La decisión del gobierno de Evo Morales de tomar posesión de dos refinerías propiedad de la brasileña Petrobras, en el marco de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos decretada el 1 de mayo pasado, disparó una serie de actitudes del gobierno de Brasil que revelan, cuando menos, una injerencia en los asuntos internos de su […]
La decisión del gobierno de Evo Morales de tomar posesión de dos refinerías propiedad de la brasileña Petrobras, en el marco de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos decretada el 1 de mayo pasado, disparó una serie de actitudes del gobierno de Brasil que revelan, cuando menos, una injerencia en los asuntos internos de su vecino.
Petrobras cuenta con dos refinerías en Bolivia, adquiridas en 100 millones de dólares en 1999, que procesan el 90 por ciento de la gasolina que se vende en ese país. Además, la petrolera brasileña controla el 46% de las reservas probadas de gas y el 39,5 % de las de petróleo. Sus inversiones en el país andino ascienden a poco más de 1.100 millones de dólares, controla el 20% del PIB boliviano, representa la mitad de los impuestos recaudados en Bolivia, y responde por el 57% del gas boliviano.
Para el gobierno de Evo Morales recuperar los derechos de Bolivia sobre sus recursos naturales no es un negocio sino una cuestión de sobrevivencia nacional y, por lo tanto, política. Fue el pueblo boliviano que, en las jornadas de septiembre y octubre de 2003, «decidió» la nacionalización, pagando un precio de más de 60 muertos. Decisión que confirmó en las movilizaciones de 2005 que provocaron la renuncia de Carlos Mesa y abrieron las puertas al proceso electoral que llevó a Evo Morales a la presidencia con más del 50% de los votos. El actual gobierno no tiene opción: o nacionaliza o enfrenta una crisis política por distanciarse del movimiento que lo llevó al poder. Además, es la única forma de garantizar la sobrevivencia de la población de uno de los países más pobres de América Latina: en este sentido, la recuperación de los hidrocarburos es un imperativo ético y de compromiso con los bolivianos pobres.
Por ello, la reacción del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva es insostenible desde una posición de izquierda. Apenas se conoció el decreto del 12 de septiembre por el que la estatal boliviana YPFB se hacía cargo de la comercialización interna y externa del gas, Brasilia comenzó una cadena de presiones que incluyeron al propio Lula, a su asesor Marco Aurelio García y al presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli. No es la primera vez que Brasil presiona a Bolivia. Cada vez que en La Paz suceden hechos que el gobierno de Brasil considera que lo afectan, se despliega la tradicional diplomacia de Itamaraty, de bajo perfil pero de contundente efectividad. Cuando en Bolivia se registraron crisis políticas a raíz de movimientos populares insurreccionales, hasta allí viajó García para «defender» los intereses de su país, que pasan por la estabilidad política andina. Incluso Lula intervino directamente en Bolivia durante el tramo final del plebiscito sobre los hidrocarburos, convocado por Mesa en 2004.
Es cierto que Petrobras no es una empresa totalmente brasileña. En los 90, bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se privatizaron áreas fundamentales, al punto que hoy el Estado brasileño controla apenas el 37% de las acciones de la empresa, en tanto el 49% están en manos de estadounidenses y el 11% en manos de testaferros en Brasil. Eso lleva a que la empresa deba atender la demanda de los especuladores en la Bolsa de Nueva York, incluso por encima de los intereses del Estado brasileño. Así, el presidente de Petrobras amenazó a Bolivia con llevarla al Centro Internacional para Arbitraje del Banco Mundial.
Con la nacionalización, el gobierno boliviano recuperó unos 200 mil millones de dólares en reservas de gas y petróleo, que hasta ese momento se las anotaban las multinacionales petroleras en las bolsas de valores como si fueran suyas, según señaló el ex ministro de Energía e Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada. Al caducar los contratos por la nacionalización, se fijó un plazo de 180 días para firmar nuevos acuerdos que, necesariamente, deben volcar recursos suficientes en las arcas del Estado boliviano como para refundar el país y abrir el proceso de descolonización que procura la Asamblea Constituyente.
El camino que tiene por delante el gobierno de Evo Morales es muy arduo: debe negociar nuevos precios por la venta del gas con Brasil (acuerdo que ya cerró con Argentina); la refundación de YPFB privatizada durante el período neoliberal; la estatización de las petroleras Chaco (Panamerican Energy), Andina (Repsol) y Transredes (Shell), además de poner en pie equipos de técnicos con los que no cuenta el país en abundancia. El punto clave de la nacionalización son las negociaciones por nuevos contratos con las multinacionales. Es en este punto donde se despliegan las mayores presiones. El canciller brasileño Celso Amorim, dijo durante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en La Habana, que es posible que Petrobras deba abandonar Bolivia si sus negocios se ven perjudicados. Una cuenta más en el rosario de presiones. Según La Paz, Petrobras ha ganado 320 millones de dólares más que lo permitido por la legislación.
El aspecto esencial es que se trata de relaciones asimétricas, de poder. Brasil es la gran potencia de Sudamérica y Bolivia es un país pobre y esquilmado que intenta ponerse de pie. No podrá hacerlo si hasta gobiernos que se proclaman de izquierda ponen palos en la rueda. En los hechos, el gobierno de Evo Morales sufre un triple hostigamiento: de los Estados Unidos que enarbola la política antidrogas para desestabilizar; de las empresas multinacionales y sus gobiernos (en particular el español y el brasileño); y de las oligarquía de Santa Cruz, que con la excusa de la autonomía regional se resiste a perder privilegios. Estas fuerzas presionan en la misma dirección y, en los hechos, de modo convergente, para debilitar al gobierno boliviano.
Que Lula se sume a esta andanada, coloca a Brasil y a la izquierda petista en pésima posición. Uno de los argumentos esgrimidos, en el sentido de que las medidas de Bolivia se producen en plena campaña electoral y eso puede perjudicar las chances de Lula para conseguir la reelección, no son de recibo. Otro de los argumentos manejados por el presidente de Brasil, que se trata de medidas «unilaterales», olvida que la autonomía y la soberanía nacional son, siempre y en cualquier caso, decisiones que las toma una nación por cuenta propia.