De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en 2020 y lo que va de 2021, al menos 13.246 personas han sido desplazadas por violación a sus derechos humanos, y de ellas el 73,5 por ciento corresponde a hombres y 265 a mujeres.
Los análisis de la CMDPDH precisan que el desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta cuando las personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado o de violaciones a los derechos humanos, entre otras causas.
En los primeros seis meses del año se han reportado casi tres casos por día de personas desaparecidas, y, según el monitoreo realizado por el sistema ciudadano, se ha detectado el delito en el 44 por ciento del territorio tamaulipeco por ejemplo, precisan informaciones de la periodista Perla Reséndez.
Oficialmente, en México hay 89.437 personas no localizadas, mientras que, en Tamaulipas, al 30 de junio, se reportan oficialmente 11.542.
Mujeres
El desplazamiento genera, para las mujeres, riesgos y problemas específicos basados en su condición de género, fundamentalmente en cuanto al riesgo de violencia, explotación, abuso sexual o esclavización para ejercer labores domésticas y actos que tienen que ver con el núcleo familiar como el reclutamiento forzado de hijos e hijas como establece Acnur. [ACNUR 2009: párr. 3].
De igual forma, «las vulnerabilidades previas al desplazamiento hacen que las mujeres estén expuestas a nuevos y mayores riesgos durante su huida, así como a dificultades adicionales derivadas de no contar con las habilidades ni con la información necesaria para ponerse a salvo con sus familias» [Mercado 2013: 128].
Al ser las encargadas de la unidad familiar, sufren una afectación en términos de acceso a servicios básicos como atención médica, alimentación, educación y servicios públicos. Su condición de especial desprotección impacta también en la descomposición de su tejido social y en la pérdida de los referentes culturales. De acuerdo con el ACNUR, «la violencia sexual y basada en género constituye uno de los riesgos más alarmantes de las mujeres en todas las fases del desplazamiento forzado».
Brenda Gabriela Pérez Vázquez, en su texto «Consecuencias de la violencia en México: mujeres desplazadas internamente por la fuerza en la región serrana del estado de Durango» (2020), agrega que se identificó que todas las mujeres entrevistadas eran madres de familia, muchas de ellas indígenas tepehuanas quienes antes del desplazamiento vivían bajo un modelo de familia nuclear, dedicadas mayoritariamente a las labores domésticas y de cuidado de sus hijos y animales de rancho, así como a la agricultura.
Una de las mujeres entrevistadas, narra lo siguiente al preguntarle por su vida antes del desplazamiento forzado:
Era algo calmado, andaba uno bien a gusto en el monte y todos salíamos, no nos daba miedo nada, salíamos de día de campo y todo… y ahora ya no, toda la gente tiene miedo [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].
Lo de hoy
Datos de la CMDPDH revelan que, en 2020, más de 9.700 personas fueron desplazadas por la violencia en México; este año se han podido documentar 3.546 casos más.
Y señaló que la violencia en este país se mantiene como una de las principales causas por las que miles de personas se vuelven víctimas de desplazamiento interno forzado. Hasta abril de este año, cerca de 1.080 personas tuvieron que abandonar sus hogares de manera forzada; 332 por ciento más casos que lo registrado en el mismo mes del 2020, cuando se contabilizaron 250 personas desplazadas internamente.
Durante este período de abril del 2021, se registraron al menos dos eventos de desplazamiento interno causado por violencia en México; en Aguililla, Michoacán, derivado de enfrentamientos entre grupos armados que provocaron el desplazamiento de al menos 680 personas; además del desplazamiento forzado de 400 personas integrantes de 80 familias, las cuales debieron abandonar las comunidades de El Maguey, municipio de Quitupan, Jalisco, y El Lobo, municipio de Cotija, Michoacán, debido a incursiones armadas.
Familias desplazadas por la construcción del Tren Maya
Establece que, sin embargo, la violencia no es la única causa del desplazamiento forzado interno en México. También en abril pasado se identificó la reubicación de 3.286 hogares en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, a causa de la construcción del Tren Maya, ya que esta población se encontraba asentada sobre el derecho de vía.
Para reubicarlos, el FONATUR prevé que se tendrán que destinar 3.579 millones de pesos (178 millones 950.000 dólares). Se estima trasladar a al menos 1.314 hogares durante el 2021.
Asimismo, la Comisión advirtió sobre las agresiones armadas contra pobladores del municipio de Aldama, Chiapas, donde familias indígenas tsotsiles de 12 comunidades de ese municipio han sido víctimas de repetidos ataques armados, lo cual ha ocasionado que en múltiples ocasiones tengan que abandonar sus hogares y desplazarse a las montañas de la región.
También se presentaron casos de desplazamiento forzado en entidades como Chihuahua, donde el asesinato de al menos 10 defensores del territorio ha provocado el desplazamiento de unas 50 familias.
Por su parte, Ligia de Aquino Barbosa Magalhães, investigadora del área de desplazamiento interno forzado de la CMDPDH, puntualiza que entre enero y mayo se han registrado tres eventos de desplazamiento masivo en Michoacán; dos en Jalisco, Chiapas y Guerrero, y uno en Oaxaca y Tamaulipas.
Refiere que, desde 2016, Michoacán ha registrado una escalada de la violencia y ha aumentado el número de eventos masivos de desplazamiento; por ejemplo, Barbosa Magalhães indica que, en el municipio de Aguililla, desde 2018, cada año hay al menos un nuevo desplazamiento masivo.
En Jalisco, no es la primera vez que se reportan eventos de esta índole, pero desde hace unos años han sido cada vez más frecuentes las balaceras y los hechos de violencia por la disputa entre distintos cárteles, lo cual ha propiciado que, de enero a mayo de este año, se hayan registrado dos episodios, donde son afectados hombres y mujeres.
«Muchos de los eventos de desplazamientos de Michoacán, por ejemplo, son en esta región que colinda con Jalisco. Sabemos que este contexto de violencia está muy activa actualmente y eso genera desplazamientos en ambas entidades», agrega.
Añade, por otra parte, que Chiapas es «un foco rojo» también, porque, desde 2017, en el municipio de Aldama se ha observado que casi un tercio de la población está en situación de desplazamiento, porque constantemente se reportan ataques armados de grupos paramilitares.
«Allí hay una situación que no habíamos observado en otro lugar: que la población se encuentra en una situación de desplazamiento medio intermitente, y es que vuelven a sus casas cuando bajan las balaceras y los ataques, pero luego empiezan nuevamente y tienen que huir a las montañas y otros lados; luego, cuando disminuyen las balaceras, vuelven, pero están en constante desplazamiento», explica.
Ligia de Aquino detalla que en Guerrero y Oaxaca llevan varios años que se han registrado desplazamientos, mientras que, en Tamaulipas, a pesar de que hay muchos eventos de violencia, no se reportan los desplazamientos con la misma frecuencia, lo cual puede ser porque no se cubre el tema o puede ser que los eventos no sean masivos.
Las cifras de desplazamiento de la CMDPDH son preliminares, ya que pueden sufrir cambios tras el surgimiento de información nueva y del análisis detallado que se realizará para la elaboración del informe anual definitivo.
En 2019, el Estado mexicano reconoció oficialmente la existencia del fenómeno en el país y se comprometió a atenderlo; sin embargo, aún no existe un marco normativo a nivel federal que determine la distribución de recursos y responsabilidades de los tres niveles de gobierno.
Un problema histórico
Brenda Gabriela Pérez Vázquez, de la CMDPDH, escribió en 2020 que durante este período, los índices de violencia aumentaron exponencialmente año con año. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNSP], el 2018 concluyó con 33.341 víctimas de homicidio doloso [SESNSP 2019], convirtiéndolo en el año más violento en la historia del país con un incremento de 15 por ciento con respecto a 2017 y más del doble que hace ocho años.
Por su parte, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas al corte del 30 de abril de 2018, había registrado un total de 37.435 personas reportadas como desaparecidas en el fuero común y federal [SESNSP 2018]. Ahora, en 2021, las cifras se han duplicado. Y en un sólo un año, se sumaron a los desplazamientos forzados familias de la Montaña de Guerrero, por ejemplo.
El aumento no sólo de las tasas de homicidio y de desapariciones forzadas e involuntarias, sino también de la extorsión, los secuestros, los feminicidios, la trata de personas, los robos, los desalojos forzados, las violaciones a los derechos humanos, los ataques contra periodistas y defensoras de derechos humanos, aunado a la corrupción e impunidad rampantes, propiciaron las condiciones para el surgimiento de nuevas oleadas de personas internamente desplazadas.
El informe, publicado en febrero de 2019, Entre la invisibilidad y el abandono: Un análisis cuantitativo del desplazamiento interno forzado en México, en el que realizan un análisis de la problemática a través de la exploración de instrumentos estadísticos oficiales, estiman que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), alrededor de ocho millones 726.375 personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia para protegerse de la delincuencia, entre 2011 y 2017 [CMDPDH 2019].
A partir de los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), el cálculo de personas que migraron internamente por motivos de inseguridad pública o violencia en el período entre 2009 y 2014, fue de 185.936 personas; mientras que la información analizada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revela la existencia de 206.965 personas que cambiaron de hogar por motivos de inseguridad pública entre 2006 y el primer trimestre de 2018 [CMDPDH 2019: 105].
Impactos del Desplazamiento Interno Forzado en la vida de las mujeres desplazadas: Sierra de Durango
Los principales hallazgos de Brenda Gabriela Pérez Vázquez en las documentaciones etnográficas realizadas a mujeres duranguenses que se vieron obligadas a huir de sus comunidades de origen a causa de la violencia, intentan contribuir en la profundización de la compleja realidad que implica esta condición, particularmente observada en mujeres.
De acuerdo con la literatura especializada que aborda el desplazamiento interno forzado, las guerras y los conflictos internos armados han afectado de manera desigual a hombres y mujeres, debido a que las pérdidas humanas ante estos conflictos son mayoritariamente masculinas.
En los países como Perú y Colombia, por ejemplo, se reconoce que las mujeres han sido las principales protagonistas de los desplazamientos. En la experiencia peruana, «las mujeres constituyen el más numeroso componente demográfico del desplazamiento, puesto que frecuentemente se han hecho cargo de todo el núcleo familiar a partir de la ausencia de los varones, víctimas de la violencia» [Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003]. En Colombia, las mujeres son aproximadamente la mitad de la población afectada [CIDH 2006: 10].
Las investigaciones que se han hecho en relación con los efectos del desplazamiento forzado coinciden en que existe un efecto diferenciado desproporcionado, tanto cualitativo como cuantitativo, del desplazamiento interno forzado en las mujeres, en comparación con los hombres [ACNUR 2009]. En relación con esto, la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha señalado que «la vulnerabilidad acentuada de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y, en general, afecta con especial fuerza a mujeres, quienes son cabezas de hogar y representan más de la mitad de la población desplazada» [CIDH 2006].
Situación antes del desplazamiento interno forzado
Este trabajo de investigación identificó que todas las mujeres entrevistadas eran madres de familia, muchas de ellas indígenas tepehuanas, quienes antes del desplazamiento sufrido vivían bajo un modelo de familia nuclear, dedicadas mayoritariamente a las labores domésticas y de cuidado de sus hijos y animales de rancho, así como a la agricultura.
Los testimonios recabados dan cuenta de un cambio en las condiciones de seguridad dentro de su entorno inmediato entre los años 2008 y 2012.
Durante este período indicaron un incremento paulatino de la presencia de grupos delincuenciales que derivó en un ambiente de temor, inseguridad y tensión permanente dentro de sus comunidades. Todas las mujeres expresaron haber experimentado sentimientos de incertidumbre y riesgo generados por la información que hasta ellas llegaba, de manera cada vez más continua y cercana, sobre historias de personas asesinadas, levantadas y amenazadas en la región.
De manera previa al desplazamiento, las mujeres manifestaron haber realizado cambios en su rutina diaria como medida de seguridad. Entre tales modificaciones señalaron: resguardarse a tempranas horas en sus casas, evitar pasar en las noches por algunos lugares, no acudir a reuniones colectivas, no organizar festividades o bailes. De igual forma, para quienes tenían negocios, consideraron cerrarlos. En relación con esto, aparece en las entrevistadas un primer cambio en sus actividades habituales que trastornaron su vida cotidiana.
Esto sostiene la investigadora, se puede equiparar a lo que sucede en el país. De acuerdo con lo que las entrevistadas cuentan y a pesar de que había un temor generalizado por la presencia de estos grupos (armados) y su llegada a la comunidad, se afirma que este clima predominante no propició la salida de ningún habitante de estas comunidades.
La causa principal por la cual dijeron haberse ido de su comunidad, es por violencia directa perpetrada por los grupos delincuenciales. Como en Aguililla, que entre las causas de violencia directa descritas se encuentran: los asesinatos, las constantes amenazas, las desapariciones involuntarias, los secuestros, el reclutamiento forzado, el abuso sexual y la trata de personas que fueron experimentadas por ellas mismas, miembros de su familia o integrantes de su comunidad.
Otras observaciones
Dice la autora que, de acuerdo con diversos estudios en el momento de la salida obligada, se conjugan sentimientos de culpa, de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, sentimientos que se ven obligados a desvanecerse en el instante, puesto que lo inmediato es la supervivencia [Alvarán, García, Gil, Caballer y Flores 2015].
En ese sentido, las mujeres desplazadas comentaron haber vivido una experiencia traumática que las orilló a salir inmediatamente de su comunidad. El desplazamiento es percibido como una salida provisional que les permitirá en ese momento salvar la vida o minimizar la intensidad de la violencia. No obstante, hasta el momento de la documentación, ninguna de las mujeres desplazadas había intentado regresar a su lugar de origen de manera definitiva.
Durante su desplazamiento, el principal obstáculo identificado fue la falta de un alojamiento temporal de emergencia que pudiera brindarles seguridad y servicios básicos a las familias mientras llegaban al lugar de destino donde se asentarían. Muchas familias se vieron forzadas a dormir en sus propios automóviles, en hoteles de carreteras y en espacios públicos. Incluso una de ellas, tuvo que vivir algunos días en el monte para evitar ser vista y agredida por los grupos presentes en su comunidad.
En 2013, las desplazadas se fueron a residir a la capital del estado de Durango. Las razones principales para elegir ese lugar fueron contar con una red de apoyo, y por considerar a la capital como un lugar que les podría brindar mayor seguridad y estabilidad. Sucede igual con quienes viajan a Apatzingán, Michoacán o a la capital de Guerrero, Chilpancingo.
Algunos rasgos de vida tras el desplazamiento
Las mujeres tuvieron que reconfigurar su vida en un medio adverso y buscar alternativas, asumiendo nuevas actividades tanto para el sostenimiento de los hijos y de ellas mismas.
Todas ellas expresaron carecer de acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y drenaje adecuados. Esto se repite en toda América Latina, ponen en juego su vida íntima, no tienen trabajo y sus hijos no pueden ir a la escuela. Además, la pérdida de la documentación fue un elemento común entre las desplazadas.
En relación con los impactos emocionales derivados de los hechos de violencia, así como de la salida abrupta de sus lugares de origen, las mujeres desplazadas experimentan sentimientos de dolor y tristeza ante las pérdidas humanas y materiales, así como miedo y angustia, desesperanza, añoranza, falta de confianza y aislamiento.
Éxodo mexicano: la violencia dejó 13.000 desplazados en 2020
Así titula su texto el diario El Financiero, para revelar los mismos datos de la CMDPH que no son atendidos por las autoridades y establece que las autoridades de Tamaulipas y NL reportan 65 desapariciones en 2021 en carretera Nuevo Laredo-Monterrey.
La violencia en México no sólo deja víctimas mortales, sino también miles de personas que cada año tienen que desplazarse de sus lugares de residencia.
Ligia de Aquino Barbosa Magalhães, investigadora del área de desplazamiento interno forzado de la CMDPDH, sostiene que Chiapas es «un foco rojo» también porque, desde 2017, en el municipio de Aldama se ha observado que casi un tercio de la población está en situación de desplazamiento, pues constantemente se reportan ataques armados de grupos paramilitares.
«Allí hay una situación que no habíamos observado en otro lugar: que la población se encuentra en una situación de desplazamiento medio intermitente, y es que vuelven a sus casas cuando bajan las balaceras y los ataques, pero luego empiezan nuevamente y tienen que huir a las montañas y otros lados; luego, cuando disminuyen las balaceras, vuelven, pero están en constante desplazamiento», explica.
Ligia de Aquino detalla que en Guerrero y Oaxaca llevan varios años que se han registrado desplazamientos, mientras que, en Tamaulipas, a pesar de que hay muchos eventos de violencia, no se reportan los desplazamientos con la misma frecuencia, lo cual puede ser porque no se cubre el tema o puede ser que los eventos no sean masivos.
En Tamaulipas, 446 desaparecidos en la primera mitad del año
En el primer semestre del año en Tamaulipas han desaparecido 446 personas, de acuerdo con los datos recabados por el sistema ciudadano de monitoreo de la Red de Desaparecidos en la entidad.
Los datos contrastan con los publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se nutre de los reportes de las fiscalías en las entidades, que, en el caso de Tamaulipas, publica sólo siete carpetas de investigación durante los primeros cinco meses del año, donde se reconocen 16 víctimas de ese delito.
Los datos oficiales dan cuenta de una carpeta integrada por el delito de secuestro en febrero, con una víctima; dos en el mes de marzo, que corresponden a dos víctimas, e igual número de carpetas y víctimas en abril, mientras que en mayo se integraron dos carpetas de investigación por el delito de secuestro, con 11 víctimas.
En cambio, el sistema ciudadano de monitoreo de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, que recoge la información de personas desaparecidas y no localizadas reportadas, incluso a través de redes sociales, da cuenta de 446 personas, de las cuales el 73,5 por ciento corresponde a hombres y 26,5 a mujeres.
Del total de casos obtenidos de fuentes ciudadanas, amigos o familiares que reportan la desaparición de alguna persona, el 12,5 por ciento indica que corresponde a casos no relacionados con el delito de desaparición, sino a consecuencias de factores sociofamiliares no atendidos, es decir, que la persona decide ausentarse del domicilio, sin notificar a sus familiares.
Oficialmente en México hay 89.437 personas no localizadas, mientras que, en Tamaulipas, al 30 de junio, se reportan oficialmente 11.542.