La desigualdad extrema de la riqueza en México no deja de aumentar. La fortuna total de los 14 ultrarricos mexicanos, aquellos con más de mil millones de dólares de riqueza, concentran 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional, nivel que casi se duplicó desde el inicio de la pandemia del coronavirus.
La extrema desigualdad es resultado de transferencias masivas de riqueza del Estado a un pequeño grupo de magnates durante las pasadas cuatro décadas, señala el informe “El monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual” de Oxfam México, institución parte de un movimiento global que trabaja en más de 80 países para poner fin a la injusticia de la pobreza.
Once de las 14 personas ultrarricas mexicanas se han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados por el gobierno, lo que ha derivado en un poder político que no sólo les permite conservar sus fortunas, sino hacer más pobre al resto de la población con los controles de precios que pueden ejercer a través de sus monopolios, resalta un nuevo informe de Oxfam México.
Ofxfam señala que en nuestras sociedades actuales, hablar de riqueza es hablar de poder. En México, donde 36 de cada 100 personas -unas 46.8 millones- se encuentran en situación de pobreza según las cifras oficiale, surgen preguntas ineludibles: quién posee la riqueza, qué factores permiten acumularla en grandes proporciones y qué implicaciones tiene esto para el resto de la población.
Casi una década después del informe Desigualdad extrema en México, escrito por el economista Gerardo Esquivel, el panorama de la extrema concentración de la riqueza resulta aún más desalentador, señala Oxfam. A pesar de los avances en el último lustro para mejorar la distribución del ingreso, poco o nada se ha hecho para mejorar la distribución de la riqueza.
Poco más de nueve millones de personas en México no saben si podrán comer al día siguiente, mientras que una sola persona concentra uno de cada 20 pesos de la riqueza del país. En particular, Carlos Slim acumula 4.48 de esos 100 pesos y es hoy el hombre más rico de la región, con una fortuna mayor que los otros 13 ultrarricos mexicanos juntos. Su fortuna actual, que creció en 58% en términos reales desde el inicio de la pandemia.
La fortuna conjunta de Slim y Germán Larrea creció en 70 % durante los últimos cuatro años, hasta representar casi seis de cada 100 pesos de la riqueza privada en el país, equivalente a la riqueza de 334 millones de personas, la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe. La fortuna de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de la región y del país, se incrementó en 125 % en términos reales desde el inicio de la pandemia.
Carlos Slim Helú concentre casi tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana, alrededor de 63.8 millones de personas. Esta excesiva concentración del poder económico guarda una estrecha relación con el poder político: los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia.
Para entender lo extraordinario de la situación mexicana, señala Oxfam, resulta reveladora la comparación con Brasil, la economía más grande de la región y con una sociedad tan marcada por las extremas desigualdades como nuestro país. En contraste con los 14 ultrarricos en México, hay 58 ultrarricos brasileños que concentran una fortuna conjunta de 192.2 mil millones de dólares, equivalentes a 4.15 de cada 100 dólares de la riqueza privada de dicho país. De ellas, la mayor fortuna, que pertenece a Vicky Safra con 18.2 mil millones de dólares, es 5.4 veces menor que la de Slim.
Si se amplía la mirada a todas las personas que acumulan fortunas de más de un millón de dólares se observa que ese pequeño grupo está formado por poco menos de 294 mil personas. Las personas ricas en México, que representan a una de cada 500 en el país y que incluyen a los ultrarricos mexicanos, concentran casi 60 de cada 100 pesos de la riqueza privada en México.
El informe destaca que en los últimos años ha habido avances en la política social y salarial, que han mejorado la distribución del ingreso especialmente para las personas trabajadoras formales, se ha reducido la proporción de la población en situación de pobreza multidimensional de 41.9 a 36.3 %3 y el salario mínimo ha crecido en 65.2 % en términos reales entre 2018 y 2022.
Sin embargo, esto no es suficiente cuando las reglas del juego para el resto de la población en México siguen siendo muy distintas a las que rigen a los ultrarricos.
Concentración económica
La alta concentración del poder de mercado de las grandes empresas, una de las principales fuentes del poder económico, ha sido como gasolina para el fuego de las desigualdades.
Las grandes empresas con poder monopólico tienen la capacidad de fijar los precios en los principales sectores de la economía nacional, en detrimento de los bolsillos del resto de la población. Esto les ha permitido aprovecharse de los choques económicos tras las crisis globales recientes para subir más que proporcionalmente los precios de los productos en los sectores que controlan.
Las ganancias de las empresas capturaron el 60 % del incremento en precios de la economía mexicana de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, el período con el mayor aumento en el costo de vida en las últimas dos décadas en México.
El aumento en los precios ha generado un incremento en las ganancias de los accionistas de las grandes empresas debido a su poder corporativo.
En México, uno de cada cinco pesos del valor agregado del sector privado se destina a los dividendos, el doble que en Alemania o Brasil. El 93% de los activos físicos está en posesión de apenas el 10% de las empresas. Este poder económico se traduce además en poder político, que les permite influir en las reglas del juego de
su relación con el Estado mexicano. También afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque las reglas del juego parecen tratar por igual a actores desiguales.
El sistema económico actual es resultado de una serie de decisiones políticas, señala el informe de Oxfam México. El Estado debe revitalizar su papel en la economía para que ganes más en tu día a día, que pagues menos por lo que consumes, que cuidar sea una elección, que la riqueza sea para quien la trabaja y que pague y repare quien más contamina nuestro ambiente. Sí hay de otra: la economía es política.
Poder económico y poder político
En los últimos meses, el avance de diversos gobiernos ultraliberales, libertarios y autoritarios en América Latina y alrededor del mundo ha revivido el que parecería un viejo dilema: mayor o menor intervención del Estado en la economía y la sociedad.
A lo largo del último siglo, los Estados han tenido un papel central en el desarrollo de las sociedades y en la reducción de las desigualdades:desde la lucha antimonopolios a principios del siglo XX en Estados Unidos, que comenzó con el caso de Standard Oil, hasta las recientes normas europeas contra los monopolios tecnológicos; de la fiscalidad progresiva en Europa tras la Segunda Guerra Mundial a la reciente ola de medidas tributarias que aumentan la recaudación a las grandes fortunas y empresas en América Latina.
La extrema desigualdad de la riqueza que vemos hoy en nuestro país es producto de las decisiones políticas desde, al menos, las últimas cuatro décadas. Este período ha estado marcado por la consolidación de un limitado grupo de ultrarricos que ha tenido —y sigue teniendo— un sistema legal y tributario hecho a modo para incrementar sus fortunas de manera desproporcionada.
Según el investigador Miguel del Castillo, la proporción de la riqueza nacional que corresponde al gobierno ha disminuido, al pasar de 23.2 a 9.3 % de 2003 a 2020, y la de los hogares se ha mantenido más o menos en el mismo rango, de 43 a 47 % en el mismo periodo. Sin embargo, las empresas privadas han pasado de 18.2 a 25.2% en el mismo lapso.
El 55 % de los ingresos totales del país se los llevan quienes poseen empresas en México, pero en realidad estos beneficios se concentran en un pequeño grupo de grandes corporaciones. Esta cifra contrasta con la proporción de los ingresos totales que se lleva el sector privado en otros países: 45 % en Brasil, 33 % en Estados Unidos o 32 % en Francia.
Esta concentración de la riqueza en el sector privado ha sido el resultado directo de dos factores relacionados. En primer lugar, las privatizaciones de los años ochenta y noventa del siglo pasado fueron una masiva transferencia directa de riqueza del gobierno a un pequeño grupo de grandes empresarios.
En las últimas cuatro décadas, más de mil empresas públicas fueron privatizadas y muchas de ellas quedaron en manos de quienes hoy componen la lista de ultrarricos en México; en el año 2020, quedaban apenas 66 empresas públicas. A lo anterior se suman las concesiones, licencias y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en el mismo periodo.
Oxfam señala que hoy, el poder económico guarda una estrecha relación con el poder político, con el que ha desarrollado una relación de conveniencia: llegaron al punto en que se necesitan uno al otro. Así, los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia.
Añade que las grandes corporaciones usan su poder económico para evadir los impuestos que deberían pagar, privatizar los servicios públicos y agravar la crisis climática. Y concluye qiue “las desigualdades son una decisión política y podemos cambiar el rumbo si tomamos decisiones distintas, que pongan en el centro a las personas, las comunidades y la naturaleza”.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.