La masacre y las desapariciones: violencia y contubernio El saldo de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala no sólo es alarmante por el gran número de víctimas y agredidos (seis asesinados, una persona con muerte cerebral, casi una veintena de heridos y cuarenta y tres jóvenes desaparecidos); también lo es por la […]
La masacre y las desapariciones: violencia y contubernio
El saldo de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala no sólo es alarmante por el gran número de víctimas y agredidos (seis asesinados, una persona con muerte cerebral, casi una veintena de heridos y cuarenta y tres jóvenes desaparecidos); también lo es por la saña de los actos cometidos y por los individuos, instituciones y grupos que perpetraron estas vejaciones. En estos crímenes tomaron parte el alcalde de Iguala y su esposa (emparentada con un cartel del narcotráfico) como presuntos autores intelectuales, y policías municipales y miembros del grupo delictivo guerreros unidos como autores materiales (en tanto agresores, secuestradores y asesinos). Las muertes y desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enmarcan en el contexto más amplio y previo de dos series de actos violentos en la región que, ya en 2013, habían cobrado la vida del síndico Justino Carbajal y tres líderes de la Unidad Popular en Iguala, ambos asesinatos también atribuidos directamente al alcalde de Iguala. La violencia hacia y sobre los normalistas de Ayotzinapa se dio sobre el vasto y complejo entramado de las diversas relaciones entre funcionarios y gobernantes de nivel local, policías municipales (coludidos con grupos delictivos) y los grupos del crimen organizado. El telón de fondo más amplio tiene que ver con la violencia política que durante décadas ha sido instrumentada por ciertos sectores (el Estado, caciques, élites económicas y políticas, grupos del crimen) para intimidar y eliminar diversos grupos sociales en Guerrero: maestros, campesinos, normalistas, entre otros.
Males crónicos y violencia política: grupos delictivos y un Estado impune y cómplice
Conforme a la información recaba y difundida por ciertos medios de comunicación, los hechos violentos del 26 de septiembre son crímenes de Estado tanto por el involucramiento de los policías municipales como por ser el alcalde de Iguala y su esposa los autores intelectuales de los acontecimientos; en este tenor hay una línea de continuidad entre las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de por lo menos cuatros personas en la región en 2013, donde también fue designado como responsable y autor intelectual de los hechos el alcalde de Iguala. Considerando un contexto histórico más extenso y en una configuración distinta del nivel del Estado involucrado, los antecedentes de las agresiones a los normalistas nos remiten a nivel nacional a la violencia estatal del 68 y a la guerra sucia de la década de 1970 dirigida a los grupos sociales inconformes por parte del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); particularmente en Guerrero esto se manifestó en las acciones policías y militares para reprimir a las organizaciones de Lucio Cabañanas y Género Vázquez, y, posteriormente, ya a fines del siglo XX lo política represiva oficial hacia los campesinos volvió a tener sus manifestaciones de violencia extrema con las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998).
Particularmente las desapariciones (la privación de la libertad y la vida) han sido y son una estrategia de agresión y eliminación a la que han recurrido sistemáticamente (con mayor o menor frecuencia) el Estado y ciertos grupos del crimen organizado desde hace décadas. En Ayotzinapa se ha comprobado mediante diversos testimonios y declaraciones que el secuestro y posterior desaparición de los jóvenes normalistas fueron llevadas a cabo por policías y miembros de grupos delictivos, en una clara muestra de la complicidad entre las fuerzas de seguridad municipales y el crimen organizado. Estas desapariciones se enmarcan en dos niveles cuyo marco histórico es mucho más vasto: (1) Por un lado, los antecedentes remotos son la guerra sucia y el terrorismo de estado a nivel federal y estatal durante la década de 1970, donde el gobierno federal y el de Guerrero recurrieron como estrategia de represión y disuasión a las desapariciones selectivas y con un carácter de violencia política. (2) Por otra parte, recientemente, con la política de la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón a fin de legitimarse, las desapariciones (no pocas veces masivas) resurgieron como una forma de violencia generalizada y de represión por parte del crimen organizado y de las policías coludidas con grupos de delincuentes; en este tenor, cifras conservadoras difundidas por algunos medios de comunicación mencionaban en más de 26 mil el número de personas desaparecidas entre 2006 y 2012.
Así mismo no se puede omitir ni dejar de apuntar que en la historia política nacional y regional (a nivel del estado de Guerrero) tampoco es nuevo el contubernio y la colaboración entre las autoridades, las corporaciones policíacas y los grupos del crimen organizado. Particularmente para el caso de Ayotzinapa la información y evidencia recabada y publicada ha mostrado los nexos y alianzas entre los poderes locales fácticos oficiales y no oficiales, los vínculos entre el Estado (principalmente en su escala municipal aunque no sólo) y el crimen organizado, en este caso concreto en la complicidad y las estrechas relaciones de colaboración entre el alcalde de Iguala y los guerreros unidos.
Negligencia e impunidad
Las respuestas y acciones del estado de Guerrero y del gobierno federal frente a la masacre y desapariciones han sido leídas como insuficientes y negligentes por parte de los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos, esta percepción es ampliamente compartida por diversos grupos y organizaciones sociales y políticas del país, así como por una porción considerable de la sociedad civil mexicana. A nivel estatal, el gobierno de Guerrero actuó de manera lenta y errática, las investigaciones no han dado resultados claros ni contundentes. Por su parte, las autoridades federales, dado que los hechos acontecieron en Iguala y en un afán por descargar toda la responsabilidad en el gobierno de Guerrero, se negaron en un primer momento a intervenir de manera directa; posteriormente, debido a la presión social y mediática nacional e internacional, se sumaron a las indagaciones de los hechos, pero sin mostrar una voluntad política clara para el esclarecimiento de estas agresiones.
Pese a la captura de varios policías municipales y de algunos miembros del grupo delictivo guerreros unidos que tomaron parte activa en los hechos violentos, las autoridades estatales y federales todavía no han dado información sobre el paradero de los normalistas secuestrados y desaparecidos; tampoco se sabe del destino de los autores intelectuales de estos acontecimientos violentos. Mediante datos obtenidos por diversas declaraciones se encontraron varias fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a casi tres decenas de personas, sin embargo, pese a las apresuradas aseveraciones del gobierno de Guerrero de que se trataba de algunos de los normalistas de Ayotzinapa, la PGR desmintió esta información y afirmó que los restos no pertenecían a los desaparecidos. Este suceso sólo es una manifestación exacerbada de la falta de coordinación y de la ausencia de voluntad política de cooperación entre los dos órdenes de gobierno para la resolución del caso. Así mismo, las autoridades del estado de Guerrero y del gobierno federal, en un ejercicio de desdén y falta de respeto, no han dado información pertinente y veraz a los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, tampoco les han notificado con claridad del curso y avance de las investigaciones.
Los reclamos de justicia y las movilizaciones de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa
Frente a la indiferencia y la indolencia oficiales, las familias y compañeros de los normalistas se han movilizado y organizado una vasta serie de acciones dentro y fuera de Guerreo para manifestar su legitimo deseo de justicia y su voluntad de encontrar con vida a los desaparecidos. A nivel nacional ha habido múltiples manifestaciones de solidaridad y apoyo, expresión de esto fueron las protestas masivas en 25 estados del país el pasado 8 de octubre, en las cuales hubo marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, así como en Chiapas y en Guerrero; a lo largo del país decenas de miles de personas de diversas organizaciones sociales y políticas y de la sociedad civil reclamaron ese día el esclarecimiento de los hechos, la presentación con vida de los detenidos y el castigo a los responsables. Así mismo ha habido pronunciamientos y acciones de protesta por parte de diversos sectores: organizaciones y centros de derechos humanos, religiosos (el padre Solalinde, el obispo Raúl Vera), organizaciones y movimientos sociales y políticos (FPDT-Atenco, Frente Francisco Villa, SME, EZLN, ERPI, EPR, entre muchos otros), maestros y normalistas, miles de estudiantes de varias universidades (UNAM, IPN, UAM, UACM, UPN y varias universidades privadas). También el repudio internacional en relación a las muertes y desapariciones de Ayotzinapa ha sido creciente y constante. Fuera de México estos acontecimientos han sido leídos como expresiones de la ausencia de derechos humanos, así como manifestaciones alarmantes y crónicas de la inseguridad e impunidad que campea en muchos estados del país. Tampoco han faltado voces y organizaciones en EU, Europa y otros países que, considerando las evidencias de la autoría e involucramiento de autoridades y fuerzas de seguridad municipales de Iguala, han catalogado lo sucedido como «crímenes de Estado». Por su parte, la ONU y la CIDH-OEA manifestaron su preocupación y sorpresa al respecto, haciendo un llamado a intensificar la búsqueda de los desaparecidos, así como a realizar una indagación imparcial y veraz para aclarar lo acontecido. A veinte días de las desapariciones y muertes del 26 de septiembre, todavía no se sabe ni dónde están ni si se encuentran con vida los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. También quedan pendientes el castigo de los responsables intelectuales y una indagación seria e imparcial de los hechos. Dentro y fuera de México, pero especialmente en Guerrero, resuena el clamor de justicia y de presentación con vida de los desaparecidos.
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