El Estado no persigue la delincuencia: la engendra por acción u omisión calculada. El narcotráfico no es un comercio vetado, prohibido, castigado: el Estado lo inaugura e incorpora como actividad económica vital, pero lo conserva en el dominio de la clandestinidad, con el fin de maximizar réditos. El Estado no declara la guerra a la […]
El Estado no persigue la delincuencia: la engendra por acción u omisión calculada. El narcotráfico no es un comercio vetado, prohibido, castigado: el Estado lo inaugura e incorpora como actividad económica vital, pero lo conserva en el dominio de la clandestinidad, con el fin de maximizar réditos. El Estado no declara la guerra a la delincuencia: se vale de la delincuencia, aliada natural de los poderes públicos, para imponer la guerra. La guerra anti-narco no es un mal necesario para erradicar la delincuencia: más bien, la delincuencia es un bien necesario para la legitimación de un Estado en guerra abierta contra la sociedad. El Estado no condena a los infractores: el Estado es una suerte de infractor colectivo, que sólo a veces lava su imagen con aprehensiones teatrales. El Estado no procesa al delincuente común: comúnmente delinque allí donde un proceso social amenaza su monopolio delictivo. En suma, el Estado no lucha contra el crimen: criminaliza la lucha e impone un orden sepulcral con base en el crimen de Estado.
Paz Rodríguez Ortiz. Oriundo de Chihuahua. Fundador de una asociación de defensoría de los derechos humanos, dedicada a atender casos de desaparición forzada y detenciones ilícitas efectuadas por corporaciones de seguridad oficial. Tras el asesinato de uno de sus hijos en 2008, él y su esposa presentan una denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua. El hecho nunca fue investigado. En octubre de 2009, Rodríguez Ortiz es acribillado con fusiles AR-15 ante la presencia de su esposa y a tan sólo una cuadra de la presidencia municipal. El crimen sigue impune.
Benjamín Le Barón. Líder mormón en Chihuahua, fundador de un movimiento social de protesta contra el secuestro. Frente a un inusitado aumento de secuestros en el municipio de Galena, sumado a la inacción de las autoridades, el movimiento decide conformar un grupo de inteligencia comunitario para efectuar indagatorias en los casos de secuestro. La madrugada del 7 de julio de 2009, un grupo de hombres con uniforme militar ingresa al domicilio de Le Barón, torturan al activista, abusan sexualmente de su esposa ante la mirada de sus cinco hijos. Tras un secuestro express, el cuerpo del activista fue hallado a 50 kilómetros de su domicilio. El crimen sigue impune.
Marisela Escobedo. Reconocida a nivel nacional e internacional, personaje extraordinariamente incómodo para el Estado, inicia su activismo social tras la absolución del asesino de su hija Rubí Marisol Frayre en 2008. No obstante la confesión de la autoría del crimen, los jueces concedieron la libertad a Sergio Rafael Barraza, presuntamente por falta de pruebas. En respuesta a la indulgencia (coautoría) de las autoridades, Marisela inicia una serie de protestas contra el gobierno de Chihuahua. El 16 de diciembre de 2010, en un plantón de protesta en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, a unos pasos de la procuraduría de estatal, la activista recibió un disparo letal en la cabeza. Los dos crímenes, hija y madre, siguen impunes.
Susana Chávez. Destacada activista, poetiza y defensora de los derechos de la mujer. Figura visible de las protestas contra los feminicidios en Ciudad Juárez. Autora de la consigna «Ni una muerta más». El 11 de enero de 2011 fue hallada muerta a unas cuadras de su domicilio, cercenada y con signos de tortura. A pesar de la aprehensión de los «presuntos» autores materiales, el crimen sigue impune.
Trinidad de la Cruz Crisóforo. Líder moral de la comunidad nahua de Santa María de Ostula, Michoacán. Integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Miembro de la guardia comunitaria y líder histórico en la lucha por la recuperación de las tierras, actualmente en manos de grupos armados protegidos desde el poder público. El 7 de diciembre de 2011, cuando se dirigía a un mitin del movimiento de Javier Sicilia, el comunero fue plagiado y ejecutado. El cadáver tenía cuatro impactos de bala y, naturalmente, huellas de tortura. El crimen sigue impune.
Juan Sebastián Ortiz. Activista comunero, oriundo de Cherán, Michoacán, comunidad indígena martirizada por los abusos del poder. Tras fundar un movimiento de autodefensa para frenar a los talamontes que operan en la región -con la venia de las autoridades, y el respaldo de células delincuenciales-, las amenazas contra el líder comunero arrecian. El gobierno ignora la solicitud de protección efectuada por los comuneros. Luego de una semana de secuestro, el 23 de mayo de 2012 Juan Sebastián fue encontrado sin vida, con quemaduras y en avanzado estado de descomposición. El crimen sigue impune.
Ismael Solorio. Dirigente de la organización El Barzón en Chihuahua. Integrante de un grupo de ejidatarios y barzonistas en defensa del agua en el ejido Benito Juárez, recurso explotado de manera ilícita por la minera canadiense Mag Silver. El gobierno, conocedor de dicho conflicto, premeditadamente resolvió no intervenir, alentando el usufructo irregular de mantos acuíferos y pozos. El 22 de octubre del presente año, un comando armado emboscó, levantó y ejecutó a Ismael Solorio y a su esposa Manuela Martha Solís. Los cadáveres fueron encontrados en el municipio de Cuauhtémoc en Chihuahua. El doble crimen sigue impune.
Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/2012/11/el-estado-no-persigue-la-delincuencia.html