El tema del llamado huachicol fiscal ha llegado a un punto que coloca a la Fiscalía General de la República de Claudia Sheinbaum, y a la presidenta misma, en un gran predicamento. O bien proceden a fondo, hasta las últimas consecuencias contra todos los involucrados, con lo que su propio partido, el Morena, y su gobierno podrían comenzar a desplomarse como fichas de dominó, o quedar como un organismo para el encubrimiento de la gran corrupción y de crímenes aún sin aclarar, menos castigar.
El asunto no es menor. La Procuraduría Fiscal de la Federación estimó que el contrabando de gasolinas y diésel por la frontera norte y puertos de Tamaulipas ha alcanzado más de 600 mil millones de pesos. Sólo en 2024 —el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador— se habrían evadido 124 mil 209 millones de pesos en recaudación de IVA y 52 mil 960 millones de pesos en recaudación del IEPS https://n9.cl/7jw14q. Esas cifras aproximadas convierten el caso en el suceso de corrupción más cuantioso en la historia del país, muy por encima de cualquier otro conocido, como el de la Estafa Maestra del gobierno de Enrique Peña Nieto —7 mil 760 millones de pesos— o el peculado en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) durante el de López Obrador, de 15 mil 300 millones.
A eso hay que añadir que al caso se asocia el asesinato de Sergio Carmona Angulo, Rey del Huachicol, en San Pedro Garza García en noviembre de 2021 y el del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en Manzanillo el 8 de noviembre de 2024. El primero, a quien se vinculaba con el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, habría financiado con las ganancias del contrabando de combustibles campañas del partido Morena en varios Estados como Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, y la del mismo López Obrador en 2018. Según una investigación de la periodista Anabel Hernández, Carmona habría llegado en 2021 a entrevistarse con el presidente en el Palacio Nacional, en una reunión en la que también estuvieron el coordinador de Comunicación Social Jesús Ramírez Cuevas, el presidente del partido Mario Delgado Carrillo y el actual gobernador tamaulipeco Américo Villarreal. El señalado como líder del contrabando huachicolero también tenía una cercana relación con el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Información con López Obrador https://n9.cl/55ffk.
El contralmirante Fernando Guerrero había denunciado unas semanas antes de su asesinato ante el secretario de Marina saliente José Rafael Ojeda Durán, y ante el designado por Claudia Sheinbaum, Raymundo Pedro Morales Ángeles, el tráfico ilegal de combustibles por la aduana de Reynosa, a cargo de Julio Carmona, hermano del llamado Rey del Huachicol, en el que participaban dos sobrinos políticos del propio secretario Ojeda, los hermanos Farías. Aristegui Noticias ha revelado el martes 17 de febrero una grabación de la entrevista entre el contralmirante y el entonces secretario, así como la existencia de una carta manuscrita del primero en la que se detallaba el procedimiento para el cuantioso contrabando.
Según los avances logrados por diversas investigaciones periodísticas, como la mencionada de Anabel Hernández, no se trataba meramente de una red de corrupción, que de por sí involucraba a altos mandos de la Marina, oficiales del Ejército, empresarios y funcionarios civiles del gobierno federal, sino de un aparato de gran amplitud que permitió el financiamiento del Morena en el periodo en que el partido fue dirigido por Delgado Carrillo, actualmente secretario de Educación de Claudia Sheinbaum.
La aparente paradoja es que esa maquinaria delictiva se puso en marcha a partir de que López Obrador decidió poner en manos de la Marina y la Secretaría de la Defensa, desplazando a los funcionarios civiles, el control de los puertos y aduanas del país, bajo el argumento de impedir la corrupción y el tráfico de enervantes y armas. Ahora sabemos que eso no se logró y, por lo contrario, incrementó en una escala sin precedentes el contrabando, especialmente de combustibles que eran declarados como aceites o aditivos para evitar el pago de impuestos. Y es explicable. La administración de los puntos de entrada al país fue parte de la militarización de múltiples actividades civiles desarrollada en ese periodo de gobierno, entre ellas la construcción de infraestructura y, hospitales, el manejo de ferrocarriles y de una línea aérea (que aún son subsidiados, por no alcanzar rentabilidad), reparto de libros de texto y vacunas, y muchas más. El estudio realizado por los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) que encabezó la doctora Catalina Pérez Correa documentó que entre 2006 y 2021 fueron trasladadas 223 funciones, actividades y facultades de carácter civil a las fuerzas armadas, particularmente, con mayor intensidad, desde el inicio del gobierno lopezobradorista. Investidas de gran poder, disciplina vertical y secrecía por razones de “seguridad nacional”, esas corporaciones obtuvieron las mejores condiciones para corromperse y actuar con opacidad y virtual impunidad.
La acrecentada injerencia castrense en la administración pública y muchas otras áreas de la vida civil, que ha llegado al extremo en los actuales gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación, es uno de los mayores legados —junto con la insólita corrupción del sexenio— del gobierno de López Obrador, que será muy difícil de revertir. El gobernante tabasqueño llegó incluso a modificar la Constitución en su artículo 129 para colocar en manos de la presidencia la facultad de usar a las fuerzas armadas en cualquier función que considere necesaria. La entrega a éstas incluso de porciones de la administración con capacidad recaudatoria se convirtió en una invitación al lucro, el tráfico de influencias y el enriquecimiento no sólo corporativo sino personal. Así se vio cuando, por medio del hackeo de Guacamaya Leaks se reveló que el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval realizaba viajes de placer con recursos de su dependencia y acompañado de sus familiares a lugares como Italia, Corea del Sur, Rusia y Nueva York; o que adquirió a precio super rebajado, y con un crédito del Banco del Ejército, un departamento de lujo en Huixquilucan, Estado de México vendido por una empresa con contratos de aprovisionamiento de la Sedena. Hasta la fecha, esas acciones no han sido sancionadas de ninguna manera por los órganos del Estado.
El terrible accidente del tren interoceánico el pasado 28 de diciembre, que costó la vida de al menos 14 personas y dejó un centenar de heridos en un despeñadero de Oaxaca ocurrió en una de las empresas de transporte puestas bajo la responsabilidad de los militares por Andrés Manuel López Obrador.
La incidencia de los militares llega, previsiblemente, incluso a la educación pública. El reciente y escandaloso despido del titular de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro, responsable de los libros de texto desde el gobierno anterior, y su confrontación con el secretario Mario Delgado, volvieron a poner a la vista del público que hubo presiones para que de los libros se retiraran las menciones a las matanzas como las de Tlatelolco, la Guerra Sucia de los años setenta, los “vuelos de la muerte” y otras acciones en las que el ejército actuó represivamente contra la población civil https://n9.cl/f3g29. No fue, como dijo la presidenta Sheinbaum, porque en los textos no hubiera menciones a las mujeres que han participado en la historia nacional, sino, según oficios dirigidos a Arriaga y ya exhibidos, por la demanda de que las referencias a la represión militar no estuvieran en los textos de secundaria.
Estamos, entonces, viviendo las consecuencias de la militarización que, iniciada por Felipe Calderón, sostenida por Enrique Peña Nieto y ampliada al extremo por López Obrador, ha sido condenada por académicos, organismos de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas. Una dinámica que, de no frenarse, continuará propagándose con efectos muchas veces negativos en los derechos humanos y la vida del país.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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