En lo que va de año, desaparecieron en México 7,1 mujeres y niñas cada día, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al Senado de la República.
En total suman 748 y 46 por ciento (345) desaparecieron en la Ciudad de México, Morelos y Estado de México; mientras que, en 2021, 430 niñas y mujeres fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual, más de una al día; además de que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más han sufrido un incidente de violencia
Así lo dijo Tania Jimena Enríquez Mier, titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la SSPC. Informó que esa secretaría trabaja en una estrategia fundamental de «acción policial».
Explicó que en 2020 se abrieron 949 carpetas de investigación por feminicidio; en 2021 fueron 977, de las cuales 12 por ciento corresponden a menores de 18 años, hecho que preocupa, aunque aseguró que el feminicidio ha disminuido 29 por ciento.
«El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 748 mujeres desaparecidas en lo que va del presente año, el 46 por ciento se concentra en el estado de México, la Ciudad de México y Morelos», dijo textualmente.
Ello sucedió este 20 de abril, en una reunión de trabajo de la Comisión Especial Encargada de Dar Seguimiento a los Casos de Feminicidio de Niñas y Adolescentes del Senado de la República, que preside la senadora morenista Gabriela López Gómez.
La funcionaria de la Secretaría de Seguridad afirmó que en materia de feminicidio el 49 por ciento fue agredida por su pareja actual, mientras que 53 por ciento ha tenido al menos un incidente violento por agresores distintos. Aseguró que el feminicidio disminuyó en 29 por ciento en 2022, respecto de su máximo histórico en agosto de 2021.
En esa reunión de trabajo Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), informó que en 2021 se registraron 277 muertes violentas de niñas y adolescentes, la cifra más baja, dijo, desde 2017.
Indicó que, de estas, 111 fueron clasificadas como feminicidios y 166, homicidios dolosos.
Luego de insistir que los operadores de justicia deben entender que cada caso debe atenderse desde la perspectiva de género, mencionó que en 2021 la mitad de las muertes violentas de niñas y adolescentes se concentraron en seis entidades: Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chihuahua. Dos entidades gobernadas por Morena, una por Acción Nacional y otra por Movimiento Ciudadano.
Refirió que el año pasado, el 7,4 por ciento de las muertes violentas de mujeres correspondió a víctimas menores de 17 años.
Destacó que, en el caso de Nayarit, Durango y Campeche, el 20 por ciento de las muertes violentas de mujeres, fueron menores de 17 años.
Resaltó que, de los 50 municipios más violentos del país, 39 de ellos tienen alerta de género.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó al Senado de la República que, en lo que va de 2022, se tiene ese registro de 748 mujeres desaparecidas, y en su discurso, breve y claro, lo relacionó con la trata para fines de explotación sexual y sostuvo que reconoce se deben hacer mayores esfuerzos respecto de los delitos contra las mujeres.
Señaló que el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México concentran el 46 por ciento de los casos y destacó el hecho de que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido un incidente de violencia.
De la cifra anterior, el 49 por ciento fue agredida por su pareja actual, mientras que 58 por ciento ha tenido al menos un incidente violento de parte de otros agresores.
Luego de señalar que las llamadas de auxilio al 911 crecieron en 15 por ciento en el último año; escuchó de las senadoras casos concretos, niñas desaparecidas en Durango; falta de policías en Zacatecas y el señalamiento preciso de que las fallas están en las Fiscalías, como dijo Malú Micher Camarena. Sólo Xóchitl Gálvez habló del urgente cambio cultural, pero para ello no hay estrategia.
Entonces desglosó: en 2019, se registraron alrededor de 197.000 llamadas de emergencia; para 2020 esta cifra subió a 260.000, es decir, 63.000 llamadas más, lo que representa un aumento de 30 por ciento. Mientras que en 2021 aumentaron las llamadas, llegando casi a 300.000.
La pandemia, dijeron, mostró la realidad de violencia cotidiana que viven las mujeres y niñas al interior de sus hogares. Y aunque la senadora priista senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado planteó el problema de los recursos, que han disminuido en programas específicos, ninguna de las funcionarias tocó el asunto. Al contrario, hablaron de los millones de mujeres «beneficiadas», en esta transformación con apoyos económicos. Gálvez planteó el daño que se hizo con el cierre de las casas de Mujeres Campesinas e Indígenas.
Explicó que, en 2021, 621 personas fueron víctimas del delito de trata, más de la mitad fueron menores de edad y un 69 por ciento de las víctimas fueron mujeres. Precisó que la explotación sexual sigue siendo una de las formas más alarmantes del delito de trata de personas.
CONAVIM dice
Al participar en una reunión de trabajo con la Comisión Especial Encargada de Dar Seguimiento a los Casos de Feminicidio de Niñas y Adolescentes del Senado, Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), aseguró en 2021 se registraron 277 muertes violentas de niñas y adolescentes, la cifra más baja desde 2017. Y aprovechó para decir que 35 millones de mexicanas han recibido alguna ayuda del gobierno federal.
Mencionó que en 2021 la mitad de las muertes violentas de niñas y adolescentes se concentraron en seis entidades: Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chihuahua.
Refirió que el año pasado, el 7,4 por ciento de las muertes violentas de mujeres correspondió a víctimas menores de 17 años.
Destacó que, en el caso de Nayarit, Durango y Campeche, el 20 por ciento de las muertes violentas de mujeres, fueron menores de 17 años.
Ambas funcionarias y las senadoras hablaron de que estas cifras están respaldadas por hechos dramáticos; coincidieron en la necesidad de fortalecer la política punitiva y policiaca.
La comisionada aseveró que la pandemia y el aislamiento social agudizaron las tensiones familiares y el estrés económico, provocando efectos devastadores en la vida de mujeres, niñas y niños. Mencionó que entre el 2020 y 2021, la violencia contra las mujeres se incrementó, en especial, la violencia familiar en un 15 por ciento. Dijo que las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra las mujeres, aumentaron de manera exponencial.
Las Senadoras interpelan
Las y los senadores buscan hacerse de información y analizar cómo se encuentra actualmente este fenómeno delictivo en el país, así como conocer los retos que tienen las autoridades en esta materia. Consideraron que las entidades del país deben explicar qué están haciendo, si se capacita o no al cuerpo policiaco.
La presidenta de la Comisión Especial, Gabriela López Gómez, señaló que los sistemas de justicia penal, en su conjunto, necesitan evaluarse exhaustivamente y reformarse, para garantizar que las mujeres que buscan justicia y protección, sean tratadas de manera adecuada y profesional.
Consideró necesario que todos los gobiernos, en todos los niveles, junto con la policía, los centros de investigación, el personal médico y tribunales de justicia, tengan la capacidad legal y la profesionalización para atender el llamado de una mujer, niña y adolescente, cuando así lo necesite.
Sin embargo, advirtió que la legislación del país en materia penal sustantiva, en su gran mayoría, corresponde a los congresos locales, por lo que actualmente existen diferencias y discrepancias en las sanciones, las penas privativas de libertad, penas pecuniarias y las agravantes.
Por ello, destacó que entre los tres principales ejes que la Comisión Especial trabajará, se encuentra la homologación del marco jurídico de las 32 entidades federativas, para alinear todos los tipos de violencia contra las mujeres.
Asimismo, se impulsarán los mecanismos de coordinación entre los actores responsables de este tema, para estandarizar los lineamientos y protocolos de actuación de las instituciones, a efecto de que ayuden a los gobiernos a actuar en el momento que se presente una denuncia, para que así las mujeres en situaciones violentas, se sientan con la confianza de acudir a buscar apoyo a los tribunales.
También planteó coadyuvar en la revisión de normas, programas y protocolos de actuación, desde una perspectiva de género, atendiendo el interés superior de la niñez, así como a su derecho a una vida libre de violencia.
Desde el Senado de la República, afirmó, se tiene la enorme responsabilidad para que todos los gobiernos, sin importar de qué partido político sean, puedan tener las bases legales para actuar y responder «al urgente llamado que las niñas, adolescentes y mujeres hacen en esta materia».
Por Morena, la senadora Martha Lucía Micher Camarena denunció que uno de los mayores obstáculos para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes son las Fiscalías, ya que no les interesa la vida de las mujeres y «solamente cuando estamos muertas se preocupan».
La senadora Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, señaló que, en México, hay alrededor de cinco millones de menores de edad que son violentados sexualmente en este momento, crímenes que quedarán impunes.
En su oportunidad, la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del PRI, dijo que es fundamental trabajar y destinar recursos para el tema de prevención, tanto con los gobiernos locales, como municipales, pues no se atiende ni el uno por ciento de las denuncias de violencia de género, por lo que abogó por endurecer la ley para los funcionarios responsables de los procesos ministeriales y así evitar la impunidad.
La coordinadora de la bancada del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, afirmó que en este grupo de trabajo hay armonía, coincidencia, ánimo y voluntad para que juntos construyamos una mejor estrategia de seguridad.
Del PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez indicó que el índice de violencia de género aumenta y los casos no se resuelven o tardan mucho tiempo en hacerlo, además de que no hay efectividad en la atención de este problema por parte de las autoridades, por lo que es necesario cambiar la estrategia en la materia, porque los estados se reúsan a reconocerlo como un delito delicado, «falta mucha conciencia».