La economía argentina se desacelera en el marco de fuertes presiones de los acreedores de la deuda con sentencia favorable de la justicia de Nueva York. En efecto, el INDEC [1] señala que «La estimación preliminar del PIB del primer trimestre de 2014 muestra una variación negativa de -0,2% con relación al mismo período del […]
La economía argentina se desacelera en el marco de fuertes presiones de los acreedores de la deuda con sentencia favorable de la justicia de Nueva York.
En efecto, el INDEC [1] señala que «La estimación preliminar del PIB del primer trimestre de 2014 muestra una variación negativa de -0,2% con relación al mismo período del año anterior».
Agrega el organismo oficial de estadísticas que «El PIB desestacionalizado del primer trimestre de 2014 con respecto al cuarto trimestre del 2013 arroja una variación de -0,8%.»
La información se extiende destacando que la variación negativa de la oferta se explica por la mencionada caída del PIB y «fundamentalmente por la reducción de las importaciones de bienes y servicios reales -3,8%.» Por el lado de «…la demanda se observó una variación negativa del -6,4% en las exportaciones de bienes y servicios reales, un crecimiento de 1,9% en la formación bruta de capital, un aumento de 3,4% del consumo público, en tanto que el consumo privado decreció -1,2%.»
Queda claro que el impacto se concentra en el sector privado y que los datos son amenguados por la intervención estatal en sostener el gasto público, tensionada en la coyuntura por las demandas de diversos sectores sociales del país con sus reivindicaciones de ingresos y los acreedores de la deuda pública, especialmente los que demandan ante la justicia de EEUU.
En el interior del país existen requerimientos de fondos públicos los docentes universitarios, en conflicto con las autoridades de Educación y Economía, en el marco del ajuste del salario deteriorado por las condiciones de negociación vigente y la aceleración de los precios en el último tiempo. También demandan los jubilados que solicitan recursos extras a mitad de año, el aguinaldo, precisamente por el retroceso de los ingresos previsionales contra la evolución de los precios en el primer semestre del 2014. Del mismo modo que los trabajadores regularizados pretenden subas del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o su directa eliminación. Son estos, parte de las presiones locales sobre los disminuidos recursos fiscales y que compiten con los acreedores de la deuda pública.
Cumplir con el 100% de los acreedores
El discurso oficial, apoyado por el arco opositor con capacidad de ser gobierno, manifiesta la vocación de cancelar la deuda en su totalidad, sea el 92,4% ingresado a los canjes de deuda del 2005 y 2010, como al 1% que hizo juicio en Nueva York y ya tiene sentencia en firme, como al resto no ingresado al canje y que explica la continuidad del default (cesación de pagos) iniciado a fines del 2001.
Muy pocos parlamentarios se manifiestan contrarios a honrar el fraude de la deuda, según manifiesta la sentencia del Juez Ballesteros del año 2000, o las múltiples denuncias en sede judicial en la Argentina contra operaciones de canje de deuda en tiempos constitucionales. Algunos razonamientos aluden críticamente a la mayor validez otorgada a una sentencia gestada en EEUU que a otra surgida desde la Argentina.
En rigor, existe en el país una tendencia mayoritaria en el régimen político institucional favorable al pago de la deuda, mientras resurge una corriente crítica, que entre otros se manifiesta en la Carta dirigida al Juez Griesa por parte del Premio Nobel de la Paz Adolfo Peréz Esquivel donde señala que «no es un justo pagar una deuda ilegítima e inmoral» [2] . Esta corriente de opinión crítica retoma la consigna del No pago de la Deuda que se sustenta en una larga tradición de pensamiento y acción contra el orden capitalista y sus derivaciones especulativas, financieras y usurarias.
La crítica al endeudamiento y la presión acreedora se anima en declaraciones de apoyo, algunas que se destacan por el origen, caso de las opiniones de los presidentes ecuatoriano o boliviano.
Rafael Correa manifestó «Toda nuestra solidaridad a Argentina, todo nuestro apoyo. Yo creo que no debería pagar eso». Agregó que «Unidos, con una acción concertada de América Latina, se podría evitar aquello, pero creo que todavía estamos lejos de esa capacidad de coordinación». Siguió diciendo que «el orden mundial no solo es injusto sino inmoral, y solo unidos podremos resistir a ese injusto orden mundial o incluso cambiarlo, solo unidos, la integración latinoamericana.» [3]
Evo Morales, en su condición de presidente pro-témpore del Grupo de los 77 más China (G77+China), anunció que se comunicará «con otros mandatarios a ver qué podemos hacer para derrotar esta clase de asalto, de especulación financiera, a la extorsión económica» [4] , con relación a la sentencia estadounidense a favor de la demanda de cobro contra la Argentina. Recordemos que la presidencia boliviana del G77+China es lo que facilitó la presencia urgida del Ministro de Economía de Argentina en la sede neoyorkina de Naciones Unidas, informando sobre la situación creada a propósito de la sentencia del Juez estadounidense.
La opción que surge de movimientos populares locales y expresiones parlamentarias en Argentina contra el pago de la deuda, se vincula a las voces desde el exterior que claman por una nueva arquitectura financiera en la región. En rigor, demandan ensayos de caminos alternativos a la lógica del capitalismo de época. Es algo a procesar desde las definiciones que surjan desde la Argentina en el marco de una integración alternativa a la que sugiere el orden capitalista. Claro que eso supone ir en camino totalmente inverso a la decisión mayoritaria por honrar el fraude del cáncer de la deuda.
La deuda pública No puede y No debe pagarse
Pero más allá de opiniones, importan los hechos que remiten a las dificultades de la economía argentina y las restricciones para hacer frente a los pagos externos, lo que implica señalar que el país no puede pagar, salvo con la recurrencia de mayor endeudamiento, y en consecuencia, el agravamiento de una hipoteca sobre el presente y el futuro de generaciones.
Si el default del 2001 por 100.000 millones de dólares se sustentó en una deuda impagable de 144.000 millones de dólares, y la presidencia informa que se abonaron en una década 173.000 millones de dólares, y el último dato oficial indica una deuda de 209.000 millones de dólares, a lo que debe adicionarse los bonos emitidos para cancelar sentencias al CIADI, compensación a Repsol por la expropiación parcial de YPF, el arreglo al Club de París y la sentencia de la Justicia de EEUU, más otras demandas de holdout, la deuda se estira hasta los 240.000 millones de dólares.
El problema es que el argumento oficial y el apoyo de la oposición sistémica es que se necesitan nuevos préstamos e inversiones. Es más, el argumento oficial transita por el desendeudamiento, que habría servido para volver a tomar deuda. Todos los caminos conducen al re-endeudamiento, aun cuando la deuda tenga una proporción menor en el PIB que hacia el 2001. Todo se reduce a más deuda para cancelar deuda y continuar profundizando el cáncer de la deuda.
La cuestión se agrava con el paso de los días. El gobierno dispuso cancelar a deudores ingresados al canje depositando los recursos necesarios en el banco pagador de Nueva York, En lugar de embargar, el Juez Griesa en EEUU, indicó al banco devolver los fondos y exige a la Argentina negociar con los acreedores de la sentencia en firme por 1.500 millones de dólares.
Costos por pagar o no pagar
El interrogante inmediato es ¿qué pasaría si no se paga? Lo mismo que ocurrió luego de la cesación de pagos de diciembre del 2001. Si en el 2001 se utilizaron 12.000 millones de dólares para cancelar deuda, al año siguiente, en default, la cifra bajó a 3.000 millones, utilizando la diferencia para otros fines, que aun cuando se los discuta sobre a quienes se beneficiaron con esas políticas, la realidad es que se facilitó un proceso de aplicación de recursos públicos para la recuperación de la economía local.
Además, quedar afuera del mercado mundial de préstamos, favoreció la posición local ante la crisis mundial emergente en 2007-2009, por ausencia de exposición a nuevo endeudamiento, cuestión que afectó seriamente a países fuertemente endeudados, caso de Grecia.
¿Necesita Argentina nueva deuda e incluso inversiones externas, tal como señala el discurso mayoritario de gobierno y oposición, en consonancia con la lógica de las clases dominantes? ¿Es bueno ser país emergente, destinatario de préstamos e inversiones externas?
Diremos hasta el cansancio que es emergente el país que ofrece fuerza de trabajo barata y abundantes recursos naturales. Son los factores que hacen al modelo productivo y de desarrollo hegemonizado por transnacionales, que para el caso argentino se asocian a la soja, la mega minería o al petróleo y gas no convencional. ¿Es la única opción productiva? No, se puede transitar otro camino, y no supone el aislacionismo, sino la decisión de articular integradamente con la región la posibilidad de una alternativa de cara al Sur del mundo.
El tema de la solidaridad es de ida y vuelta. Argentina no acompañó con proceso similar a Ecuador en 2007 cuando este país hizo su auditoria para disminuir el monto de deuda por ilegalidad de la misma. El país tampoco acompañó a Bolivia, Venezuela y Ecuador cuando éstos se retiraron del CIADI, además que Brasil nunca lo reconoció. El país está en mora solidaria con esos procesos y bien podría ahora retomar una perspectiva crítica sobre la base de los pronunciamientos contra la extorsión de la justicia estadounidense y el accionar de la especulación que expresan los fondos buitres.
La Argentina puede sostener el No Pago de la Deuda y su investigación, para luego renegociar eliminando la cesión de soberanía jurídica, junto a la denuncia de la institucionalidad subordinada: los tratados bilaterales en defensa de las inversiones, como la inserción al CIADI.
Confirmamos que este rumbo supone discutir la inserción en el orden capitalista y construir una lógica inspirada en la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas, lo que puede abordarse desde un programa de soberanía (alimentaria, energética, financiera) e integración regional.
Notas
[1] http://www.indec.mecon.ar/
[2] http://www.eldia.com.ar/edis/
[3] http://www.telesurtv.net/
[4] http://www.telesurtv.net/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.