Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
La expulsión del embajador de EE.UU., Phillip Goldberg, el 10 de septiembre, por el presidente boliviano Evo Morales por presunta conspiración para realizar un golpe de Estado provocó la última crisis diplomática en las Américas. Pero el efecto diplomático ha eclipsado la dinámica interna que condujo a la masacre de unos 30 campesinos y a posiblemente otros 40 desaparecidos en El Porvenir, Pando, cerca de la frontera noreste de Bolivia con Brasil. La matanza coincidió con el 35 aniversario del violento derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende en Chile.
La masacre en El Provenir fue la peor en Bolivia desde que el gobierno del presidente derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando se realizó la matanza de más de 70 manifestantes desarmados en octubre de 2003. Esta vez, sin embargo, la violencia no fue orquestada por el gobierno central, sino por funcionarios regionales: prefectos departamentales asociados con comités cívicos.
Organizada administrativamente de manera similar a Francia, Bolivia está dividida en nueve departamentos, cada cual dirigido por un prefecto, mientras los comités cívicos están compuestos por un puñado de elites no elegidas, locales, comerciales y terratenientes que presiden sobre una de las distribuciones de tierras y riquezas más desiguales del mundo. Estas autoridades del sector público y privado, por su parte, están aliadas con pandillas juveniles paramilitares cripto-fascistas armadas de bates de béisbol, garrotes, cadenas, pistolas, y en el caso de la masacre de El Porvenir, de vehículos oficiales. Estos grupos han hecho que las tierras bajas del este de Bolivia sean ingobernables para el gobierno de Morales.
Podría ser útil que los lectores estadounidenses consideraran que las tierras bajas orientales de Bolivia se parecen en algo a Dixie [el sur de EE.UU.] En los años cincuenta y sesenta, trabajando con gobernadores y alcaldes de Estados y localidades, grupos paramilitares supremacistas blancos aterrorizaron a los afro-estadounidenses. La campaña de terror tenía el propósito de preservar un status quo que beneficiaba a una ínfima clase de acaudalados terratenientes blancos, contra los cuales el gobierno federal – bajo Eisenhower y Kennedy – vacilaba antes de actuar.
Imaginad, sin embargo, que los afro-estadounidenses hubieran constituido una abrumadora mayoría de la población de EE.UU., que Kennedy hubiera sido negro, y que hubiera llegado al poder como resultado de insurrecciones seriales de afro-estadounidenses. Imaginad que, como reacción, los supremacistas blancos no sólo hubieran masacrado a los negros, sino bloqueado carreteras, hecho volar oleoductos, y quemado y saqueado oficinas e instalaciones del gobierno federal.
Los límites de la analogía dentro del sur de Jim Crow son importantes, pero otra analogía – de un siglo antes, los años cincuenta y sesenta del Siglo XIX – los trasciende. El movimiento secesionista del sur trataba de preservar la república de la esclavitud y extenderla a por el oeste hacia el Pacífico. El movimiento movilizó una masa de seguidores y articuló un desafío armado contra el gobierno federal. Analogías semejantes ayudan a representar la virulencia de lo que un comentaristas ha calificado de «revuelta de los ricos,» así como el alcance del desafío planteado por una minoría blanca acaudalada a un gobierno respaldado por una mayoría de trabajadores y campesinos de ascendencia india, un gobierno sin precedente histórico.
El apoyo masivo para el gobierno central fue ratificado recién el 10 de agosto en el referendo revocatorio en el que Morales aumentó su parte general en los votos a un 67% – de un 54% cuando fue elegido presidente a fines de 2005. Morales mejoró su posición en sus baluartes – las ciudades y el campo de las tierras altas y valles del oeste, así como en las regiones cocaleras en los Yungas y el Chapare. Pero aún más importante es que hizo progresos en el corazón de las áreas opositoras en Beni, Pando, y Tarija, donde ganó un 20% adicional en comparación con 2005. En Pando, casi la mitad de la población votó a favor de Morales. Ningún presidente boliviano ha tenido alguna vez un apoyo tan amplio en toda la nación.
Inmediatamente después de la victoria, Morales habló de diálogo y reconciliación con la oposición. Pero los prefectos opositores, dirigidos por Rubén Costas de Santa Cruz, y empoderados por sus sustanciales mejoras en el mismo voto revocatorio, anunciaron su intención de implementar los «estatutos» aprobados en «referendos de autonomía» en mayo y junio de 2008. Los «referendos de autonomía» fueron ejercicios de facto de votación, carecientes de toda validez legal en Bolivia, no fueron reconocidos por ningún gobierno extranjero, y no fueron supervisados por observadores internacionales. Pero los prefectos opositores pretendieron tener un mandato para instalar su propia policía, servicios de cobro de impuestos, y legislatura departamental. La implementación de este mandato sólo podía tener lugar mediante el uso de la fuerza.
Luego vino el 11 de septiembre. Escuadrones de la muerte armados de pistolas ametralladoras masacraron a partidarios desarmados de Morales que iban en camino a una manifestación de masas en El Porvenir. La reunión había sido convocada para discutir posibles reacciones a ataques cada vez más violentos contra partidarios del gobierno. El gobierno central fue lento e indeciso en su reacción cuando finalmente terminó por actuar. No pudo salvaguardar la propiedad y las vidas de sus partidarios o defender sus propias oficinas y funcionarios, ni siquiera pudo suministrar ayuda humanitaria a los supervivientes, muchos de los cuales, temiendo por sus vidas, se ocultaron en las montañas. En una entrevista televisada, la delegada presidencial en Pando, Nancy Texeira, preguntó con una voz titubeante sofocada por el dolor y la tristeza: «¿Por qué no hace algo el gobierno en La Paz? Hemos sido abandonados.»
Durante los últimos años, Morales ha desarrollado buenas relaciones con la policía y las fuerzas armadas, pero generalmente no se ha mostrado dispuesto o capaz de utilizarlas desde que comenzó la crisis en agosto. Destacamentos armados de la oposición han apabullado a la policía y a los militares en las tierras bajas, hasta ahora impunemente. Por lo tanto, las fuerzas de seguridad bolivianas han sido humilladas según su código institucional común. Y sin embargo, mientras la oposición incrementa la apuesta de violencia e ilegalidad, el gobierno central se muestra cada vez más renuente a monopolizar el uso legítimo de la fuerza, y la oposición se hace cada vez más atrevida en la persecución de partidarios de Morales.
Ésta, por lo menos, ha sido la dinámica en Pando. Prefectos opositores en Beni, Santa Cruz, y Tarija han desistido en cierta medida en sus ataques, y han aceptado aparentemente el «diálogo» con el gobierno de Morales, pero el daño ha sido hecho. Morales declaró la ley marcial en Pando y ordenó el arresto del prefecto departamental, Leopoldo Fernández, el 12 de septiembre. Muchos partidarios de Morales se preguntarán por qué mantiene el diálogo con los prefectos opositores en Beni, Santa Cruz, y Tarija, cuando estos – y sus partidarios – podrían ser legítimamente juzgados por sus crímenes.
La reunión de emergencia de la Unión Suramericana (UNASUR) convocada por la presidenta Michelle Bachelet en Chile el 15 de septiembre es una señal de tiempos cambiantes en el hemisferio occidental. Dictadores militares como Augusto Pinochet de Chile, Hugo Banzer de Bolivia, y sus vástagos bastardos como Leopoldo Fernández – quien comenzó a fines de los años setenta como paramilitar bajo sucesivas dictaduras – pertenecen al pasado.
La nueva diplomacia regional ejercida a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Río, y ahora UNASUR ha enfrentado exitosamente crisis diplomáticas provocadas por el gobierno de EE.UU. y sus aliados locales de la derecha. Aunque la expulsión por Hugo Chávez del embajador de EE.UU. en Venezuela ocupó los titulares en EE.UU., la crisis boliviana se vio de modo muy diferente en los medios regionales. Bolivia vende la mayor parte de su gas natural a Brasil y Argentina, y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la presidenta argentina Cristina Fernández denunciaron el movimiento separatista en términos extraordinariamente enérgicos. El resultado de la reunión de UNASUR demostró además que Morales cuenta con un robusto apoyo de gobiernos vecinos y de las principales organizaciones inter-estatales a las que pertenecen.
En vista del repudio regional a movimientos secesionistas en Bolivia y del abrumador apoyo a Morales en el interior, las fuerzas opositoras tienen pocas probabilidades de derrocar a Morales y de instalar un gobierno derechista. Además, tienen que enfrentar la formidable y creciente resistencia dentro de sus propios departamentos, no sólo en el campo sino también en las ciudades: la parte norteña de Beni es controlada por grupos indígenas que respaldan al gobierno de Morales, por ejemplo, mientras partidarios campesinos de Morales libraron batallas campales contra la oposición en Tarija (la capital del departamento del mismo nombre)
El desenfreno reaccionario en las tierras bajas es el resultado de una minoría desesperada, acorralada, que ha recibido considerable espacio de maniobra por parte de un gobierno central débil, vacilante, que sin embargo goza de masivo apoyo popular. Ya que no puede recuperar el gobierno central y está aislada internacionalmente, la última arma de la oposición es arrebatar la ilegitimidad al gobierno de Morales, haciendo que el país no sea gobernable.
La oposición ha demostrado la incapacidad del gobierno central de imponer el Estado de derecho contra el terror público-privado contra sus partidarios – un triunfo espectacular para cualquier movimiento derechista. Desde el referendo revocatorio de agosto, el marco de ilegalidad trazado por la oposición ha sido inconfundible. Aunque nadie anticipó la escala de la masacre de El Porvenir era casi seguro que alguna tendría lugar.
¿Y si el gobierno boliviano hubiera intentado de impedir esta tragedia enviando al ejército y a la policía anti-disturbios antes de que alguno de sus partidarios fuera muerto, en lugar de reaccionar débilmente y con vacilación después de los hechos? ¿Se pondrá el gobierno a la altura de las circunstancias en el futuro, o habrá aún más masacres?
Si el gobierno de Morales no logra garantizar las vidas y la propiedad de sus partidarios, algunos de ellos pueden ser llevados a tomar la justicia en sus propias manos, en cuyo caso el cliché mediático de la inminente «guerra civil,» hasta ahora sólo una figura retórica, podría convertirse en realidad. No importa lo que suceda en el futuro, ahora hay una masacre más que conmemorar el 11 de septiembre, y el dilema planteado por el trágico ejemplo de Allende sigue siendo tan sobrecogedor como siempre.
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Forrest Hylton es autor de «An Evil Hour: Colombia in Historical Context» (que será publicado por Verso) así como coeditor de «Ya es otro tiempo el presente: Cuatro momentos de insurgencia indígena», cuya segunda edición será publicada por Muela del Diablo. Para contactos: [email protected].