad de género en las secretarías y dependencias del Ejecutivo a nivel federal y local, realizado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado, el cual concluye que se incumple la reforma constitucional de paridad total, ya que las mujeres siguen estando subrepresentadas.
«Además del incumplimiento de la paridad, persisten las prácticas de simulación que se reflejan en fenómenos su escasa presencia en las carteras con mayor injerencia y presupuesto, y la sobrerrepresentación en las dependencias con menos recursos, o bien aquellas ligadas a los trabajos de cuidado, como la salud y la educación», se asevera.
El análisis, realizado por César Alejandro Giles Navarro, pone énfasis en que, en estricto sentido, la paridad de género implica una distribución de 50 por ciento de los cargos para mujeres; sin embargo, actualmente, sólo 40 por ciento de las dependencias federales y 8,8 por ciento de las instituciones de la administración pública centralizada de las entidades federativas están encabezado por una mujer.
Estas cifras, se subraya, distan mucho de la paridad establecida en la Constitución, son inconsistentes con la democracia paritaria a la que se aspira a llegar con las medidas afirmativas y ameritan el seguimiento y escrutinio del Poder Legislativo como órgano de control político.
En el ámbito federal, las ocho dependencias que están encabezadas por una mujer son: las secretarías de Bienestar, de Energía, de Economía, de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social, de Cultura, y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
No hay igualdad
Para 2022, el gobierno destinó 232.732 millones de pesos (11.636.600 dólares) para la igualdad entre mujeres y hombres y al decir de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se trata de un incremento de 82 por ciento respecto al presupuesto de 2021, cuando se asignaron 128.354 millones de pesos (6.417.700 dólares). Sin embargo, esos recursos se enfocan en programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Tandas para el Bienestar, Beca Universal de Educación Media Superior y no para programas específicos para las mujeres, ni en atender y prevenir la violencia.
«No necesitamos una política de gobierno, sino una política de Estado que garantice el derecho de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de violencia», dice Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, ante la escalada de violencia en el país.
¿Cuál Acuerdo por la Igualdad?
El Acuerdo por la Igualdad, signado el 21 de noviembre de 2019, cayó por tierra. En ese acuerdo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó el compromiso de que en su gobierno se priorizaría a las mujeres, adolescentes y niñas en México.
Las cifras y los hechos lo desmienten cuatro años después. Como ha quedado relatado en la firma, se dijo que este gobierno estaba comprometido a erradicar el machismo y la discriminación hacia las mujeres, adolescentes y niñas. Fue desde entonces, empujado por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, solamente una carta de buenas intenciones que no se cumplió.
La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman; el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tendrán que explicar que aquello que se dijo sobre los ideales de la Cuarta Transformación: colocar especial atención a las mujeres, adolescentes y niñas, quienes a lo largo de la historia de México y a escala mundial se han enfrentado a mayores desventajas en el desarrollo.
Estos fueron los seis objetivos principales del Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres:
- Para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la Cuarta Transformación y del desarrollo de México.
- Para que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres.
- Para garantizar mayor bienestar en la vida de mujeres y niñas, con educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad.
- Para que las familias y centros de trabajo compartan los trabajos de cuidado y las mujeres tengan más tiempo propio.
- Para que se procure una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de su vida.
- Para trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno, la igualdad de derechos y la no discriminación.